Internacional

Un enorme incendio que ha arrasado varios rascacielos residenciales en el distrito Tai Po de Hong Kong ha dejado al menos 36 muertos y cientos de desaparecidos. Más de 700 bomberos fueron desplegados para combatir el incendio que se inició el miércoles por la tarde. Las imágenes mostraban llamas y densas nubes de humo gris saliendo de las torres, que dominan el horizonte de la ciudad. Según información preliminar, algunos residentes quedaron atrapados en el edificio, y la policía dijo que 279 personas permanecen desaparecidas. Se desconoce la causa del fuego, que se propagó rápidamente a través de los andamios de bambú que cubrían el exterior de los edificios, que estaban siendo renovados. El incendio se inició en el complejo residencial Wang Fuk Court a las 14:51 hora local (06:51 GMT) y fue clasificado como de nivel cinco, el más grave, por el departamento de bomberos local. Entre los fallecidos se encuentra el bombero Ho Wai-ho, de 37 años. Fue encontrado inconsciente en el lugar del siniestro unos 30 minutos después de que se perdiera el contacto con él. El intenso calor del incendio, así como los peligrosos escombros, dificultaron las labores de rescate. «La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta, por lo que nos resulta bastante difícil entrar… y subir las escaleras para llevar a cabo las operaciones de extinción y rescate», afirmó Derek Armstrong Chan, subdirector del cuerpo de bomberos. Dado que el fuego seguía ardiendo hasta bien entrada la noche, el oficial dijo que no sabían cuándo se extinguirían por completo las llamas. Construido en 1983, Wang Fuk Court está formado por ocho bloques de pisos que albergan 1.984 apartamentos para unos 4.600 residentes, según el censo gubernamental de 2021. Siete de los bloques se han visto afectados por el incendio. No está claro cuántas personas se encontraban en los apartamentos en el momento del incendio y cuántas pudieron quedar atrapadas dentro del edificio, pero se cree que la mayoría fueron evacuadas. Algunos residentes contaron a los medios locales que las alarmas contra incendios no sonaron y que, cuando los ascensores dejaron de funcionar, tuvieron dificultades para salir. Un concejal local dijo que muchas de las personas que vivían en Wang Fuk Court eran ancianos. También surgieron reportes de explosiones en el interior de los edificios, y las mangueras contra incendios tenían dificultades para llegar a los pisos superiores de las torres de 31 pisos. La policía también ha evacuado los edificios cercanos y se han abierto varios refugios temporales. Fue decretada una gran zona de evacuación alrededor del incendio, mientras las carreteras quedaron cerradas y fueron desviadas más de 30 líneas de autobús, según el Departamento de Transporte de Hong Kong. Se prevé que el incendio tenga un profundo efecto tanto en la comunidad como en el propio complejo residencial. El uso de andamios de bambú es habitual en Hong Kong, donde se montan atando varas con cintas de nailon. Son ligeros y resistentes, y se han utilizado como herramienta de construcción durante siglos, pero Hong Kong es una de las últimas ciudades del mundo que sigue utilizándolos en la construcción moderna. Según informaron los medios locales en marzo, la oficina de desarrollo del gobierno ha estado tratando de eliminar su uso gradualmente, en favor de los andamios metálicos, debido a cuestiones de seguridad. Han pasado 17 años desde que Hong Kong se enfrentó a un incendio de nivel cinco, cuando un edificio construido en 1962 también se incendió. Cuatro personas murieron en ese incidente. (BBC)

La Justicia de Perú condenó este miércoles al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho. La sentencia se dio a conocer en una audiencia en Lima. Vizcarra niega los cargos. A Vizcarra, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, se le acusa de haber recibido dinero de empresarios para favorecerlos con obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Por este caso y antes de iniciarse el juicio en su contra, el exmandatario fue vacado por el Congreso y destituido como presidente en noviembre de 2020. Durante el juicio, Vizcarra se declaró inocente y, al salir de su última audiencia días atrás, dijo a periodistas: “Empresarios privados han dado declaraciones que no han podido corroborar durante el juicio, no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria”. Vizcarra podría ser internado en el penal de Barbadillo, donde ya estuvo detenido con prisión preventiva en agosto. De ser así, se convertiría en el cuarto expresidente preso en esa cárcel junto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Este penal también albergó al fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien purgó condena de 25 años por delitos cometidos durante su gobierno. Durante las últimas elecciones, Vizcarra ganó una curul como congresista de la República, pero no ejerció el cargo dado que fue inhabilitado por el Parlamento para ejercer función pública durante 10 años por el caso conocido como “Vacunagate”. Su accesitario, es decir, quien ocupó su puesto en el Congreso, fue José Jerí, quien se convirtió en presidente del Parlamento y posteriormente, tras la destitución de Dina Boluarte en octubre, en presidente de la República. Mario Vizcarra, hermano del expresidente y quien busca postularse para la Presidencia en 2026, acudió este miércoles a las afueras de la audiencia. Previamente, dijo que si gana la Presidencia indultaría a su hermano, pero después cambió su posición y aseguró que no intervendría de manera directa pues dejaría la decisión en manos de una comisión especializada, es decir, en una Comisión de Gracias Presidenciales. (CNN)

El Tribunal Supremo de Brasil ha determinado este martes que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla la condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en la sede de la Policía Federal de Brasilia –donde permanecía desde el sábado en prisión preventiva–, después de dejar en firme la sentencia. El juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, ha determinado que no caben más recursos y ha abierto la vía para que se ejecuten las condenas contra Bolsonaro y contra el resto de los condenados por la trama golpista orquestada tras las elecciones de octubre de 2022. Si bien la defensa de Bolsonaro todavía podía interponer un recurso de revisión, el juez ha concluido que esta posibilidad no es admisible en el momento actual, ya que se requieren al menos dos votos absolutorios de todos los jueces que conforman la sala del Supremo y ya cuando se le condenó en septiembre solo uno de ellos se mostró a favor de descartar el caso en su contra, según ‘O Globo’. De Moraes también ha decidido que Bolsonaro cumpla su condena por la trama golpista en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde se encontraba en prisión preventiva ante un posible intento de fuga después de que intentara quitarse la tobillera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. En concreto, se encuentra detenido en una sala especial de la sede de la Policía Federal que mide unos doce metros cuadrados, dispone de cama individual, aire acondicionado, nevera, cuarto de baño y televisión, y que había sido reformada recientemente ante la posibilidad de que pudiera ser encerrado en este lugar. El expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico. La sentencia de Bolsonaro, que estaba en arresto domiciliario desde agosto, incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años. Resto de condenados  El juez De Moraes también ha determinado que Torres cumpla su condena de 24 años de cárcel en la prisión federal de Papuda, también en Brasilia, mientras que el excomandante de la Marina Almir Garnier, condenado a los mismos años de prisión, será trasladado a Estación Rodio de Marina. Por su parte, el exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno y el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira cumplirán sus condenas en el Mando Militar de Planalto. El primer está condenado a 21 años de cárcel; el segundo, a 19 años de prisión. De igual forma, el exministro de Defensa Walter Braga Netto –condenado a 26 años de cárcel– será trasladado a Vila Militar, en Río de Janeiro. Con respecto al diputado y exjefe de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem, se encuentra prófugo de la Justicia, presuntamente en Estados Unidos. ERBOL

El Supremo Tribunal de Brasil (STF) ordenó este martes el inicio del cumplimiento de la sentencia de más de 27 años al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, luego de que la Primera Sala de la Corte anunció la conclusión del proceso penal contra el expresidente y declaró firme la condena. El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, determinó que Bolsonaro comience a cumplir la pena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde estaba en prisión preventiva desde el sábado por “riesgo de fuga”, luego de que intente dañar su tobillera electrónica. El STF declaró la conclusión del proceso luego de que la defensa de Bolsonaro desista de presentar nuevas apelaciones, para lo cual tenía plazo hasta el lunes. Los primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por la Sala. Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre por el intento de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. Durante el proceso se declaró inocente y dijo ser víctima de una “caza de brujas”. Fernando Tiburcio, abogado constitucionalista, explicó a CNN que la única vía disponible para la defensa de Bolsonaro es la de presentar un recurso de infracción antes del viernes, que refiere a la duración de la pena, por lo que no impedía el inicio del cumplimiento efectivo. Sin embargo, consideró improbable que tenga éxito: “El camino es prácticamente inexistente”. En Brasil, las condenas mayores a ocho años requieren de cumplimiento a régimen cerrado, el más restrictivo en el sistema penitenciario del país. Bolsonaro, de 70 años, podría insistir en pedir cumplir la condena en su domicilio por sus problemas de salud (varios de ellos derivados del apuñalamiento que sufrió en 2018) y su edad. Tiburcio consideró que la orden de prisión preventiva anunciada el lunes fue una señal de que el STF no le volverá a conceder, al menos por ahora, la prisión domiciliaria que tenía desde agosto hasta el fin de semana. Según explicó, además de los sucesos de los últimos días, la Justicia también toma en cuenta los intentos de Bolsonaro para obtener asilo diplomático en otros países. Fernando Capano, profesor de derecho penal, coincidió en que el intento de manipular la tobillera electrónica dificultará futuros pedidos de la defensa para volver a un régimen domiciliario. “Termina siendo una cuestión que va a influenciar incluso el propio régimen de cumplimiento de la pena”, comentó en entrevista con CNN Brasil. En la sede de la Policía Federal, Bolsonaro no comparte espacios con otros presos y cuenta con aire acondicionado, televisión y baño privado, según imágenes divulgadas por CNN Brasil. (CNN)

Unos 1.500 viajeros han resultado afectados en Colombia por la decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de emitir un aviso internacional que instó a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, informaron este lunes las autoridades. «Las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá», expresó la estatal Aeronáutica Civil (Aerocivil) en un comunicado. La FAA explicó el viernes que el deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la actividad militar en y alrededor de Venezuela elevan el nivel de riesgo para las aeronaves que operan en esa región. Las cancelaciones de vuelos Por esa razón, Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para el domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas. La aerolínea colombiana Avianca también canceló desde el sábado sus dos vuelos diarios a Venezuela, que salen de Bogotá a Caracas. «No obstante, algunas compañías, como (las colombianas) Satena y Wingo, han mantenido su operación regular», manifestó la autoridad aérea colombiana este lunes. (EFE)

La tensión entre el gobierno de EEUU y Venezuela sigue aumentando después de que este mismo lunes el presidente estadounidense Donald Trump haya declarado al presidente venezolano Nicolás Maduro «terrorista». Altos cargos del gobierno de Venezuela, además de Maduro, han sido incluidos en una lista que les designa oficialmente como miembros de una organización terrorista internacional. Esto, sumado a la inclusión del Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado, permite que EEUU tenga mayor libertad para realizar futuras operaciones militares contra el régimen de Maduro dentro del territorio venezolano. Esta tensión que se respira en aguas del Caribe viene de largo, pero esta semana pasada se vio incrementada después de la incorporación a estas aguas del portaaviones Gerald Ford (el más grande del mundo), con la excusa de la lucha contra el narcotráfico en lo que se conoce como la Operación Lanza del Sur, llevada a cabo por el ejército estadounidense. Las líneas aéreas internacionales ya han suspendido su actividad sobre Venezuela ante la posibilidad de una escalada en el conflicto, y cuatro altos cargos de la Administración Trump, han asegurado a la agencia Reuters que el comienzo de la segunda fase de la operación es inminente. Por su parte, Washington no ha confirmado ningún movimiento. Mientras tanto, Maduro desplegó hace semanas a 200.000 militares para afrontar la «amenaza» de EEUU, según informó el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino. Estados Unidos, sostiene que el despliegue militar que lleva meses realizando en el Caribe solo tiene como objetivo combatir el narcotráfico. Pese a ello, los distintos ataques a supuestas narcolanchas se ha saldado ya con la vida de 83 personas. Este nuevo paso del gobierno norteamericano «da a nuestro Departamento más herramientas para ofrecerle opciones al presidente”, declaró el pasado jueves el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. En agosto de este año, EEUU dobló la recompensa que ofrece hasta llegar a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y aunque esta calificación no autorice per se al uso de fuerza militar por parte del ejército norteamericano, el gobierno de Trump lo ve como una posible vía para futuras acciones en territorio venezolano. AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tendrá que aceptar el plan propuesto por su Administración para poner fin a la guerra de Ucrania, a pesar de las críticas respecto a las cesiones de Kiev, porque, de lo contrario, «deberá seguir luchando». «Tendrá que gustarle. Y si no le gusta, pues supongo que deberían seguir luchando. En algún momento tendrá que aceptar algo (…) ¿Recuerdan que hace poco en el Despacho Oval le dije que no tenía las de ganar?», ha declarado durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca cuando la prensa le ha preguntado si retirará su apoyo a Kiev en el caso de que no acepte la propuesta. Trump ha reiterado que la invasión rusa de Ucrania no comenzó durante su mandato, sino durante el de su predecesor, Joe Biden: «No olviden que heredé esta guerra, que nunca tendría que haber ocurrido. Pensaba que deberían haber llegado a un acuerdo hace un año, hace dos. El acuerdo perfecto habría sido que nunca hubiera empezado. Eso habría pasado si hubieran tenido al presidente adecuado, pero no lo tuvieron». Las declaraciones del presidente estadounidense, poco después de que diera un plazo de menos de una semana a Zelenski para aceptar el documento, han llegado después de que este último afirmara que su país «se enfrenta a una decisión muy difícil», al tener que decantarse por «perder su dignidad o a un socio clave». Por su parte, el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que cree que la propuesta de Trump podría sentar las «bases para un acuerdo de paz definitivo», antes de indicar que necesita «un análisis exhaustivo de todos los detalles». El plan, difundido por varios medios estadounidenses, contiene epígrafes especialmente sensibles, como los que hablan de ceder a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás, ampliamente ocupada ya por las tropas rusas, y reducir sustancialmente las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas. ERBOL

La Policía Federal de Brasil ejecutó este sábado 22 de noviembre de 2025 una orden del Supremo Tribunal Federal y detuvo de manera preventiva al expresidente Jair Bolsonaro. La medida se tomó luego de que intentara romper su tobillera electrónica y violar las restricciones de su arresto domiciliario. Tras la detención, Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanecerá en una “sala de Estado”, un espacio reservado para autoridades de alto rango. El Supremo Tribunal Federal justificó la medida para “garantizar el orden público y el cumplimiento de la condena”. Bolsonaro fue condenado en agosto a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2022, cuando sectores militares y civiles intentaron desconocer los resultados electorales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, el expresidente había permanecido bajo arresto domiciliario, con vigilancia electrónica y restricciones de movilidad. La detención preventiva ocurre en medio de un clima político tenso en Brasil, marcado por la presión de sus seguidores, que denuncian persecución, y por la exigencia de sectores democráticos de que se cumpla la sentencia sin privilegios. Analistas advierten que este episodio puede profundizar la polarización y tendrá repercusiones en la región, especialmente en la relación de Brasil con sus vecinos y con Estados Unidos. AGENCIAS

El Poder Judicial ha dictado cinco meses de prisión preventiva y ha ordenado la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo, acusada de ser una de las artífices del autogolpe fallido del 7 de diciembre de 2022. Chávez se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre. El asilo diplomático otorgado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha desencadenado la ruptura oficial de las relaciones entre dos países, que en 200 años prácticamente no habían tenido cortocircuitos. El origen del conflicto se remonta al mensaje a la Nación con el que Pedro Castillo decretó el fin de su mandato. El entonces presidente del Perú se dirigió al país para quebrar el orden constitucional e instaurar un gobierno de excepción. Pero las Fuerzas Armadas le dieron la espalda, su intentona duró un suspiro y el Congreso lo vacó por incapacidad moral. México, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, acudió en su ayuda. Le concedió el asilo a la esposa y los hijos de Castillo, y se negó a reconocer la investidura de su sucesora, Dina Boluarte. En estos tres años, el vínculo entre México y Perú ha quedado reducido a encargados de negocios. Desde el 2024, los turistas peruanos necesitan tramitar una visa para ingresar a territorio mexicano. El Congreso peruano ha declarado persona non grata tanto a López Obrador como a Sheinbaum. Y por si fuera poco, el Ejecutivo ha expulsado a Karla Ornelas, la encargada de la embajada de México en Lima. Desde hace doce días, la oficina diplomática, ubicada en el distrito residencial de San Isidro, está descabezada. Es allí, en un espacio amplio de 752 metros cuadrados, en la avenida coronel Pedro Portillo, donde Betssy Chávez aguarda el salvoconducto para viajar a México. Pero el Gobierno de José Jerí se mantiene firme en su postura de dilatar la entrega. Sostiene que Chávez no es una perseguida política, que le corresponde afrontar sus cuentas con la justicia, y que someterá el asunto a consulta con los países miembro de la Organización de Estados Americanos. “Existe la necesidad de hacer los estudios jurídicos correspondientes para proceder a una respuesta”, ha dicho el canciller Hugo de Zela, dejando la suerte de la abogada en el limbo. Betssy Chávez permaneció en la cárcel durante más de dos años, pero fue puesta en libertad a inicios de septiembre debido a un fallo del Tribunal Constitucional, en medio de huelgas de hambre donde denunció abusos de parte de la penitenciaría. A la exfuncionaria de 36 años —que además fue ministra de las carteras de Trabajo y Cultura— se le ha revocado la comparecencia con restricciones este viernes y se ha dictado una nueva orden de prisión preventiva, esta vez de cinco meses. El juez argumentó su decisión en la ausencia de la investigada a las citaciones judiciales y en el hecho de no haber cumplido con la marcación del registro biométrico. Se ha determinado que el riesgo de fuga es “palpable” y por eso se ha ordenado su captura nacional e internacional. En las últimas horas, un sector de la clase política ha instado al Gobierno de José Jerí a ingresar a la embajada mexicana a la fuerza para arrestar a Betssy Chávez. “El Gobierno debe respetar la soberanía y la autonomía de nuestro país. Hay que dejárselo claro al pueblo peruano: Betssy Chávez no es una perseguida política y, en ese sentido, el Gobierno tiene que tomar las decisiones para que ella se someta a la justicia. Incluso por la fuerza. Hay precedentes de otros países”, ha declarado Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en referencia a la irrupción del Gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana en Quito para detener al político Jorge Glas en abril de 2024. El primer ministro, Ernesto Álvarez, ha descartado dicha posibilidad al señalar que “el Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino ni país hermano” y que “nunca quebrantaría las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas”. Eso sí, ha indicado que el Ejecutivo denunciará oportunamente a México ante las instancias internacionales por su injerencia en los asuntos internos del Perú. La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel en contra de Betssy Chávez por el delito de rebelión. La pena se acortaría si se le condena por conspiración. En su última audiencia, el exmandatario Pedro Castillo ha defendido a Chávez, alegando que no participó de los hechos y que la “responsabilidad [del autogolpe] fue netamente suya”. En tanto, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la ex primera ministra. La moción debe ser refrendada en el Pleno. En tanto, el resguardo policial se incrementa en la embajada de México. La prensa está expectante a lo que pueda suceder en las próximas horas. (EL PAÍS)