Internacional

El ataque que Estados Unidos llevó a cabo hace un mes contra Venezuela y terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, constituyó «un uso ilegal de la fuerza», advirtió este martes Amnistía Internacional (AI), al tiempo que señaló que aun en medio de este escenario la «maquinaria de represión no se detuvo». La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, aseguró que la operación militar estadounidense constituyó «una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas», así como «un acto de agresión» que puso «en peligro a la población civil» y «destruye las salvaguardias del derecho internacional». «El uso de la fuerza por parte del Gobierno de (Donald) Trump no solo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro», dijo Callamard, citada en un comunicado de prensa. Continúa la «impunidad» en Venezuela Según Amnistía, en medio de la incertidumbre generada por «la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a la creciente interferencia de Estados Unidos, la falta de soluciones integrales y duraderas en materia de derechos humanos y amenazas de un daño adicional a sus derechos y su seguridad». «La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición», señaló Callamard. Al mismo tiempo, prosiguió, las amenazas al espacio de la sociedad civil «persisten, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización». Señaló que, durante los primeros días del Gobierno encargado, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia y los grupos armados progubernamentales «han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero». «Un error no se corrige con otro» «Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas», expresó Callamard. En ese sentido, explicó que la denuncia de la acción militar estadounidense «no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano». «Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del Gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas», exigió. A su juicio, las «amenazas abiertas» de Trump sobre «intensificar la acción militar unilateral en otros lugares, junto con la retórica sobre ‘dirigir’ Venezuela y controlar su petróleo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo». «Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiwán y sus vecinos, y Rusia continúa su agresión contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN», denunció al tiempo que hizo un llamado a oponerse a estos «esfuerzos impudentes». (EFE)

Desde Washington, la posibilidad de una intervención militar en Irán no se explica únicamente por el programa nuclear del régimen islámico ni por su antagonismo histórico con Israel. Detrás de la creciente tensión subyace una ecuación mucho más amplia: la disputa por la hegemonía global con China, la arquitectura de seguridad de Oriente Próximo, el control de rutas energéticas críticas y la necesidad estadounidense de impedir la consolidación de polos de poder hostiles capaces de desafiar el orden internacional surgido tras la Guerra Fría. Hace un año, al arribar nuevamente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste en su competencia por la primacía global frente a China. No se trataba solo de indicadores económicos o comerciales, sino de una percepción estratégica más profunda: el avance sostenido de Pekín sobre áreas tradicionalmente consideradas parte del perímetro de influencia estadounidense. El gigante asiático ha construido su proyección internacional sobre una combinación de expansión económica, aseguramiento de materias primas estratégicas y penetración financiera en mercados emergentes. América Latina, África y, en menor medida, la Unión Europea se convirtieron en escenarios privilegiados de esa ofensiva silenciosa. A través de inversiones en infraestructura, créditos blandos y acuerdos energéticos, China fue consolidando una red de dependencias que inquietó crecientemente a Washington. Sin embargo, Pekín nunca concibió su expansión como un fenómeno exclusivamente económico. Como advirtió hace más de un siglo el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, “las factorías y las flotas comerciales solo prosperan cuando están respaldadas por el poder naval”. China pareció asumir esa máxima al pie de la letra: mientras extendía sus rutas comerciales, desarrollaba de forma acelerada su capacidad militar, en especial su flota oceánica, y tejía alianzas estratégicas con regímenes dispuestos a cuestionar el orden liderado por Estados Unidos. En el plano militar, esa arquitectura se apoyó fundamentalmente en la Rusia de Vladímir Putin, pero también en Irán, Corea del Norte y una constelación de gobiernos hostiles a Washington en América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el terreno económico, China impulsó el bloque de los BRICS como plataforma alternativa al sistema financiero dominado por el dólar, incorporando a países de peso regional como India, Brasil y Sudáfrica, junto a aliados más alineados con Pekín. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina coqueteó con esa órbita, convirtiéndose además en el único país sudamericano que alberga una base espacial china en su territorio. Convencido de que una confrontación directa con China sería costosa e incierta, Trump optó por una estrategia indirecta: debilitar su entramado de alianzas. En una primera etapa, apuntó a reducir la presencia comercial china en Sudamérica y a disminuir la dependencia estadounidense de las tierras raras provenientes del gigante asiático, consideradas insumos críticos para la industria tecnológica y militar. Para ello, no dudó en recurrir a todo el instrumental de las guerras híbridas combinando presión diplomática, aranceles selectivos y demostraciones de fuerza. Washington forzó a Panamá a revisar los acuerdos que permitían a empresas chinas operar infraestructuras vinculadas al canal interoceánico, respaldó con decisión al presidente argentino Javier Milei —en un país clave por sus reservas de litio y minerales estratégicos— y endureció su política hacia Venezuela y Cuba, dos aliados históricos de Pekín en el hemisferio occidental. Como resumió en su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo, “no se puede permitir que China controle los recursos y las rutas que sostienen la economía global”. Ese activismo regional no impidió a Trump proyectar poder en otros escenarios. Presionó a sus socios de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que, según él mismo declaró, buscaba “corregir décadas de desequilibrios”. Autorizó ataques selectivos contra instalaciones iraníes, impulsó un plan de paz para Gaza, respaldó el nuevo equilibrio de poder en Siria —que redujo drásticamente la presencia militar rusa en Tartus y Jmeimim— y desempeñó un papel relevante en las negociaciones entre Moscú y Kiev. A ello se sumó una venta de armamento sin precedentes a Taiwán, desafiando abiertamente las advertencias de Pekín. El patrón es claro: detrás de muchas de las maniobras internacionales de la Administración Trump subyace un denominador común, la erosión sistemática de la influencia china. En lugar de un choque frontal entre superpotencias, Washington optó por debilitar los eslabones más frágiles de la red tejida por Pekín, al tiempo que intentaba atraer a Rusia hacia una posición más ambigua respecto de Occidente. En ese marco debe leerse la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán. Pero reducirla a la lógica de la rivalidad con China sería insuficiente. Existen factores regionales y estratégicos propios que convierten a Teherán en un objetivo central de la política exterior estadounidense. El Irán chií es, desde hace décadas, un actor profundamente desestabilizador en Oriente Próximo y el enemigo declarado del Estado de Israel, principal aliado de Washington en la región. Durante más de veinte años, Teherán construyó una red de milicias y organizaciones armadas destinadas a cercar a Israel mediante lo que sus propios estrategas denominaron un “círculo de fuego”: Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y fuerzas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en Siria. Ese corredor estratégico, que conectaba Irán con el Mediterráneo, comenzó a resquebrajarse en 2024, tras la derrota de Hezbollah, la caída del régimen de Bashar al Asad y los bombardeos israelíes que dañaron severamente los sistemas de defensa iraníes. A ello se suma el programa nuclear iraní, considerado por Israel como una amenaza existencial. El acuerdo internacional para supervisar las actividades nucleares de Teherán quedó virtualmente desactivado, y en 2024 el entonces secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Irán podría producir material fisible suficiente para un arma nuclear en cuestión de semanas. “La situación actual no es positiva”, afirmó entonces. Para Jerusalén, el riesgo no reside solo en una eventual bomba iraní, sino en el efecto dominó que desencadenaría en la región: Arabia Saudí, Egipto y Turquía podrían verse empujados a desarrollar sus propios arsenales nucleares. La posibilidad de un

Los brasileños se han familiarizado a toda prisa con el acrónimo Enamed. Corresponde a las iniciales en portugués de un examen nacional con el que el Ministerio de Educación ha evaluado por primera vez la formación de los futuros médicos. Los resultados han escandalizado. Resulta que un tercio de las licenciaturas de medicina analizadas no prepara a los alumnos para ejercer la profesión en unas condiciones mínimas aceptables para el ministerio. También suspende un 25% del alumnado. Resultados que causan alarma y aprensión entre la ciudadanía además de un intenso debate sobre dos cuestiones: la facilidad para implantar facultades universitarias y cómo lograr médicos aceptablemente formados para atender a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos sin Alaska. Ningún otro país tiene un sistema de sanidad pública mayor que el brasileño. La primera edición del examen Enamed evaluó 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, a través de un examen a casi 90.000 alumnos. Suspendieron aquellas universidades con menos del 40% de los estudiantes capaces de demostrar los conocimientos básicos para ejercer como médico. Especial temor y preocupación ha causado el dato de que 13.000 estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial. Es decir, si nada cambia, en breve estarán pasando consulta. El Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo. Las facultades con las peores notas son, sobre todo, de titularidad municipal (creadas y gestionadas por los ayuntamientos) o dependientes de entidades privadas con ánimo de lucro. Más allá del escarnio público, los alumnos no serán sancionados, pero sus escuelas universitarias sí. Tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que es su nota. En 1988, acabada la dictadura, Brasil creó el Sistema Único de Salud (el SUS), la mayor sanidad pública del mundo. Un proyecto extremadamente ambicioso que, con todas sus imperfecciones, significa que la atención médica básica alcanza hasta en el rincón más remoto del territorio mediante un humilde puesto sanitario o un profesional que llega por tierra, mar o aire. “Ningún otro país con más de 100 millones de habitantes osó ofrecer acceso universal a la salud”, recuerda en Folha de S.Paulo Drauzio Varella, uno de los médicos más influyentes del país. Descomunal es el desafío de surtir de médicos ese amplio sistema, sobre todo en las plazas menos apetecibles. La falta de médicos llegó a ser tan acuciante que hubo un tiempo en que había un agitado mercado de fichajes. Los ayuntamientos más alejados competían ferozmente a golpe de chequera. El corporativismo y la politización contaminan muchas discusiones sobre la sanidad brasileña. Como este es un país tremendamente desigual, el extenso brazo público convive con un potente y puntero sector privado. En la pandemia algunos colegios profesionales avalaron la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro. Pero antes de eso, el programa Mais Médicos, con médicos cubanos, levantó ampollas. Incluso en los pueblitos brasileños peor comunicados suele haber un puesto de salud con por lo menos un enfermero. Más difícil es llevar médicos de familia y, peor aún, especialistas a esos municipios. Por eso, en 2013, la entonces presidenta Dilma Rousseff creó el programa Mais Medicos, con el que reclutó a miles de profesionales cubanos dispuestos a instalarse en regiones despreciadas por los profesionales locales, que se concentran en las zonas más ricas. El programa cerró con Bolsonaro, que criticaba que el régimen cubano se quedaba con buena parte del salario de los médicos. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, en 2023, reformuló y amplío el programa Mais Médicos, con preferencia para profesionales brasileños. En estos tres años ha logrado duplicar la cifra de médicos desplegados hasta más de 27.000. Los resultados del examen Enamed ha llevado a los colegios de médicos y otras organizaciones profesionales a poner el grito en el cielo ante lo que consideran “un escenario alarmante”. Un médico sin la formación mínima imprescindible “solicita pruebas incorrectas, hace recetas inadecuadas y, a menudo, recomienda procedimientos [médicos] innecesarios”. “Además de malgastar dinero, perjudica al paciente y aumenta el riesgo de demandas [judiciales] contra los hospitales”, declaró a Folha Francisco Balestrin, presidente de Sindhosp, el sindicato de hospitales, clínicas y laboratorios privados de São Paulo. Ante la polémica abierta, el ministro de Educación, Camilo Santana, defendió que el examen oficial es positivo pese a los malos resultados obtenidos por uno de cada tres cursos. “No se trata de perjudicar a nadie, y menos a los estudiantes, sino de garantizar que las universidades reflexionen sobre la calidad de sus laboratorios y de sus profesionales, para que tengamos buenos profesionales formados en el país”, dijo Santana, del Partido de los Trabajadores. “Para que ustedes se hagan una idea, entre 2016 y 2022, prácticamente se duplicó el número de plazas en cursos privados de medicina en Brasil”, reveló el ministro. A nadie le ha sorprendido que las universidades públicas federales hayan sacado las mejores notas, son universalmente reconocidas como las de mayor calidad. Pero la evaluación de los cursos de medicina también ha puesto en evidencia que el precio de la matrícula puede ser inversamente proporcional a la calidad ofrecida. Las facultades que sacaron 1 o 2 (en una escala 1-5) cobran a cada alumno entre 1.100 y 2.600 dólares al mes, según el detallado análisis de la revista Veja. Una auténtica fortuna en un país donde el salario mínimo es de 313 dólares mensuales. EL PAÍS DE ESPAÑA

Los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y Dinamarca, Mette Frederiksen, mantuvieron este lunes una conversación telefónica durante la que «reafirmaron su apoyo a los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial» y que el futuro de Groenlandia solo depende de daneses y groenlandeses. La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Carney y Frederiksen también trataron el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico, «incluida a través de la OTAN«. El líder canadiense explicó a Frederiksen los planes de su Gobierno para incrementar las inversiones en seguridad, crecimiento económico e infraestructuras en el Ártico. Además, los dos jefes de Gobierno hablaron sobre la guerra en Ucrania y «coincidieron en el imperativo de alcanzar una paz justa y duradera» respaldada por «robustas garantías de seguridad». Habrá representación de Canadá en la capital de Groenlandia Canadá ha anunciado que oficialmente abrirá su primer consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia, el próximo 5 de febrero. La ceremonia será presidida por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado canadiense en representación del monarca británico; la ministra de Exteriores, Anita Anand; así como la embajadora canadiense para el Ártico, Virginia Mearns. Tanto Simon como Mearns son inuit, los indígenas del Ártico. Canadá también dijo que enviará un navío rompehielos de la Guardia Costera como muestra del interés de Ottawa en reforzar la seguridad en la región. (EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes a Washington para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca tras un año de varios ataques verbales y tensiones que se aliviaron en las últimas semanas. “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE.UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE.UU. en Colombia (John) McNamara”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también convocó a una marcha para el martes en Bogotá cuando se esté reuniendo con Trump. La Presidencia de Colombia informó que la agenda del mandatario en EE.UU. incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos. Petro ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto. El presidente, quien recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada “lista Clinton”, también tendrá encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral y una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King. Cronología de los cruces entre Trump y Petro Entre deportaciones y aranceles Desde enero de 2025, mes en que inició el segundo mandato de Trump al frente de la Casa Blanca, los presidentes de EE.UU. y Colombia comenzaron sus desencuentros del último año. Trump comenzó de campaña contra la inmigración ilegal desde sus primeros días de gobierno, y una de las medidas que utilizó en su estrategia fue la de vuelos de deportación. Enfadado por la forma en que los deportados estaban siendo devueltos con las manos atadas a bordo de vuelos militares, Petro devolvió dos de los vuelos que ya estaban en el aire y se dirigían a la nación sudamericana, lo que tomó por sorpresa a la administración de Trump. En varios posts en X, Petro anunció que bloqueaba los vuelos militares estadounidenses de deportación. Posteriormente, el presidente de Colombia dirigió una publicación al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiendo: “Jamás permitiré que traigan colombianos esposados en vuelos. Marco, si funcionarios de la Cancillería permitieran esto, nunca sería bajo mi dirección”. Sin embargo, Petro se echó para atrás más tarde ese día luego de que la administración de Trump amenazara a Colombia con imponer aranceles de hasta 50 % y con sanciones a funcionarios del Gobierno colombiano. Colombia anunció que había aceptado “todas las condiciones del presidente Trump”, incluida la “aceptación sin restricciones, de los inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos. “Amigos” del Tren de Aragua Si bien las cosas se estabilizaron en ese momento, la relación de dos naciones que habían mantenido un lazo estable durante mucho tiempo —sobre todo en materia de seguridad y defensa— quedó fracturada desde entonces. En marzo de 2025, durante una reunión en Bogotá, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que el presidente Petro se había referido a miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua como “sus amigos” y los había descrito como personas malinterpretadas que solo necesitaban “más amor y comprensión”. Petro negó haber hecho esos comentarios y sugirió que la confusión pudo deberse a una mala interpretación de sus palabras por su dominio limitado del inglés. El episodio generó nuevas tensiones diplomáticas y reflejó los problemas en los que suele verse envuelto el mandatario por sus pronunciamientos públicos. El Tren de Aragua, designada por el Gobierno de Trump como una organización terrorista, es una banda criminal transnacional que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en Estados Unidos. La Fiscalía General de Venezuela afirmó en enero de 2025 haber desmantelado al Tren de Aragua, pero no se ha reportado la detención de Héctor “Niño” Guerrero, considerado el líder de la organización y cuyo paradero aún se desconoce. Descertificación a Colombia y revocación de la visa de Petro Hasta antes de la llegada de 2025, EE.UU. y Colombia tenían desde hace décadas una relación de dependencia mutua. Por un lado, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y, por el otro, Bogotá es uno de los mayores aliados estratégicos de Washington en la lucha contra las drogas y el terrorismo. No obstante, el Gobierno de Trump dijo a mediadios de septiembre que Colombia había “fallado notablemente” en sus obligaciones para combatir el narcotráfico, por lo que decidió descertificar al país sudamericano. Esta descertificación implica una serie de restricciones por parte de EE.UU., aunque las autoridades estadounidenses dijeron que continuarían proporcionando fondos a Colombia. La administración de Trump adjudicó las fallas directamente al presidente Petro. En tanto, Petro dijo que Colombia estaba “ayudando” a EE.UU. en el combate a las drogas y aseguró que el problema de consumo es de la sociedad estadounidense y no de los colombianos. “EE.UU. nos descertificó, después de decenas de muertes entre policías, soldados y civiles que intentaban impactar el tráfico de cocaína”, señaló Petro. Este nuevo cruce entre EE.UU. y Colombia no fue el único de septiembre. Le siguió uno relacionado con la visa de Petro, un tema que ya había sido punto de discusión unos meses antes. A finales del mes, Estados Unidos anunció que revocaría la visa de Petro, después de que el mandatario sudamericano llamara públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump afuera de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Petro había estado en Nueva York para hablar en la Asamblea General de la ONU, donde también apuntó directamente a Trump, al que llamó “cómplice del genocidio” en Gaza. “Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, declaró el Departamento de Estado de EE.UU. Petro aseguró después que no necesitaba para viajar a Estados Unidos por ser ciudadano europeo. En un mensaje en X, el presidente de Colombia se dirigió a Trump y comentó:

El Ejército de Israel bombardeó este lunes Kaar Tibnit y Ain Qana, ambas en el sur del Líbano, tras ordenar la evacuación de perímetros en ambas localidades, alegando que en ellos había edificios utilizados por el grupo chií Hizbulá. «Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron varias instalaciones de almacenaje de armas de Hizbulá en el sur del Líbano para los intentos de restablecerse de la organización terrorista», recoge el comunicado emitido por las fuerzas armadas israelíes. Israel bombardea el país vecino casi a diario desde que entró en vigor el alto el fuego el 27 de noviembre de 2024. La Agencia de Noticias Nacional libanesa (ANN) confirmó que la aviación israelí atacó un edificio en Kfar Tibnit con dos misiles y recogió también un ataque aéreo en otro inmueble de Ain Qanal. Hasta ahora no se ha informado de víctimas mortales a causa de los bombardeos. Según el Ejército israelí, una de las infraestructuras «estaba localizada en el corazón de un área civil», y acusó a Hizbulá de usar a la población como escudos humanos. Sin embargo, las fuerzas armadas no dieron más detalles sobre el proceso de identificación de ambos edificios. Evacuación Aproximadamente media hora antes de ejecutar los bombardeos, el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichai Adraee, publicó en la red social X un mensaje que llamaba a la evacuación de la población en torno a estos inmuebles. «Usted se encuentra cerca de instalaciones de Hizbulá: por su seguridad y la de su familia, debe evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse 300 metros de ellos, como se muestra en el mapa», recogen las imágenes difundidas por el Ejército, en las que se señalizan los edificios y se demarca un perímetro de peligro a su alrededor. Desde que el alto el fuego entró en vigor en el Líbano el 27 de noviembre de 2024, Israel ha bombardeado casi a diario el sur del país (y en ocasiones el Valle de la Becá, en el este, o Beirut en el norte), alegando presunta actividad de arme de Hizbulá. El grupo chií, por su parte, no ataca territorio israelí desde diciembre de 2024. (EFE)

México enviará esta semana un cargamento de alimentos y productos básicos a Cuba como ayuda humanitaria, ha revelado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La mandataria ha confirmado que los envíos de petróleo desde las costas mexicanas a la isla están suspendidos, pero ha afirmado que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra negociando con su contraparte en Washington para que el suministro de hidrocarburos se pueda reanudar. “Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, ha mencionado Sheinbaum este domingo, durante su gira por el Estado de Sonora. El cargamento con alimentos, enseres y productos básicos será administrado por la Secretaría de Marina. La Administración de Trump publicó esta semana un decreto que impone aranceles a los países que entreguen petróleo a Cuba. El presidente estadounidense ordenó, tras la intervención de su país en Venezuela, detener el envío de crudo a la isla. México se convirtió entonces en el mayor proveedor de hidrocarburos del país caribeño, sin embargo, detuvo los cargamentos a mitad de enero ante las amenazas del republicano. Trump y Sheinbaum hablaron por teléfono el jueves por la mañana sobre la revisión del tratado de libre comercio (TMEC). Horas más tarde, la Administración de Trump publicó el polémico decreto que se interpretó como un mensaje al Gobierno mexicano. Sheinbaum negó el viernes que el tema hubiese sido abordado en la llamada telefónica. Sin embargo, Trump aseguró el sábado que él le pidió a Sheinbaum detener los cargamentos. “Cuba vivía del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, dijo el estadounidense a la prensa. “No hablamos nunca con el presidente Trump del petróleo que se envía a Cuba”, insistió la mandataria este domingo. “Cuando sí se tocó el tema”, ha señalado Sheinbaum, “fue en la conversación que tuvo el secretario de Exteriores, [Juan Ramón de la Fuente] con el secretario [de Estado de Estados Unidos], Marco Rubio”. México envía petróleo a Cuba desde 1993, pero desde el 2024 ha aumentado significativamente el volumen de los cargamentos. Sheinbaum ha explicado en las últimas semanas que el Gobierno mexicano hace dos tipos de envíos: los de ayuda humanitaria y los de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex) con el régimen cubano. Los pocos datos disponibles sugieren que México enviaba una quinta parte del petróleo que la isla necesita, unos 17.000 barriles diarios. Sheinbaum ha advertido de que la prohibición de Estados Unidos puede agravar la crisis que desde hace meses se vive en Cuba. La presidenta mexicana afirmó el viernes que su Gobierno iba a seguir buscando alguna forma de ayudar a Cuba ante la profunda escasez que ya padece la población de la isla caribeña. EL PAÍS DE ESPAÑA

Un juez federal ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y su padre, del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, tras permanecer detenidos durante más de una semana en el marco de una operación migratoria que ha provocado una fuerte respuesta pública y política en Estados Unidos.  El fallo, emitido este sábado por el juez Fred Biery, establece que tanto el menor como su padre deben ser liberados a más tardar el próximo martes, mientras su caso migratorio continúa su trámite en el sistema judicial estadounidense. Esta decisión se da luego de una orden previa que también impidió su deportación o traslado fuera de la jurisdicción de Texas mientras avanza el litigio.  ¿Cómo fueron detenidos? Liam y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quien presentó una solicitud de asilo, fueron detenidos por agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) el pasado 20 de enero en la entrada de su casa en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, después de regresar de la guardería. La familia fue trasladada a más de 2 000 kilómetros de distancia hasta el centro de inmigración en Texas, provocando indignación cuando se hicieron virales imágenes del niño con una mochila de Spider-Man y un gorro de conejo azul mientras era escoltado por agentes.  El caso se convirtió en símbolo de las tensiones generadas por la política migratoria bajo la administración del presidente Trump, ya que organizaciones de derechos civiles, educadores y algunos legisladores han denunciado que el niño fue utilizado como “cebo” para intentar capturar a otros miembros de la familia, una acusación que ICE ha negado.  En días recientes, el congresista demócrata Joaquín Castro visitó al niño y a su padre en el centro de detención, describiendo al menor como “muy deprimido” y con problemas de salud emocional tras la detención, mientras explicaba que Liam extrañaba a su madre y a sus compañeros de clase.  La orden judicial que ordena su liberación ha sido celebrada por grupos defensores de migrantes, que argumentan que la detención prolongada de familias y especialmente de niños pequeños puede causar traumas significativos y violar acuerdos como el Flores Settlement, diseñado para limitar la detención infantil. La familia Conejo Ramos es originaria de Ecuador y, según su abogado, arribó a la frontera de Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, situación que hasta ahora sigue en trámite ante las instancias migratorias de Estados Unidos. AGENCIAS

Los fiscales federales no pueden buscar la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, dictaminó el viernes una jueza, frustrando el intento de la administración Trump de ejecutarlo. Mangione, acusado de matar a Brian Thompson,no puede tener la pena de muerte, dictaminó la jueza Margaret Garnett. La jueza desestimó un cargo federal de asesinato contra Mangione, al encontrar que era técnicamente defectuoso. Garnett dejó en pie los cargos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua. Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de cargos federales y estatales de asesinato. Los cargos estatales también conllevan la posibilidad de cadena perpetua. Mangione, acusado de matar a Brian Thompson; protesta contra las aseguradoras Mangione debe regresar a la corte más tarde el viernes para una conferencia sobre el caso. Sus abogados no han comentado sobre la decisión, pero podrían hacerlo durante la conferencia o después. La selección del jurado en el caso federal está programada para comenzar el 8 de septiembre. El juicio estatal aún no ha sido programado. El miércoles, la fiscalía del distrito de Manhattan envió una carta instando al juez en ese caso a fijar una fecha de juicio para el 1 de julio. Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que “retrasar”, “negar” y “deponer” estaban escritos en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones. Mangione, graduado de una prestigiosa universidad e hijo de una adinerada familia de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan. Gobierno de Trump buscaba la pena de muerte para Mangione Cumpliendo con la promesa de campaña de Trump de perseguir vigorosamente la pena capital, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ordenó a los fiscales federales de Manhattan en abril pasado que buscaran la pena de muerte contra Mangione. Fue la primera vez que el Departamento de Justicia buscaba aplicar la pena de muerte en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Regresó al cargo hace un año con la promesa de reanudar las ejecuciones federales después de que fueran detenidas bajo su predecesor, el presidente Joe Biden. Garnett, una jueza designada por Biden, dictaminó después de una serie de presentaciones judiciales de la fiscalía y la defensa en los últimos meses. Llevó a cabo argumentos orales sobre el asunto a principios de este mes. (EL UNIVERSAL)

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que 2026 se perfila como «un año de caos y sorpresas» y aseveró que el Consejo de Seguridad «es el único organismo que puede hablar en nombre de todos en cuestiones de seguridad” y «el único que puede autorizar el uso de la fuerza», al referirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump. El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó de que «la ley del poder está reemplazando al poder de la ley» y que hay «instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose». «Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años» en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales «ante la erosión del derecho internacional», agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año. Los conflictos de hoy en el mundo Sobre asuntos globales, señaló que la ONU ha «condenado la terrible represión» en Irán, y abogó por «un diálogo que evite una crisis que podría ser devastadora en la región». Sobre Israel, aseguró que tiene que crear las condiciones para la solución de los dos Estados y que «el único país que puede presionar a Israel es EE.UU., y por eso es importante que Washington reconozca los derechos de los palestinos». Guterres pidió también un acuerdo en Ucrania para «evitar cualquier tipo de bombardeo» en un momento en que la Rusia de Vladímir Putin está atacando instalaciones energéticas ucranianas para «congelar a la población y provocar una catástrofe humanitaria«. «El país más poderoso del mundo es Estados Unidos, y muchos consideran que existen dos polos: China y EE.UU.», anotó. «Si queremos un mundo estable, con paz y desarrollo, necesitamos apoyar la multipolaridad». «Estamos viendo estos días todo tipo de acuerdos comerciales entre diferentes países. Se está creando una red de tecnología, comercio y cooperación que puede crear las condiciones para un mundo donde prevalezca la Carta de la ONU», agregó. Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, una prioridad de 2026 Entre sus prioridades para este año, mencionó la reforma del Consejo de Seguridad, una transición energética justa y la creación de un marco para la gobernanza de la inteligencia artificial. «Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años», acotó. «Quienes critican a la ONU por no ser efectiva son los mismos que critican una reforma del Consejo, que es lo que la haría más efectiva», agregó. Según Guterres, el Consejo debe tener miembros permanentes de África, Latinoamérica y más de Asia, un «reequilibrio que se tiene que alcanzar». Para él, también se ha de «restringir el derecho a veto para cuestiones como crímenes contra la humanidad». Asimismo, dijo estar «muy orgulloso del trabajo de la ONU» y que el trabajo de la organización es más efectivo «que muchos de los países que critican la organización», defendió. Afirmó que no le preocupa su legado, algo que «corresponde evaluar a otros», y enfatizó que no se deben olvidar problemas como la reducción de la ayuda humanitaria, las crecientes desigualdades y la crisis climática, que están generando «reacciones de desesperación, desplazamiento y muerte». Guterres advirtió también sobre «la transferencia masiva de poder hacia empresas tecnológicas privadas», cuya influencia en mercados, elecciones y conflictos puede «generar inestabilidad cuando opera sin límites ni regulaciones». (EFE)