Economía

La intervención anunciada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no solucionará la escasez de combustibles ni la falta de dólares para importarlos, afirmó el analista económico Omar Velasco. Afirmó que urge una reestructuración profunda de toda la política hidrocarburífera y alerta sobre señales contradictorias del Gobierno. “El Gobierno tiene el control total del aparato estatal y, por tanto, de YPFB. No necesita una intervención para identificar o corregir problemas internos. Hay incapacidad administrativa”, expresó el experto a RTP Informa. Recordó que las irregularidades se concentran en la logística y que bastaría con actuar solo sobre esa unidad de YPFB y no sobre toda la corporación. «Esto genera la pregunta de fondo, ¿realmente controla el Gobierno la principal empresa del Estado o existen entes que operan al margen?». Acotó que las denuncias de desvíos y corrupción se arrastran desde gestiones anteriores y que la llegada de Rodrigo Paz no resolvió la crisis ni eliminó los focos de irregularidades. Velasco observa un doble discurso gubernamental. Criticó que mientras el Ministro de Hidrocarburos plantea privatizar la comercialización para concentrar a YPFB en exploración y refinación, el Primer Mandatario contradice esa línea al prometer a los municipios la devolución del 12% del IDH, lo que recortará los fondos destinados a la búsqueda de hidrocarburos. Aseveró que se requiere una nueva política integral hidrocarburífera que esté acompañada de ajustes macroeconómicos para generar recursos y estabilicen el tipo de cambio. De lo contrario, afirmó, las subidas del dólar seguirán alimentando más subvención y nuevos incrementos en el precio del diésel y la gasolina. MRCM-RTP

La empresa de telecomunicaciones aportó al Estado boliviano la suma de Bs 437,7 millones durante la gestión 2025. Los ingresos fiscales son fundamentales para la inversión pública en escuelas, hospitales, carreteras, seguridad y otros. El Presupuesto General del Estado (PGE) es el mapa de ruta para la inversión pública en el país durante cada gestión. El mismo se nutre con financiamiento de todo el sector formal: público, privado, además de préstamos internacionales. Así mismo, sectores como salud, educación, infraestructura y conectividad, servicios básicos y producción, y las distintas entidades autónomas, se ven beneficiados por esta distribución. Cada año, los Grandes Contribuyentes realizan un aporte significativo al Estado boliviano a través de sus impuestos. De esta manera la empresa de telecomunicaciones Tigo, se encuentra dentro de los 10 mayores tributarios, con un aporte de Bs 437,7 millones, según el Ranking de los 100 mayores contribuyentes de Bolivia 2025 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), consolidando así su compromiso con el desarrollo del país. María Claudia Nürnberg, Gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo, comentó que la empresa entrega al fisco, impuestos como el IVA, IT, IUE, ICE, IEHD, ayudando estos recursos a fortalecer las capacidades del Estado, para la ejecución de obras y programas que impactan en la calidad de vida de millones de personas. También indicó que estos compromisos y logros tributarios se alinean con la visión de Gobernanza, Social y Ambiental que buscan generar desarrollo con responsabilidad. “Cuando una empresa cumple sus obligaciones tributarias, está ayudando a pavimentar una carretera, a equipar un hospital, a garantizar que una escuela tenga las mejores condiciones. Es algo que a veces no se ve o no se toma en cuenta, pero todos estamos contribuyendo para estos fines, desde la persona que compra un Paquetigo de datos hasta el que adquiere un Plan Hogar de Tv Cable, Internet y Megas ilimitado”, dijo Nürnberg. Por otra parte, además de cumplir con los impuestos, Tigo lleva adelante diversos programas de desarrollo social, que benefician a la población en otras áreas. Algunos son; Maestros Conectados que capacita a profesores de escuelas públicas y privadas en herramientas de educación virtual; Conéctate Seguro@, que son talleres interactivos enfocados en concientizar a niños, niñas, adolescentes, padres y educadores sobre el uso responsable del Internet. Conectadas, un programa especializado en capacitar a mujeres emprendedoras en el uso de herramientas tecnológicas básicas y digitales; además de realizar campañas de reciclaje y desecho seguro de routers, cables y dispositivos obsoletos y de incentivar la eficiencia de recursos con la reducción del consumo de agua, energía eléctrica y combustible en sus oficinas y radiobases. TIGO

El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, ante las deficiencias en sus operaciones y con el objetivo de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes. La medida está establecida en el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, que además crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria encargada del seguimiento de la gestión de la petrolera estatal durante la vigencia de la intervención. El plazo podrá ser ampliado excepcionalmente una sola vez hasta por 90 días, mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos, siempre que persistan las causas que motivaron la intervención. También podrá concluir antes de los 180 días si son superadas las condiciones que dieron lugar a su establecimiento. El decreto señala como fundamento de la intervención las “deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes” que generan riesgos para el interés público y la seguridad energética. La intervención, según la norma, no implica la supresión de YPFB ni la modificación de su naturaleza jurídica o de su estructura institucional. Comisión con ministerios La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB estará integrada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía; Producción; Hidrocarburos; Obras Públicas; y por el Viceministro de Transparencia. La comisión debe priorizar sus tareas en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles. Entre sus objetivos estará recomendar auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución para identificar redes de contrabando, desvío, acopio y otras irregularidades, además de individualizar las responsabilidades del personal involucrado. También podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, así como solicitar apoyo de entidades estatales de control y fiscalización. La comisión podrá revisar los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles, así como formular recomendaciones para corregir deficiencias administrativas, técnicas, financieras, operativas y logísticas. Asimismo, podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan podido afectar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética o los recursos del Estado, además de revisar el cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos, administrativos y personal técnico u operativo de YPFB. Entre sus atribuciones también figura la posibilidad de recomendar la remoción de personal. El decreto establece que el presidente y el personal administrativo, técnico y operativo de YPFB estarán obligados a entregar la información requerida por la comisión en los plazos y condiciones que esta determine. El incumplimiento podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales. Auditorías y posibles responsabilidades La comisión podrá recomendar auditorías técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas. Si los resultados evidencian posibles responsabilidades, deberá elaborar un informe que identifique los hechos, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones recomendadas. Los resultados serán remitidos, cuando corresponda, a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes. El decreto establece finalmente que la intervención no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, debido a la política de austeridad, y que cualquier gasto será cubierto con los presupuestos institucionales de las entidades que integran la comisión. ERBOL

El presidente Rodrigo Paz planteó este viernes a los bolivianos un dilema: decidir entre destinar recursos públicos a inversiones que permitan recuperar la producción de hidrocarburos y generar ingresos futuros o, por el contrario, mantener el gasto en combustibles importados hoy para sostener un precio en Bolivia más barato que el internacional. “Tenemos que tomar una decisión: o invertimos en nuestro futuro como son estos pozos para garantizar recursos en el futuro de la patria o nos gastamos esa platita en combustible hoy día para tener un precio que no es un precio comparable a nivel internacional”, afirmó Paz durante el acto de inicio de perforación del Pozo Junín-9D. Según explicó, parte de los recursos que podrían destinarse a necesidades de educación, salud y carreteras, deben utilizarse actualmente para financiar la compra de diésel y gasolina en el exterior. “Me dicen: necesito hospital, necesito colegio, necesito asfaltado, necesito ítem de educación, necesito ítem de salud, y yo les digo, yo les consigo la plata, pero ahora porque en Bolivia estamos pagando un combustible que afuera es más caro resulta que la platita que es para hospital, para salud, para el colegio, para ítems, se tiene que ir en el diésel, se tiene que ir en la gasolina”, sostuvo. Anteriormente, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, reveló que es insostenible el monto diferencial del precio que se importa el combustible respecto al precio que se vende en el país. Recientemente, el Gobierno duplicó a 2 mil millones de bolivianos el monto asignado de las arcas estatales para cubrir ese subsidio.     Paz defendió la inversión en exploración y perforación de pozos como una apuesta de mediano y largo plazo para recuperar la capacidad hidrocarburífera del país. Sostuvo que Bolivia debe volver a invertir en hidrocarburos después de años de reducción de la producción y de las reservas disponibles para explotación. Recordó que los grandes campos que, según dijo, generaron más de 60.000 millones de dólares para el país fueron descubiertos antes de los últimos 20 años y cuestionó que esos recursos no hubieran sido acompañados por una política sostenida de exploración. “El secreto del gas y de todo este tipo de industria es siempre seguir invirtiendo. Si dejas de invertir es como en el campo, si dejas de sembrar no vas a cosechar nada”, manifestó. El mandatario afirmó que su Gobierno pretende iniciar inversiones cuyos resultados podrían materializarse dentro de 10, 15 o más años, con el objetivo de garantizar seguridad energética para las próximas décadas. Culpó de esta situación a la falta de inversión de los 20 años de gobiernos anteriores. Acusó a esas administraciones anteriores de malgastar los recursos que tenían fruto del gas y no reinvertirlos. El mandatario insistió con el dilema sobre el destino de los recursos públicos: financiar el combustible subsidiado o destinarlos a infraestructura y servicios públicos. “Gastamos esa plata para que el combustible, el diésel, sea más baratito cuando afuera es más caro o esa platita la gastamos para que evidentemente Pando, Beni, Santa Cruz y el resto del país tenga electricidad”, cuestionó. También planteó que los recursos públicos deben evitar terminar beneficiando al contrabando de combustibles. “Gastamos la platita para la salud, para que la gente tenga médicos en sus comunidades o la gastamos para que unos cuantos se hagan millonarios contrabandeando el diésel. Esa es la pregunta que hay que hacer”, afirmó. ERBOL