Economía

Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechazó las acusaciones que la vinculan con supuestos contratos irregulares o con problemas en la calidad de los combustibles comercializados en el país, y solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la realización de una auditoría técnica conjunta para aclarar el alcance y cumplimiento de sus servicios. La empresa se pronunció tras versiones que señalaban un presunto beneficio en su contratación por parte de YPFB, en medio de denuncias de daños a vehículos por gasolina de mala calidad. Según Camin Cargo, en su contratación para 2026 fue evaluada junto a otros proponentes y obtuvo el primer lugar por cumplir todos los requisitos técnicos y documentales exigidos, además de presentar la oferta de menor precio. “Nuestra relación contractual con YPFB no fue producto de un acto fortuito ni de una invitación directa, sino el resultado de una rigurosa licitación pública en la que Camín Cargo resultó adjudicataria por mérito técnico y económico”, señala el documento enviado a la estatal el 10 de febrero. De acuerdo con la firma, la toma de muestras y análisis de calidad se realizó según lo estipulado en el contrato vigente y bajo estándares internacionales de verificación. Entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, se tomaron 24 muestras, todas negativas a la existencia de residuos contaminantes. Según la compañía, tanto el contrato correspondiente a 2025 como el proceso de selección para 2026 (PAC 5089), relacionados con el Servicio de Inspección de Calidad y Cantidad, se desarrollaron con pliegos publicados, invitación a varios proponentes y evaluación a cargo de un Comité de Selección bajo el criterio de menor precio. Camín Cargo citó el Informe de Selección YPFB GCC DRCO INF 752/2025, en el que se establece que la empresa cumplió todos los requisitos técnicos y documentales, ocupando el primer lugar de prelación, mientras que la otra propuesta fue descalificada por no acreditar la experiencia requerida. Respecto al alcance de su trabajo, la firma aclaró que su responsabilidad se limita a lo establecido en el contrato vigente y que los análisis de calidad se realizan únicamente cuando son solicitados por YPFB. “El alcance de nuestro servicio se limita exclusivamente a lo establecido en el contrato vigente, incluyendo la toma de muestras y análisis de calidad únicamente cuando son requeridos por YPFB”, precisó. BRÚJULA DIGITAL Y VISIÓN 360

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 193 que busca restituir el cómputo del 100% del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el consumo de gasolina y diésel. “Lo que ha probado ahora la Comisión es que todas las personas que usaban o cargaban gasolina o diésel en los diferentes centros de combustibles y pagaban, por ejemplo, 100 bolivianos, solamente podían utilizar 70 bolivianos como crédito fiscal. Esto lo hemos restituido con este anteproyecto de ley”, informó el viceministro del Tesoro, Christian Morales, quien defendió la norma en sesión. La iniciativa fue presentada como una corrección normativa frente a los efectos generados por la anulación de la subvención a los combustibles. Tras su aprobación en comisión, la norma debe ser tratada en la plenaria de la Cámara de Diputados. La comisión señaló que pedirá su tratamiento con carácter de urgencia y solicitará la modificación del orden del día en la sesión de este miércoles. Desde el Ejecutivo señalaron que no se registraron observaciones de fondo y confían en que el proyecto avance sin mayores dificultades en su tratamiento. ERBOL

La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA, en sus siglas en inglés) expresa el deseo de asociarse con Bolivia para desarrollar proyectos estratégicos en todo el país. «Estamos en Bolivia esta semana para descubrir nuevas oportunidades que ayuden a implementar soluciones de infraestructura estadounidenses confiables que promuevan las prioridades tanto de los Estados Unidos como de Bolivia», dice un comunicado de la entidad Según la página de USTDA fue creada en 1992, y se ha consolidado como un puente entre países en desarrollo y empresas estadounidenses. Con sede en Arlington, Virginia, y un presupuesto anual cercano a los 76 millones de dólares, su misión es doble: impulsar proyectos de infraestructura en mercados emergentes y, al mismo tiempo, abrir oportunidades de exportación para la tecnología y servicios de Estados Unidos. Remarcan que en tres décadas de trabajo, la USTDA ha catalizado más de 127 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses, apoyando proyectos en sectores estratégicos como energía limpia, transporte, telecomunicaciones, salud y minerales críticos. Sus herramientas incluyen estudios de factibilidad, asistencia técnica, proyectos piloto y misiones comerciales inversas, que permiten a gobiernos y empresas de países socios acceder a soluciones tecnológicas de última generación. Recuerdan que en América Latina, la agencia ha financiado proyectos vinculados a energía renovable, digitalización y transporte, buscando fortalecer la competitividad regional y la integración con cadenas globales de valor. Aunque Bolivia no figura entre sus principales receptores recientes, la USTDA mantiene líneas de cooperación abiertas para iniciativas que promuevan conectividad, sostenibilidad y modernización de infraestructura.

El Directorio de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) llegó a Bolivia para identificar áreas de inversión, en el marco de un programa de financiamiento que realizará con el país. «MCC está aquí para aprender sobre las oportunidades y desafíos del entorno económico en Bolivia. Durante la visita, planeamos reunirnos con funcionarios del gobierno boliviano y consultar con el sector privado y la sociedad civil para garantizar que identifiquemos en qué áreas el programa que desarrollemos juntos tendría el mayor impacto en el crecimiento económico del país». se lee en el comunicado. En diciembre de 2025, MCC seleccionó a Bolivia junto con Ecuador y Guatemala para un programa umbral, con el cual podrá financiar oportunidades de desarrollo con la subvención del Gobierno de Estados Unidos. «Profundizar nuestras alianzas más cerca de casa y de fortalecer la capacidad de la MCC para fomentar el crecimiento económico, aumentar la prosperidad y ofrecer beneficios significativos al sector privado de Estados Unidos”, señaló en esa oportunidad el vicesecretario de Estado Christopher Landau. En el marco de nuevas relaciones bilaterales, Estados Unidos envía desde la gestión pasada agencias de financiación y desarrollo claves del gobierno de los Estados Unidos, como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio, y el Departamento de Estado. RTP

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, proyectó que, en 2027, el país recibirá $us 2.000 millones de ingresos directos por minería y agroindustria. En una entrevista con D News, Espinoza presentó la visión estratégica del país centrada en la reestructuración fiscal, la atracción de inversiones y la reintegración de Bolivia a los mercados globales. Cuando le consultaron sobre cuánto espera recibir el país por inversión directa, explicó que para este año se proyectan cerca de $us 700 millones de dólares; sin embargo, para 2027, esperan un incremento superior a los $us 2.000 millones. “Este año estamos proyectando recibir cerca de 700 millones de dólares, sigue siendo una cifra pequeña, pero implica un salto extraordinario y esperemos que para 2027, tanto en minería como en agroindustria, recibamos cerca de 2.000 millones de dólares”, dijo Espinoza. Asimismo, el ministro explicó que la gestión del gobierno de Rodrigo Paz se enfoca en la eficiencia operativa, el impulso de sectores como la agroindustria y la minería, y una agenda legislativa que garantice seguridad jurídica y previsibilidad económica. “Recibimos un país con 13 años continuos de déficit fiscal, 12% de déficit del PIB (Producto Interno Bruto), un sistema de subsidios a los hidrocarburos que se llevaba 4% del PIB, de los cuales un tercio era contrabandeando al exterior”, remarcó en la entrevista. País seguro La semana pasada, Espinoza dijo que espera que la reducción en el gasto público más el ahorro por la eliminación a la subvención de los combustibles permitirán un ahorro de hasta el 5,5% del PIB. En ese contexto, explicó que el objetivo actual es “insertar a Bolivia en el mundo, en las cadenas globales de valor, ya no con una perspectiva extractiva sino formando parte de ellas”. Explicó, además, que para impulsar la inversión extranjera y que Bolivia se muestra como un país seguro y confiable, el Gobierno apunta a modificar varias leyes. Para esta gestión se trabajará la ley de Inversiones, la de Minería e Hidrocarburos; mientras que el 2027 se planea una norma impositiva y más adelante una nueva ley del Trabajo. “Más allá de los colores de los gobiernos donde la ideología marcaba las relaciones en el pasado, hoy estamos viendo bastante pragmatismo, vamos a empezar a gestionar acuerdos basados en intereses y en principios”, complementó. Destacó la gran apertura que han mostrado organizamos internacionales en diferentes foros y reuniones a la que asisten autoridades del país y dijo que es parte de la confianza que está brindando el actual gobierno con la política económica que encara. “Cada dólar que llega a nuestra región que sea un dólar que implique confianza, reducción de riesgo y la posibilidad de desarrollar sectores, infraestructura para generar más dólares”, dijo. Hace unas semanas, Espinoza anticipó que este año Bolivia podría “dar una sorpresa” al revertir las previsiones negativas del Producto Interno Bruto (PIB) y registrar un crecimiento positivo. Y destacó que la acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) avanza a buen ritmo, lo que contribuye a estabilizar la economía del país. EJU TV

Legisladores llegaron hasta YPFB Senkata en El Alto para realizar inspección a la calidad de almacenaje de combustibles, sin embargo, vieron obstaculizado su trabajo por personeros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Legisladores nacionales y departamentales llegaron hasta la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Senkata, en la ciudad de El Alto, con el objetivo de realizar una inspección a la calidad de almacenaje del combustible, en medio de crecientes denuncias y preocupación por sobretodo en el sector del autotransporte- Sin embargo, durante la visita, su labor se vió obstaculizada por personeros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hecho que generó molestia y cuestionamientos entre las autoridades fiscalizadoras. La diputada nacional, Verónica La Fuente, señaló que la inspección buscaba brindar tranquilidad a la población y verificar que los procedimientos se estén realizando de manera adecuada. Por su parte, el asambleísta departamental de La Paz, Mario Silva, lamentó la falta de colaboración por YPFB y ANH. Ante esta situación, las autoridades anunciaron que solicitarán una Petición de Informe Escrito (PIE) para esclarecer el despacho, distribución de gasolina y diésel desde la planta de Senkata. Indicaron que este pedido busca transparentar la información y garantizar que el combustible que llega a la población cumpla con los estándares de calidad establecidos. EXIGEN RESARCIMIENTO POR DAÑOS Exigiendo resarcimiento por los daños generados a motorizados ante la presunta «mala calidad» de gasolina transportistas de El Alto piden también la destitución de autoridades en hidrocarburos. Los cuestionamientos hacia la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se agudizan ante las constantes denuncias de transportistas de la ciudad de El Alto que aseguran haber sufrido daños en sus motorizados por la presunta mala calidad de la gasolina que se comercializa en el país. La preocupación crece entre los choferes, quienes afirman que las fallas mecánicas se han vuelto recurrentes y afectan directamente su fuente de trabajo diario. El ejecutivo del sector, Reynaldo Luna, manifestó que también se solicita la destitución de autoridades en hidrocarburos, a quienes responsabilizan por la falta de control y fiscalización. YENNY TICONA-RTP