Economía

El analista del Cedla, Alfredo Zaconeta, considera que la Cumbre Minera muestra «parcialización a cooperativistas» que “genera ruido y susceptibilidad» la liberación de 1.500 áreas mineras a favor del sector. » Con qué objetividad se va a delinear la nueva política minera. Se está nomás mostrando una nueva parcialización al priorizar nuevamente los intereses del sector cooperativo por encima de una política minera más equilibrada que responda a las necesidades de exploración, inversión y cumplimiento de estándares internacionales», expresó el experto en RTP Informa. El analista insistió en que la discusión debe abordar el cumplimiento del Convenio de Minamata, pero advirtió que persisten problemas estructurales más profundos. “No tenemos el desarrollo de nuevos yacimientos que hayan sido efecto de los últimos 20 años”. En ese sentido, enfatizó que la exploración geológica no puede depender de las cooperativas: “La geología se tendrá que hacer a partir de la minería estatal, las instituciones estatales en asociación con privados”. Para Zaconeta, el encuentro presenta serias limitaciones al no garantizar la participación efectiva de los tres actores reconocidos por la Constitución Política del Estado —cooperativas, sector privado y sector estatal— ni de los gobiernos municipales, donde existe actividad minera, y sufren impactos ambientales directos. Explicó que existe una diferencia estructural importante entre los tipos de minería. Mientras la extracción de minerales básicos como el zinc requiere remover grandes volúmenes de tierra con márgenes de ganancia reducidos, el sector aurífero permite márgenes amplios con menor movimiento de material. Esta brecha, señaló, ha generado que las cooperativas auríferas ya no respondan a la estructura general de Fencomin y hayan impulsado su propia federación nacional. El Gobierno modificó la Cumbre Minera, tras roces entre sectores. El encuentro que se prevé iniciará este 22 de julio abordará ocho ejes temático y se tratará de forma separada. Ante esa situación, el representante de Potosí, Óscar Chavarría, pidió la renuncia del Ministro del sector y asevero que ya no hay cumbre. MRMC-RTP

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció en un encuentro con cooperativistas mineros, realizado en el departamento de Oruro, la liberación de 1,5 millones de cuadrículas, las que representan 33 mil nuevas áreas en todo el país, en respuesta a algunos reclamos que realizaron los representantes de ese sector. En el evento realizado la pasada semana participaron la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Oruro, dirigentes de las cooperativas mineras, entre otros. Cuando la autoridad, quien convocó a la Cumbre Nacional Minera para elaborar el nuevo Código Minero para los días 22, 23 y 24 del presente mes, se dirige a los asistentes, justifica que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz sí cumplió con los acuerdos asumidos con ese sector. “Quiero atender algunos reclamos que nos han hecho, que dicen que no hicimos nada por el sector, creo que, a lo largo de muchas reuniones con el señor presidente, Richard, hemos firmado algunos acuerdos, algunas actas y hemos dicho, vamos a liberar muchísimas áreas de trabajo nuevas y se han liberado 1 millón 500 mil cuadrículas para poder pedir precisamente y poder hacer trabajos mineros en todo el país”, afirmó. Una de las principales demandas de la Fencomin se refiere a la dotación de áreas de trabajo, la liberación inmediata de nuevas áreas mineras, la seguridad jurídica, la adecuación de derechos mineros y el arancel cero a la importación de maquinaria e insumos mineros. Calderón sostiene que esa fue la promesa que hizo cuando se realizó un ampliado de media gestión en Sucre. “Lo hemos cumplido, 1 millón 500 mil cuadrículas, de las cuales representan 33 mil representan nuevas áreas de trabajo”, afirmó en un video difundido por ONTV Bolivia Comunicaciones. Informó que, en estos días, ya se solicitaron unas 2.000 áreas de trabajo y que también se hizo una adecuación rápida mediante una resolución ministerial que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) regularice 5.400 contratos en un plazo de tres meses. “Se han solicitado en estos días, aproximadamente 2.000, adicionalmente también hemos hecho una adecuación, lo que no pudo hacer el anterior Gobierno, hemos hecho una adecuación rápida mediante una resolución ministerial y esa resolución ministerial determina a la AJAM (debe) regularizar 5.400 contratos y eso va a ser hecho en el lapso de tres meses”, afirmó. Calderón se refirió a la Resolución Nº 069/2026, que aprueba el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros Simplificado, que tiene por objeto reglamentar el régimen de adecuación de derechos mineros y registro previsto en el Título V Regímenes de Adecuaciones de la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, aprobado el 30 de abril de la presente gestión. “La AJAM se ha comprometido a llevar esta tarea hasta fines de septiembre, ese es un éxito y eso hay que agradecer precisamente al trabajo que adquiere esta gestión, todo lo que no pudo hacer en más de 10 años la anterior”, sostuvo en alusión a los gobiernos de los expresidentes por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Luis Arce. “Entonces, creo que vamos cumpliendo precisamente las tareas, adicionalmente tenemos otra tarea muy importante, en este caso, no para el departamento de Oruro sino para el departamento de Potosí liberando áreas de trabajo”, aseguró. VISIÓN 360

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, propone que Bolivia deje atrás el modelo de “Estado empresario” y avance hacia un Estado estratega, capaz de planificar, regular y exigir resultados. En entrevista con El Deber, expuso sus percepciones sobre institucionalidad y eficiencia. P. Una de las últimas decisiones fue la promulgación del Decreto Supremo 5654. ¿Qué cambia concretamente esta norma? R. Cambia un principio que considero fundamental: el salario pertenece al trabajador y es el trabajador quien debe decidir sobre él. El Decreto Supremo 5654 regula los descuentos, contribuciones y retenciones por planilla en las entidades públicas del nivel central. Establece claramente cuáles son los conceptos permitidos y deja sin efecto otros descuentos automáticos que no estén comprendidos dentro de ellos. Estamos hablando de cinco conceptos permitidos: aportes a la seguridad social de largo plazo; faltas, atrasos y sanciones administrativas; RC-IVA; retenciones judiciales por asistencia familiar; y recuperaciones en favor del Estado por cobros indebidos. Nada más. Lo importante es comprender la filosofía de la norma. No estamos discutiendo si una persona debe o no pertenecer a un sindicato. Tampoco estamos cuestionando la organización sindical. Todo lo contrario: defendemos plenamente la libertad sindical. Lo que decimos es que libertad sindical también significa libertad para decidir. Si un trabajador quiere contribuir voluntariamente a su organización, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero esa contribución debe surgir de su voluntad, no de un mecanismo automático administrado desde el Estado. P. Algunos sectores sindicales sostienen que el decreto busca debilitar a las organizaciones de trabajadores. R. No comparto esa interpretación. Una organización sindical fuerte debería ser fuerte por la confianza y el respaldo voluntario de sus afiliados, no porque una entidad estatal actúe como agente automático de retención. Los sindicatos deben ser independientes del Gobierno y el Gobierno debe ser independiente de los sindicatos. Esa distancia es saludable para ambos y fortalece la democracia. La libertad de asociación implica el derecho a afiliarse, organizarse y participar. Pero también supone que las decisiones económicas de cada trabajador sean respetadas. Por eso hemos sido muy claros: quien quiera realizar un aporte voluntario puede hacerlo mediante un mecanismo individual, expreso, revocable y verificable. El Decreto no elimina el derecho a aportar; elimina la intermediación obligatoria del Estado en ese aporte. P. ¿Diría entonces que el DS 5654 forma parte de una política más amplia de transparencia? R. Absolutamente. Transparencia y libertad no significa solamente publicar información en una página web. Significa reducir los espacios donde alguien puede decidir sobre recursos ajenos sin suficiente control o consentimiento. Y aquí encuentro una conexión muy clara con otra decisión que tomamos: el Decreto Supremo 5600. Durante años se fueron acumulando autorizaciones excepcionales para realizar contrataciones directas en distintas entidades del Estado. La excepción comenzó a convertirse en una práctica habitual. Lo que según la Ley Safco era prohibido (contrataciones directas por parte del Ejecutivo, excepto en casos de emergencia o excepcionales contemplados en la norma), se convirtió en moneda corriente en el anterior gobierno. ¿Cómo se puede explicar que el aeropuertos en lugares recónditos, hospitales que hasta ahora no funcionan hayan significado millonarios gastos realizados mediante contrataciones directas? ¿Qué emergencia supone la construcción del museo en Orinoca o la realización del Dakar? Todas estas “obras” fueron hechas por contrataciones directas que representaron una sola urgencia: institucionalizar la corrupción. El DS 5600 buscó corregir precisamente eso: dejar sin efecto más de 160 disposiciones que habilitaban contrataciones directas como excepción al régimen general de contratación pública. Los procesos iniciados antes de la vigencia de la norma no quedaron paralizados, pero hacia adelante la señal fue inequívoca: la contratación pública debe volver a reglas transparentes, competitivas y verificables. P. ¿Por qué era tan importante eliminar esas excepciones? R. Porque el problema de la contratación directa no es solamente económico. Es institucional. Cuando la excepción se vuelve regla, desaparecen controles, disminuye la competencia y aumenta la discrecionalidad. Y donde existe demasiada discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, inevitablemente aumenta el riesgo de corrupción. No estoy diciendo que toda contratación directa sea corrupción. Hay circunstancias excepcionales en las que puede ser necesaria y la propia legislación contempla situaciones específicas. Lo que no puede existir es un sistema paralelo y permanente de excepciones. La competencia protege al Estado. La transparencia protege al funcionario. Y ambas protegen al ciudadano. El dinero público no tiene dueño circunstancial. Pertenece a los bolivianos. P. Otro diagnóstico particularmente preocupante presentado durante su gestión es el de las empresas públicas. ¿Qué encontró el Gobierno? R. Encontramos una situación que Bolivia debe mirar con seriedad. Durante mucho tiempo confundimos la existencia de empresas públicas con desarrollo. Pero una empresa no genera desarrollo por el simple hecho de pertenecer al Estado. Una empresa pública tiene que cumplir un propósito. Tiene que generar valor económico o valor social, y preferiblemente ambos. Tiene que demostrar que los recursos que recibe producen resultados para el país y que cubren ámbitos que no son atendidos por el sector privado. No debería significar ni competir ni duplicar esfuerzos que puedan ser mejor llevados por la empresa privada. El diagnóstico preliminar realizado por la OFEP mostró situaciones financieras y patrimoniales muy delicadas en varias empresas, además de niveles significativos de endeudamiento y proyectos de nuevas empresas con baja ejecución. Esto representa un problema fiscal, evidentemente, pero también un problema institucional y estratégico. Porque cada recurso que el Estado destina indefinidamente a sostener una estructura ineficiente es un recurso que deja de estar disponible para un hospital, una escuela, una carretera, un sistema de agua, seguridad ciudadana o inversión productiva. Administrar bien una empresa pública es, por tanto, una decisión profundamente social. P. ¿La solución es cerrar empresas públicas o privatizarlas? R. Esa sería una simplificación irresponsable. No todas las empresas públicas son iguales y, por tanto, no pueden recibir el mismo tratamiento. Hay empresas estratégicas que Bolivia necesita y que debemos fortalecer. Hay empresas potencialmente viables que requieren una profunda reestructuración, ya sea a través de alianza público privadas o concesiones a gobiernos subnacionales. Sin embargo, existen otras cuya continuidad debe ser