Economía

El precio de la garrafa de GLP de 10 kilos se mantendrá en Bs 22,50 hasta fin de año, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Raúl Velásquez, experto en Hidrocarburos de la fundación Jubileo ,aclaró que el GLP en garrafa y el gas natural que llega por tuberías son energéticos diferentes, por lo que sus precios y mecanismos de subvención no deben confundirse. Velásquez explicó que alrededor del 95% del GLP es destinado al consumo de los hogares, principalmente de familias de ingresos medios y bajos. Por esta razón, considera necesario mantener el apoyo estatal para evitar un impacto fuerte en la economía de estas familias. Sin embargo, planteó que, a futuro, el precio de la garrafa podría experimentar incrementos graduales de entre Bs 2 y Bs 3 por año, con el objetivo de reducir progresivamente la subvención y acercar el precio al costo real del energético. El experto sostuvo que ninguna subvención puede mantenerse de manera indefinida y señaló que el Gobierno deberá establecer un plazo y un mecanismo para realizar estos ajustes de forma gradual, evitando afectar a los sectores más vulnerables. Velásquez remarcó que el objetivo debería ser mantener el GLP a un precio accesible para las familias, mientras se reduce progresivamente el costo que representa la subvención para el Estado. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Gobierno nacional dispuso la continuidad de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) destinado al mercado interno a través del Decreto Supremo 5667, que extiende este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida busca preservar el precio de las garrafas de 10 kilogramos y asegurar el abastecimiento de este combustible considerado esencial para los hogares bolivianos. La norma, promulgada este jueves por el presidente Rodrigo Paz Pereira, ratifica la política de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo y sostiene que la continuidad del subsidio contribuirá a resguardar la estabilidad económica y social del país. El decreto establece que la subvención alcanza tanto al Gas Licuado de Petróleo producido en plantas (GLPP) como al generado en refinerías (GLPR), siempre que esté destinado a la comercialización de garrafas de 10 kilogramos para el consumo interno. Como parte del mecanismo de compensación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) continuará recibiendo Notas de Crédito Fiscal (NOCRES). En el caso del GLP producido en plantas, el Estado reconocerá una subvención de Bs 0,84 por kilogramo. La disposición también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir las Notas de Crédito Fiscal necesarias para cubrir el costo del subsidio durante el periodo de vigencia del decreto, garantizando los recursos destinados a este mecanismo de compensación. Entre los fundamentos de la norma, el Ejecutivo recuerda que la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Hidrocarburos establecen que es responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento de combustibles, preservar la seguridad energética y definir la política nacional en materia de hidrocarburos. Asimismo, el decreto hace referencia al Decreto Supremo 5534, aprobado a comienzos de este año, que definió la estructura de precios del GLP producido en plantas y refinerías, además del sistema de compensación mediante NOCRES. La nueva disposición amplía la vigencia de ese esquema hasta el cierre de la presente gestión. La implementación del Decreto Supremo 5667 estará a cargo de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías, que deberán ejecutar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del subsidio y el suministro de GLP en el mercado interno. BRÚJULA DIGITAL

El analista económico señala que la cotización pasó de Bs 9,73 a Bs 12,15 en el primer mes del nuevo régimen cambiario y advierte mayor presión sobre los precios. A un mes de la implementación del tipo de cambio oficial flexible, el analista económico Gonzalo Colque advirtió que la cotización del dólar mantiene una tendencia ascendente y podría llegar a alrededor de Bs 14 hasta finales de agosto, si continúa con el ritmo de incremento registrado durante las últimas semanas. Según los últimos datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la cotización pasó de Bs 9,73 a Bs 12,15 desde la implementación del nuevo régimen cambiario. Colque explicó que el incremento sostenido responde principalmente a la escasez de dólares en el mercado, mientras que una mayor disponibilidad de divisas dependerá, entre otros factores, de la recuperación de las exportaciones. El analista también expresó sus dudas respecto a que durante el segundo semestre se produzca un incremento significativo en el ingreso de divisas provenientes de la minería y las agroexportaciones. En ese contexto, advirtió que, si el dólar mantiene el actual ritmo de incremento, podría alcanzar los Bs 14 a finales de agosto, lo que generaría una mayor presión sobre los precios de bienes y servicios y afectaría el poder adquisitivo de las familias. Sobre el acuerdo con el FMI Respecto al acuerdo técnico alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Colque aclaró que los $us 1.900 millones anunciados corresponden a un préstamo y no representan recursos de libre disponibilidad para el Gobierno. Explicó que los recursos serán desembolsados bajo determinadas condiciones y estarán sujetos al cumplimiento de metas y compromisos establecidos dentro del programa. Finalmente, Colque consideró que los próximos 30 días serán determinantes para establecer si la cotización del dólar comienza a estabilizarse o, por el contrario, mantiene su tendencia ascendente. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios (CAINCO) El Alto lanzó oficialmente la séptima versión de HuaynaFEX 2026, que se realizará del 7 al 11 de octubre en la Terminal Metropolitana. Durante cinco días, emprendedores y empresas participarán en la feria con el objetivo de impulsar el movimiento económico en un contexto marcado por los efectos de los conflictos sociales y la flexibilidad del dólar, informó la gerente general de CAINCO El Alto, Lizelot Romero. La Cámara de Comercio de Oruro respaldó la iniciativa y destacó la importancia de fortalecer HuaynaFEX tras más de 50 días de bloqueos. Su presidenta, Sonia Rocha, señaló que El Alto y Oruro comparten vínculos comerciales e industriales mediante los corredores bioceánicos. Advirtió que la flexibilidad del dólar afectó especialmente al sector de la construcción, debido a que los presupuestos previstos antes de junio cambiaron, generando incumplimientos y ajustes económicos. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) alerta sobre el grave impacto que tendría, para la economía, el sistema financiero y para miles de empleos en muchos sectores, la ejecución de la sentencia que ordena a SOBOCE, de manera arbitraria, pagar cerca de 744 millones de bolivianos a FANCESA. La sentencia está siendo aún cuestionada en la Justicia Constitucional, que ya la anuló por graves irregularidades que no han sido reparadas, por lo que su ejecución coactiva sería un acto de irresponsabilidad. La empresa es uno de los principales actores de la industria nacional y la normal continuidad de su actividad depende del mantenimiento de adecuados niveles de liquidez e inversión. Además, es un emisor vigente de valores dentro del mercado boliviano de capitales y mantiene obligaciones permanentes frente a tenedores de bonos, entidades del sistema financiero, inversionistas y demás participantes del mercado de valores. Por otra parte, de ejecutarse esta sentencia, Bolivia sería el primer y único país del mundo en incluir el “daño al proyecto de vida” —concepto jurídico exclusivo de la persona humana para resarcir afectaciones a la libertad existencial de un ser humano—, como marco jurídico indemnizatorio en favor de una sociedad comercial, lo cual desnaturaliza la figura y abre una peligrosa compuerta a su aplicación arbitraria en contra de las empresas del país. Este precedente vinculante y obligatorio, que afecta severamente la seguridad jurídica, dificultaría el acceso del país al sistema de inversión y financiamiento internacional. SOBOCE tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como cualquier otra empresa, por lo que rechaza la campaña de amedrentamiento y presión social emprendida con la única finalidad de condicionar el actuar de quienes tienen la gran responsabilidad de resolver los procesos en curso en estricto cumplimiento del marco legal boliviano. A través de esta campaña de desinformación, se busca también sorprender al pueblo boliviano y a los ciudadanos de Chuquisaca con afirmaciones falsas y tergiversaciones de los hechos. SOBOCE lleva 16 años reclamando justicia como consecuencia de la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado de Bolivia, el que incumpliendo su propio Decreto (N° 0616 del 1 de septiembre de 2010), jamás pagó el justiprecio debido. Son 16 años de reclamo por vías legítimas al Estado Boliviano, que ha pagado otras expropiaciones, pero jamás esta. Ahora, con el impulso de FANCESA, a través de un proceso manifiestamente irregular (como ya en un primer momento ha sido confirmado por los tribunales constitucionales), se pretende quebrarnos con una indemnización insólita y carente de respaldo técnico y legal. Pedimos a toda la comunidad jurídica de Bolivia que lea detenidamente todas las resoluciones judiciales que forman parte de este asunto, empezando por la demanda inicial. Cualquiera puede comprobar la ausencia de coherencia y la inexistencia de base para la indemnización que se pretende, además de las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de SOBOCE, ya advertidas en el fallo constitucional pendiente de revisión. El compromiso de SOBOCE con Bolivia es y ha sido inquebrantable. Además, se trata de una de las mayores inversiones extranjeras en el país. La consumación de esta arbitrariedad afectaría de manera irremediable la posibilidad de atraer inversiones extranjeras que posibiliten la anhelada reactivación de la economía del país.  Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, a nuestros clientes, proveedores y al sector de la construcción en su conjunto; a todos los profesionales del Derecho de Bolivia; a los agentes del sistema financiero; y a todo el tejido empresarial del país, para que estudien en detalle y con objetividad el grave riesgo al que esta sentencia, de convertirse en vinculante y obligatoria, expone al conjunto de la economía y la sociedad boliviana. SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A.