Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El Gobierno de Abelardo de la Espriella,ordenó el traslado de 117 presos considerados de alto perfil y vinculados a procesos de negociación de paz hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por instrucción directa del mandatario y constituye una de las primeras decisiones de su administración en materia de seguridad y control penitenciario. Así lo confirmó el medio colombiano El Tiempo. Según informó el Gobierno, los internos fueron distribuidos en cárceles de alta seguridad ubicadas en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Los presos trasladados Uno de los principales operativos se realizó en la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, donde fueron trasladados 103 cabecillas de organizaciones criminales, según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Entre los nombres mencionados aparecen José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y alias El Indio. También fue incluido el exparamilitar Hernán Giraldo. Alias Douglas es señalado como uno de los principales cabecillas de la banda La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado. Su nombre estuvo vinculado a las conversaciones de paz urbana impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Otros integrantes de estructuras que participaron de esos acercamientos, como alias Tom, Vallejo, El Compa, Grande Pa, Lindolfo y Juan 23, también fueron mencionados en relación con las organizaciones que participaron de las negociaciones, aunque no estaba confirmado el traslado de todos ellos. La explicación del Gobierno La administración de De la Espriella sostuvo que el objetivo de la medida es reforzar el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que los internos de alto perfil continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles. El Gobierno afirmó que los traslados buscan impedir que las estructuras criminales utilicen los centros penitenciarios para mantener comunicaciones y coordinaciones con organizaciones que operan en el exterior. El propio Presidente aseguró que algunos de los internos continuaban coordinando actividades criminales desde la cárcel de Itagüí. “Desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario”, afirmó De la Espriella. “Mano de hierro” contra el crimen De la Espriella presentó la decisión como parte de su política de seguridad: “Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos”, afirmó. “Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana”, manifestó. Un cambio frente a la “paz total” La medida representa un cambio respecto de la política implementada durante el gobierno de Gustavo Petro, particularmente en relación con los procesos de diálogo y negociación con organizaciones criminales. La nueva administración sostiene que su estrategia priorizará el sometimiento a la Justicia y el combate directo contra las estructuras ilegales. De la Espriella también anunció que su Gobierno elaborará un listado de grupos ilegales para definir con mayor precisión cuáles serán considerados objetivos de las operaciones de la Fuerza Pública. “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, sostuvo el Presidente. (LA VOZ)

Irán reafirmó este domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio. «Ahora no tenemos ninguna negociación con Estados Unidos», afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a los periodistas, y aseguró que, mientras «no terminen las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos y Washington no compense aquello que ha incumplido», desde su punto de vista «no existe posibilidad de reanudar las negociaciones». Aun así, Araqchí dijo que los intermediarios «siguen intentando encontrar nuevamente vías para entablar negociaciones», según informó la agencia Tasnim. El jefe de la diplomacia iraní se refirió también a las conversaciones con Omán destinadas a establecer una nueva ruta marítima, que se encuentran en su fase final. El ministro reiteró que dicho acuerdo entre Teherán y Mascate no supondría, por sí mismo, la reapertura de Ormuz. «Esto no significa que se vaya a abrir el estrecho de Ormuz. El acuerdo puede alcanzarse, pero la reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos», señaló. El ministro explicó que los especialistas están trabajando en el trazado de las nuevas rutas marítimas y que el acuerdo con Omán establecerá los recorridos que deberán utilizarse una vez que se cumplan las condiciones necesarias para la reapertura del estrecho al tráfico. Las seis exigencias de Irán Este sábado, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, presentó una lista de seis exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Entre ellas está el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y el pago de reparaciones de guerra. El alto cargo de seguridad iraní reclamó además el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica. Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con EE.UU. Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones entre ambas partes en el marco del memorando de entendimiento para la paz, firmado el 17 de junio. (EFE)

El Gobierno de Cuba aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector, en medio de la grave crisis energética que sufre la isla, señalaron este sábado medios estatales. La Resolución 180/2026 publicada la víspera en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este sábado, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales. De acuerdo con la resolución, estarán libres de ese pago también las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de “calentadores solares; bombas fotovoltaicas; pequeños aerogeneradores; biodigestores de geomembranas; motobombas a biogás; alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solares”. La medida también cobijará a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, «equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía y las partes y piezas fundamentales de estos equipos». Además, la resolución contempla entre otras modificaciones, la bonificación del pago de los impuestos sobre las utilidades y sobre los ingresos personales a las personas jurídicas y naturales, que -«como parte de su responsabilidad social»- realizan inversiones con fuentes renovables de energía en centros de servicios a la población. La viceministra cubana de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, explicó -a la televisión estatal- que se trata de “inversiones en policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes, y también en el bombeo de agua en los municipios”. La fuerte crisis energética en Cuba Por su parte, la Resolución 179/2026 modifica otra anterior (la 114 de mayo de 2026) y amplia el alcance para la compraventa de la energía producida con biomasa vegetal y eólica que sea entregada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La normativa anterior priorizaba la energía solar fotovoltaica. Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada tanto por factores endógenos y exógenos. De un lado, la escasa capacidad de producción eléctrica del país; y del otro, la presión estadounidense desde enero pasado que no permite que la isla importe crudo o derivados. La nación caribeña inició este agosto con un apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a casi todo el país sin energía eléctrica; aunque lo habitual es que la mayor parte de la isla permanezca a la vez sin electricidad unas veinte horas al día. La isla ha sufrido doce apagones generales en casi veinticuatro meses, siete de ellos en lo que va de 2026. (EFE)