Nombre del autor:Rodrigo Villegas

La Justicia Constitucional reconoció violaciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, la verdad material e investigación integral al haberse perseguido solo a las ex autoridades sin investigar a todos los actores beneficiados por la amnistía dictada por Carlos Mesa. La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba-Bolivia dictó sentencia y complementación declarando “la nulidad de pleno derecho” de la apertura de juicio del 25 de marzo de 2009 y actuados emergentes en el juicio de responsabilidades respecto al ex ministro de Defensa Nacional José Carlos Sánchez Berzain y las ex ministra de Participación Popular, miembros del gabinete del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue forzado a renunciar el 17 de octubre de 2003 luego de bloqueos, ataques y acciones violentas contra la ciudadanía y su gobierno en septiembre y octubre de ese año, que se conocieron como “octubre negro” o “guerra del gas”. Se ha declarado probada una acción de libertad, el recurso constitucional que en el Estado Plurinacional de Bolivia reemplaza al “Habeas Corpus”, que fue interpuesta por la abogada Patricia Cleobereida Guevara en representación sin mandato de los ministros de Defensa Nacional y de Participación Popular (los accionantes) en el Gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada (Presidente Constitucional de la República de Bolivia elegido para el periodo 2002 al 2007 y derrocado en 2003) contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional, pidiendo se anule la persecución política emergente de los hechos de octubre de 2003. La principal consecuencia jurídica es que el juicio de responsabilidades ha dejado de existir, como expresa la resolución complementaria de la Sala Constitucional “lo que tiene como efecto no haber nacido a la vida jurídica, por ende, sin eficacia legal” favoreciendo únicamente a los ex ministros recurrentes. Medidas derivadas de la nulidad son el cese de “las emergentes disposiciones y medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los accionantes, órdenes y mandamientos de aprehensión emitidos contra la libertad de los accionantes…”. El juicio de responsabilidades ahora anulado fue tramitado solo contra el ex presidente Sánchez de Lozada, los miembros de su Gabinete de Ministros y miembros del Alto Mando Militar, muchos de los cuales fueron condenados a penas privativas de libertad y cumplieron las mismas. Sánchez Berzain salió al exilio la noche del 17 de octubre de 2003 con el presidente Sánchez de Lozada en vuelo regular de la línea aérea boliviana habiendo recibido asilo político en Estados Unidos. Otros miembros del Gabinete de Ministros -igualmente perseguidos- recibieron refugio político en Perú, España y otros países. Sánchez Berzain ha sostenido y documentado en foros, conferencias, ensayos, columnas y libros que el juicio de responsabilidades se trata de una acción de persecución política judicializada en el marco de “la traición de Carlos Mesa para la toma del poder por Evo Morales”, a quien acusa de haber encabezado el derrocamiento y cometido crímenes para cesar el mandato constitucional del presiente Sánchez de Lozada. Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2006 y cambió la constitución instalando en circunstancias que también son objeto de acusación el Estado Plurinacional en 2008. Producida la renuncia forzada del presidente Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, el día 31 del mismo mes -a los 14 días- su ex vicepresidente y sucesor Carlos Mesa dictó el Decreto Supremo 27234 dando “amnistía para todos los delitos comprendidos en la Ley 2404 de 4 de agosto de 2003, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana con relación a acciones realizadas a partir de la vigencia de la ley y hasta el momento de entra en vigencia del presente decreto supremo”. Esto es que dio perdón a todos los agresores del orden público, a los que iniciaron y perpetraron los hechos que llevaron al derrocamiento del presidente constitucional. Con este decreto y otros complementarios, como expresa la acción de libertad, los autores de los delitos se convirtieron en acusadores, testigos y perseguidores de los miembros del gobierno depuesto. Sánchez Berzain, un destacado abogado constitucionalista y catedrático de derecho antes de ser Ministro, ha sostenido reiteradamente que no se da amnistía a los inocentes, que la amnistía es perdón de los delincuentes, y que el decreto de Mesa y su aplicación es confesión de los delitos de Evo Morales, del propio Carlos Mesa y de una larga lista de autores que luego formaron parte de los gobiernos de Mesa, Morales y Arce para encubrir sus crímenes y perseguir judicialmente -en el régimen judicializado y trasnacional del socialismo del siglo 21- solo a las ex autoridades. La sentencia constitucional tiene aplicación inmediata pero debe seguir el trámite de consulta de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, un órgano señalado como parte del sistema de poder impuesto y controlado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) la representación del socialismo del siglo 21 en Bolivia. Sin embargo, cualquier fallo violatorio de derechos humanos que pueda emitir el Tribunal Constitucional Plurinacional puede ser objeto de denuncia y demanda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser Bolivia parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. (EJUTV)