Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El Gobierno de Perú anunció este martes la captura en Bolivia a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado John Pulpo y considerado el líder de la banda criminal Los Pulpos, a la que se le atribuye el secuestro de un empresario y la matanza de sus cuatro acompañantes el pasado domingo en la ciudad de Trujillo. John Pulpo era parte de los delincuentes más buscados por Perú, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles (unos 148.000 dólares) para quien diera información que facilitara su captura, al manejar las operaciones de esta organización criminal desde la clandestinidad. La captura de este líder criminal, cuyas circunstancias aún no han transcendido, fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú junto con la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos instalado en Lima y la Administración de Control de Drogas (DEA) del mismo país norteamericano. En entrevista con Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que John Pulpo permanecía inicialmente en La Paz y que, por razones de seguridad, se ha solicitado mantener en reserva los detalles del traslado, con la intención de que pueda concretarse la entrega a Perú con la mayor celeridad posible. «Este cabecilla principal ha caído finalmente», expresó el ministro al tiempo de asegurar que las autoridades peruanas continúan trabajando para identificar y detener a los integrantes de esa banda criminal. En una breve rueda de prensa en La Paz, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, coronel Adrián Álvarez, informó a los medios que la captura fue posible mediante un «operativo conjunto» que se viene trabajando desde enero y en el que también fue capturado otro integrante de la organización criminal, identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años. Álvarez sostuvo que Cruz Torres es un «blanco de alto valor regional», por la «peligrosidad y el despliegue de los hechos criminales desarrollados con base de operaciones en Perú, pero que también fueron extendidos a Chile y Argentina y que se pretendía desarrollar» en Bolivia. Cruz Torres «va a ser expulsado hoy (martes) y puesto a conocimiento y tutela de nuestras autoridades similares de Perú», agregó el jefe policial boliviano. John Pulpo contaba con una orden de captura internacional por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros. Durante las detenciones del líder criminal y de su acompañante se encontraron pasaportes peruanos y documentos de identidad bolivianos correspondientes a distintas identidades, los cuales serán materia de las investigaciones correspondientes, indicó el comunicado de la Policía de Perú. «Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también», indicó el ministro Astudillo al explicar que Los Pulpos son una organización criminal de al menos un centenar de integrantes que eran liderados por Jhon Pulpo. A Los Pulpos se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año en Perú, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañante que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados. Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y la víctima fue liberada al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagó parte del rescate, algo que las autoridades peruanas no quisieron confirmar. (EL DEBER)

El estado de excepción en Bolivia concluye en la segunda quincena de septiembre y surgen voces que plantean su ampliación. Mientras tanto, el nuevo comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, afirmó que la institución del orden hará cumplir las restricciones ciudadanas, aunque priorizará el diálogo para evitar una mayor conflictividad. “En un estado de excepción, la normativa es clara: la Policía Boliviana va a hacer cumplir lo que dispone esta normativa vigente; pero también es importante mencionar que nosotros siempre vamos a priorizar el diálogo con estos sectores para convencerlos de que depongan estas actitudes, y de esta manera la solución del conflicto se resuelva a través del diálogo”, afirmó. El 20 de junio fue dictado este período de excepción para enfrentar el bloqueo de 53 días, que ya estaba en declive luego de que el Gobierno firmara un acuerdo y desmovilizara a la Central Obrera Boliviana (COB). Rige, de acuerdo con el Decreto Supremo 5636, por 90 días, y su eventual ampliación estará en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre las restricciones o prohibiciones ciudadanas está la de interrumpir el tránsito vehicular y obligar a comunidades, organizaciones sociales, comerciales, transportistas y productores a participar en bloqueos, movilizaciones o medidas de hecho. Asamblea de la Cruceñidad a la vista  A pesar de estas restricciones, productores agropecuarios activaron la semana pasada un bloqueo en la ruta Santa Cruz-Beni, el cual fue levantado la madrugada del domingo tras un acuerdo y el compromiso de que los pequeños productores no están alcanzados por el Decreto Supremo 5676, que eleva a Bs 18 el precio del diésel. El jueves, policías y militares intervinieron el bloqueo, pero no lograron mantener la libre transitabilidad. Los agroindustriales cruceños también rechazan la norma y lograron involucrar en su demanda al Comité Pro Santa Cruz. Una Asamblea de la Cruceñidad será convocada para definir acciones en apoyo al sector. La Policía, junto con las Fuerzas Armadas, está llamada a hacer cumplir el estado de excepción. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, consideró que la medida debería ampliarse para mantener la paz social. “Es un tema que vamos a evaluar seguramente, pero el estado de excepción ha permitido que se mantenga la normalidad en el país. Y creo que la mayoría de los bolivianos que vivimos en un estado normal queremos vivir en un Estado sin bloqueos; por ello, creo que es una medida que todavía puede ser propicia mantener”, explicó el lunes en Bolivia TV. Álvarez reemplaza en el mando de la Policía al general Mirko Sokol, quien estuvo al frente de la institución desde noviembre de 2025, a pocos días de que Rodrigo Paz asumiera la Presidencia. (VISIÓN 360)

El coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi asumió este lunes como nuevo comandante general interino de la Policía Boliviana, en reemplazo del general Mirko Sokol Saravia, quien presentó su renuncia al cargo en las últimas horas. Álvarez Arismendi fue posesionado esta tarde en el hall del Palacio Quemado, en La Paz, donde el presidente Rodrigo Paz tomó juramento a las nuevas autoridades de la institución verde olivo. El nuevo comandante general interino cuenta con 31 años de trayectoria policial y asumirá la conducción de la Policía en una etapa marcada por el reciente cambio de mando y cuestionamientos relacionados con la situación interna de la institución. La designación se produjo horas después de que Sokol comunicara su salida de la jefatura nacional. El cambio fue confirmado durante una jornada en la que los principales jefes policiales fueron convocados al Palacio de Gobierno. Junto con Álvarez Arismendi también fueron posesionados otros dos altos mandos de manera interina. El coronel Roger Roca Saavedra asumió como subcomandante general de la Policía Boliviana y jefe del Estado Mayor Policial, mientras que el coronel Franz William Cabrera Quispe fue designado como inspector general de la Policía Boliviana. Los tres nuevos responsables de la estructura superior de la institución recibieron sus cargos en una ceremonia encabezada por el presidente Paz. El nombramiento de Adrián Javier Álvarez Arismendi se produce después de la salida de Sokol, quien había ocupado el cargo de comandante general de la Policía. La renuncia del ahora exjefe policial ocurrió en medio de una investigación fiscal relacionada con unos supuestos audios en los que se hace referencia a presuntos hechos irregulares dentro de la institución y a la existencia de un grupo denominado “Golden Boys”. Con la posesión de Álvarez Arismendi, la institución policial inicia una nueva etapa bajo un mando interino, mientras el Gobierno define la conducción de la Policía Boliviana. (EL DEBER)