Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El vicepresidente Edmand Lara se declaró este lunes como presidente en ejercicio ante la ausencia del presidente Rodrigo Paz, quien viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York. “Mi persona asumiría hasta que el presidente retorne de Estados Unidos luego de su participación en la ONU, asumiría la suplencia legal, en ausencia del presidente, mi persona asume la suplencia legal (…)”, dijo Lara ante los medios. Lara afirmó que la Constitución Política del Estado (CPE) está por encima del Decreto Supremo 5515, referido a la gobernación digital del Presidente. “Lo que acá se va a cumplir es la Constitución, que está por encima del Decreto Supremo 5515, que es la gobernación digital del presidente. Entiendo que la tecnología ayuda, pero no puede estar por encima de la Constitución”, subrayó. Lara se refirió el artículo 169 de la CPE, que establece que, en situaciones de ausencia temporal del presidente o presidenta del Estado, la Presidencia será asumida por quien ejerza la Vicepresidencia por un periodo que no podrá exceder los 90 días. Paz se encuentra es suelo estadounidense para participar en la Asamblea de la ONU el próximo 24 de septiembre.  (URGENTE.BO)

Luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el fin de la subvención al diésel, el vocero del gobierno, José Luis Gálvez, defendió este sábado la medida y afirmó que se trata de una decisión necesaria para reactivar la economía. Sin embargo, reconoció que la eliminación de la subvención tendrá un impacto en los precios y, por tanto, generará un efecto inflacionario. “Esta decisión es la correcta, la teníamos que tomar. Cualquier gobernante sensato que piensa en función de la población tenía que afrontar esta decisión. Y así lo hizo Rodrigo Paz. No es sostenible un sistema que nos lleva a comprar caro para vender barato”, afirmó Gálvez en alusión al precio internacional del combustible. El Presidente anunció el viernes la eliminación del subsidio del diésel, que desde este sábado pasó a cotizarse según el mercado internacional. También lanzó una serie de medidas económicas para contrarrestar el efecto de dicha medida en la economía. Este reajuste eleva el precio del diésel de 9,80 bolivianos a 17,95 bolivianos. Aunque el costo de dicho combustible tenía desde el 17 de agosto el precio ajustado únicamente para los “grandes consumidores”. ANUNCIOS Paz anunció que los recursos de Bolivia “ya no serán usados para esta subvención”, sino que se destinarán a la construcción de infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras. Asimismo, dijo que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y que el Gobierno destinará 800 millones de bolivianos en créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas. Esto también se aplicará al sector productivo, con un interés anual del orden del 6%. Paz dijo que el incremento del bono Juancito Pinto para escolares, que actualmente es de 200 bolivianos, a 300 bolivianos, mayores facilidades para que las familias accedan a un crédito de vivienda social y comprometió el apoyo del Ejecutivo a los Gobiernos regionales para “readecuar sus finanzas”. También añadió que se eliminará el impuesto para bienes de importación «destinados a actividades productivas como insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales», junto a otras medidas. «Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos 24 horas, 7 días a la semana, garantizando el combustible», remarcó Paz.

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declaró en estado de emergencia y anunció que sus organizaciones se movilizarán a partir de este lunes, en rechazo al incremento del precio del diésel dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5676. La amenaza la realizan pese a estar vigente es estado de excepción. “Si no anula, a partir del lunes, obligados a movilizarse el pueblo boliviano”, afirmó uno de los representantes, quien sostuvo que las federaciones evaluarán nuevas estrategias de protesta para expresar su rechazo al denominado diéselazo. La determinación fue asumida durante una reunión de emergencia que se desarrolló este fin de semana y en la que participaron los ejecutivos de las organizaciones sindicales. Los dirigentes cuestionaron el impacto de la medida sobre los pequeños productores, transportistas y otros sectores de la población, y demandaron al Ejecutivo dejar sin efecto la normativa. Durante el pronunciamiento, los dirigentes también acusaron al Gobierno de aplicar políticas económicas que, según su interpretación, responden a intereses extranjeros y afectan los recursos naturales del país. Asimismo, señalaron que las organizaciones sociales se encuentran realizando reuniones para coordinar acciones conjuntas. Las Seis Federaciones del Trópico constituyen la principal estructura sindical de respaldo al expresidente Evo Morales quien permanece bajo resguardo de sus bases sindicales en el Trópico de Cochabamba con el fin de que se ejecute dos órdenes de aprehensión en su contra. Las federaciones anunciaron que mantendrán su estado de emergencia y que las próximas determinaciones dependerán de la respuesta del Ejecutivo a su demanda de anulación de la norma. (BRÚJULA DIGITAL)