Nombre del autor:Redes002

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, junto a representantes de las 20 provincias y sectores sociales, anunciaron movilizaciones para este miércoles desde el multifuncional de El Alto rumbo al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Exigen que se respete la segunda vuelta de las elecciones subnacionales para la Gobernación de La Paz y advirtieron que de no cumplirse estas garantías se tomarán medidas de presión. Vicente Salazar, ejecutivo del sector campesino, exhortó al TSE cumplir la Ley Electoral y la Constitución Política del Estado (CPE), mientras cooperativistas mineros al igual que trabajadores campesinos respaldaron a René Yahuasi excandidato a gobernador paceño por Nueva Generación Patriótica (NGP), pidieron que Luis Revilla pueda competir nuevamente en las urnas. Los dirigentes aseguraron que defenderán la democracia y los derechos electorales, insistiendo en que los ciudadanos deben elegir de manera legítima al próximo gobernador paceño. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Desde la cárcel, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, presentó su renuncia al cargo mediante una carta irrevocable, dejando así la responsabilidad de designar a su reemplazo a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). “La decisión que adopto responde a razones de carácter personal, de salud y de resguardo familiar. En ese entendido, solicito respetuosamente a la Asamblea Legislativa Departamental se sirva tomar conocimiento formal de la presente renuncia”, establece parte de la carta. Mamani se encuentra detenido desde agosto de 2023, luego de que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectara movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Asimismo, el exgobernador es investigado por el denominado “caso ambulancias”, que implica la adquisición irregular de 41 unidades de la empresa Estefals Logistics, las cuales, según investigaciones, eran motorizados reacondicionados. La renuncia de Mamani dejó al descubierto el desorden interno de la Gobernación y obliga a la ALD de Potosí a elegir un nuevo sustituto en tiempo récord para que la transición se lleve a cabo de manera ordenada, ya que este hecho podría generar un “bache administrativo de varios días”, según comentó el miembro del comité, Jaime Flores, para Radio Fides Potosí. “La Asamblea debe elegir un gobernador sustituto por el tiempo que falta para completar funciones hasta el final del periodo constitucional, que es el próximo 3 de mayo de este año”, afirmó.

La Red UNITAS, junto a 55 organizaciones de la sociedad civil, pidió al presidente Rodrigo Paz observar la Ley 157 —de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana— y devolverla a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el fin de abrir un proceso de análisis y debate más amplio antes de su eventual promulgación. En un pronunciamiento público, las organizaciones exhortan a habilitar “espacios de diálogo plural, informado y democrático”, con participación de pueblos indígena originario campesinos de tierras altas y bajas, además de actores de la sociedad civil. El documento subraya que este proceso debe sustentarse en evidencia técnica, análisis territorial y el respeto a los principios constitucionales. Las organizaciones advierten que la norma, que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana, tiene implicaciones estructurales. “Diversos análisis coinciden en que esta norma vulnera varias disposiciones de la Constitución Política del Estado”, señala el pronunciamiento, en referencia a la protección de la pequeña propiedad, la prohibición del latifundio y el control estatal mediante la Función Económico Social (FES). En particular, alertan que la suspensión de la verificación de la FES “debilite de manera sustantiva los mecanismos de control público sobre la tierra”. Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de consulta y socialización. Según el documento, la ley “no ha sido precedida por procesos adecuados de consulta, deliberación pública ni socialización amplia”, especialmente con sectores directamente vinculados a la pequeña propiedad agraria, lo que —según indican— afecta su legitimidad. Asimismo, el pronunciamiento advierte que la conversión de la pequeña propiedad, bajo procedimientos simplificados (un trámite expedito de solo 10 días), “abre la puerta a procesos de reconcentración de la tierra”, al introducirla en dinámicas de mercado, endeudamiento y eventual pérdida. En ese marco, se sostiene que la medida “implica un cambio sustantivo en las bases del régimen agrario”, históricamente orientado a proteger la tierra como sustento de la vida familiar y comunitaria. Junto con estas observaciones y el pedido al Primer Mandatario, las organizaciones también plantean alternativas. Señalan que cualquier modificación del régimen agrario “debe concebirse como una política pública integral, y no como ajustes parciales o aislados”. Además, proponen que, si el objetivo es facilitar el acceso al crédito, se prioricen mecanismos ya existentes, como las garantías no convencionales dentro del sistema financiero o el fortalecimiento del Banco de Desarrollo Productivo. El pronunciamiento concluye con un llamado a que las decisiones en materia agraria se adopten en el marco de un proceso deliberativo amplio, considerando los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales vinculados al uso y control de la tierra. (SUMANDO VOCES)

El presidente del Estado Rodrigo Paz informó que este lunes realizará anuncios “de relevancia”, tras sostener una reunión de gabinete ministerial en la ciudad de Tarija. Según información oficial, el encuentro tuvo como objetivo evaluar la coyuntura nacional y definir medidas que serán comunicadas en las próximas horas. El Palacio de Gobierno señaló que Paz, junto al ministro de la Presidencia José Luis Lupo, brindará un informe este lunes a las 11:00. La reunión permitió coordinar acciones entre las distintas carteras de Estado y avanzar en decisiones vinculadas a temas económicos y sociales. El Ejecutivo indicó que el gabinete trabajó en la definición de lineamientos que serán presentados públicamente como parte de su gestión. El encuentro se realizó en Tarija como parte de la agenda gubernamental en regiones, en medio de la expectativa por los anuncios previstos. (BRÚJULA DIGITAL)

La red rusa conocida internamente como la “Compañía”, conformada por expertos en campañas globales de desinformación, operó en Bolivia en 2024 con el objetivo de ayudar a “estabilizar” al gobierno del entonces presidente Luis Arce y mejorar sus perspectivas de reelección en 2025, según una investigación del consorcio periodístico Forbidden Stories. El informe, basado en una filtración sin precedentes de 76 documentos internos (1.431 páginas) de esta red, reveló cómo Rusia opera una máquina de desinformación global dirigida por el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de ese país. Esta organización, financiada con 7,3 millones de euros solo entre enero y octubre de 2024, coordinó campañas de influencia política, desinformación y desestabilización en más de 30 países de África y América Latina, entre ellos Bolivia y Argentina. Según la información publicada por Forbidden Stories, en Bolivia la red detrás de estas operaciones de propaganda intentó influir en los resultados electorales y tensar las relaciones con Occidente. Asimismo, los documentos revelan que la misión estuvo en marcha al menos entre junio de 2024 y noviembre de 2025. Lea más: Rusia niega campaña de desinformación contra el Gobierno de Milei Agentes en La Paz La “Compañía” envió siete agentes a La Paz en julio de 2024 para estabilizar el gobierno del entonces presidente Luis Arce. Documentos internos obtenidos por The Continent y compartidos con Forbidden Stories detallan el plan de la “Compañía” para redactar discursos del presidente y de altos funcionarios. Además, buscaban dar forma a la campaña para las elecciones generales de 2025 y obtener acceso para observar las elecciones judiciales de 2024. “Uno de los objetivos de la misión era ayudar a Arce a recuperar el control de la narrativa en torno al fallido intento de golpe de Estado de 2024, del que sus rivales lo habían acusado de ser el artífice”, señala el informe de Forbidden Stories. Según la información, los agentes abandonaron Bolivia a finales de 2025. La misión de la “Compañía”, descrita en los archivos, era ayudar a Arce a recuperar el control de la narrativa sobre el supuesto intento de golpe de Estado y fortalecer su posición electoral. Asimismo, los documentos indican que los intentos de presentar el fallido golpe de Estado como consecuencia de una injerencia extranjera ilustran el objetivo más amplio de la “Compañía”: expandir la influencia rusa en el continente, desestabilizando a gobiernos prooccidentales y orientando a la región hacia bloques como los BRICS. Ejemplos de estas campañas, según los documentos, incluyen afirmaciones sobre un supuesto intento respaldado por Estados Unidos de apoderarse del mercado de litio de Bolivia tras la firma de acuerdos bilaterales entre el gobierno y China, así como acusaciones de que el presidente argentino, Javier Milei, habría estado detrás del golpe como parte de una supuesta campaña de “desintegración panlatina”. Morales Los archivos internos también describen campañas de desprestigio contra Evo Morales, rival de Arce, basadas en acusaciones de acoso sexual ya existentes en su contra. Forbidden Stories reveló que, en documentos de julio y agosto de 2024, agentes afirman haber propuesto la creación de una nueva unidad dentro del Ministerio de Comunicación y haber provocado una reorganización del gabinete. “Al frente de las operaciones en Latinoamérica, incluida la oficina en Bolivia, estaba Aleksey Evgenyevich Shilov, de 33 años. Entre los miembros de su equipo se encontraban tres figuras que nuestro consorcio reveló en entregas anteriores: Dmitry Viktorovich Volkov, jefe de la misión en Bolivia; Sergei Sergeyevich Klyukin, el curador; y Sergei Vasilievich Mashkevich, el coordinador”, señala la investigación. En Argentina En el caso de Argentina, el grupo de espionaje ruso llevó a cabo una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno de Javier Milei. De acuerdo con los archivos, más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión se publicaron en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, por los que se habrían pagado al menos 283.100 dólares. Muchos de estos artículos no tenían autor y, cuando aparecían firmados, los nombres eran desconocidos o falsos. (LA RAZÓN)