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Bloqueos exigiendo abastecimiento de garrafas de GLP en El Alto continúan: el Ministerio de Hidrocarburos y Energías compromete suministro regular, sin embargo, el contrabando, sobredemanda sumado a bloqueos retrasan su comercialización. Nuevamente vecinos de diferentes urbanizaciones concentrados en las zonas 16 de Julio y Parada 8 en la carretera a Copacabana en El Alto protagonizaron bloqueos momentáneos por tercera jornadas, exigiendo el suministro de garrafas de gas. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló que identificaron tres razones por las que no estarían llegando las garrafas a las urbanizaciones: sobredemanda, contrabando y bloqueos. Comprometió acciones junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para regularizar la distribución, a tiempo de recordar que no se eliminó la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) porque son las familias de escasos recursos quienes acceden a este suministro la unidad a Bs 22,50. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, ubicada en la Av. 6 de Marzo, cumple el segundo día de huelga de hambre: cinco dirigentes acatan la medida extrema hasta la abrogación de los decretos 5503 y 5515. Alberto Quelali, presidente de la institución vecinal, junto al vicepresidente Edgar Mamani, emitieron su rechazo a disposiciones que debieron ser consensuadas incluso con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Pero además para ellos existe vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) al promulgar el D.S. 5515, apuntó Daniel Moya, dirigente de la FEJUVE 6 de Marzo. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari “no retrocederán en el bloqueo indefinido de carreteras”: exigen abrogación de los decretos 5503 y 5515, caso contrario no dudan en pedir renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Se agudizan los bloqueos en puntos establecidos por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, manifestantes impiden el paso de motorizados en carreteras que conectan con los 87 municipios, uno de ellos en las afueras de El Alto camino a Copacabana en San Roque. Las 20 provincias del departamento paceño acataron el segundo día de bloqueo de caminos imposibilitando la libre circulación de la población. Vecinos, mientras caminaban, aseguraban que si bien es un perjuicio entienden que debe socializarse artículos del decreto que generan disconformidad. Los movilizados expresaron su rechazo al decreto supremo 5503 y 5515 al margen de levantar la subvención de hidrocarburos lo que cuestionan son los otros artículos, que vulneran según ellos la administración de recursos naturales. En cuanto a la otra disposición lamentan que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, intente gobernar fuera del país “vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE)”. La provincia Larecaja efectúa el bloqueo en San Roque, Camacho y Manco Kapac están en la tranca de Corapata de la carretera a Copacabana, en la carretera a Desaguadero las provincias Ingavi y Los Andes, en la carretera La Paz-Oruro, las provincias Aroma, Inquisivi, Loayza, Gualberto Villaroel, Ingavi, Murillo y Pacajes. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Con el ingreso de PETROBRAS a la reserva de Tariquía, prácticamente se pone en marcha la aplicación del DS 5503 que en sus artículos 11 y 12 permiten que el Presidente apruebe contratos para la explotación de recursos naturales a empresas extranjeras mediante decreto. Este planteamiento es compartido por el analista político Andres Gómez, quien en sus redes sociales explicó los alcances de los artículos 11 y 12 del DS 5503. Pese a las presiones los defensores de la reserva de Tariquía, continuarán en su defensa y anunciaron movilizaciones para los próximos días. Por su parte, en las últimas horas la directora del SERNAP, Cecilia Miranda, reiteró que toda actividad ilegal dentro de un área protegida tiene que ser sancionada. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Para el activista ambiental y director de la Fundación JUBILEO, Pablo Solón, la intervención policial a la reserva de Tariquía, que permitió el ingreso de PETROBRAS a esta región, sienta un mal precedente para otros contratos relacionados a la explotación de recursos naturales. No se trata de oponerse porque sÍ a este proyecto, lo que las autoridades tienen que entender es que la función que cumple esta reserva es vital para el equilibrio del ecosistema y lo que es más importante: asegura que el ciclo hidrológico del agua se cumpla para garantizar el suministro del líquido vital en Tarija. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

A tiempo de informar que la delegada departamental en Tarija de la Defensoría del Pueblo realiza un monitoreo de la situación legal de los defensores que resguardan Tariquía, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó que 17 comunarios fueron notificados con un nuevo proceso penal, donde se los acusa por varios delitos. En ese sentido recomiendan al Estado que exija a la empresa petrolera el cumplimiento de las normativas como la consulta pública y el respeto a estar informados que tienen las comunidades. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El conflicto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha escalado a la arena política tras la reciente irrupción de un contingente policial en el área protegida. El operativo, que buscaba dispersar a los sectores que custodian el ingreso a la reserva, ha generado una ola de rechazo entre diversas fuerzas políticas que buscan frenar las operaciones de la petrolera Petrobras en la zona. Medidas legales y legislativas en marcha La diputada por la Alianza LIBRE, Lissa Claros, fue enfática al señalar que se activarán todas las herramientas legales y legislativas necesarias para detener el avance extractivo. Según la legisladora, los enfrentamientos son una consecuencia directa del Decreto Supremo 5503, normativa que, aseguran, vulnera el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas originarias.Por su parte, desde la Alianza Popular, Rolando Pacheco, confirmó que, una vez se retomen las sesiones legislativas la próxima semana, el debate sobre este polémico decreto será prioridad. La propuesta incluye:Agendar el análisis técnico de la normativa.Elaborar un proyecto de ley para su abrogación total.Como alternativa, plantear la modificación de los artículos que atentan contra los derechos territoriales. Críticas al silencio del EjecutivoDesde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana María Crispín, dirigió los cuestionamientos directamente al primer mandatario, a su criterio el equipo técnico que lo acompaña está haciendole cometer errores. Así también, Crispín criticó la falta de transparencia del Presidente, señalando que, si bien la disposición podría arrastrarse de gestiones pasadas, el actual jefe de Estado tiene la potestad y la responsabilidad de dejar sin efecto el ingreso de Petrobras para proteger el ecosistema. Resistencia en el territorioMientras en la ciudad de La Paz se preparan las batallas legales, en Tariquía la resistencia civil se mantiene firme. Los comunarios y activistas han declarado que permanecerán en vigilia a la espera de que las autoridades nacionales respeten la Constitución Política del Estado (CPE).La demanda central de los movilizados es clara: no se permitirá ninguna actividad de exploración o explotación de recursos naturales sin que se cumplan los procedimientos legales de consulta con los habitantes ancestrales de la zona. RAMIRO CHARCAS PERIODISTA DEL SISTEMA RTP