Su caso revela la compleja situación en la que se ponen los defensores del medio ambiente, frente a los diversos intereses económicos y el rol del Estado. A continuación, desarrollamos seis claves para entender el caso y lo que significa para quienes defienden el medio ambiente. EL DEFENSOR CONVERTIDO EN ACUSADO Marcos Uzquiano tiene más de 20 años como guardaparque. Fue merecedor del premio de la Federación Internacional de Guardaparques (FIG) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Un reconocimiento como «embajador de derechos humanos», otorgado por la Defensoría del Pueblo, avala su compromiso con la protección ambiental. A mediados de diciembre, apenas dos semanas antes de su despido, recibió una evaluación de desempeño con calificación perfecta (100%). Sin embargo, de un día para otro, este defensor ambiental se encontró no solo sin trabajo, sino enfrentando a un proceso administrativo (Resolución Sumariante N° 001/2025). La acusación principal: un supuesto conflicto de intereses por presidir la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), una organización dedicada precisamente a fortalecer la protección ambiental, mientras ejercía el cargo de Jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni, actividad que en criterio de la entidad gubernamental no era compatible con su cargo de funcionario público. EL PRECIO DE ALZAR LA VOZ Las razones detrás del proceso administrativo contra Uzquiano revelan un patrón preocupante: se le acusa por hacer precisamente su trabajo. Entre las supuestas 14 actuaciones irregulares que arguyó la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) están sus publicaciones en Facebook denunciando la muerte de un jaguar en instalaciones de una empresa china, sus alertas sobre incendios forestales y sus gestiones para conseguir seguros para los guardaparques, entre otros, que según la institución se habrían hecho como representante de Abolac, sin autorización del SERNAP y utilizando la indumentaria institucional. El golpe final llegó días después de que denunciara ante la Fiscalía de Santa Cruz una red de cacería ilegal de jaguares que operaba en territorio boliviano, ofreciendo «tours de caza» en un parque nacional a través de internet. OTRAS REMOCIONES Y ANTECEDENTES La destitución de Uzquiano no es un caso aislado, sino parte de lo que parece ser una purga sistemática en la gestión de áreas protegidas. Simultáneamente, fueron removidos Guido García Carballo del Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco, Aníbal Alfaro de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, y Gonzalo Gutiérrez del Parque Nacional Sajama. A todos se les entregó memorándums en los que se les agradece por los servicios prestados y no se justifica la razón del despido. Tampoco se informó sobre procesos sumarios, como en el caso de Uzquiano, quien ya, en 2021, se enfrentó a presiones del sector minero, cuando fue removido del cargo de Jefe de Protección del Área Protegida Madidi, luego de denunciar el incremento de actividad minera en esa área protegida. VIOLACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ El caso de Uzquiano trasciende las fronteras nacionales, pues contradice acuerdos internacionales firmados por Bolivia. El Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado boliviano en 2019, que en su Artículo 9 establece claramente la obligación de garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. El despido de Uzquiano, especialmente bajo estas circunstancias, puede considerarse una forma de amedrentamiento que viola estos compromisos internacionales. La intervención de la Defensoría del Pueblo, presentando una acción de amparo, pone en evidencia la gravedad de estas violaciones. UN MENSAJE INTIMIDATORIO Como el propio Uzquiano señala, su caso va más allá de lo personal: «No es Marcos, sino el mensaje en contra de los defensores medioambientales». Su destitución envía una señal clara a otros guardaparques y defensores ambientales: denunciar irregularidades y defender activamente el medio ambiente puede tener consecuencias laborales y personales severas. Este caso ejemplifica el creciente conflicto entre la protección ambiental y diversos intereses económicos en Bolivia, particularmente el sector minero, y plantea serias preguntas sobre la verdadera voluntad del Estado de proteger sus áreas naturales. Esta situación también revela una preocupante realidad: en Bolivia, los defensores ambientales enfrentan una creciente vulnerabilidad, incluso cuando ocupan cargos oficiales destinados precisamente a la protección del medio ambiente. La situación plantea un urgente debate sobre el rol del Estado en la protección de quienes dedican su vida a defender los espacios naturales. El SERNAP, UNA INSTITUCIÓN EN CRISIS El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), creado en 1997 bajo una visión técnica y especializada, atraviesa hoy una profunda crisis institucional que amenaza la protección de 17 millones de hectáreas de áreas naturales en Bolivia. Esta organización —que resguarda el 24% de los bosques del país y alberga a 200.000 habitantes en zonas que coinciden con 14 Territorios Indígenas Originarios Campesinos— enfrenta un deterioro progresivo en su capacidad operativa y técnica. La crisis se evidencia en múltiples aspectos: su presupuesto se ha reducido de 59,9 millones de bolivianos en 2021 a 45,8 millones en 2023, muy por debajo de los 100 millones considerados como mínimo necesarios para una operación adecuada. La situación laboral es igualmente preocupante: de 467 empleados, solo 162 tienen puesto permanente, cuando se requieren al menos 700 funcionarios con ítem para una gestión efectiva. Los guardaparques, pieza fundamental del sistema, trabajan en condiciones precarias. La degradación institucional del SERNAP también se refleja claramente en el perfil de sus directores ejecutivos. Lo que comenzó como una institución técnica se ha transformado gradualmente en un espacio sujeto a designaciones políticas, debilitando su capacidad de gestión y respuesta ante amenazas crecientes como la minería a cielo abierto y los incendios forestales. Esto se evidencia en el reemplazo progresivo de profesionales especializados por funcionarios con perfil político: desde dirigentes sindicales campesinos hasta diputados, muchos sin la experiencia técnica necesaria para gestionar un sistema tan complejo como el de las áreas protegidas. Estas designaciones han venido acompañadas de denuncias sobre favoritismo en concesiones mineras y madereras, despidos de personal especializado y acuerdos con organizaciones sociales para la contratación
