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La dirigencia del transporte interdepartamental determinó declarar persona no grata al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien responsabiliza por los perjuicios ocasionados por más de seis semanas de bloqueos en las carreteras del país. Los representantes del sector anunciaron además la realización de un mitin de protesta y el inicio de una huelga de hambre para exigir el levantamiento de las medidas de presión que, según afirman, provocaron millonarias pérdidas económicas y afectaron a miles de trabajadores del transporte. Durante una conferencia de prensa, los dirigentes cuestionaron el papel desempeñado por Argollo en el conflicto y expresaron su rechazo a las movilizaciones impulsadas por la COB y otros sectores sociales. “Mario Argollo es declarado persona no grata para el transporte interdepartamental del país”, señalaron los representantes del sector. Los transportistas sostienen que los bloqueos dejaron a cientos de buses paralizados, afectaron el traslado de pasajeros y provocaron daños económicos a empresas y conductores. “No podemos permitir que una persona siga perjudicando a miles de familias que viven del transporte”, manifestaron. Como parte de las medidas anunciadas, los dirigentes informaron que realizarán un mitin en los próximos días para exigir garantías para el libre tránsito y demandar soluciones definitivas a la crisis. Asimismo, anunciaron una huelga de hambre como mecanismo de presión para visibilizar la situación que atraviesa el sector. “Vamos a iniciar una huelga de hambre porque ya no podemos soportar más pérdidas económicas”, afirmaron. Los representantes del transporte señalaron que, pese al acercamiento entre el Gobierno y la COB, mantienen preocupación por la posibilidad de que continúen los bloqueos mientras no existan acuerdos concretos. El sector insistió en que la prioridad debe ser restablecer la circulación en todas las rutas nacionales y garantizar condiciones para la reactivación de las actividades económicas, especialmente en regiones que aún registran dificultades para el transporte de pasajeros y carga. (LA RAZÓN)

Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, afirmó este jueves que la Central Obrera Boliviana (COB) “perdió credibilidad” y sostuvo que su sector no se “vendió”, por lo que continúa firme en las movilizaciones. “Voy a aclarar aquí nadie se ha vendido. Hasta hoy hemos visto todos los dirigentes de las FEJUVES, cada uno se fue vendiendo, cada departamento de la misma manera. No hay una cabeza nacional, no hay una cabeza a la COB ha perdido credibilidad”, dijo Salazar. El líder de los Túpac Katari participó este jueves en el ampliado de la provincia Ingavi, donde se analiza la actual coyuntura política y social del país. Este sector permanece movilizado y mantiene puntos de bloqueo en distintas carreteras. Salazar aseguró que los Túpac Katari continúan “firmes” en sus medidas de presión y remarcó que su organización mantiene la convicción de seguir con las movilizaciones. “Únicamente los pueblos indígenas originarios, con convicción de la Túpac, siguen firmes y los otros pueblos se levantaron y se autoconvocaron”, resaltó. Asimismo, cuestionó al senador Nilton Condori, quien participó en los inicios de la movilización, a quien acusó de haber abandonado las manifestaciones. “Hay políticos que en su momento iniciaron esta lucha y hoy están vendidos y sentados sin hacer nada, tratando de dialogar y buscando sus apetitos personales. Esta lucha comenzó desde el 11 de abril, donde el senador Nilton Condori convoca a un cabildo y se le dijo que no puede convocar porque no es una persona orgánica, e hizo un cabildo en el cual nos abandona y se va a sentar tranquilo percibiendo su sueldo mientras el pueblo sufre”, puntualizó. Las declaraciones surgen en medio del diálogo que la COB instaló este miércoles con el Gobierno y que actualmente se encuentra en cuarto intermedio. Entre las principales demandas planteadas por el ente matriz de los trabajadores figura la liberación de dirigentes detenidos durante los conflictos recientes. (URGENTE.BO/LOS TIEMPOS)

La Central Obrera Boliviana (COB) condicionó este miércoles la continuidad del diálogo con el gobierno a la liberación de los dirigentes sindicales detenidos durante las movilizaciones, y al respeto de las garantías sindicales. Poco más de una hora después de instalada la sesión, pasadas las 18:15, se ingresó a un cuarto intermedio para coordinar la instalación de mesas de trabajo. “Somos responsables con el país y las bases. Es por eso que nosotros comprendimos la respuesta al documento que enviamos, y está bastante claro que hay muchos puntos que debemos tratar. Pero lo primordial y principal va a ser la liberación de nuestros detenidos y el respeto al fuero sindical”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB en su primer turno en la palabra en la reunión instalada en el Banco Central de Bolivia (BCB). El líder sindical dio a entender que si no se atiende este pedido, la negociación no podría continuar. Tras la intervención del presidente Rodrigo Paz, quien llamó a la reconciliación nacional, al diálogo y descartó procesos de privatización, Argollo tomó la palabra para fijar la posición de la organización sindical y señalar que existen temas urgentes que deben ser atendidos antes de avanzar en otros puntos de la agenda. Argollo hizo esta demanda en referencia a las aprehensiones de dirigentes sindicales registradas durante el conflicto social que se prolongó por más de 47 días. A inicios de junio, al menos cinco representantes de la COB fueron detenidos en El Alto durante un operativo policial, hecho que la organización calificó como arbitrario. Entre los aprehendidos figuraban representantes de los sectores de la construcción, el magisterio urbano, los fabriles, universitarios y mineros. Posteriormente, la fiscalía informó que hasta ocho dirigentes permanecían bajo investigación en el marco de procesos vinculados a los bloqueos y movilizaciones desarrolladas en diferentes regiones del país. Según el Ministerio Público, las pesquisas buscan determinar la participación de los involucrados en hechos relacionados con las protestas, mientras se evaluaba la posibilidad de presentar imputaciones formales. La COB denunció que las detenciones constituyen una vulneración a la libertad sindical y exigió la liberación de sus representantes, declarando incluso estado de emergencia nacional por este motivo. Mientras Argollo hacía uso de la palabra, personal de la presidencia solicitó a periodistas y camarógrafos abandonar el salón. Minutos después, se conoció que se había definido un cuarto intermedio para organizar la negociación en mesas de trabajo según áreas temáticas. Tras 45 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras en los que la COB exigió la renuncia del presidente Paz –luego de que inicialmente demandaba la atención a su pliego petitorio–, y tras varios intentos truncados de diálogo, finalmente este miércoles hubo acuerdo para sentarse a negociar. La cita inicial era a las 09:00 pero se postergó para las 16:00, aunque finalmente, arrancó pasadas las 17:00. Mientras se aguarda un posible acuerdo, los cortes de carretera se mantienen. (BRÚJULA DIGITAL)

El presidente Rodrigo Paz dio inicio al esperado diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por su ejecutivo Mario Argollo, donde aclaró que nunca se refirió a la privatización de empresas estatales, así como otras denuncias en su contra, de las que se desvinculó y tachó de desinformación. “Yo jamás dije aquello, eso no salió de mi boca, se me endilgó eso. No se requiere privatizar, se puede lograr el crecimiento de la patria de otra forma. Hay mucha desinformación que ha acrecentado este conflicto”, indicó desde la testera, donde también se encontraban los diferentes ministros de Estado. “Han sido días muy duros, se dijero muchas cosas, pero ahora nos toca ver hacia adelante, hay que reconstruir la confianza entre los bolivianos, eso es fundamental. Se ha generado la desconfianza”, resaltó el primer mandatario. Paz anunció la creación de diversas mesas técnicas para entablar acuerdos que logren la pacificación del país, con la atención a los puntos referidos en el nuevo pliego petitorio de la COB, difundido este pasado martes. El conflicto social en Bolivia lleva ya casi cincuenta días, con carreteras bloqueadas y graves daños económicos provocados a cientos de sectores productivos del país.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, reiteró este miércoles su pedido de una pausa humanitaria en los distintos puntos de bloqueo instalados en el departamento, con el fin de garantizar el paso de medicamentos, personal de salud y ayuda para las familias más afectadas por el conflicto social que atraviesa Bolivia. La autoridad también anunció asistencia para los transportistas perjudicados por las restricciones en las carreteras. Durante una conferencia de prensa realizada en su despacho, la autoridad informó que la Gobernación ha insistido en varias oportunidades ante los sectores movilizados para que consideren una flexibilización temporal de las medidas de presión por razones humanitarias. Sin embargo, hasta la fecha no se recibió una respuesta oficial de parte de los movilizados. “Nosotros no estamos pidiendo que se levanten los bloqueos; solamente estamos solicitando una pausa humanitaria para atender necesidades urgentes de la población”, manifestó Loza. COMISIÓN  En ese marco, anunció que este jueves una comisión partirá desde Cochabamba rumbo a la carretera Cochabamba–Oruro para brindar apoyo a los transportistas que permanecen varados a causa de los bloqueos. La ayuda consistirá en la entrega de agua, alimentos, medicamentos y otros insumos básicos, adquiridos mediante aportes voluntarios de los trabajadores de la Gobernación. La autoridad destacó que esta iniciativa solidaria busca atender a quienes enfrentan dificultades en las rutas, así como a personas que requieren atención médica en los distintos puntos de conflicto. Asimismo, el Gobernador expresó su preocupación por la situación económica y social que vive el país y señaló que espera resultados positivos del diálogo convocado a nivel nacional para encontrar soluciones a la crisis. ¿FUNCIONARIOS EN LOS BLOQUEOS?  El asambleísta de APB-Súmate Joel Flores denunció la existencia de funcionarios de la Gobernación que serían “bloqueadores”. Sobre el tema, el gobernador Loza lo rechazó. Afirmó que desde el inicio del conflicto se instruyó a todo el personal de la institución, desde las máximas autoridades hasta los trabajadores operativos, cumplir estrictamente sus funciones y mantenerse al margen de cualquier acción que comprometa el trabajo institucional. “No hay funcionarios involucrados en los bloqueos. Todos están instruidos a cumplir su labor dentro de la Gobernación y atender las necesidades de la población”, sostuvo.Calificó estas denuncias como parte de una estrategia destinada a desviar la atención de los problemas estructurales que atraviesa el país y aseguró que la Gobernación continuará enfocada en brindar atención a la ciudadanía y en impulsar acciones humanitarias para los sectores afectados por el conflicto. (OPINIÓN)

FOTO: APG El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, llegó este miércoles por la tarde a las instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) para reunirse con el Gobierno con el fin de lograr acuerdos que permitan el levantamiento de las medidas de presión y así pacificar el país. El dirgente obrero recibió la solicitud de las autoridades del Ejecutivo de participar de un diálogo que logre el levantamiento de los bloqueos en el país, que tienen afectados por casi cincuenta días a la ciudadanía boliviana y dañando daños graves en distintos sectores productivos. A pesar de que la cita se había fijado para horas de la mañana, tanto el Gobierno como la COB decidieron llevarla a cabo en horas de la tarde: la convocatoria estaba programada, ahora, para las 16.00, aunque la mayor parte de los asistentes llegó a eso de las 17.00. Este pasado martes Argollo, junto a todos los líderes de la organización obrera, ejecutaron una rueda de prensa en la que anunciaron el envío de un pliego petitorio que permitía una reunión con el presidente Rodrigo Paz, en busca de la paficicación de Bolivia. Entre los puntos destacados se encuentra el pedido de una amnistía a los movilizados que fueron procesados, así como la exigencia de la no privatización de empresas estatales y el rechazo a préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la expulsión del argentino Fernando Cerimedo, asesor político del primer mandatario.