Nombre del autor:Redes002

Las protestas registradas en Ecuador durante 31 días entre septiembre y octubre dejaron dos muertos, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al informe final elaborado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Los fallecidos fueron dos manifestantes de comunidades indígenas que perdieron la vida por disparos presuntamente del Ejército, durante enfrentamientos cuando los militares trataban de desbloquear los cortes de carreteras para que posteriormente pudiesen pasar caravanas del Gobierno. Al menos una docena de detenidos fueron procesados por la Fiscalía bajo cargos de terrorismo y enviados a prisión preventiva hasta que, una vez que cesaron las protestas, fueron puestos en libertad. Las cifras de las protestas en Ecuador El informe, presentado el miércoles, detalló que entre las 391 vulneraciones de derechos humanos hubo 155 afectaciones a la integridad personal, 84 por vulneración del derecho a la protesta y la resistencia en estas movilizaciones convocadas por el movimiento indígena. Asimismo, se registraron 44 afectaciones contra la libertad personal, 36 contra la libertad de expresión, 14 con amenazas al derecho a defender derechos, 11 por amenazas al derecho a la propiedad y ocho por amenazas graves al derecho a la vida, entre otros. Por ello, concluyeron que el Estado utilizó aparatos institucionales para perseguir, estigmatizar y censurar a los manifestantes y recurrieron al derecho penal para perseguir a líderes y organizaciones, como el bloqueo de las cuentas bancarias de líderes indígenas. Con todo, y más allá de las protestas por el paro, la Alianza señaló que Ecuador afronta un “deterioro democrático” desde la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024 por parte de Daniel Noboa para combatir la escalada de inseguridad, con una ola de violencia sin precedentes al registrar más de 4.600 homicidios en la primera mitad de 2025. La Alianza instó a los organismos internacionales de derechos humanos que “vigilen y exhorten” a las instituciones de gobierno a que se abstengan de limitar o vulnerar derechos de personas defensoras, en concreto, de los guardias indígenas comunitarios. Estos, según el escrito, “forman parte de las instituciones propias de los pueblos indígenas y son esenciales para sus ejercicios de autodeterminación, así como de las defensoras y defensores que brindan acompañamiento técnico”. Pedido para que el Gobierno investigue Ecuador se vio envuelto durante 31 días entre los meses de septiembre y octubre en una serie de protestas y manifestaciones convocadas por el movimiento indígena en señal de protesta por el alza del precio del diésel, tras la eliminación por decreto y sin previo aviso del subsidio a este combustible. La provincia de Imbabura, en el norte andino del país, se convirtió en el epicentro del paro y, por ende, fue la que más incidentes registró. De hecho, según los datos del informe, el 75 % de las violaciones de derechos humanos se produjeron en esta región y en Pichincha, donde se ubica Quito, capital del país. Además, la Alianza instó al Estado ecuatoriano a investigar y sancionar las violaciones cometidas en todos los paros (2019, 2022 y 2025) y garantizar la reparación integral a las víctimas. También demandó a la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional que investiguen los casos. (EFE)

Los migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del presidente Nayib Bukele en El Salvador denuncian haber sufrido torturas en la cárcel, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW). La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y se les privaba del acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos. “Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe ‘Llegaron al infierno’. Los migrantes arribaron al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio el Gobierno de Bukele los repatrió a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Los abusos documentados por HRW en la cárcel de Bukele El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador. HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves». Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: «El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente», explicó la directora. Además, cuatro de los entrevistados aseguraron haber tenido pensamientos suicidas y uno de ellos intentó quitarse la vida en el centro. El documento acusa a Estados Unidos de ser «cómplice» de este patrón de violencia contra los venezolanos y revela, en contra de lo que argumenta la Casa Blanca, que estas personas no eran terroristas ni criminales. «En este grupo de hombres no hay terroristas. Hay hombres que huyen de la violencia de las bandas y la dictadura en Venezuela, que luego fueron expulsados y suspendidos de sus derechos en El Salvador dentro de una prisión para terroristas», afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. A la espera de una investigación justa Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que se sometió a los migrantes constituye «una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”. “El actual Departamento de Justicia no va a ser el encargado de llevar a cabo una investigación justa y transparente, pero llegará un momento en el que habrá que investigar y responsabilizar a los culpables de este acto tan grave de complicidad de Estados Unidos en la tortura sistemática», dijo Goebertus. «En algún momento tendrá que haber una investigación, y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento, agregó. Desde HRW instaron al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot. (EFE)