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” Es la la tercera vez que voy a perder mi casa. Este año fue lo peor. Ha durado seis meses la inundación. El agua llegaba hasta mi segundo piso. Para entrar y salir de mi casa, por la calle, igual que los vecinos de esos cinco barrios, me he construido una balsa con maderas y plastoformos. Venía todos los días para darle comida a los gatos de mi mamá. Ahora ya no puedo regresar, porque cualquier rato se cae. Mi mujer y mi hijo se tuvieron que ir a La Paz”, dice Fidel Véliz, dirigente del Comité de Emergencias de Tipuani, un municipio paceño, distante a 256 kilómetros de la sede de Gobierno A 35 kilómetros de esa zona, el alcalde de Guanay, Víctor Ticona, teme porque algo similar vuelva a pasar en el área urbana de su municipio. En 2023, las calles de esa comuna se convirtieron en ríos por los que vecinos navegaban en lanchas tratando de salvar sus pertenencias del desborde del río Mapiri. El temor en Guanay, revive debido a que desde inicios de 2024 una cooperativa minera, en complicidad con dirigentes vecinales, comenzó a operar de forma ilegal en la zona San Juan Durán Playa, a poca distancia del poblado principal. Iniciaron las excavaciones con el pretexto de hacer trabajos de prevención, pero al final generaron nuevos desmontes para la explotación de oro. Los datos se desprenden del proceso penal que Ticona sigue en la Fiscalía contra mineros y comunarios implicados, quienes se valieron de permisos adulterados para iniciar las excavaciones, y para los que no se cumplió con la “consulta previa”. Si bien la investigación de la Fiscalía no tiene avances para conocer quiénes adulteraron los documentos, el tema generó imputaciones y encarcelamientos que derivaron en disputas entre los pobladores.  Ahora, el alcalde Ticona, quien se niega dar detalles del caso, se ve presionado por las protestas de sectores vecinales afectados con la paralización de los trabajos mineros, y por el otro extremo, por las manifestaciones de quienes piden auditorías sobre el ingreso económico que no beneficia a la población. Un río sobre el pueblo En el municipio de Tipuani, el pueblo estaba construido sobre el nivel del río, pero ahora el río está sobre el pueblo. «Por eso se dio la inundación de este año, se levantaron más infecciones (estomacales) por las aguas servidas estancadas (…) Porque el río Tipuani no solo ha rebalsado de su caudal, se ha metido al pueblo y ha hecho reventar los tubos del alcantarillado, todos estos meses la gente respiró el olor de las aguas servidas, con heces (fecales) y orines”, lamenta el presidente de la junta de vecinos de Tipuani, Rufino Chambi. Pero no se trata de solo temores o la opinión de damnificados. En enero de este año, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, le dijo a la prensa: “entenderán que si seguimos al mismo ritmo de trabajo (de explotación minera), en tres años ya no va a haber Tipuani. Por más que hagamos un puente o que llevemos el pueblo arriba (del cerro) igual vamos a desaparecer”. El burgomaestre y su equipo técnico y jurídico lanzaron estas conclusiones en una reunión de emergencia exigida por los damnificados en la Defensoría del Pueblo. Allí se presentaron los vecinos de Tipuani y de otras cinco comunidades afectadas, además de los representantes de los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Gobernación de La Paz. Vera, luego alegar que la ley solo le faculta a informar y que no tiene el poder administrativo para detener la explotación minera, mostró varias fotografías sobre el avance de los desmontes, estima que las cooperativas arrojan al río 35.000 metros cúbicos de desmontes, cada año. El alcalde advirtió que las consecuencias del cambio de curso del río Tipuani podrían ser más amplios. «Esto (la desaparición del pueblo) va a ocurrir (también con los municipios de) Guanay y Teoponte. Guanay después nos va a iniciar un proceso, y nos van a trancar (los caminos), con los famosos bloqueos”. En la reunión también estuvieron presentes los representantes de lo que se denomina el “actor productivo minero”, liderados por abogados y dirigentes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), señalados como los principales responsables de los desastres pasados y los que se avecinan sino se pone freno a los “desmontes industrializados”. Pérdidas En Tipuani, durante las inundaciones, Veliz fue vocero de más de 400 familias de ocho distritos, que soportaron los daños provocados por el desborde del río, desde el 9 de diciembre de 2024 hasta junio de este este año. Comunidades como Chima, Cangallí y Gritado fueron las más afectadas por los derrumbes de al menos 35 casas, inundaciones de tres escuelas, caída de dos puentes e incluso la muerte por ahogamiento de tres mineros. No se conocen los datos oficiales de la Alcaldía debido a que el burgomaestre simplemente no respondió a las varias peticiones de informe e interpelaciones que hizo el Concejo Municipal, como lo aseveró la presidente de esa instancia, Angélica Alejandro.  Si bien las inundaciones han disminuido considerablemente, el dirigente Veliz aún habla a nombre de más de 100 familias que no pueden regresar a sus casas. Cuenta que existe el riesgo de que estas colapsen, por las rajaduras y el daño que las aguas servidas causaron a los cimientos de las viviendas durante estos meses. Veliz, de oficio veterinario, relató que durante uno de los sorpresivos desbordes del río Tipuani, en febrero, perdió costosos aparatos, medicamentos, alimentos y otros insumos que nadie le repondrá, como les pasó a los otros vecinos que se quedaron sin muebles, electrodomésticos y objetos personales, ya que ninguna cooperativa minera, autoridad municipal, departamental o del Estado se ha hecho cargo de lo sucedido. Desplazados “No queremos pelear con nadie, pero ya se ha hecho inspecciones con gente de la Gobernación, la Alcaldía, los ministerios (de Minería, Salud y Defensa), la Defensoría del Pueblo, todos ya saben. Esto es culpa de