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Richard Mamani celebró su primer cumpleaños en libertad el pasado 24 de octubre. No hubo fiesta ni reencuentro familiar. “No pude estar con ellos por tema de trabajo. Estoy ahorita en el campo, en Tarija”, dijo con resignación. Vive con sus padres, pero debe viajar constantemente para conseguir ingresos mínimos. Hoy evita contestar llamadas desconocidas. Vive con miedo. El verdadero autor del delito por el que fue condenado no está en la cárcel, y Richard teme que lo busque para vengarse. “Tengo miedo hasta de pasear, porque el culpable verdadero está libre. No sé hasta cuándo va a pasar eso.” La odisea comenzó el 27 de julio de 2016, cuando Richard fue detenido en Llanquisa, Chuquisaca, mientras visitaba a su abuela. “Nunca me habían arrestado, ni siquiera por consumo de alcohol. Ahí empezó toda esa pesadilla”, recuerda. Fue trasladado directamente al penal de Morros Blancos, donde vivió nueve años de encierro por una denuncia falsa de violación. La víctima era su prima, quien años después reveló que fue coaccionada por su hermana para acusar a Richard, encubriendo al verdadero agresor: su cuñado. “Solo querían que me eche la culpa, pero yo me preguntaba: ¿Cómo me echo la culpa de algo que no cometí?” El 19 de octubre, Richard fue revictimizado al intentar votar. Tuvo que volver al penal, donde aún figuraba en el padrón. “Para entrar a votar tuve que pagar. Yo quería iniciar una denuncia, pero me quedé así nomás”, dice con impotencia. En prisión, Richard fue golpeado, humillado y silenciado. Intentó suicidarse. Pero encontró apoyo en el padre Miguel Sotelo, quien lo acompañó espiritualmente y lo integró a un grupo de terapia. “Richard nunca tuvo problemas. Era tranquilo, sencillo, introvertido. Desde que escuché su versión, le creí.” También recibió el respaldo de la abogada Rosmery Peralta, quien patrocinó su caso ad honorem y logró la anulación de la sentencia. “Cuando lo conocí en 2023, estaba desmotivado, con depresión severa. Había intentado suicidarse. El Estado lo había abandonado.” El 28 de febrero de 2023, la víctima dio una conferencia pública en Tarija: “El verdadero autor es mi cuñado Ángel Gabriel Gómez Martínez y mi hermana Tredina M. B., que se hace llamar ´Gabi´, me obligó a denunciar a un inocente.” La justicia tardó dos años y ocho meses en revisar el caso. El 27 de julio de 2025, Richard fue liberado en el centro polifuncional que él mismo ayudó a construir dentro del penal. La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz Martínez, entregó el mandamiento de libertad y reconoció que la víctima fue coaccionada por su hermana cuando era menor de edad. “Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. La Justicia no puede permitirse errores irreparables.” La abogada Peralta anunció una demanda contra el Estado por reparación integral, conforme al artículo 95 del Código Penal y tratados internacionales. “Richard Mamani va a exigir la reparación integral. El Estado está en la obligación de restituir sus derechos.” La Defensoría del Pueblo solicitó un informe al Consejo de la Magistratura, que concluyó que los jueces que sentenciaron a Richard tienen responsabilidad disciplinaria. Se anunció capacitaciones continuas para prevenir errores judiciales. Según la Casa del Hombre, el caso de Richard pone en vilo la aplicación de la Ley 348. La organización afirma que existen 21.000 casos similares, donde hombres han sido afectados por denuncias falsas y procesos judiciales sin evidencia científica. “Richard Mamani no es la única víctima de una denuncia falsa”, advierten. Mientras tanto, Richard espera que el Estado compense el encierro injusto, que lo reconozca como víctima, y que le permita reconstruir su vida sin discriminación ni exclusión laboral. “Las autoridades me dijeron que me iban a dar algo, pero de momento no cuento con nada. Tampoco tengo título ni libreta de servicio militar y eso hace que me sea más complicado conseguir un trabajo“. Con datos de El Deber

En tiempo récord, el proyecto de ley de “Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidios” fue sancionado este miércoles en la Cámara de Senadores y se dispuso su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En menos de una hora y luego de aprobarse en la sesión su tratamiento por dispensación de trámite, la norma fue aprobada en sus estaciones grande y detalle. No hubo ninguna observación entre los senadores presentes.  Los 21 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición final y una disposición derogatoria recibieron el apoyo mayoritario de los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. “No podemos dejar en la intemperie a familias o víctimas por hechos de feminicidio, es importante, fundamental y vital que el Estado se encargue y, por tanto, a partir de la sanción, corresponde la promulgación de manera inmediata”, dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Son al menos 60 instituciones como la Fundación Voces Libres, el Observatorio para la Accesibilidad de los Derechos de las Mujeres y la red ERBOL que forman parte de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia y que impulsaron la redacción de la ley. La directora de ERBOL, Inés Gonzáles, recordó que el trabajo para impulsar la ley fue conjunto con otras organizaciones aliadas y legisladores que decidieron apoyar la ley y llegar hasta su promulgación.    “Ha sido un esfuerzo de dos años y creo que es la prueba más fehaciente de que si hacemos alianzas como sociedad civil y nos organizamos como sociedad civil, podemos lograr cosas interesantes como la de hoy en favor de huérfanos y huérfanas víctimas de feminicidio”, añadió. La norma apunta establecer medidas de atención integral y protección social, por parte del Estado, dirigidas a las hijas e hijos que quedan huérfanos como consecuencia de los delitos de feminicidio, asesinato del varón y en casos de homicidio-suicidio de una persona que atravesó una situación de violencia. Entre las medidas se destaca la creación de un bono económico mensual, no inferior al 20% del salario mínimo nacional vigente. Además, garantiza la provisión de paquetes alimentarios, atención psicológica y legal gratuita y especializada, y el acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura total. Asimismo, se garantiza su permanencia en el sistema educativo y la priorización en programas de vivienda social para los tutores a cargo. La legislación establece que los beneficios se aplican a las hijas e hijos menores de 18 años y extiende el apoyo hasta los 25 años, si se encuentran cursando estudios superiores. El documento espera su promulgación. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en el primer semestre de 2024 (hasta el 30 de junio) se registraron 45 feminicidios, lo que equivale a un feminicidio cada cuatro días, aproximadamente. En el 91? los casos, el agresor ha sido identificado, se encuentra con detención preventiva y/o cumpliendo sentencia condenatoria. Según la citada fuente, la mayoría de los casos ocurrieron en los departamentos de La Paz (11), Cochabamba (10) y Santa Cruz (9). La edad de las víctimas oscila, principalmente, entre 21 y 30 años de edad, quiere decir que ellas se encontraban en la plenitud de sus vidas. ERBOL

La Cámara de Senadores aprobó el informe de la comisión que investiga los hechos ocurridos del 26 de junio. El senador Félix Ajpi aseveró que se descartó un “intento de golpe de Estado”. “Hemos descartado, no ha sido en ningún momento un golpe de Estado, Luis Arce dijo que era un golpe de Estado, las investigaciones que hemos hecho con los que están privados de libertad, que no hubo una preparación, en absoluto”, expuso Ajpi. El documento fue aprobado en la sesión ordinaria 212. Fue trabajado por la comisión conformada por nueve senadores, quienes hicieron entrevistas y recabaron información. La senadora Andrea Barrientos dijo que el informe marca una investigación profunda en el Senado, para lograr acuerdos respecto a un hecho que manchó la historia nacional. “Ha habido una investigación profunda que ha realizado el Senado, a la cabeza del senador Torres que esperemos le sirva al próximo gobierno para hacer procesos jurídicos correspondientes”, indicó. Ajpi añadió que hubo un movimiento militar, aparentemente de “carácter distractivo”. Supuestamente, con un entrenamiento en la plaza Murillo. Una de las recomendaciones, según el senador, es una investigación al exministro Eduardo del Castillo porque él ordenó la detención de militares. URGENTE.BO