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La hoja de coca va a continuar en el listado de sustancias altamente peligrosas en el que ha permanecido por más de 60 años. La grieta que se había abierto para que saliera de allí acaba de cerrarse: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantenerla en la lista I, la más restrictiva, de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. La solicitud de Bolivia para desclasificar la milenaria hoja de coca, a la que se había sumado Colombia con ímpetu, se ha encontrado con un muro. La campaña de los dos países para desestigmatizar la coca, diferenciarla de la cocaína y promover sus usos alternativos y tradicionales, ha recibido un fuerte revés. La decisión de la entidad del sistema de la ONU es ahora cuestionada por un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que esperaban lo contrario por parte de una institución enfocada en asuntos sanitarios. La petición para que la hoja de la mata andina dejara de acompañar a la heroína, la cocaína o el fentanilo en esa lista la hizo formalmente el Gobierno de Bolivia en junio de 2023. “La hoja de coca es como un sello seco que protege la identidad de los pueblos ancestrales andino-amazónicos”, defendía entonces el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca. “No existe ni una pizca de evidencia científica para incluir a la hoja de coca en ese listado”, argumentaba a su vez Laura Gil, entonces embajadora de Colombia en Viena, sede de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. La OMS no les ha dado la razón, argumentando la “facilidad” con la que esa hoja se puede convertir en pasta base de coca, y después en clorhidrato de cocaína. “Se estima que una hectárea de cultivo de coca produce aproximadamente 4,2 toneladas de hojas frescas de coca al año; una tonelada de hojas frescas produce aproximadamente 1,5 kg de pasta de coca o 1,4 kg de base de cocaína; y un kg de base de cocaína produce aproximadamente 0,9 kg de clorhidrato de cocaína, que suele contener alrededor de un 85 % de cocaína pura”, calcula ese organismo. “Por consiguiente, dado que la hoja de coca se utiliza para fabricar cocaína, una sustancia controlada (cocaína) se elabora a partir de otra (hoja de coca), cumpliendo así el criterio de convertibilidad de la Convención”, se lee en el documento en el que la OMS recomienda mantener la mata en la lista I. Esa recomendación se envía ahora a la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, que finalmente toma la decisión, pero sin el apoyo de la OMS, no hay ninguna opción de cambiar la categoría. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), con sede en Londres y que recoge a casi 200 organizaciones que son expertas en el tema de todo el mundo, ha rechazado con vehemencia la determinación. “La decisión ignora evidencia clara de que, en su forma natural, la hoja de coca representa riesgos mínimos para la salud, dejando de lado milenios de conocimientos indígenas al afirmar que no existe una “base sólida” para su uso terapéutico”, se lee en el pronunciamiento emitido el pasado martes. De hecho, la decisión de la OMS cita el reporte del comité de expertos en farmacodependencia convocado para esa revisión, y este establece que “no se encontraron estudios que proporcionaran evidencia sólida para determinar la prevalencia de la dependencia de la hoja de coca”. El informe también encontró que la hoja de coca posee propiedades antihipertensivas, antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, así como actividad estimulante, antidiabética y actividad anorexígena, que reduce el apetito. Para Luis Felipe Cruz, experto en política de drogas y consultor de la organización Elementa DDHH, la recomendación de la OMS implica que la investigación científica alrededor de la hoja de coca continuará enfrentando fuertes obstáculos. “Dificulta que se investigue sobre la planta, que se den permisos y licencias para usos medicinales o alternativos, hace que todo sea mucho más restrictivo”, sostiene Cruz, quien participó en la elaboración de insumos que Colombia envió a la OMS para la revisión. “Se está privando a la humanidad de poder estudiar los beneficios potenciales de la hoja de coca y sus derivados”, sentencia. En eso coincide Isabel Pereira, coordinadora de la línea de drogas en Dejusticia, quien agrega que la decisión “envía un mensaje desesperanzador sobre el sistema internacional de drogas, pues demuestra que los escépticos tienen la razón: es impermeable a la evidencia científica”. La criminalización de la hoja de coca ha condenado la investigación científica de la planta casi a lo anecdótico. En Colombia, sólo tres entidades cuentan con el permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para hacer esa investigación aplicada: la Policía Nacional, la Universidad de Los Andes y el SENA regional Cauca. Con este último trabaja Dora Troyano, ecóloga y doctora en Etnobiología y estudios bioculturales. Ella lidera en el norte del Cauca un proyecto de investigación que tiene monitoreados unos 150 productos hechos con esa planta en Sudamérica, en sectores alimenticios, textiles, de tinturas, farmacéuticos y nutracéuticos. En la región en la que ella trabaja se han concentrado en la harina de coca, los filtrantes o té de coca y la hoja de coca seca. “Imagínate tener la posibilidad de desarrollar productos o mercados, que en cualquier supermercado del país, en la góndola de plantas medicinales, encontráramos la hoja de coca. No solamente sería una gran oportunidad para las comunidades productoras, sino también para los usuarios de las plantas medicinales”, defiende la académica. Un origen cuestionado Bolivia impulsó la revisión crítica de la hoja de coca no tanto por el potencial comercial sino por su valor tradicional y ancestral. Su tesis es que la decisión original de incluir la planta en 1961 obedeció a lecturas sesgadas y racistas que hoy en día son insostenibles. Ese rastro aparece en el dossier que el país andino envió a la OMS. En 1948, la ONU aprobó el envío de una comisión de investigación a Perú para estudiar los efectos de la masticación de la hoja, que después se extendió

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, acusó al expresidente Luis Arce de impulsar un modelo económico que convirtió “el pan, el oro, los dólares y el combustible del pueblo en patrimonios familiares”.  La autoridad escribió este mensaje en su cuenta de X en respuesta a las palabras de Arce que, en una entrevista con F10, dijo que en casi un mes de gobierno de Rodrigo Paz, no se ven “medidas que vayan a atacar el tema central de la economía nacional”, pese a que, según aseguró, hoy hay “ventajas” que antes no se tenía, como una Asamblea Legislativa Plurinacional con una correlación de fuerzas favorables y créditos de financiamiento externo aprobados en los últimos días de la anterior gestion legislativa. “Nosotros si hubiéramos recibido esa plata, ya hubiéramos resuelto el problema”, afirmó y criticó que sigan las filas para la compra de combustible y el incremento del precio de la carne de pollo, res y el pan. El exmandatario también observó que el gobierno haya eliminado el impuesto a “los ricos” y quitado la subvención a la harina para el pan de batalla, “que beneficiaba a los más pobres”. Ante estas declaraciones, Espinoza cuestionó que Arce pretenda criticar al actual gobierno cuando, durante su gestión, el país vivió “el mayor desabastecimiento de combustible”, con “indicios de corrupción” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que superarían los $us 1.000 millones, según revelaciones logradas en apenas 20 días de auditorías. “Hablamos del mismo exmandatario que recibió 42 toneladas de oro en el Banco Central y dejó solo 22, con 6 toneladas ya comprometidas, pulverizando el patrimonio estratégico del país”, agregó, y le recordó que su gestión acumuló más de $us 30.000 millones de déficit fiscal, dejó la inflación más alta desde la UDP y tuvo un gobierno marcado por denuncias de redes familiares de influencia, designaciones irregulares, uso indebido de bienes del Estado y responsabilidades personales pendientes de aclaración. “Ese exmandatario no tiene autoridad, ni moral, ni ética profesional para criticar a un gobierno”, remarcó Espinoza, y resaltó el trabajo del actual gobierno que “en menos de un mes” logró restablecer la provisión de combustible, estabilizar el tipo de cambio, regularizar pagos a  gobernaciones, alcaldías y entidades públicas; además de reducir el riesgo país y encaminar la apertura hacia el mundo. “Antes de lanzar cuestionamientos, el expresidente Arce debería explicar (no a la prensa, sino al país entero) qué pasó con los combustibles, qué pasó con las reservas, qué pasó con el oro, qué pasó con las finanzas públicas, qué pasó con las empresas estatales, y por qué Bolivia llegó al punto más crítico en 40 años”, agregó, aseverando que quienes llevaron el país al borde del colapso, deberían guardar silencio.  BRÚJULA DIGITAL

Ante la Comisión de Planificación de Diputados, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó este jueves el proyecto modificado de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, prometiendo una reducción de magnitud histórica del déficit fiscal, mediante recortes en gastos, sin embargo, preservando la continuidad de los bonos sociales. Afirmó que el proyecto busca reducir al menos un 30% del déficit fiscal proyectado. “Insisto, reducir 30% del déficit fiscal es algo que no se ha visto en la historia de este país. No van a encontrar un caso en el cual un Ministro de Economía, representando un poder ejecutivo, se comprometan a reducir el gasto fiscal en esa magnitud”, señaló Espinoza. Espinoza criticó las proyecciones macroeconómicas del presupuesto dejado por el anterior Gobierno, que sobreestimaban ingresos y subestimaban inflación, afectando la sostenibilidad financiera de gobernaciones, municipios y universidades. En ese marco, indicó que en el proyecto modificatoria se está pidiendo un plazo hasta febrero para ajustar el presupuesto con la finalidad de reformularlo. El Ministro detalló que los ajustes incluirán optimización de recursos duplicados y eliminación de gastos innecesarios. Aclaró que no habrá “masacre blanca”, pero sí apuntan a reducir las funciones duplicadas en entidades públicas. Señaló que también se limitarán viajes, puesto que en algunos ministerios había funcionarios que se pasaban entre 14 y 15 días hábiles al mes viajando y ganaban más de viáticos que de su propio sueldo. Asimismo, anunció la liquidación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la cual era conocida por llevar a cabo el programa Evo Cumple. Espinoza también señaló que se dará prioridad a la inversión productiva e infraestructura para estabilizar la economía y facilitar la producción de alimentos. Bonos se mantienen El Ministro afirmó que no se hará un “recorte torpe y ciego”, sino se busca “recuperar la economía para todos y sin dejar a nadie atrás”. En esa línea, aseguró que “los bonos se mantienen, pero se van a optimizar” para corregir incoherencia. Mencionó, por ejemplo, que se han encontrado incoherencia en la otorgación de las certificaciones de capacidades diferentes, en particular las que se obtuvieron en los últimos meses muy rápidamente. “Hemos asegurado y vamos a asegurar la otorgación de los bonos sociales. Está absolutamente claro que en una situación económica como la que nos han dejado no puede desaparecer la red de protección social. Así que nosotros trabajaremos primero en optimizar los destinos de estos fondos”, afirmó. La Comisión de Planificación se declaró en cuarto intermedio hasta el viernes para retomar el tema. ERBOL