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Desde el penal de El Abra, el exgeneral Juan José Zúñiga se ha pronunciado mediante una carta respecto a la aprehensión de Luis Arce Catacora, quien lo acusó de haber intentado cometer un golpe de Estado en junio de 2024. Otrora colaborador de Luis Arce, ahora el exgeneral Zúñiga considera que con la aprehensión del expresidente ha caído un “verdugo” que en su momento actuó “cegado por el poder” y encarceló a militares sin el debido proceso. “El mismo que nos quitó la libertad, que ordenó perseguir a militares soldados de la patria, que sembró miedo entre el pueblo y que entregó los recursos de la nación, el que se creía dueño de Bolivia, hoy conoce el frío de las rejas, el silencio del encierro y el peso de la justicia”, señaló. Zúñiga señaló que Arce detenido “empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”. “Bienvenido a las cárceles del pueblo, señor Luis Arce Catacora. Aquí, donde no existe poder que lo proteja. Aquí, donde no hay discurso que lo salve. Aquí, donde uno se enfrenta consigo mismo, sin escoltas, sin poder, sin privilegios. Aquí, donde la noche no cubre culpas y el amanecer obliga a mirar la verdad de frente. Y es aquí, señor Arce Catacora, donde empiezan las cuentas que la vida inevitablemente cobra”, dice la carta del exgeneral. Pidió también que respondan ante la justicia los colaboradores de Arce: los exministros Eduardo Del Castillo, Maria Nela Prada, Jhonny Aguilera, Edmundo Novillo, Armind Dorgathen y los asesores Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez. Zúñiga aclaró que su lucha no es personal, sino por la patria y cada familia que lloró por un soldado encarcelado de manera injusta. El exgeneral fue cercano colaborador de Arce, con el cual incluso solía jugar básquetbol, sin embargo, lideró un movimiento militar acusado de haber intentado un golpe de Estado el 26 de junio de 2024. Recientemente, Zúñiga denunció que los hechos de 2024 fueron en realidad una “trampa” de Arce y sus colaboradores para generar un enfrentamiento entre la policía y los militares. ERBOL

El fiscal Miguel Cardozo presentó un memorial al juez de turno para que se amplíe la investigación contra Luis Arce Catacora por el caso Fondo Indígena porque “ideó, promovió y ordenó el desembolso de recursos públicos a cuentas particulares” durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas Públicas, los años 2009 y 2010. La Fiscalía General del Estado refiere, en el memorial al que tuvo acceso RTP, que en una reunión ordinaria del Directorio del FDPPIOYCC, celebrada el 2 de julio de 2010, en Tarija. Arce tuvo una participación determinante en la “concepción y promoción de la disposición irregular de fondos públicos”. De acuerdo con el informe, Arce habría sugerido y posteriormente ordenado la canalización de recursos estatales a cuentas privadas de diversas personas, entre ellas Nemecia Achacollo, Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra Chuquimia, Gloria Zamorano, Felipa Huanca, Rodolfo Machaca, Hilarión Mamani, Ever Choquehuanca, Melva Hurtado, Damián Condori, Lidia Patty, Julián Jala, Juanita Ancieta, Daniel Zapata, Carlos Fuentes, Julia Ramos, Sergio Hinojosa y otros. La Fiscalía sostiene que estos fondos fueron depositados en cuentas particulares para ser utilizados en actividades políticas y ostentosas, no contempladas en el Decreto Supremo de creación del Fondo. Además, se indica que Arce promovió que el Gabinete del entonces presidente Evo Morales dictara un Decreto Supremo que autorizara dichos depósitos y gastos, contrarios a la norma. El informe concluye que la responsabilidad directa de Arce se basa en haber “planificado y dispuesto el desembolso de millonarias cantidades de dinero del Estado a cuentas privadas, facilitando el posterior enriquecimiento ilícito de terceros”, adecuando su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. RTP

La Defensoría del Pueblo exigió una investigación “célere, idónea, exhaustiva e imparcial” tras los hechos de violencia en Colcapirhua, Cochabamba, y pidió identificar responsabilidades institucionales e individuales para evitar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana. Recordó que tras los hechos hubo varios heridos —entre civiles y policías— y personas aprehendidas. “Un esclarecimiento oportuno es esencial para evitar la impunidad. Estos sucesos vulneran gravemente el derecho a la vida y la integridad. El Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger la vida y la seguridad de todas las personas”, se lee en un comunicado. La entidad expresa que como Institución Nacional de Derechos Humanos, realiza el seguimiento integral de la conflictividad y verifica el respeto a la dignidad humana, lo que incluye el acceso a atención médica de las personas heridas, el respeto del debido proceso para las personas aprehendidas y el acompañamiento a las investigaciones vinculadas con las personas fallecidas. Anuncia que toda la información recabada será sistematizada en un informe defensorial que será puesto en conocimiento de las autoridades y de la población para contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición. Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer la gestión pública de la conflictividad mediante mecanismos permanentes de diálogo y atención temprana de las demandas sociales. “Solo una acción estatal articulada y preventiva evitará nuevas tensiones como en Colcapirhua”, concluye la Defensoría del Pueblo, que recordó su independencia y mandato de velar por los derechos humanos. RTP

Durante un patrullaje, la Policía logró secuestrar 700 litros de diésel y 20 litros de gasolina que estaban siendo transportados, de manera irregular, en una vagoneta en la carretera hacia Copacabana. El combustible estaba en 15 bidones de 50 litros, cada uno, que están acoplados dentro del vehículo, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Amilcar Sotopeña. El conductor, al verse sorprendido por los agentes de la Policía, comenzó a acelerar, lo que motivó a la intervención y posterior inspección logrando encontrar el combustible. La primera hipótesis que se tiene es que el destino final del diésel iba a ser la frontera con el Perú para su comercialización. Por este hecho, el chofer fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía para su investigación. El motorizado y el combustible fueron secuestrados con fines investigativos. ERBOL