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La Policía identifica a 151 efectivos por cobros irregulares

En dos meses, desde que el nuevo comandante de la Policía Boliviana asumió la conducción de la institución, se identificaron a 151 efectivos policiales que cometieron hechos de corrupción en ejercicio de sus funciones. «Tenemos 79 casos en los cuales 151 servidores públicos policiales ya son investigados con denuncias formales en el ámbito disciplinario como penal, muchos de ellos ya están cumpliendo detenciones preventivas en centros penitenciarios del país», explicó el comandante general de la Policía, Mirko Sokol. El jefe policial explicó que la mayoría de estos casos son hechos de corrupción vinculados a cobros que van de 200, 500 y mil bolivianos, «son hechos que llaman a la reflexión», indicó Sokol, quien agregó que el proceso de depuración del talento humano «no claudicará» para beneficio de la institución. «En estos poco más de dos meses que estamos a cargo de la Policía Boliviana nos trazamos mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción, fue el primer elemento identificado que generaba problemas al interior de la Policía y que nos iba a dificultar el plan», sostuvo el comandante. En procura de devolver la institucionalidad a la Policía, el Comando General de la Policía Boliviana presentó la mañana de este miércoles el Plan de Modernización y Reinstitucionalización de la institución verde olivo. Cobro por ascensos Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informaron el 30 de enero que un sargento de la Policía fue aprehendido por presuntamente realizar cobros irregulares a otros efectivos que buscaban ascender dentro de la institución. El caso se encuentra en investigación para determinar responsabilidades y establecer posibles vínculos con otros implicados. El director de la Inspectoría del Comando Departamental de la Policía en La Paz, Günther Agudo, informó sobre este caso el pasado 30 de enero. El sargento primero habría pedido una suma de Bs 14.000 a dos uniformados que habrían reprobado el examen de ascenso. “Inspectoría del Comando Departamental de La Paz procedió al arresto de un sargento primero de la Policía, el cual trabajaba en una Estación Policial Integral (EPI). El mismo, el año pasado, en diciembre, bajo el argumento de favorecer a dos funcionarios policiales que habrían reprobado el examen de ascenso y estaban impedidos de ascender, habría prometido el ascenso. Es ahí que habría pedido Bs 14.000 a los funcionarios, cosa que no es dable en la institución policial”, indicó Agudo. La tarde de este martes, el efectivo fue escoltado de las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen hacia su detención preventiva, de acuerdo con un video difundido por la red Erbol. Coimas por QR Dos sargentos de la Policía Boliviana, un varón y una mujer, cayeron aprehendidos por la Fiscalía, tras haber sido denunciados de haber cobrado sobornos mediante plataformas digitales, a través de códigos QR. El hecho ocurrió el 31 de enero, cuando seis personas fueron arrestadas por beber en las calles de La Paz y fueron trasladadas a Conciliación Ciudadana. De acuerdo con el informe del fiscal Johan Muñoz, los policías habrían ofrecido liberar a los arrestados a cambio de que pagaran Bs 3.000, porque de lo contrario se quedarían detenidos durante ocho horas. Sin embargo, llegaron a un acuerdo de pagar Bs 1.500 a cambio de la liberación de los arrestados. EJUTV Y VISIÓN 360

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Canciller: Bolivia apuesta al diálogo con Chile sin condicionante del mar

La causa marítima no debe condicionar las relaciones con Chile y en esa línea se intensificará el diálogo bilateral con el gobierno del electo presidente José Antonio Kast en diferentes áreas de interés común como seguridad, comercio, puerto e hidrocarburos, informó el canciller Fernando Aramayo, sin dar mayores detalles. “Nuestra reivindicación marítima es irrenunciable, pero esto no tiene que condicionar que Bolivia tenga una agenda de temas comunes con Chile”, aseguró en la red Bolivisión sobre un nuevo relacionamiento impulsado con Chile, luego de un prolongado período de frías relaciones marcadas por los juicios del mar y el Silala, en el último tiempo. Las señales de esta nueva etapa se dieron con la presencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, en el acto de posesión del presidente Rodrigo Paz, el 8 de noviembre en La Paz, y la reunión de los cancilleres Aramayo y Alberto van Klaveren en Santiago, el 15 de enero, tras más de 48 años de ausencia de un encuentro de ese nivel. Lee también: Paz y Kast se reúnen en Panamá para «construir futuro» en beneficio de Bolivia y Chile En este marco de acercamientos, el presidente Paz y el electo Kast se reunieron aprovechando su presencia en el Foro Económico de la CAF en Panamá. Ambos coincidieron en la importancia de las relaciones bilaterales con una mirada de beneficio mutuo y de futuro. Aramayo confirmó este buen momento de las relaciones y aseguró que, ni bien empiece la gestión de Kast, el 11 de marzo, se activarán mesas de trabajo bilaterales con el objetivo de atender una agenda de nueve puntos viables en el corto plazo. “Estamos operando rápidamente con Chile, para trabajar todos estos contenidos de seguridad, migración, comercio, puerto, transporte, tren, energía, hidrocarburos y tecnologías”, perfiló y destacó en este contexto el ofrecimiento que hizo Paz a Chile de uso de Bolivia como un puente comercial para llegar a Brasil y el Atlántico. Lee también: Rodrigo Paz ofrece a Chile los «puertos» de Bolivia para que se conecte con Brasil “¿Cuánta dinamicidad económica le va a generar esto a Chile? ¿Cómo vamos a aprovechar nuestra capacidad de constituirnos en un hub? brindar servicios, la logística, los empleos en términos de transporte y muchos otros temas”, perfiló. Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, tras el fracaso de las negociaciones marítimas. Ambos países tensionaron aún sus relaciones en el proceso del juicio por el mar y el Silala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La justicia internacional falló en octubre de 2018 que Chile no tiene obligación de cumplir sus ofrecimientos de negociación de una salida soberana al Pacífico de Bolivia, aunque no cerró las puertas al diálogo. En el caso del Silala, estableció que es un río de curso compartido y también dejó las puertas abiertas al diálogo. VISIÓN 360

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Ministra de Educación proyecta nuevo modelo curricular para fin de año

Como parte de la transformación en el ámbito educativo, la ministra Beatriz García informó que este febrero se iniciarían las mesas de trabajo para diseñar el nuevo modelo curricular y espera tener sus resultados para fin de año. Aseveró que este trabajo iniciará a fines de mes y que contará con diferentes actores del sistema educativo, incluyendo a expertos, maestros de base, directores, dirigentes del magisterio, rectores de las universidades- “Va a ser un trabajo muy serio y responsable que lo iniciamos este mes y nos va a tomar varios meses. Esperamos que para fin de año ya contemos con un modelo curricular nuevo, contemplado para los diferentes subsistemas del sistema escolar”, dijo la Ministra de Educación para el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Explicó que este trabajo del modelo curricular se trabajará de forma paralela a la reforma de la Ley Avelino Siñani. Respecto a la Ley Avelino Siñani, la Ministra destacó que existe una coincidencia de todos los actores del sistema educativo para realizar cambios. “Entonces esa es otra mesa de trabajo que va a empezar a trabajar ya en unas dos semanas, igual con todos los diferentes actores del ecosistema educativo, y esperemos contar con un proyecto de ley que se pueda presentar a la Asamblea hasta agosto, septiembre, y si es posible contar con una nueva ley para el próximo año”, comentó García. ERBOL

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Carlos III acelera la salida de Andrés de Royal Lodge tras nuevas revelaciones del caso Epstein

El rey Carlos III forzó esta semana el traslado de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, desde Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en el parque de Windsor, a una residencia más pequeña en el dominio privado de Sandringham, en un movimiento precipitado por una nueva oleada de documentos vinculados a Jeffrey Epstein y por la reactivación de pesquisas policiales en el Reino Unido. Los nuevos materiales difundidos en Estados Unidos —atribuídos a una tanda reciente de archivos del Departamento de Justicia— incluyen indicios de que Andrés habría mantenido contacto con Epstein después de su condena de 2008, un punto que reabre preguntas sobre el alcance de su relación. El cambio se ejecutó de noche, una señal de la urgencia con la que la Casa Real busca contener el daño reputacional que vuelve a golpear a la monarquía. El traslado coincide con la evaluación policial de una denuncia adicional: abogados de una mujer no británica sostienen que Epstein la habría enviado al Reino Unido en 2010 para un encuentro sexual con el entonces príncipe en Royal Lodge. La información fue divulgada por su abogado, Brad Edwards, en declaraciones recogidas por la BBC y amplificadas por medios británicos. La policía confirmó que está “evaluando información” relacionada con el caso. En paralelo, France 24 informó —en una nota basada en documentos— que Epstein habría ofrecido presentar a Andrés a una mujer rusa, un detalle que alimentó la presión pública y política. La situación reaviva una disputa interna de meses sobre Royal Lodge: Andrés sostenía un contrato de arrendamiento a largo plazo y había resistido intentos de su hermano por reubicarlo. Andrés abandonó la vida pública en 2019 y en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor, acusaciones que él negó. Giuffre murió el año pasado. El caso vuelve a colocar a la Casa Real bajo escrutinio en un momento de sensibilidad política para Londres. The Guardian señaló que ministros han incrementado la presión para que Andrés coopere con investigaciones en Estados Unidos, mientras la institución insiste en reforzar protocolos y evitar nuevas filtraciones o daños colaterales. Dejar Royal Lodge en Windsor significa que Andrés pierde el derecho a ocupar esa mansión histórica, que disfrutaba desde hace años casi sin pagar alquiler. En la práctica, Carlos III le está retirando uno de los últimos privilegios materiales que conservaba tras haber sido apartado de la vida pública. En 2025, Carlos III ya había despojado a Andrés de todos sus títulos nobiliarios y funciones públicas. La familia de Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles del caso Jeffrey Epstein, expresó indignación por la forma en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó recientemente millones de documentos relacionados con el financiero. Aseguran que la difusión no protegió adecuadamente a sobrevivientes y que, por el contrario, expuso identidades y detalles íntimos que pueden resultar retraumatizantes. Las críticas se dan tras la última liberación de archivos ordenada por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que exige divulgar expedientes vinculados a Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell, indicó CBS News. Según informó The Associated Press, los abogados expusieron ante un juez de Nueva York que la vida de casi 100 víctimas había quedado “trastocada” por una edición descuidada. Un portavoz del DOJ dijo a CBS News que la institución “se toma muy en serio la protección de las víctimas” y que ha censurado miles de nombres en millones de páginas. ¿Permiten los archivos procesar a alguien? En su revisión, el fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que los archivos recientes “no nos permiten necesariamente procesar”. La familia de Giuffre rechaza esa conclusión y pide el mismo estándar que se aplicó a las víctimas. “Han declarado bajo juramento ante el Congreso; pediríamos lo mismo a los hombres posiblemente nombrados”, sostuvo Sky Roberts. En un comunicado conjunto, 20 sobrevivientes y familiares, entre ellos Sky y Amanda Roberts, afirmaron que el público “aún no tiene la verdad completa” sobre quién permitió, quién participó y quién fue protegido durante años. Los Roberts adelantaron que asistirán a una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde se espera el testimonio de la fiscal general Pam Bondi.“¿Por qué no debería ser declarada en desacato?”, cuestionó Sky Roberts, al reclamar que la palabra clave que falta es justicia. “Queremos más respuestas”, AGENCIAS

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Caso maletas: Fiscalía y la Fuerza Antidroga realizan ocho allanamientos simultáneos

El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) realizaron este lunes al menos ocho allanamientos simultáneos en el marco de las investigaciones del denominado caso “Maletas”. En dicha investigación se busca aclarar el paradero de 32 maletas que ingresaron el 27 de noviembre pasado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru y que, hasta la fecha, no han sido halladas. Los operativos se llevaron a cabo en departamentos ubicados en la zona norte de la ciudad y en el sector de Equipetrol, donde los agentes antidrogas recabaron documentación, registros y cámaras de vigilancia, considerados elementos clave para el avance del proceso investigativo. Lee también: Gobierno guardó silencio sobre el caso Maletas más de 45 días, Fiscalía revela que recibió la denuncia el 19 de enero El fiscal Julio César Porras informó que, hasta el momento, seis personas permanecen detenidas en el penal de Palmasola, investigadas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. “Esta investigación está comenzando. Son delitos que se están investigando de manera provisional, y existen distintos roles que, como comisión, ya estamos analizando”, señaló Porras. El representante del Ministerio Público explicó que, entre los investigados, figuran funcionarios y personas particulares, aunque evitó brindar mayores detalles para no afectar el curso de las diligencias. “No puedo adelantar más información porque no quiero entorpecer la investigación. Hemos establecido un cronograma y la próxima semana vamos a trabajar intensamente”, afirmó el fiscal. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió con las maletas desaparecidas y determinar las responsabilidades dentro de esta presunta red delictiva. VISIÓN 360 FOTO RED UNO

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Los intereses de Estados Unidos en Irán

Desde Washington, la posibilidad de una intervención militar en Irán no se explica únicamente por el programa nuclear del régimen islámico ni por su antagonismo histórico con Israel. Detrás de la creciente tensión subyace una ecuación mucho más amplia: la disputa por la hegemonía global con China, la arquitectura de seguridad de Oriente Próximo, el control de rutas energéticas críticas y la necesidad estadounidense de impedir la consolidación de polos de poder hostiles capaces de desafiar el orden internacional surgido tras la Guerra Fría. Hace un año, al arribar nuevamente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste en su competencia por la primacía global frente a China. No se trataba solo de indicadores económicos o comerciales, sino de una percepción estratégica más profunda: el avance sostenido de Pekín sobre áreas tradicionalmente consideradas parte del perímetro de influencia estadounidense. El gigante asiático ha construido su proyección internacional sobre una combinación de expansión económica, aseguramiento de materias primas estratégicas y penetración financiera en mercados emergentes. América Latina, África y, en menor medida, la Unión Europea se convirtieron en escenarios privilegiados de esa ofensiva silenciosa. A través de inversiones en infraestructura, créditos blandos y acuerdos energéticos, China fue consolidando una red de dependencias que inquietó crecientemente a Washington. Sin embargo, Pekín nunca concibió su expansión como un fenómeno exclusivamente económico. Como advirtió hace más de un siglo el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, “las factorías y las flotas comerciales solo prosperan cuando están respaldadas por el poder naval”. China pareció asumir esa máxima al pie de la letra: mientras extendía sus rutas comerciales, desarrollaba de forma acelerada su capacidad militar, en especial su flota oceánica, y tejía alianzas estratégicas con regímenes dispuestos a cuestionar el orden liderado por Estados Unidos. En el plano militar, esa arquitectura se apoyó fundamentalmente en la Rusia de Vladímir Putin, pero también en Irán, Corea del Norte y una constelación de gobiernos hostiles a Washington en América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el terreno económico, China impulsó el bloque de los BRICS como plataforma alternativa al sistema financiero dominado por el dólar, incorporando a países de peso regional como India, Brasil y Sudáfrica, junto a aliados más alineados con Pekín. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina coqueteó con esa órbita, convirtiéndose además en el único país sudamericano que alberga una base espacial china en su territorio. Convencido de que una confrontación directa con China sería costosa e incierta, Trump optó por una estrategia indirecta: debilitar su entramado de alianzas. En una primera etapa, apuntó a reducir la presencia comercial china en Sudamérica y a disminuir la dependencia estadounidense de las tierras raras provenientes del gigante asiático, consideradas insumos críticos para la industria tecnológica y militar. Para ello, no dudó en recurrir a todo el instrumental de las guerras híbridas combinando presión diplomática, aranceles selectivos y demostraciones de fuerza. Washington forzó a Panamá a revisar los acuerdos que permitían a empresas chinas operar infraestructuras vinculadas al canal interoceánico, respaldó con decisión al presidente argentino Javier Milei —en un país clave por sus reservas de litio y minerales estratégicos— y endureció su política hacia Venezuela y Cuba, dos aliados históricos de Pekín en el hemisferio occidental. Como resumió en su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo, “no se puede permitir que China controle los recursos y las rutas que sostienen la economía global”. Ese activismo regional no impidió a Trump proyectar poder en otros escenarios. Presionó a sus socios de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que, según él mismo declaró, buscaba “corregir décadas de desequilibrios”. Autorizó ataques selectivos contra instalaciones iraníes, impulsó un plan de paz para Gaza, respaldó el nuevo equilibrio de poder en Siria —que redujo drásticamente la presencia militar rusa en Tartus y Jmeimim— y desempeñó un papel relevante en las negociaciones entre Moscú y Kiev. A ello se sumó una venta de armamento sin precedentes a Taiwán, desafiando abiertamente las advertencias de Pekín. El patrón es claro: detrás de muchas de las maniobras internacionales de la Administración Trump subyace un denominador común, la erosión sistemática de la influencia china. En lugar de un choque frontal entre superpotencias, Washington optó por debilitar los eslabones más frágiles de la red tejida por Pekín, al tiempo que intentaba atraer a Rusia hacia una posición más ambigua respecto de Occidente. En ese marco debe leerse la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán. Pero reducirla a la lógica de la rivalidad con China sería insuficiente. Existen factores regionales y estratégicos propios que convierten a Teherán en un objetivo central de la política exterior estadounidense. El Irán chií es, desde hace décadas, un actor profundamente desestabilizador en Oriente Próximo y el enemigo declarado del Estado de Israel, principal aliado de Washington en la región. Durante más de veinte años, Teherán construyó una red de milicias y organizaciones armadas destinadas a cercar a Israel mediante lo que sus propios estrategas denominaron un “círculo de fuego”: Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y fuerzas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en Siria. Ese corredor estratégico, que conectaba Irán con el Mediterráneo, comenzó a resquebrajarse en 2024, tras la derrota de Hezbollah, la caída del régimen de Bashar al Asad y los bombardeos israelíes que dañaron severamente los sistemas de defensa iraníes. A ello se suma el programa nuclear iraní, considerado por Israel como una amenaza existencial. El acuerdo internacional para supervisar las actividades nucleares de Teherán quedó virtualmente desactivado, y en 2024 el entonces secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Irán podría producir material fisible suficiente para un arma nuclear en cuestión de semanas. “La situación actual no es positiva”, afirmó entonces. Para Jerusalén, el riesgo no reside solo en una eventual bomba iraní, sino en el efecto dominó que desencadenaría en la región: Arabia Saudí, Egipto y Turquía podrían verse empujados a desarrollar sus propios arsenales nucleares. La posibilidad de un

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Brasil descubre que 13.000 futuros médicos no saben lo mínimo para ejercer

Los brasileños se han familiarizado a toda prisa con el acrónimo Enamed. Corresponde a las iniciales en portugués de un examen nacional con el que el Ministerio de Educación ha evaluado por primera vez la formación de los futuros médicos. Los resultados han escandalizado. Resulta que un tercio de las licenciaturas de medicina analizadas no prepara a los alumnos para ejercer la profesión en unas condiciones mínimas aceptables para el ministerio. También suspende un 25% del alumnado. Resultados que causan alarma y aprensión entre la ciudadanía además de un intenso debate sobre dos cuestiones: la facilidad para implantar facultades universitarias y cómo lograr médicos aceptablemente formados para atender a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos sin Alaska. Ningún otro país tiene un sistema de sanidad pública mayor que el brasileño. La primera edición del examen Enamed evaluó 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, a través de un examen a casi 90.000 alumnos. Suspendieron aquellas universidades con menos del 40% de los estudiantes capaces de demostrar los conocimientos básicos para ejercer como médico. Especial temor y preocupación ha causado el dato de que 13.000 estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial. Es decir, si nada cambia, en breve estarán pasando consulta. El Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo. Las facultades con las peores notas son, sobre todo, de titularidad municipal (creadas y gestionadas por los ayuntamientos) o dependientes de entidades privadas con ánimo de lucro. Más allá del escarnio público, los alumnos no serán sancionados, pero sus escuelas universitarias sí. Tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que es su nota. En 1988, acabada la dictadura, Brasil creó el Sistema Único de Salud (el SUS), la mayor sanidad pública del mundo. Un proyecto extremadamente ambicioso que, con todas sus imperfecciones, significa que la atención médica básica alcanza hasta en el rincón más remoto del territorio mediante un humilde puesto sanitario o un profesional que llega por tierra, mar o aire. “Ningún otro país con más de 100 millones de habitantes osó ofrecer acceso universal a la salud”, recuerda en Folha de S.Paulo Drauzio Varella, uno de los médicos más influyentes del país. Descomunal es el desafío de surtir de médicos ese amplio sistema, sobre todo en las plazas menos apetecibles. La falta de médicos llegó a ser tan acuciante que hubo un tiempo en que había un agitado mercado de fichajes. Los ayuntamientos más alejados competían ferozmente a golpe de chequera. El corporativismo y la politización contaminan muchas discusiones sobre la sanidad brasileña. Como este es un país tremendamente desigual, el extenso brazo público convive con un potente y puntero sector privado. En la pandemia algunos colegios profesionales avalaron la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro. Pero antes de eso, el programa Mais Médicos, con médicos cubanos, levantó ampollas. Incluso en los pueblitos brasileños peor comunicados suele haber un puesto de salud con por lo menos un enfermero. Más difícil es llevar médicos de familia y, peor aún, especialistas a esos municipios. Por eso, en 2013, la entonces presidenta Dilma Rousseff creó el programa Mais Medicos, con el que reclutó a miles de profesionales cubanos dispuestos a instalarse en regiones despreciadas por los profesionales locales, que se concentran en las zonas más ricas. El programa cerró con Bolsonaro, que criticaba que el régimen cubano se quedaba con buena parte del salario de los médicos. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, en 2023, reformuló y amplío el programa Mais Médicos, con preferencia para profesionales brasileños. En estos tres años ha logrado duplicar la cifra de médicos desplegados hasta más de 27.000. Los resultados del examen Enamed ha llevado a los colegios de médicos y otras organizaciones profesionales a poner el grito en el cielo ante lo que consideran “un escenario alarmante”. Un médico sin la formación mínima imprescindible “solicita pruebas incorrectas, hace recetas inadecuadas y, a menudo, recomienda procedimientos [médicos] innecesarios”. “Además de malgastar dinero, perjudica al paciente y aumenta el riesgo de demandas [judiciales] contra los hospitales”, declaró a Folha Francisco Balestrin, presidente de Sindhosp, el sindicato de hospitales, clínicas y laboratorios privados de São Paulo. Ante la polémica abierta, el ministro de Educación, Camilo Santana, defendió que el examen oficial es positivo pese a los malos resultados obtenidos por uno de cada tres cursos. “No se trata de perjudicar a nadie, y menos a los estudiantes, sino de garantizar que las universidades reflexionen sobre la calidad de sus laboratorios y de sus profesionales, para que tengamos buenos profesionales formados en el país”, dijo Santana, del Partido de los Trabajadores. “Para que ustedes se hagan una idea, entre 2016 y 2022, prácticamente se duplicó el número de plazas en cursos privados de medicina en Brasil”, reveló el ministro. A nadie le ha sorprendido que las universidades públicas federales hayan sacado las mejores notas, son universalmente reconocidas como las de mayor calidad. Pero la evaluación de los cursos de medicina también ha puesto en evidencia que el precio de la matrícula puede ser inversamente proporcional a la calidad ofrecida. Las facultades que sacaron 1 o 2 (en una escala 1-5) cobran a cada alumno entre 1.100 y 2.600 dólares al mes, según el detallado análisis de la revista Veja. Una auténtica fortuna en un país donde el salario mínimo es de 313 dólares mensuales. EL PAÍS DE ESPAÑA

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Starlink ya opera en Bolivia, ¿cuánto cuesta este servicio de internet?

El presidente Rodrigo Paz anunció el inicio de operaciones de Starlink en Bolivia, resaltando que con ello se marca un hito en la modernización y ampliación de la conectividad en el país. Según la web oficial de Starlink, el precio del servicio en el país estará entre Bs 400 y Bs 600 al mes, con un pago inicial por el equipo de alrededor de Bs 2.800. El servicio de internet satelital de Starlink ofrece cobertura nacional vía satélites de órbita baja y se espera que mejore la conectividad en zonas rurales y alejadas. Planes de servicio: – Residencial estándar: Bs 610 al mes, con un pago inicial de Bs 2.800 por el equipo. – Residencial lite: Bs 460 al mes, con un pago inicial de Bs 2.800 por el equipo. – Servicio mini para hogar: Bs 610 al mes, con un pago inicial de Bs 2.200 por el equipo. El presidente Paz destacó que la llegada de Starlink es un “salto hacia la modernidad” y dijo que la empresa trabajará en alianza con la estatal Entel para integrar a cada rincón del país. ¿Qué es Starlink? Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, propiedad de Elon Musk. El sitio EcoFlow explica que “el proyecto tiene como objetivo enviar miles de satélites a órbita para llevar internet a cada rincón de la Tierra, incluyendo áreas rurales, desiertos, alta mar, el Amazonas y otras regiones remotas”. EJU TV

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Fiscalía: Contrabandista encargó asesinato de Mauricio Aramayo porque no aceptó soborno de Bs 3 millones

Mauricio Aramayo, exdirector del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) Tarija, se negó a incluir en esa institución a personas sugeridas por M.R. G. (alias el Tuerto), presunto responsable de encargar su asesinato a cambio de Bs 3 millones, según el fiscal departamental, José Ernesto Mogro. En conferencia de prensa, la autoridad hizo varias revelaciones sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Aramayo, ocurrido el pasado 8 de enero “Tenemos información de que se habría ofrecido 3 millones de Bs al señor Aramayo para aceptar la imposición de personal propuesto por el señor M.R., porque era quien manejaba una estructura dentro del Senasag”, afirmó. Explicó que la hipótesis que maneja hasta el momento el Ministerio Público, en base a la prueba documental secuestrada en los diferentes allanamientos, es que de manera objetiva M.R.G. (alias el Tuerto), quien vive en la ciudad de Yacuiba y se dedica al contrabando de trigo, maíz y otros granos hacia Bolivia, actividad que era facilitada por la obtención de guías de movimiento otorgadas por el Senasag. Esta actividad no era reciente; ya venía realizándola desde gestiones anteriores y, por ello, intentó continuar con el control del contrabando de estas mercancías. “A partir de ello procede a intentar sobornar al señor Mauricio, en los días que estuvo a cargo del Senasag Tarija, y ante la negativa del señor Mauricio, lamentablemente procede a contratar a estas personas y segarle la vida”, afirmó. Amenazas contra Mauricio Aramayo Mogro sostuvo que se cuenta con las pruebas testificales, tanto de amigos como también de personas que han trabajado y otras que continúan trabajando en el Senasag, quienes conocen este tipo de amenazas, también se tiene la declaración testifical de M. R G., quien se habría presentado en oficinas del Senasag Tarija, donde procedió a amenazar al ahora fallecido. Precisó que el Ministerio Público junto a la Policía Boliviana procedieron a realizar distintas acciones investigativas, que permitieron establecer que el asesinato de Aramayo no fue un hecho ocurrido al azar, por el contrario, “es un hecho planificado”. El Ministerio Público ha logrado colectar indicios que nos permiten asegurar que estas personas habían sido contratadas en Yacuiba, días antes de cometer el hecho, los autores materiales han sido plenamente identificados y se pudo establecer que se trasladaron días antes a la ciudad de Tarija, para realizar el seguimiento a la víctima, informó. Está comprobado que arribaron el 5 de enero del presente año y que hicieron un seguimiento por cuatro días a la víctima, para ellos utilizaron motocicletas y vehículos que han sido plenamente identificados, se tiene el lugar donde pernoctaron, que se encuentra fuera de la ciudad de Tarja, pero que ya ha sido identificado, sostuvo. El lugar donde se habrían reunido estas personas para planificar el hecho es una “gallera”, dijo, es un lugar donde se realizan peleas de gallos, en Yacuiba, además “se han secuestrado cámaras de seguridad porque queremos ver quiénes han sido las personas que han intervenido y por ello es que a la fecha se encuentran alrededor de 15 teléfonos celulares secuestrados, como también alrededor de 10 DVR que van a ser peritados”. Los cuatro aprehendidos El fiscal departamental dijo que estas personas han sido identificadas, es decir que los aprehendidos, entre ellos, el ciudadano de nacionalidad uruguaya M.A.C.E, C.A.R.P y J.A.G.R , quien ya fue identificado como la persona que conducía la motocicleta, al momento de quitarle la vida a Aramayo, además del presunto autor intelectual M.R.G. Por otro lado, informó que se realizaron 11 allanamientos: seis en la ciudad de Yacuiba y cinco en la capital de departamento. En Yacuiba se ha intervenido el domicilio de M.R.G., quien de acuerdo a todos los indicios que se tienen colectados como documentación, una caja fuerte hasta el momento, se trataría de la persona que hubiese contratado los servicios del sicario. En cuanto a la participación de J.G.R, quien vive en la ciudad de Tarija, se habría encargado de la logística en Tarija, “vale decir conseguir el inmueble donde iban a pernoctar estas personas, el arma de fuego y también la motocicleta, y fue también la persona encargada de hacer desaparecer estas evidencias”, según Mogro. Se ha procedido al allanamiento del domicilio de esta persona, donde se ha procedido a secuestrar vainas de arma de fuego, que están siendo debidamente peritadas también se ha procedido a colectar el celular que habría sido roto, al momento de abandonar su domicilio, informó. En el lugar, también se ha procedido a secuestrar sustancias contraladas, y se ha abierto un proceso en el marco de la Ley 1008 contra J.G.R y contra la dueña del inmueble, que es la madre, conforme lo establece el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, según Mogro. También se logró establecer que C. A. R. P., según el fiscal departamental, “es la persona que traslado al sicario nacionalidad uruguaya, desde Yacuiba a Tarija de y también que era el “encargado de devolverlo hasta la ciudad de Yacuiba, gracias a la Policía pudieron ser aprehendidos cuando se trasladaban a Yacuiba, exactamente en Entre Ríos”. Presunto asesino quiere proceso abreviado Por otro lado, el fiscal informó que el 20 de enero, se recibió del imputado M. A. C. E., un memorial presentado por su defensa en el que solicita acogerse a un procedimiento abreviado, “es decir que él ha reconocido su participación, pero el Ministerio Público en este momento se encuentra realizando la evaluación de su va a aceptar esta o no”, manifestó. Sostuvo que el compromiso del Fiscal General del Estado es dar no solamente con los autores materiales, sino también dar con los autores intelectuales de este hecho, a la fecha, ya se presentaron 20 personas a prestar su declaración y se espera que sean convocadas otras más. VISIÓN 360

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Diputado Rojas: “si bajamos los sueldos va a haber una fuga de talentos”

El diputado del PDC, Manolo Rojas, advirtió que de bajarse los sueldos parlamentarios habría una “fuga de talentos” de personas preparadas en la Asamblea Legislativa. Rojas se pronunció a tiempo de cuestionar la iniciativa del senador Nilton Condori, de bajar a más de la mitad los sueldos de los parlamentarios. “Si bajamos los sueldos va a haber una fuga de talentos. Los grandes profesionales que se preparan en la carrera política, que se preparan para estar en el congreso, no quedarán a ser parte porque habrá aspectos más beneficiosos económicamente para ellos como profesionales”, manifestó. Según Rojas, de reducirse los salarios parlamentarios, sólo poderosos podrían optar por estos cargos, dado que no les importaría tener un sueldo ínfimo. “Esto se convertirá en un legislativo de los más ricos”, aseveró. Dijo que logias están interesadas en que gente humilde y preparada no puedan llegar a la Asamblea. “Entonces creo que el senador Nilton Condori no ha observado este aspecto, no ha tenido el agrado y el motivo para poder hablar con él. Pero también lo convoco a un debate para que de cara al pueblo podamos discutir aquello”, agregó el diputado. En octubre del año pasado, Rojas dijo que estaba de acuerdo con la reducción de 50% de salarios en el Legislativo mientras dure la crisis. «Sería loable que nos bajemos el sueldo». ERBOL

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