El rey Carlos III forzó esta semana el traslado de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, desde Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en el parque de Windsor, a una residencia más pequeña en el dominio privado de Sandringham, en un movimiento precipitado por una nueva oleada de documentos vinculados a Jeffrey Epstein y por la reactivación de pesquisas policiales en el Reino Unido.
Los nuevos materiales difundidos en Estados Unidos —atribuídos a una tanda reciente de archivos del Departamento de Justicia— incluyen indicios de que Andrés habría mantenido contacto con Epstein después de su condena de 2008, un punto que reabre preguntas sobre el alcance de su relación.
El cambio se ejecutó de noche, una señal de la urgencia con la que la Casa Real busca contener el daño reputacional que vuelve a golpear a la monarquía.
El traslado coincide con la evaluación policial de una denuncia adicional: abogados de una mujer no británica sostienen que Epstein la habría enviado al Reino Unido en 2010 para un encuentro sexual con el entonces príncipe en Royal Lodge. La información fue divulgada por su abogado, Brad Edwards, en declaraciones recogidas por la BBC y amplificadas por medios británicos. La policía confirmó que está “evaluando información” relacionada con el caso.
En paralelo, France 24 informó —en una nota basada en documentos— que Epstein habría ofrecido presentar a Andrés a una mujer rusa, un detalle que alimentó la presión pública y política.
La situación reaviva una disputa interna de meses sobre Royal Lodge: Andrés sostenía un contrato de arrendamiento a largo plazo y había resistido intentos de su hermano por reubicarlo.
Andrés abandonó la vida pública en 2019 y en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor, acusaciones que él negó. Giuffre murió el año pasado.
El caso vuelve a colocar a la Casa Real bajo escrutinio en un momento de sensibilidad política para Londres. The Guardian señaló que ministros han incrementado la presión para que Andrés coopere con investigaciones en Estados Unidos, mientras la institución insiste en reforzar protocolos y evitar nuevas filtraciones o daños colaterales.
Dejar Royal Lodge en Windsor significa que Andrés pierde el derecho a ocupar esa mansión histórica, que disfrutaba desde hace años casi sin pagar alquiler. En la práctica, Carlos III le está retirando uno de los últimos privilegios materiales que conservaba tras haber sido apartado de la vida pública. En 2025, Carlos III ya había despojado a Andrés de todos sus títulos nobiliarios y funciones públicas.
La familia de Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles del caso Jeffrey Epstein, expresó indignación por la forma en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó recientemente millones de documentos relacionados con el financiero.
Aseguran que la difusión no protegió adecuadamente a sobrevivientes y que, por el contrario, expuso identidades y detalles íntimos que pueden resultar retraumatizantes.
Las críticas se dan tras la última liberación de archivos ordenada por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que exige divulgar expedientes vinculados a Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell, indicó CBS News.
Según informó The Associated Press, los abogados expusieron ante un juez de Nueva York que la vida de casi 100 víctimas había quedado “trastocada” por una edición descuidada.
Un portavoz del DOJ dijo a CBS News que la institución “se toma muy en serio la protección de las víctimas” y que ha censurado miles de nombres en millones de páginas.
¿Permiten los archivos procesar a alguien?
En su revisión, el fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que los archivos recientes “no nos permiten necesariamente procesar”.
La familia de Giuffre rechaza esa conclusión y pide el mismo estándar que se aplicó a las víctimas. “Han declarado bajo juramento ante el Congreso; pediríamos lo mismo a los hombres posiblemente nombrados”, sostuvo Sky Roberts.
En un comunicado conjunto, 20 sobrevivientes y familiares, entre ellos Sky y Amanda Roberts, afirmaron que el público “aún no tiene la verdad completa” sobre quién permitió, quién participó y quién fue protegido durante años.
Los Roberts adelantaron que asistirán a una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde se espera el testimonio de la fiscal general Pam Bondi.“¿Por qué no debería ser declarada en desacato?”, cuestionó Sky Roberts, al reclamar que la palabra clave que falta es justicia. “Queremos más respuestas”,
AGENCIAS
