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El 30 de marzo de 2026, una jaguar hembra de aproximadamente seis meses fue recibida en el Refugio de Animales Senda Verde, tras un operativo que incluyó un traslado aéreo desde Santa Cruz y otro terrestre hasta Coroico. Rescatada el 14 de marzo de un domicilio particular por un equipo de la Direccion de Recursos Naturales (DIRENA) de la Gobernación de Santa Cruz, con apoyo de Bomberos Jenecheru y FV-Feroz, la pequeña se encontraba en estado crítico: desnutrida, aterrorizada y con más de 90 perdigones en su cuerpo, además de severas lesiones en una pata y la mandíbula. Se presume que su madre fue asesinada en el mismo acto de violencia. Gracias al trabajo coordinado entre autoridades, profesionales y colaboradores, logró estabilizarse. Tras una evaluación exhaustiva, se definió su traslado a Senda Verde, donde recibirá atención especializada a largo plazo. Agradecemos profundamente a DIRENA, a BOA, a SEMEVET, al Gobierno de La Paz, y a cada veterinario, asistente y voluntario que hizo posible este rescate y traslado al refugio. Un reconocimiento especial al Director de DIRENA, Adrian Arturo Arispe Torrez y a todo su equipo tecnico, a Christian Alba y al Dr. Fidel Fernández por su dedicación incansable. Este caso es un ejemplo extraordinario de lo que puede lograrse cuando personas e instituciones trabajan de manera conjunta, organizada y comprometida hacia un objetivo común. En medio de una historia de violencia, emerge una red de humanidad, cooperación y esperanza. Sin embargo, no podemos ignorar el trasfondo de esta historia. Esta inocente criatura es también un símbolo de una crisis más amplia. Nuestra biodiversidad está siendo destruida a un ritmo alarmante. Los ecosistemas están colapsando, y especies emblemáticas como el jaguar enfrentan amenazas crecientes. Bolivia, un país de riqueza natural incomparable, se encuentra hoy en una encrucijada ambiental. SENDA VERDE

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, expresó su preocupación tras el traslado de ocho privados de libertad desde Santa Cruz al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, seis de ellos presuntamente vinculados al caso Sebastián Marset. La activista cuestionó la decisión de derivar a este grupo a un recinto que ya enfrenta limitaciones, con cerca de mil internos y evidentes condiciones de hacinamiento, lo que agrava la situación tanto para los reclusos como para quienes deben resguardar el lugar. Ugarte advirtió que esta medida deja en indefensión al personal policial, que trabaja con recursos insuficientes y sin el refuerzo necesario para garantizar la seguridad. Recordó que desde gestiones anteriores se solicitó mayor equipamiento y más efectivos del verde olivo, demandas que, según señaló siguen sin ser atendidas, mientras crece la presión en uno de los penales más sensibles del país. YENNY TICONA-RTP

Autoridades originarias de la comunidad Milluni Bajo, en el Distrito 13 de El Alto, se declararon en emergencia y alertaron a la población sobre la venta ilegal de terrenos en una extensión de 1.720 hectáreas que les pertenece de manera comunal. Mientras el proceso de saneamiento individual continúa en curso, los dirigentes denuncian que personas inescrupulosas ofrecen lotes con documentos falsos, aprovechando la necesidad y la confianza de compradores desprevenidos. La situación se agrava con la presencia de más de un centenar de construcciones ilegales que buscan consolidarse en el sector. Según dirigentes de la comunidad el jilakata Justino Condori y secretario general, Luis Quispe, los avasalladores no solo utilizan documentos irregulares, sino que también recurren a la fuerza y a la intimidación mediante presuntos antisociales para tomar predios, pese a existir anotación preventiva. La comunidad exige una investigación exhaustiva del Ministerio Público y llama a la reflexión colectiva para frenar estos abusos que ponen en riesgo la propiedad comunal y la seguridad de sus habitantes. YENNY TICONA-RTP

Un pastor evangélico perdió la vida tras recibir el impacto de una bala perdida durante un hecho violento registrado el viernes al mediodía en inmediaciones del mercado central de Bulo Bulo. La víctima fue identificada como Teófilo Choque Copacalle, de 49 años, quien se encontraba en el lugar cuando se produjo un altercado entre terceros que derivó en un tiroteo. De acuerdo con la información actualizada, el religioso no era el objetivo del ataque, sino que fue alcanzado de manera fortuita por uno de los disparos. Imágenes de video que circulan en redes sociales muestran que, instantes previos al hecho, se registró una discusión en el sitio. En el material audiovisual se observa a un sujeto sacar un arma de fuego y comenzar a disparar, generando pánico entre comerciantes y personas que se encontraban en el mercado. Según los primeros reportes, los autores del hecho serían dos individuos aún no identificados, quienes se encontraban a bordo de un vehículo tipo Noah de color blanco, sin placa de control. Tras efectuar los disparos, ambos se dieron a la fuga con rumbo desconocido en el mismo motorizado. El pastor fue auxiliado y trasladado de emergencia al Centro de Salud de Bulo Bulo; sin embargo, debido a la gravedad de la herida provocada por el proyectil, falleció poco después de su ingreso. El hecho ha causado profunda consternación entre los vecinos de la zona y miembros de su congregación. Hasta el momento, las circunstancias y el móvil del ataque no han sido esclarecidos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. EL DEBER

Un Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Alto impuso una condena de 25 años de cárcel contra el fotoperiodista Álvaro Valero por el delito de violación, pena que deberá cumplir en el penal de Chonchocoro. La sentencia fue emitida tras más de 14 horas de audiencia de juicio oral, en las que el tribunal valoró pruebas testimoniales y periciales presentadas durante el proceso. La decisión judicial establece la responsabilidad penal del acusado en el denominado caso Nadia, que generó amplia atención pública. La información fue confirmada por el colectivo Mujeres Creando, que acompañó el caso. Según se reportó, la condena incluye agravantes, lo que derivó en la pena máxima impuesta. El caso se remonta a septiembre de 2024 en la ciudad de El Alto, cuando Nadia A. O., periodista titulada de la Universidad Mayor de San Andrés, denunció haber sido víctima de violación por parte de un excompañero de trabajo. De acuerdo con su entorno cercano, la joven enfrentó un prolongado proceso en busca de justicia, marcado por presuntas negligencias institucionales que afectaron su estado emocional hasta quitarse la vida. Durante el juicio, el tribunal determinó que las pruebas presentadas fueron suficientes para establecer la culpabilidad de Valero. En contraste, se concluyó que no existían elementos que sustenten la acusación contra Nathaly C., por lo que fue absuelta de todos los cargos. El proceso judicial se convirtió en un caso emblemático debido a la atención de organizaciones de periodistas y colectivos feministas, que exigieron justicia y seguimiento a la investigación. ERBOL