La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) condenó las agresiones cometidas por policías contra periodistas, durante la cobertura al accidente aéreo suscitado en el viernes en la ciudad de El Alto. Los trabajadores de la presenta, además, fueron agredidos y hostigados por civiles que intentaban apoderarse del dinero que transportaba la aeronave. Los hechos se registraron durante la cobertura al lamentable accidente del avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que dejó 22 muertos y 37 heridos, cuyas causas aún se investigan. Agresión de civiles “Mientras equipos periodísticos realizaban la cobertura del accidente, personas que intentaban apropiarse del dinero transportado, atacaron a la prensa con inusitada violencia. Una unidad móvil de Bolivia TV fue objeto de agresiones directas, poniendo en riesgo la integridad física de su personal técnico y de prensa. Asimismo, periodistas de otros medios de comunicación fueron atacados a pedradas, sufriendo graves heridas en el ejercicio de su labor”, señala parte del comunicado emitido por ANPB. En contacto con EL DEBER, la presidente de la representación de los trabajadores de la prensa, Zulema Alanes, confirmó que las nueve asociaciones de periodistas expresaron su preocupación y condena por los actos violentos perpetrados contra el personal de los medios de comunicación, quienes cumplían labores informativas en el lugar del siniestro durante estos días. Asimismo, deploró la “actitud represiva y violenta de funcionarios policiales y fiscales” que agredieron a fotoperiodistas e impidieron su trabajo, pese a estar acreditados. Agresiones policiales Por su lado, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) también emitió un comunicado para “expresas su enérgico repudio a la agresión física y a la restricción del trabajo periodístico ejercidas por miembros de la Policía Boliviana contra un fotoperiodista de una agencia internacional de noticias”. Según el comunicado, el fotoperiodista fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro y, pese a portar su cámara profesional y exhibir su credencial, fue agredido por un efectivo policial (ya identificado) que en reiteradas ocasiones le impidió cumplir su labor, llegando incluso a proferirle agresiones verbales y físicas. Según el testimonio recabado, el policía golpeó al fotoperiodista en el pecho, intentó expulsarlo de la zona mediante empujones y jalones, e incluso lo atenazó del cuello con la mano para impedir que captara imágenes del avión, de los vehículos siniestrados y de las personas que, a pocos metros, intentaban recoger parte de la carga dispersa en el lugar. “Asimismo, el policía estuvo a punto de trasladarlo por la fuerza a un vehículo oficial, lo que no se concretó gracias a la intervención de otros periodistas. De acuerdo con testigos, la acción fue vehemente y con la intención de dañarlo”, detalla el pronunciamiento. En ese contexto, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que se criticó el actuar del policía y anunció el inicio de una investigación sobre esta agresión. Tal como lo expresaron las dos representaciones de periodistas, EL DEBER constató los actos de agresión tanto por parte de civiles como de funcionarios policiales, de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas contra periodistas. Estos actos limitaron la labor informativa e incurrieron en graves vulneraciones a los derechos que asisten a los trabajadores de la prensa, plasmados en la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales. Respaldo Tanto la ANPB como la ACPI expresaron su respaldo a los trabajadores de la prensa que también sufrieron agresiones y pedradas por parte de personas que intentaban apoderarse del dinero que transportaba la nave militar. Asimismo, se solidarizaron “con las familias de las personas afectadas en este momento de profundo dolor para el país”, con la esperanza de que su trabajo ayude a esclarecer las circunstancias de esta fatalidad, de manera pronta, transparente y efectiva. Alanes concluyó que, en el caso de fiscales, policías y militares, las actitudes violentas que estos funcionarios comenten contra periodistas, muchas veces son encubiertas de forma sistemática y estructural, al tratar de justificar las agresiones con informes tergiversados en los que se estigmatiza a los comunicadores y su labor. Advirtió que la ANPB tiene los medios legales para hacer respetar los derechos de los trabajadores de la prensa, incluso si estos tratan de ser vulnerados por funcionarios de Gobierno o el propio Estado. EL DEBER
