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El juez Víctor Hugo Claure (foto), la fiscal Mónica Von Borries, el intervento del Banco Fassil, Alberto Colodro y el diputado Edmundo Salazar murieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Cuatro nombres que recuerdan que, en Bolivia, enfrentarse a lo ilegal sigue siendo mortal. Bolivia despertó el 1° de Mayo con la noticia  de que un sicario asesinó a Víctor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, en un barrio residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  Según Mongabay, el juez recibió cuatro disparos cuando estaba en el interior de un vehículo de servicio público cerca de la medianoche. La Policía Boliviana y la Fiscalía General del Estado investigan el hecho- El medio señala que las autoridades presumen que el asesinato estaría vinculado a decisiones del magistrado en torno al conflicto de tierras que se extiende en Bolivia. El magistrado fue interceptado cerca de la medianoche del jueves por dos hombres en una motocicleta.  Uno de los atacantes bajó del vehículo y de inmediato le disparó. Luego, el sicario huyó con su cómplice, según quedó registrado en cámaras de seguridad. “No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”. Es la dura frase que lanzó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien dijo sentir “impotencia y bronca” al denunciar una “ausencia de Estado” en temas de seguridad“. expresa ese medio. Además, informó que la Policía Boliviana intensificó los operativos en todo el departamento de Santa Cruz para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato. Claure fue elegido como magistrado del Tribunal Agroambiental en las elecciones judiciales de 2024. Por su trayectoria y antigüedad, fue designado como decano de la institución. Un decano en Bolivia es el segundo al mando después del presidente o presidenta de un tribunal. Sus funciones incluyen la supervisión institucional, monitoreo de juzgados agroambientales y apoyo en la labor jurisdiccional. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también se refirió a este hecho y pidió evitar especulaciones y esperar los resultados de la investigación. “Tuvimos una conexión directa con el ámbito de seguridad para que me den la información, y de ahí pedí todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación”, escribió el mandatario en sus redes. Sobre el tema, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia condenó el asesinato del magistrado Claure y pidió que se efectúe una investigación «pronta y exhaustiva» para identificar a los responsables del crimen. El organismo internacional también expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, apareció muerto el sábado 27 de mayo de 2023.En ese entonces, se dijo que el interventor “cayó” del piso 15 de su oficina en el edificio Ambassador, en la zona de Equipetrol de Santa Cruz. “El médico forense de turno establece como causas directas del fallecimiento con carácter inicial: shock traumático; segundo, laceración múltiple de órganos internos; y tercero, politraumatismo por precipitación”, había expresado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Por su parte, el abogado de la familia de Colodro, Jorge Valda, manifestaba que existían muchas preguntas en torno a esta tragedia. Había señalado que el interventor era amenazado y se sentía atemorizado. “Ahora toda la familia está con mucho temor y eso se tiene que investigar. Al presente tenemos múltiples hipótesis no podemos descartar ninguna, pero no podemos asumir una posición simplista de que habría sido un suicidio”. El Gobierno boliviano concluyó que la muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Colodro, fue un «suicidio» y descartó la participación de otras personas en ese suceso, según publicó EFE «Hemos investigado todas y cada una de las hipótesis» y «todos los elementos periciales técnicos han demostrado que ha sido un suicidio», declaraba el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa. Mientras tanto, la esposa del interventor del Banco Fassil indicó que él murió preocupado por cumplir con los funcionarios de la entidad. “Él era una persona muy responsable, ustedes saben. Cumplió con su trabajo hasta el último momento y ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil”. Antes del fallecimiento del interventor, se descubrió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó a más de 50 empresarios y empresas que accedieron a Bs 2.068.261.565 en créditos del exbanco Fassil y que fueron desviados, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, a la cuenta de Santa Cruz Financial Group. Se identificaron a las siguientes empresas: Ferrotodo, Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda, Conserso, Empresa Serebo, Mecpetrol, Empresa Saltos, Grupo Macororo, Caramelos Watts, Urbanización Celina, Paper King, Empresa ESE, Sempar SRL y Ms Inversiones. Caso Diodato Según el portal web Inmediaciones, el caso de la fiscal Mónica Von Borries, fue el primer atentado contra una autoridad del Ministerio Público en Bolivia. Ella falleció el 27 de febrero de 2004 tras la explosión de su vehículo. Investigaba al empresario italiano Marco Marino Diodato. Esta historia, según Opinión, inició mediáticamente el 17 de junio de 1999, cuando fue detenido por la Policía. Una semana después fue acusado de espionaje telefónico, funcionamiento de casas de juego de azar clandestinas, tráfico de armas y lavado de dinero. También se dijo que Diodato hizo campaña electoral a favor de Banzer, lanzándose en paracaídas con un letrero que decía “voten por ADN”, y que tenía amigos en el Gobierno de aquel entonces, se lee en el portal web. El asesinato ocurrió cuando la fiscal salió de su residencia rumbo a su oficina en el Ministerio Público de Santa Cruz. Subió a su automóvil que se encontraba estacionado frente a su puerta. Pocos segundos después, se produjo la explosión. El vehículo quedó destrozado y envuelto en llamas. El estruendo de la explosión se escuchó a varias cuadras de distancia. La agencia EFE publicó en marzo de 2006, un tribunal boliviano declaró inocente al español Javier Villanueva del asesinato de la fiscal Von Borries.

El presidente Rodrigo Paz se solidarizó con la familia del magistrado asesinado, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz y pidió a la población esperar los resultados de la investigación antes de emitir conclusiones o especulaciones sobre el hecho. “Toda la solidaridad con la familia, pero ahí pediría un respeto de investigación. (…) Pedí, por favor, todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación. La verdad siempre es un instrumento transformador y la especulación nos hace mucho daño a los bolivianos. Entonces, (…) veamos cuáles son los resultados de la investigación”, expresó el mandatario. La noche del jueves el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado en Santa Cruz. El Ministerio Público confirmó que recibió cuatro impactos de bala, mientras la Policía apunta a un posible conflicto por tierras como una de las hipótesis del caso. Paz afirmó que ya se instruyó a las instancias correspondientes para garantizar el desarrollo del proceso investigativo, señalando que se deben dar todas las condiciones al sistema judicial para esclarecer el crimen ocurrido recientemente. Por otro lado, el mandatario señaló que existe una “inseguridad sobre la realidad del país” y acusó que durante los últimos 20 años se habrían establecido vínculos entre el poder político, la corrupción y las mafias. Sostuvo que su gestión enfrenta un costo alto al intentar combatir estas prácticas, y que ya se están procesando exautoridades señaladas por presuntos daños al Estado. ERBOL

A casi una década de haber estallado el caso Banco Unión, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz realizó este martes la apertura de juicio contra el principal acusado del desfalco Juan Pari Mamani y sus presuntos colaboradores. En la audiencia, se había solicitado someter a Pari a procedimiento abreviado con una sentencia de 14 años, pero el tribunal decidió rechazar ese pedido, bajo el argumento de que en el juicio podrían salir a la luz más elementos que podrían desvirtuar o agravar la situación del imputado. Pari fue trasladado desde el penal de El Abra de Cochabamba para el juicio. También el tribunal rechazó otras tres solicitudes de procedimiento abreviado que realizaron otros acusados. Según la investigación, Pari cometió el desfalco entre 2016 y 2017, cuando jefe de operaciones en las agencias Batallas y Achacachi del Banco Unión. Habría accedido al sistema sin autorización, simulando la transferencia hacia un cajero automático inexistente, logrando apropiarse de 37,6 millones de bolivianos. Habría intentado lavar el dinero con la compra de bienes inmuebles en varias zonas y vehículos de lujo. También habría financiado viajes, incluido el alquiler de aviones privados, y estableció varios negocios como de renta de autos, construcción, curtiembre, discoteca, canal de televisión, entre otros. El abogado de uno de los detenidos por el caso de Juan Pari, Eusebio Vera, estuvo en Que No Me Pierda (QNMP) para hablar sobre el desfalco millonario al Banco Unión. En la oportunidad, explicó que, aunque no se ha logrado recuperar el total de los 37 millones de bolivianos robados, se han incautado varios bienes y vehículos, que serán monetizados una vez concluya el juicio. Los vehículos a los cuales me refiero están secuestrados y están incautados. Una vez que concluya el juicio, se procederá a monetizarlos para recuperar parte de la deuda”, explicó el abogado. Avances en la investigación Aunque aún no se dispone de una cifra exacta sobre cuánto dinero se ha recuperado, Vera destacó que se ha avanzado en el proceso de incautación de bienes de Juan Pari en diferentes ciudades, como La Paz y Cochabamba. “No tengo el dato exacto, pero se han incautado varios bienes y vehículos, lo cual será fundamental para la recuperación económica del banco”, indicó Vera. El juicio entra en cuarto intermedio El juicio, que se está llevando a cabo en contra de Juan Pari por el robo de 37 millones de bolivianos, entró en cuarto intermedio tras la presentación de varios incidentes y excepciones por parte de los acusados. La audiencia se reanudará el 18 de mayo para continuar con el análisis de las pruebas y las declaraciones de las partes involucradas. Declaraciones sobre el juicio Eusebio Vera también mencionó que la defensa sigue confiando que la defensa de Pari sea exonerado de los cargos, ya que, según el abogado, los errores cometidos por la Fiscalía durante la investigación han sido claros. La defensa está a la espera de la sentencia del juicio, con la esperanza de que el caso termine de forma favorable para Pari. ERBOL Y EJUTV

Un conscripto fue enviado con detención preventiva a la cárcel, mientras que otros cinco militares recibieron detención domiciliaria, en el marco de las investigaciones por la sustracción de armamento del Batallón “Independencia” de la Armada en el departamento de La Paz. Por este hecho se produjo la aprehensión de seis personas por el delito de hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial. En la audiencia cautelar, la autoridad judicial dispuso la detención domiciliaria para un teniente, un alférez, dos sargentos y uno de los conscriptos, informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez. El segundo conscripto fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, al ser considerado el principal implicado en la sustracción del armamento. De acuerdo con la investigación fiscal, la mayor parte del armamento robado fue hallado en un cementerio de la zona de Tilata. No obstante, aún falta ubicar un fusil AKT-56, dos pistolas y una cantidad de municiones. E Torrez detalló que las pesquisas evidenciaron fallas en la seguridad del recinto militar, entre ellas cámaras que no funcionaban y la ausencia de un muro perimetral completo, lo que habría facilitado el ingreso y salida de los implicados. Asimismo, se investiga la participación de ciudadanos extranjeros que habrían ingresado al cuartel utilizando uniformes militares. Estas personas, según el informe fiscal, habrían aprovechado la inexperiencia de un conscripto para convencerlo de que eran relevos y se retire del lugar. ERBOL