26 de febrero de 2026

La Fundación Tierra examina el proyecto de Ley 157 que se encuentra en el Legislativo. La institución advierte que la conversión de pequeña a mediana propiedad puede romper dinámicas culturales ligadas a la tierra, que hay riesgo de ampliar la frontera agrícola y “blanquear” predios que evadieron la FES, que quedará suspendida por 10 años. Aquì las 12 preguntas de Fundación Tierra 1. ¿Qué plantea el Proyecto de Ley N° 157/2023-2024? El proyecto de ley propone habilitar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad en mediana propiedad mediante un procedimiento excepcional y alternativo al régimen jurídico vigente para la clasificación de la propiedad agraria en Bolivia. Para comprender su alcance es importante distinguir algunos conceptos: • La pequeña propiedad agraria está orientada al sustento del productor y su familia, vale decir, cumple una función social y, por lo tanto, es divisible, inembargable, irreversible y no está sujeta al pago de mpuestos. Su tamaño puede variar en función de la actividad realizada y la zona especifica del país donde esté localizada. En el caso de las tierras bajas del país, la pequeña propiedad agricola puede llegar a tener como máximo 50 hectáreas, mientras que la pequeña propiedad ganadera tiene un tamaño máximo de 500 hectáreas en la misma zona. • Por otro lado, la mediana propiedad agraria, que en tierras bajas puede llegar a tener 500 o 2500 hectáreas si se dedica a la agricultura o a la ganadería respectivamente, es entendida como aquel predio que, además de sustentar a la familia del propietario, está destinado a la producción para el mercado. Por ello, la mediana propiedad agraria puede dividirse e hipotecarse; odemós, debe pagar impuestos y es susceptible a la verificación de la Función Económico – Social (FES) cada dos años. Con base en estas definiciones se intentó justificar el proyecto de ley afirmando que permitirá el acceso a crédito para miles de productores en Bolivia. 2. ¿Cuáles son las modificaciones añadidas por la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado? Dicha comisión ha introducido modificaciones de fondo al Proyecto de Ley N° 157/2023-2024 que consisten en: a. La eliminación de la demostración de producción agropecuaria. La conversión de pequeña a mediana propiedad se basa únicamente en la declaración jurada del propietario y dejo de lado otros elementos objetivos como el valor económico del predio o sus niveles de producción. Peor aún, descarta la demostración de incremento de los volúmenes de producción agropecuaria de manera sostenida y sustentable por parte del propietario, que es necesaria para demostrar ante el Estado que la pequeña propiedad en cuestión tiene las condiciones como para ser considerada mediana propiedad (Artículo 4. II.) b. La aplicación de la ley sin más trámite. Se elimina la verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En su lugar, se dispone trámite gratuito a simple solicitud escrita y declaración jurada voluntaria del propietario (Artículo 4. I.) c. La conversión en 10 días. Modifica el Artículo 3 para que el INRA realice la conversión “en un plazo máximo de 10 días”. d. La postergación de la Función Económico – Social (FES) por 10 años. Se establece que las pequeñas propiedades convertidas a mediana propiedad recién estarán sujetas a verificación de la FES 10 años posteriores a su conversión (Artículo 4. III.). Estos ajustes reducen el rol del INRA a un mero tramitador administrativo, debilitando su función de verificación de la FES y de protección de la pequeña propiedad. Esto abre la puerto a procesos de legalización exprés que favorecen intereses privados por encima del mandato constitucional de redistribución y control social de la tierra. Los cambios propuestos también reflejan el rechazo del sector agroindustrial a cualquier intento de verificación de la FES de la propiedad en el país. 3. ¿Es verdad que el Proyecto de Ley N° 157/2023-2024 beneficiará a más del 90% de los productores del país? Los promotores sostienen que el proyecto de ley favorecerá a más del 90% de los pequeños productores del país; sin embargo, las cifras no sustentan esta afirmación. Asumiendo que la cantidad de pequeñas propiedades agrarias refleja en buena medida la existencia de pequeños productores en el país, la información estatal muestra que en Bolivia existen 1,4 millones de pequeñas propiedades que suman un total de 9,4 millones de hectáreas. La gran mayoría de estas parcelas se encuentran en departamentos de valles y altiplano como la Paz, Cochabamba y Chuquisaca, zonas en general caracterizadas por elevados niveles de pobreza, con una marcado presencia de minifundios. Especificando más el análisis, un 74% de estas pequeñas propiedades son parcelas minifundiarias que miden menos de dos hectáreas (0,43 hectáreas en promedio] y que, por sus propias características en cuanto a bajos precios, tamaño y calidad, no son susceptibles de convertirse voluntariamente a mediana propiedad y menos aún, en un activo que pueda ser hipotecado para acceder a créditos productivos bancarios. Por lo tanto, no es cierto que la mayoría de los pequeños productores del país serán beneficiados con el proyecto de ley. En realidad, la mayoría será excluida de su alcance por la elevada presencia de minifundio en las tierras altas de Bolivia. 4. ¿El acceso a crédito hipotecario resolverá el problema de la pobreza y el desarrollo en el área rural del pais? La generación de condiciones de crecimiento y desarrollo en el área rural del país no solo depende del acceso a crédito hipotecario, sino también de asistencia técnica, infraestructura, acceso a mercados, calidad de suelos, acceso a agua, etc. Es un error plantear que la posibilidad de acceder a préstamos, hipotecando las tierras, es la única y más determinante condición para capitalizar la pequeña producción agropecuaria. Es más, ya sea en tierras altas o en tierras bajas, el acceso a crédito se ha resuelto de diversas formas, sin la necesidad de tener que hipotecar las tierras, acudiendo al sistema bancario o por fuera del mismo, como, por ejemplo, con empresas prestadoras de servicios, acopiadoras o intermediarias o instituciones de

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó al Gobierno un paquete de proyectos estratégicos que abarcan conexión vial, férrea, fluvial y aeroportuario. La propuesta se dio en el marco del Congreso Empresarial Cochabamba 2026 – Inversión, Integración y Oportunidades para Todos, con la presencia del presidente Rodrigo Paz y gran parte de su Gabinete. Una de las propuestas es la Doble Vía Caracollo – Colomi, de 103 kilómetros, con una plataforma de 26 metros, pavimento rígido de 25 centímetros, distribuidores estratégicos y separación de tránsito pesado-urbano. Se prevé una reducción estimada de tiempos de entre el 20% y el 30% en el eje occidente-oriente y mayor seguridad vial. Mientras tanto, el corredor Cochabamba – Beni considera una distancia actual de 1.070 kilómetros, que con el corredor director disminuiría a 540 kilómetros, es decir, entre 49% y 50% de reducción. El tiempo de tránsito bajaría de entre 48 y 72 horas a entre 18 y 24 horas. El costo logístico se reduciría entre 35% y 45%; mientras, las exportaciones amazónicas aumentarían entre 25% y 35% en cinco años. El proyecto carretero Aguirre – Kaluyo – Santiváñez – Vila Vila toma en cuenta componentes como la pavimentación estructural, protección de derecho de vía y consolidación del puente Vila Vila. El impacto estructural se refiere a la reducción directa de costos industriales y conectividad logística al polo productivo. La vía Cochabamba – Potosí, de aproximadamente 100 kilómetros, propone la integración de un corredor ‘minero del sur’, la articulación interdepartamental y un flujo exportador más eficiente. Quillacollo – Covendo es otro de los proyectos, lo que coadyuvaría a la conectividad hacia el occidente, como alternativa a la actual ruta. FÉRREA Por otro lado, está la conectividad férrea estratégica para reactivar el ferrocarril nacional. Para esto, se toma en cuenta la importancia de la reactivación y extensión de líneas férreas como eje del sistema logístico nacional, la integración con el Corredor Ferroviario Bioceánico y nodos intermodales, además de terminales. FLUVIAL La Hidrovía Ichilo – Mamoré también está considerada en este paquete de planes, resaltando que se trata de una plataforma fluvial atlántica, la integración amazónica, el impacto en más de 2.5 millones de habitantes y la alternativa estructural de “salida soberana”. AEROPORTUARIA Se toma en cuenta el aeropuerto Jorge Wilstermann en el nodo aeroportuario logístico nacional. Aquí se expone la necesidad de la plataforma ampliada de carga, la terminal logística y cadena de frío, el acceso vial exclusivo para carga y el sistema digital de trazabilidad. Esto permitiría ser el centro nacional de consolidación y redistribución aérea, y daría impulso a las exportaciones. Respecto al centro logístico y de servicios a la exportación, la FEPC sostiene un impacto que apunta a la reducción de tiempos de exportación, mayor eficiencia y una cultura exportadora regional. Para hacer realidad estos proyectos, la FEPC plantea que se establezcan los corredores de Cochabamba como infraestructura estratégica nacional mediante decreto supremo, con protección jurídica de derecho de vía y régimen especial de accesos. Propone también aprobar un fondo de inversión en conectividad nacional con un horizonte mínimo de cinco años. Agrega la firma de un convenio de comercio interinstitucional; y también menciona, entre otros, la creación de una entidad de coordinación formal que articule lo vial, lo férreo, lo fluvial y lo aeroportuario. Estas propuestas darían paso a 1.300 kilómetros “estructurantes priorizados con efectos acumulativos”. Se resalta que la integración multimodal genera mayor competitividad de exportaciones mineras y agroindustriales, posicionamiento de Bolivia como nodo logístico continental alternativo e incremento del Producto Interno Bruto (PIB) regional por efecto en servicios logísticos. Los empresarios remarcan la posibilidad de un 40% de reducción de costos logísticos regionales, -30% de tiempo de tránsito interdepartamental y mayor empleo. Acotan la importancia de pasar de infraestructura fragmentada a un sistema logístico integrado, de tramos aislados a corredores estructurantes. OPINIÓN

Una delegación del Ministerio de Obras Públicas, liderada por el ministro Mauricio Zamora, sostuvo dos jornadas de reuniones técnicas en la sede regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Lima, Perú, para gestionar asistencia especializada que permita implementar la política de cielos abiertos en Bolivia. El encuentro contó con la participación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Área y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). El director de la Oficina Regional Sudamericana (SAM) de la OACI, Fabio Rabbani, destacó el compromiso del gobierno boliviano con el desarrollo del sector. “Ha sido un gran privilegio tener la presencia del ministro Mauricio Zamora en nuestra oficina regional. De hecho, tener su presencia demuestra el gran compromiso que tiene el Estado de Bolivia en el proceso de crecimiento de la aviación en el país, pero para toda la región”, remarcó. OACI La política de cielos abiertos es una estrategia de liberalización del transporte aéreo que elimina restricciones en rutas, frecuencias y tarifas, permitiendo que aerolíneas nacionales y extranjeras operen con mayor flexibilidad. El gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsa esta medida como parte de su plan de reactivación económica, buscando atraer más operadores aéreos, reducir costos de pasajes y fortalecer la conectividad del país con el mundo. Rabbani subrayó que la visita demuestra “una visión de largo plazo que empieza ahora con la implementación de medidas en los aspectos de políticas de cielos abiertos, de crecimiento de la infraestructura, desarrollo de las instituciones y asegurar la debida inversión en los recursos humanos”. Transporte aéreo El representante de OACI agregó que “vemos ahí una gran oportunidad de colaboración y que proyectos nuevos surgirán en este esfuerzo conjunto entre el Estado de Bolivia y la Organización de Aviación Civil Internacional”. El ministro Zamora explicó que la asistencia técnica solicitada a la OACI permitirá al país avanzar con responsabilidad en la apertura del mercado aéreo, garantizando que las nuevas operaciones cumplan con los estándares internacionales de seguridad. La implementación gradual de la política buscará equilibrar la desregulación con el fortalecimiento de la institucionalidad aeronáutica. La OACI es el organismo especializado de Naciones Unidas encargado de establecer estándares globales para la aviación civil. Su respaldo técnico resulta clave para países que emprenden procesos de liberalización, asegurando que las reformas se realicen en el marco de las normas internacionales y con la debida supervisión estatal. EJU TV