La posibilidad de abrir una negociación para poner fin a los bloqueos de caminos que afectan al país enfrenta un nuevo obstáculo. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y que el proceso penal en su contra sigue en curso.
La declaración surge después de que Argollo planteara como una de las condiciones para sentarse a dialogar con el Gobierno el levantamiento de las acusaciones y medidas judiciales que pesan en su contra.
“No, el proceso penal continúa abierto. Las diligencias se continúan realizando y nosotros somos respetuosos de cualquier decisión judicial que pueda determinarse, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna”, afirmó Mariaca tras ser consultado por EL DEBER sobre una eventual suspensión de la orden de aprehensión.
Ante una nueva pregunta, el fiscal fue categórico: “Sigue vigente”.
La ratificación de la medida judicial llega en un momento en que distintos actores intentan construir un escenario de diálogo para desactivar las protestas que ya se prolongan por varias semanas y que incluyen bloqueos de carreteras, movilizaciones y cercos a las ciudades de La Paz y El Alto.
Andrés Paye, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), exigió al Gobierno dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida contra Argollo, como requisito para asistir a una mesa de diálogo. Por su parte, Argollo afirmó, en un video divilgado en redes sociales, que cualquier acercamiento con el Ejecitivo debe ser avalado por las bases.
Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están vinculados a los hechos de violencia registrados durante las protestas. Entre ellos figuran los disturbios del 18 de mayo en la ciudad de La Paz, jornada que derivó en saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mientras la COB exige garantías para participar en las conversaciones, otro de los sectores movilizados, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, reclama la liberación de sus afiliados detenidos durante las protestas.
La situación de los arrestados se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las movilizaciones registradas en el departamento de La Paz. Sin embargo, solo alrededor del 10% de ellas fue formalmente encausada por la vía judicial.
Las organizaciones movilizadas sostienen que la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos contra sus dirigentes son condiciones necesarias para generar confianza y avanzar hacia una negociación con el Ejecutivo. Desde el Gobierno, en cambio, se ha insistido en que cualquier diálogo debe desarrollarse dentro del marco de la ley y sin condicionamientos relacionados con procesos judiciales en curso.
En las últimas horas, fiscales de La Paz mantuvieron contactos con diputados en el contexto de la mediación política para reestablecerla circulación de vehículos y el abastecimiento de alimentos.
Mariaca también fue consultado sobre la situación del expresidente Evo Morales y confirmó que la orden de aprehensión en su contra permanece vigente. “Está en manos de la Policía Boliviana. Esto se tiene que ejecutar”, señaló.
(EL DEBER)
