Se calcula que en el país existen más de 400 mil autos indocumentados, denominados “chutos”, consumen gran parte de la gasolina subvencionada y en el área rural circulan libremente. Por ello, antes de introducir nuevas variables de gasolina o preguntar a la gente sobre la suspensión del beneficio, se debería cortar el suministro a este sector. Los autos indocumentados ingresan al país por zonas sin control. Pero también introducen vehículos robados en el vecino país de Chile. Hace meses atrás, un equipo chileno de investigación, hizo un seguimiento del motorizado sustraído y se descubrió que el mismo estaba en manos de un policía. En los Yungas de La Paz, así como en el Chapare de Cochabamba, los vehículos “chutos” circulan con autorización de las autoridades locales, según indicaron en su momento representantes del transporte formal. En 2011, el gobierno del ahora expresidente Evo Morales realizó un “perdonazo” que permitió que más de 100 mil de estos automóviles fueran regularizados, a pesar de las protestas de países vecinos, desde donde muchos vehículos habían sido robados, como Chile, según www.connectas.org. El 3 de diciembre de 2008 se promulgó el Decreto Supremo 29836, que prohibió el ingreso a Bolivia de vehículos que superaran una antigüedad de cinco años. Pese al mandato ejecutivo, hasta 2012 la venta de chutos se realizaba en calles colindantes a la plaza Antofagasta, la principal de Challapata. Ahí menudeaban los jeeps, vagonetas, coches deportivos, camionetas, furgonetas a variedad de precios, señala el portal. Las cifras de “chutos” en el país varían, unos hablan de 450 mil, mientras otros hablan de 250 mil. La pasada gestión, los propietarios de esos vehículos solicitaron al Gobierno legalizar los motorizados, que fue rechazado por el Ejecutivo; sin embargo, siguen consumiendo gasolina subvencionada y el Estado pierde recursos. Además, los expertos en el tema de hidrocarburos, ya se pronunciaron a favor de levantar la subvención progresivamente, y plantearon muchas fórmulas, pero el Gobierno hasta mayo garantizaba la medida, pero ahora empezó con la campaña para que el pueblo decida por el Ejecutivo. El Gobierno sostiene que el contrabando de combustible provoca pérdidas de 600 millones de dólares. Se observa que, en las provincias, la gente acude a comprar en bidones a las estaciones de servicio y las filas se hacen largas, y en varias oportunidades –criticaron los formales– que el mismo va para los autos indocumentados. El ingreso de autos indocumentados continúa al país y la compra o el intercambio hasta se realiza por hojas de coca en zonas fronterizas, según medios de comunicación. Había pueblos en donde el contrabando era protegido por la población, hasta hicieron desaparecer a personal militar, y esta situación no cambió, excepto el lugar; hasta realizan ferias donde se ofrecen los motorizados y las placas. Según la página web, 150 bolivianos es el precio que cobrarían algunos policías para dejar pasar a los chuteros, ahora el valor tal vez haya subido. La economía informal que gira en torno al negocio de los chutos incluye ferias, clonadores de patentes, transportadores y pueblos en los que sus empobrecidos habitantes ganan algunos pesos guardando los autos en sus patios, o cobrando peaje a su paso, señala el portal. (El Diario)
