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Cárcel de San Pedro

Perfil del reo boliviano: persona de bajos recursos, con educación incompleta y sin acceso a trabajo

Tras las rejas de las cárceles bolivianas se ve principalmente a personas de bajos recursos, educación incompleta y con pocas posibilidades de obtener un trabajo adecuado, según se expone en el libro “Carcelaria”, una aproximación a la situación penitenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia, publicado este mes por Luisa Antonia Chipana Ubaras. El documento registra los muchos problemas que se presentan y que, lejos de ser solucionados, crecen en los centros penitenciarios del país, junto a otros que tienen que ver con hacinamiento, vulneración de derechos, alimentación inadecuada, falta de atención médica especializada, carencia de programas de reinserción e infraestructura insuficiente, especialmente en los centros de reclusión de mujeres. La investigadora habló de este estudio con Visión 360, explica esta aproximación a la situación penitenciaria y sugiere la implementación de políticas y acciones para mejorar. Usted ha realizado una amplia investigación ¿cuáles han sido sus principales hallazgos? Hay algunos aspectos que se consolidan, como la alta detención preventiva (70%), lo cual devela que el tema penintenciario es consecuencia del sistema judicial, de la retardación de justicia, la falta de enfoque de género a la hora de decidir la detención preventiva, la falta de defensores públicos… Es un círculo vicioso. También realicé una investigación basada en género. Cuáles son las razones por las que delinquen los varones y las mujeres. En los hombres son importantes los delitos contra la libertad sexual, violación niña, niño, adolescentes y el estupro. Debemos pensar como sociedad qué está pasando, cómo podemos prevenir. En el caso de las mujeres, 32% (de las encarceladas) están por sustancias controladas. Pero hay que ver quiénes son estas mujeres y, si se hace un análisis más profundo, no son grandes empresarias del narcotráfico, sino mulas que pueden ser reemplazadas fácilmente, se llenan las cárceles, pero no se afecta a los cárteles y no se soluciona el problema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Entre los varones que están en las cárceles, prevalecen los delitos sexuales? Sí. En algunos años, los delitos cometidos por varones eran más los de robo agravado, pero 2023 se cerró con más detenidos por delitos sexuales. Habría que hacer más estudios y ver como sociedad qué está pasando, si analizamos algunos casos, el victimador no está afuera sino en casa. Hay que hacer un análisis, falta fortalecer la política criminal y ver qué pasa por regiones, en Oruro es alto el porcentaje de casos por sustancias controladas, hay que hacer un análisis más pormenorizado y no centrarnos en leyes más punitivas, sino en la prevención y atención, hay que analizar qué tipo de programas de reinserción social están recibiendo las personas que han cometido estos delitos en las cárceles. ¿Cuál es el perfil del detenido en Bolivia, si hablamos en términos socio-económicos? Hay un mapa socio-jurídico realizado por la Fundación Construir y hacen perfil de cómo es la mujer privada de libertad y en capítulo tres hago una aproximación histórica. Es interesante ver cómo se castiga el delito desde inicio de humanidad, primero sanciones muy crudas, ley de talión, cortaban una parte cuerpo, pero con la civilización hemos ido cambiando, pero la anterior semana en Ivirgarzama hubo un  linchamiento. Sin embargo, hay algunos factores comunes no sólo en Bolivia, sino a nivel regional y es que las personas privadas de libertad pertenecen, en su mayoría, a poblaciones relegadas, como son mujeres, se habla también mucho de criminalización, pobreza y personas con algún grado de discapacidad mental. Qué pasa si una persona es acusada de cometer un delito y tiene dinero, puede contratar un equipo de abogados especialistas en la materia, puede pagar una fianza, garantizar con un bien inmueble su no ingreso a cárcel. Pero qué pasa con una persona que no tiene recursos económicos, debe esperar que le asignen un defensor de defensa pública que atiende muchos casos, un juez que no va dar medidas sustitutivas. Qué pasa si vive en alquiler, no tiene contrato o trabajo fijo, se lo va a privar de libertad. No se puede generalizar, pero la gran mayoría (población carcelaria) es de bajos recursos, bajo nivel educativo, falta de acceso a oportunidades de trabajo. Con esto no quiero hacer apología de delito, vengo de familia humilde, hay mucha gente que estudia y trabaja y no llega a delinquir. Hay muchas mujeres que están en la cárcel por co-autoría o son engañadas por sus parejas. Las mujeres han incursionado en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, como metalmecánica, albañilería, pero el único espacio donde no reclamamos el 50% es este, casi 92% de las personas en la cárcel son varones. En las mujeres, si se ve por tipo de delitos, son más (las apresadas) por sustancias controladas. La situación ¿es reflejo de la crisis de sistema judicial? También de la sociedad, si se hace hincapié en los derechos universales, que son universales y progresivos, un deber que tiene el Estado en esta materia es la prevención, investigación, sanción y reparación. En prevención se debe ver cómo prevenir el delito, que es un fenómeno social desde comienzos de la humanidad y siempre va a existir, y como sociedad hay que ver qué hacer, cómo castigar y prevenir. Cito una investigación del proyecto Mundo de Italia que hizo un libro “Labrando la piedra”. Ahí, en esta investigación de 2018 en el centro de orientación de Calahuma en Viacha, donde el 33% de los jóvenes y señoritas tuvieron, de niños y adolescentes, como principales cuidadores a sus padres, privados de libertad. ¿Qué pasó? Cuando eran niños y adolescentes no tuvieron contención emocional ni de conducta, y resulta que años después están también privados de libertad. Eso es reflejo de la sociedad y para la prevención tenemos a la familia como núcleo, las juntas vecinales, Iglesia, comunidad y colegios, todos tienen que involucrarse en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Luego está la investigación donde se encuentra el sistema judicial, el IDIF, la Policía, la FELCC (Fuera Especial de Lucha Contra del Crimen), FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) y

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En las cárceles del país, hubo 224 muertes en 2022

Datos publicados por la Dirección General de Régimen Penitenciario muestran que, en el primer semestre de 2022, hubo 224 muertes de privados de libertad en los reclusorios del país, de los que 179 decesos se produjeron por falta de atención médica. El segundo factor de muertes en cárceles son las peleas por pugnas de poder. Chonchocoro, El Abra y Palmasola son consideradas cárceles de alta peligrosidad donde se encuentran recluidas personas calificadas de alta peligrosas y reos sometidos a procesos penales por haber cometido delitos dentro de los mismos reclusorios. Los conflictos entre reos en las tres cárceles “peligrosas” se debe a la asignación de lugares de estadía y por ejercer control sobre la población penitenciaria. En abril, un reo del Centro de Readaptación Productiva de Montero, perdió la vida después de ser golpeado por otros internos. Después de dos meses del hecho, los dos acusados fueron sometidos a audiencia cautelar y trasladados al penal de El Abra, de Cochabamba. El fiscal del caso, Alberto La Fuente, explicó que se solicitó la extrema medida para precautelar la seguridad de los internos que ayudaron a esclarecer el hecho. Según las investigaciones, los acusados eran parte de una organización criminal formada en el interior de la cárcel. “Los acusados en este caso eran los jefes del área de aislamiento y exigían el pago de 500 bolivianos por el ‘seguro de vida’. Ambos cumplían detención preventiva por el delito de secuestro”, informó el jurista. Un reciente hecho de violencia que tuvo lugar en la cárcel de Chonchocoro, el pasado 9 de junio, fue protagonizado por Misael Nallar, procesado por asesinato y otros cuatro reclusos, puso nuevamente en evidencia la falta de seguridad interna penitenciaria. Nallar continúa recluido en el penal de máxima seguridad de La Paz, en tanto que sus cómplices fueron trasladados a otros centros penitenciarios donde cumplen detención preventiva de 180 días por lesiones causadas a tres policías y destrozos al penal. FALTA DE POLÍTICAS DE CRIMINALIDAD El defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, consideró que urgentemente deben construirse políticas criminales basadas en el respeto al ser humano y buscar nuevos mecanismos de sanción a quienes incurren en delitos. “El 70 por ciento de reos tienen detención preventiva, esto genera hacinamiento en los centros penitenciarios del país y las condiciones en las que viven los privados de libertad son infrahumanas”, señaló. En 2012, en las principales cárceles del país se reportó 70 muertes por pugnas de poder, hecho que no sólo evidenció el hacinamiento carcelario sino también la falta de seguridad y corrupción. “El hacinamiento provoca una serie de situaciones que van desde limitaciones para vivir y falta de espacios físicos para los privados de libertad, lo que conlleva a la falta de seguridad que se produce a partir de la sobrepoblación penal”, señaló. (La Prensa)

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‘Necesito una justicia independiente’: César Apaza abandona la cárcel tras 16 meses de encierro

Con dificultades para caminar y con una pequeña biblia en la mano izquierda, César Apaza abandonó la noche de este jueves el penal de San Pedro de La Paz tras 16 meses en el marco del cumplimiento al mandamiento de libertad al que fue favorecido tras un procedimiento abreviado.

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Gobernador de Potosí con detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, deberá cumplir seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, según determinó este jueves la Justicia, luego de una audiencia cautelar en el marco de las investigaciones por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

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