Bolivia

Decomisan 100 litros de sangre de vaca para teñir carne en mal estado

Un operativo municipal en el mercado Los Pozos de Santa Cruz permitió el decomiso de 100 litros de sangre de vaca, que según las autoridades era utilizada para teñir carne en mal estado. Durante la intervención también se confiscaron 40 kilos de carne no apta para el consumo, hallados en un puesto de venta inspeccionado por la Dirección de Defensa al Consumidor, con la participación de la concejala Melissa Ramírez. La sangre estaba almacenada en botellas y bidones de plástico dentro de un congelador. La comerciante responsable del puesto alegó que los recipientes no eran de su propiedad, sino de otros vendedores que le pidieron guardarlos. Sin embargo, la concejala interpeló: “Pero está en su puesto”, mostrando su mano enguantada manchada con sangre. Además, se encontró cebo de vaca teñido con sangre, que la vendedora intentó justificar como “carne de cachetito”. Ramírez declaró: “Hemos realizado una inspección sorpresa. Hemos evidenciado carne en mal estado, carne de cebo y más de 100 litros de sangre de vaca que ya estaba a la venta”. BRÙJULA DIGITAL

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Salazar espera audiencia tras aprehensión y Gobierno formaliza querella

El Gobierno boliviano formalizó una querella criminal contra los presuntos cabecillas de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días en Bolivia, afectando el abastecimiento, el transporte y la economía nacional. La acción fue presentada de manera conjunta por los ministerios de Gobierno y Defensa ante el Ministerio Público, como parte de las investigaciones por los hechos registrados en mayo y junio. “Ya hemos presentado y es parte de las 44 denuncias que se hicieron llegar a la Fiscalía”, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en declaraciones a EL DEBER durante su visita a Tarija. La autoridad convocó a la sociedad civil afectada por los bloqueos a presentar querellas criminales contra los instigadores, entre ellos Evo Morales, con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que el Ejecutivo dará seguimiento al proceso judicial para evitar que los involucrados queden en la impunidad. “Hay todo un proceso que se les va a seguir por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Además, esperamos que se sumen denuncias penales de la sociedad organizada”, afirmó tras participar en actos protocolares por el aniversario de Tarija. Entre los nombres incluidos en la querella figuran Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otros presuntos responsables. En este contexto, la Policía ejecutó este sábado la orden de aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, quien fue uno de los líderes de los bloqueos en el departamento de La Paz. El Ministerio de Gobierno informó que Salazar fue encontrado en una camioneta Hilux en la ciudad de El Alto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá esperar la imputación de la Fiscalía antes de ser puesto ante un juez. Salazar impulsó las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y firmó un pacto de unidad con la Central Obrera Boliviana (COB) para coordinar las movilizaciones. Tras las protestas, el senador Nilton Condori lo acusó de recibir dinero mensual del Gobierno, extremo que el dirigente rechazó. Salazar ya había sido capturado el 10 de junio durante una manifestación en el centro de La Paz, pero fue liberado horas después bajo el argumento de aprehensión indebida. ERBOL Y EL DEBER

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Caso Tariquía: YPFB desiste de proceso contra comunarios 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desistió del recurso de apelación restringida presentado dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos (Tarija), ratificando la sentencia absolutoria. Asimismo, anunció una estrategia basada en el diálogo para impulsar el desarrollo del proyecto gasífero Tariquía. La empresa estatal informó el viernes que el desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, como parte de una estrategia orientada a privilegiar la concertación con las comunidades involucradas. YPFB anunció que también promoverá la suscripción de un acuerdo transaccional extraprocesal para poner fin a la controversia por la vía legal. El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, señaló que la decisión responde a la convicción de que el diálogo es la mejor vía para compatibilizar el desarrollo energético con los intereses de las comunidades y del país. «Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta«, afirmó. La autoridad informó que la estatal gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará a las instituciones y comunidades vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico destinadas a construir acuerdos y atender las preocupaciones existentes sobre su desarrollo. Los comunarios fueron absueltos tras un juicio donde se les acusaba de estorbar funciones y atentar contra el derecho al trabajo, por sus acciones en contra del proyecto gasífero Tariquía. El proyecto de exploración de hidrocarburos en Tariquía ha generado controversia en los últimos años. Mientras el Estado impulsa su desarrollo por su potencial gasífero, sectores que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía sostienen que las actividades de exploración podrían afectar el ecosistema y las actividades productivas de las comunidades de la región. De acuerdo con la empresa estatal, el proyecto enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en 2022 y al conflicto social surgido en torno a las actividades de exploración. Con el desistimiento de la acción penal, YPFB considera que elimina uno de los principales factores de controversia y abre una nueva etapa de concertación para viabilizar el proyecto mediante el diálogo con las comunidades. ERBOL

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Sector hotelero pide medidas urgentes al Gobierno

El sector hotelero alertó que el turismo en Bolivia atraviesa una de sus etapas más complejas debido a la disminución de visitantes provocada por los bloqueos, una situación que también golpea a agencias de viaje, restaurantes, artesanos y otros emprendimientos turísticos. La presidenta de la Cámara Departamental de Hotelería, Helga Cisneros, pidió al Gobierno nacional y a las autoridades subnacionales impulsar una estrategia de promoción turística más intensa, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, para recuperar el flujo de visitantes y reactivar la economía del sector. Cisneros destacó que Bolivia cuenta con una amplia oferta turística e invitó a los viajeros a visitar destinos emblemáticos, además de disfrutar de la gastronomía con productos locales. Aunque todavía no existen cifras oficiales sobre las pérdidas, la representante del sector aseguró que la reducción del turismo es considerable y advirtió que la reactivación es urgente para evitar un mayor impacto económico en la cadena turística. WILMA CATARI-RTP

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Cámara Nacional de Comercio destaca reducción de aranceles de importación

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, calificó como positiva la reducción del 5% de los aranceles de importación, aunque sostuvo que la medida resulta insuficiente para enfrentar el impacto del alza del dólar en la economía. En ese contexto, propuso que el Gobierno analice la aplicación temporal de un arancel cero para la importación de vehículos y otros productos que no se fabrican en Bolivia o cuya producción nacional no cubre la demanda interna. Según explicó, esta medida permitiría reducir costos para consumidores y empresas, además de contribuir a combatir el contrabando y mejorar la competitividad del país. Olivo también advirtió que Bolivia debe prepararse para el ingreso pleno al Mercosur, ya que la eliminación de aranceles entre países miembros incrementará la competencia. Señaló que, si la industria nacional no mejora su competitividad, podría verse desplazada por productos provenientes de economías más fuertes como Brasil. Desde la CNC consideran que, además de revisar la política arancelaria, es necesario impulsar medidas que fortalezcan la producción nacional para que las empresas bolivianas puedan competir en igualdad de condiciones dentro del bloque regional. WILMA CATARI-RTP

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Posturas divididas sobre cambio del dólar

La diputada Claudia Bilbao (PDC) señaló que el dólar se irá estabilizando toda vez que esta medida tuvo que realizarse para sincerar la economía en el país. “Por lo menos estamos seguros que no llegaremos a 15 o 20 Bs por dólar como llegamos con el MAS; se irá estabilizando porque es una medida que recién se lanzó”, afirmó. El diputado Rolando Pacheco (A.P.) lamentó que esta decisión no se haya tomado en un momento adecuado y cuando el dólar estuviera presente en gran cantidad en el país. “Esta medida no fue tomada adecuadamente, perjudica a aquellos que compraron en cuotas sus terrenos o viviendas o aquellos que quieran invertir si no existe una estabilidad en esta moneda”, sostuvo. Es otra la visión de legisladores de APB Súmate, como Claudia Mallón y Diego Bráñez, quienes consideran que para que exista un flujo adecuado del dólar y pueda estabilizar su precio deben aprobarse dos leyes importantes en el país como ley contra bloqueos y de inversión. ROSSÍO VÍA-RTP

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Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto del Estado Reformulado

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado el proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2026, presentado en abril por el Órgano Ejecutivo, y lo remitió para su revisión en la Cámara de Senadores. La Cámara Alta realizará el tratamiento del proyecto de ley después del receso parlamentario dispuesto del 6 al 20 de julio. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien participó en la sesión parlamentaria, informó que el proyecto modificatorio del PGE 2026, presentado por el Gobierno del expresidente Luis Arce, contemplaba la reducción del déficit fiscal de más de Bs 20.000 millones. “Lo que hemos hecho, en una primera etapa, es una reducción del Presupuesto General del Estado. Hemos planteado un nuevo presupuesto que contempla una reducción del déficit fiscal de más de **Bs 20.000 millones”, sostuvo ante el plenario. La autoridad expuso los fundamentos técnicos del proyecto de ley, entre los que destacan que la iniciativa responde a la necesidad de ajustar las proyecciones fiscales y transparentar la situación financiera heredada de la anterior gestión, luego de un proceso de revisión del presupuesto vigente, según un boletín de prensa de la Cámara Baja. “Los presupuestos del Estado se construyen en un proceso de agregación de abajo hacia arriba, es decir, desde las instituciones a nivel territorial, departamental y municipal; obviamente este es un proceso que normalmente se inicia entre junio y julio”, explicó. La Cámara Baja informó que el proyecto aprobado plantea los anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas, saldos de caja y bancos del sistema único de salud universal y gratuito, y las obligaciones de las entidades territoriales autónomas con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Además, incluye la inscripción de recursos específicos, un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva. VISIÓN 360

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Manfred apoya nacionalizar los «chutos» porque circulan en las ciudades

El alcalde Manfred Reyes Villa manifestó que se debería nacionalizar por última vez los vehículos “chutos”, toda vez que ya están circulando en el país y no pagan tributos. Argumentó que se generarían ingresos para el Estado en un momento de falta de recursos económicos. “Habría que ya nacionalizarlos, porque igual están caminando en todas las ciudades, pero sin pagar un solo centavo. Yo sé que hay sectores que se oponen, los entiendo, pero hoy hay que darle una solución. Porque alguien le va a tener que dar la solución algún día y este es el momento por la falta de recursos económicos que tiene el país”, señaló Reyes Villa. El alcalde cochabambino lamentó que haya “cantidad” de autos chutos en el país y atribuyó esta situación a la falta de control, cuestionando qué se puede hacer cuando esos vehículos circulan sin pagar nada. “No le va a quedar otra al Gobierno que aplicar la nacionalización de estos vehículos”, afirmó, según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL. Señaló que un proceso de nacionalización significaría el ingreso de millones de dólares que se podrían usar inclusive para pagar el combustible que requiere el país. “Ojalá y, bueno, por esta vez y nunca más se pueda ir por esa vía, porque realmente eso es ilegal, a veces hay temas de delito de robo de vehículos”, agregó. ERBOL

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Amazonía indígena perdió 186.500 hectáreas por tráfico de tierras

La periodista Nelfy Fernández denuncia que en 20 años, entre 2003 y 2023, se deforestaron más de 186.500 hectáreas en los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana. El 90 % de esa pérdida —168.670 hectáreas— ocurrió de forma ilegal, sin autorización de la ABT y la otra parte sí contó con aval de esa entidad y el INRA. Además, el avasallamiento permitió el asedio de menonitas dedicados a la siembra de soya. La experta ejemplifica que el caso más grave de afectación de deforestación y avasallamiento es el territorio indígena Monteverde con casi 1 millón de hectáreas, entre los municipios de San Javier, Concepción y Urubichá. Según la investigación de Fernández, la ABT autorizó el desmonte de 23.300 hectáreas mediante unas 1.800 resoluciones. De esas hectáreas autorizadas, solo se talaron alrededor de 3.000, pero los datos satelitales registran 17.000 hectáreas deforestadas. «Es decir, al menos 14.000 hectáreas se desmontaron sin control del Estado«. Dijo que La ABT fue consultada reiteradamente y nunca respondió a las solicitudes del equipo periodístico que investiga ese caso. «La institución solo dijo que estaba procesando la solicitud porque debía analizar bastantes datos de la anterior gestión”. Advirtió que en Monteverde también se detectó la expansión de soya de «1 hectárea registrada en 2021 pasó a más de 200 hectáreas en 2024. La investigación halló autorizaciones de la ABT a nombre de personas con apellidos menonitas o extranjeros en el municipio de Concepción, cerca de San Javier. La ABT tampoco respondió sobre este hallazgo». Monteverde fue uno de los territorios más afectados por los incendios de 2024 (julio-noviembre). Según estudios de Fundación Tierra, cerca del 80 % de su superficie fue devorada por las llamas. Cuando los comunarios regresaron en enero de 2025, encontraron a un grupo de unas 15 personas desmontando en la comunidad Los Ángeles. «Las redes de avasallamiento y tráfico de tierras suelen operar con contactos en el INRA o la ABT que proporcionan mapas y acceso a predios«, expresó la periodista a RTPInforma. MRCM-RTP

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Gasolina en mal estado: denuncian trabas en resarcimientos

El abogado Mauricio Filmann Urzagaste Calle denunció que decenas de personas afectadas por la mala calidad del combustible enfrentan obstáculos para cobrar el resarcimiento económico aprobado por las autoridades, debido a restricciones aplicadas por una entidad bancaria. Según explicó, las principales dificultades afectan a herederos con declaratoria de herederos y a poseedores de vehículos que, pese a acreditar legalmente su derecho, no pueden acceder al pago. Cuestionó que la entidad financiera invoque normas internas para negar el desembolso a quienes no figuran como titulares originales del motorizado. “El banco no puede desconocer los derechos de los herederos forzosos ni de los poseedores que cumplen con los requisitos establecidos. Se está vulnerando el derecho de personas con documentación legal”, afirmó Filmann. El jurista señaló que la problemática se presenta desde abril y aseguró que el número de afectados continúa en aumento. Indicó que durante una jornada de reclamos logró identificar a más de 20 personas con la misma dificultad, aunque estima que diariamente más de un centenar acude a realizar consultas o presentar quejas. Entre los casos expuestos figura el de una viuda con declaratoria de herederos, certificado de defunción y demás documentos exigidos, que no pudo cobrar el resarcimiento económico porque el cheque fue emitido a nombre de su esposo fallecido. De acuerdo con su denuncia, en la entidad bancaria le indicaron que el titular debía presentarse personalmente para recibir el pago. Filmann informó que los afectados presentarán una queja formal para exigir una solución inmediata y que se garantice el pago de los resarcimientos a quienes acrediten legalmente su derecho. Los montos observados oscilan entre 4.800 y 25.000 bolivianos, dependiendo de cada caso. MARISOL MURILLO-RTP

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