Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desistió del recurso de apelación restringida presentado dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos (Tarija), ratificando la sentencia absolutoria. Asimismo, anunció una estrategia basada en el diálogo para impulsar el desarrollo del proyecto gasífero Tariquía.
La empresa estatal informó el viernes que el desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, como parte de una estrategia orientada a privilegiar la concertación con las comunidades involucradas.
YPFB anunció que también promoverá la suscripción de un acuerdo transaccional extraprocesal para poner fin a la controversia por la vía legal.
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, señaló que la decisión responde a la convicción de que el diálogo es la mejor vía para compatibilizar el desarrollo energético con los intereses de las comunidades y del país.
“Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta“, afirmó.
La autoridad informó que la estatal gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará a las instituciones y comunidades vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico destinadas a construir acuerdos y atender las preocupaciones existentes sobre su desarrollo.
Los comunarios fueron absueltos tras un juicio donde se les acusaba de estorbar funciones y atentar contra el derecho al trabajo, por sus acciones en contra del proyecto gasífero Tariquía.
El proyecto de exploración de hidrocarburos en Tariquía ha generado controversia en los últimos años. Mientras el Estado impulsa su desarrollo por su potencial gasífero, sectores que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía sostienen que las actividades de exploración podrían afectar el ecosistema y las actividades productivas de las comunidades de la región.
De acuerdo con la empresa estatal, el proyecto enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en 2022 y al conflicto social surgido en torno a las actividades de exploración. Con el desistimiento de la acción penal, YPFB considera que elimina uno de los principales factores de controversia y abre una nueva etapa de concertación para viabilizar el proyecto mediante el diálogo con las comunidades.
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