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Admiten recurso contra Choquehuanca por no convocar a sesión para tratar leyes contra prorrogados

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La Sala Constitucional Primera de La Paz admitió la semana pasada un recurso de Acción de Cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca por su negativa a convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a tratar los proyectos de ley 073 y 075, que buscan el cese de los magistrados prorrogados.

En el recurso presentado por los senadores del MAS el 16 de mayo, William Torrez y Lucy Escobar se señala que Choquehuanca no ha convocado a sesión en cinco meses para evitar abordar este tema.

La audiencia presencial fue fijada para este miércoles 22 de mayo a partir de las 16:00. El senador Torrez cuestionó que el recurso fuera asignado a una Sala Constitucional, integrada por el vocal Israel Campero, que ha emitido varios fallos favorables al arcismo.

“Lo grave de esto es que de manera sospechosa, esta causa, como muchas otras que se ha interpuesto contra dignatarios de Estado de manera sospechosa volvió a ser sorteado en la Sala Constitucional Primera conformada por uno de los más funestos vocales del distrito judicial de La Paz el vocal Israel Campero”, señaló Torrez en conferencia de prensa.

Los proyectos de ley 073 y 075 que establecen el cese del mandato de los magistrados, que se autoprorrogaron en sus cargos desde el 2 de enero y la suspensión de plazos procesales fueron aprobadas en el Senado, pero en la Cámara de Diputados su presidente Israel Huaytari se negó en reiteradas ocasiones a agendar el tema si antes no se aprueban todas las leyes de crédito pendientes. La oposición señaló que, como parte del acuerdo que viabilizó la ley para convocar a elecciones judiciales, se debían tratar los proyectos de ley 073 y 075 con prioridad.

“Hay un flagrante incumplimiento de deberes (del vicepresidente), sin embargo, nosotros lo primero lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la Constitución”, dijo Torrez, Mencionó que el artículo 173 numeral 7 obliga al vicepresidente a llamar a sesión, porque la cámara revisora (Diputados) dejó pasar los 30 días de plazo para tratar los proyectos de ley.

(El Día)

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