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Observan 19 contratos aprobados por el Congreso a favor de los cooperativistas mineros

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Surgen observaciones a los recientes contratos aprobados por la Asamblea Legislativa a favor de cooperativas mineras. La senadora de oposición, Cecilia Requena, ha levantado la voz contra la aprobación de 19 acuerdos mineros en el norte de La Paz, denunciando que se ha obviado la Ley Minera y se ha pasado por alto la normativa ambiental pertinente, según reporte de Erbol.

Entrevistada por Erbol, Requena informó que se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de cada contrato, encontrando y que estos estarían incumpliendo con la normativa vigente.

Entre las violaciones señaladas, la senadora destacó que se vulnera el artículo 93 de la Ley Minera, el cual prohíbe realizar actividades mineras en zonas cercanas a fuentes de agua, sitios arqueológicos o poblaciones.

La senadora enfatizó la importancia de contar con estudios ambientales integrales, conforme lo establece el artículo 93 de la Ley Minera, lamentando que estos contratos carezcan de dicho estudio. Además, cuestionó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por su respuesta de que el estudio no estaría “reglamentado” cuando fue consultada al respecto.

Requena expresó su preocupación por la posible legalización de la minería ilegal en condiciones que podrían resultar devastadoras, advirtiendo que la aprobación de estos contratos tendría un impacto significativo en la provincia de Inquisivi durante las próximas tres décadas.

La senadora hizo un llamado a las autoridades para que no se inclinen ante los intereses mineros y exigió valentía para enfrentar esta situación, en lugar de ser cómplices o participar en los negocios mineros por temor.

En este contexto, el  experto en minería y expresidente de Comibol Héctor Córdova afirma que el control más efectivo, para las operaciones en minas dejadas por Comibol y que posteriormente son operadas por cooperativas, es el descentralizado.

Sostiene que, si fuera efectuado por los tres niveles del Estado, las gobernaciones y las alcaldías sabrían cuánto sale de sus territorios y podrían aspirar a una regalía justa.

Córdova enfatizó que la descentralización del control minero permitiría supervisar las operaciones y garantizar una distribución justa de las regalías ya que, a pesar de su crecimiento, el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) es una entidad débil.

Apuntó a que, desde las gobernaciones y alcaldías, deberían regularse las acciones de las cooperativas mineras, ya que muchas aumentaron sus ganancias sin pagar impuestos de ley y en asociación con empresas extranjeras de dudosa reputación.

(El Deber)

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