25 de abril de 2026

Legisladores de diferentes fuerzas políticas advirtieron que el gobierno nacional enfrenta al menos tres frentes de conflicto activos, y pidieron acelerar el diálogo y la atención a las demandas sociales. Los problemas identificados son la escasez y mala calidad de los combustibles, las amenazas de la COB ante la falta de respuesta adecuada a su pliego petitorio y el creciente descontento del magisterio. En referencia al problema de la gasolina y el diésel, el diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Daniel Fernández señaló este viernes que la situación se ha agravado por la falta de respuestas oportunas. “Este problema ya se sale de control (…) se tiene que socializar y buscar mecanismos para subsanar”, afirmó, e indicó que desde hace varias semanas la población no recibe respuestas claras, por lo que consideró necesario que las autoridades agilicen soluciones en coordinación con los sectores movilizados. Por su parte, el diputado de Libre Reinaldo Seas sostuvo que la resolución de los conflictos dependerá de la predisposición de los ministros para negociar. “Va a depender mucho de la capacidad de cada uno de sus ministros para poder llegar a acuerdos”, señaló, e identificó como principales focos de tensión el pliego de la COB por incremento salarial, la crisis de combustible y las movilizaciones del magisterio. Asimismo, remarcó la necesidad de priorizar temas como infraestructura vial, salud y educación, en medio del impacto que generan los conflictos en la población. Ya el jueves, otros asambleístas compartieron su preocupación en torno a la coyuntura actual, y destacaron también estos frentes de conflicto. La diputada Julieta Jiménez (Unidad) se refirió al problema con los maestros: consideró justas sus demandas, pero también remarcó la difícil situación económica actual del país. “El magisterio sí tiene razón, pero algunos dirigentes tienen una línea del trotskismo muy extrema, también deberían ponerse la mano al pecho y ver que anteriores gobiernos nos han dejado en la calle”, sostuvo. En criterio de la senadora del PDC Ana Crispín, el conflicto más complejo en miras es el de la COB, que no acepta la negativa al incremento salarial. La asambleísta considera que el problema pudo haberse evitado si el gobierno no determinaba el incremento salarial en diciembre pasado. “Se está pagando los platos rotos de una ley que ha salido a destiempo. Ya es una costumbre que haya incremento de salarios cada 1 de mayo” señaló dando a entender que incrementar los sueldos nuevamente sería inviable. “Hay que dialogar para llegar a un entendimiento”, recomendó. A su turno, la Claudia Herbas, diputada de Alianza Popular, se refirió a los problemas por el combustible y a las demandas del magisterio. Sobre el primer punto se detuvo en el cambio del ministro de Hidrocarburos: “se puede observar nuevamente que el presidente Rodrigo Paz tarda en tomar decisiones: el señor (Mauricio) Medinaceli no tenía control de nada, se lavó las manos… fue una gestión irresponsable”. Luego enfatizó en la urgencia de dar soluciones: “el gobierno tiene que resolver el problema de la gasolina basura; del abastecimiento del diésel, que es una situación grave para los agricultores; pero, ante todo, debe dar un resarcimiento efectivo y real a todos los bolivianos que estamos gastando de nuestro bolsillo por los daños en los vehículos”. En cuando a las movilizaciones del magisterio, manifestó: “toda manifestación en las calles es porque las demandas no están siendo escuchadas, y eso pasa con los maestros: buscan que no se privatice la educación”. El magisterio urbano anunció que la próxima semana llegarán cientos de profesores de todo el país a La Paz, una vez que fracasaron las negociaciones con autoridades. El sector exige un incremento salarial acorde con la inflación de los últimos meses; incluso mayor al 20 % planteado por la COB, según declararon representantes en días pasados. Otra de sus demandas es “reajustar 4.000 ítems incompletos, que provienen de ítems reordenados”. Mientras tanto, dirigentes del transporte advirtieron con tomar decisiones radicales si no se normaliza el abastecimiento de diésel y gasolina. A ello se debe sumar otros sectores en apronte, como los mineros y la COB. BRÚJULA DIGITAL

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, presentó este viernes su renuncia irrevocable al cargo, argumentando dificultades de “coordinación” que le impidieron alcanzar resultados urgentes en su gestión. “Es básicamente algunas situaciones de coordinación que no me han estado permitiendo llegar a algunos resultados urgentes como se necesitaba. Por ese motivo es que estoy pidiendo mi renuncia irrevocable”, argumentó. La ahora exautoridad, que estuvo cinco meses en el cargo, señaló que la falta de coordinación se dio tanto a nivel interno como con otras instituciones, en un contexto que calificó como complejo por la coyuntura del país y la multiplicidad de tareas en curso. Indicó que durante su gestión impulsó proyectos como la incorporación de la seguridad ciudadana en la currícula educativa, además de otras iniciativas orientadas a fortalecer la prevención. Aseguró que seguirá sirviendo al país desde donde esté y que se va “por la puerta grande”, convencido de que actuó con honestidad y compromiso durante su gestión. ERBOL