El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ratificó su apoyo en la defensa del medio ambiente, relacionada a los contratos mineros que fueron rechazados en la ALP, demandando del Estado el cumplimiento de las normativas.
Bajo este compromiso, la Defensoría del Pueblo se compromete a exigir al Estado acceso a la información pormenorizada referida a los contratos mineros, que posiblemente sean presentados en noviembre ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Para el investigador del CEDLA Alfredo Zaconeta, la problemática de la explotación minera plantea la urgente necesidad de creación de una ley integral del oro.
(RTP)