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Análisis: Panamá se levanta contra la minería y tumba millonario contrato

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 Una rebelión antiminería se vivió en Panamá en rechazo al contrato millonario entre el Gobierno y la transnacional canadiense First Quantum. Luego de más de treinta días de lucha, la Corte Suprema emitió un fallo histórico al declarar inconstitucional ese acuerdo que autorizaba explotar cobre en una zona rica en biodiversidad.

El periodista Edwin Fernández dijo en RTPMundo que fue un fallo unánime y que se conoció que el contrato-ley vulneraba al menos 24 artículos de la CPE de Panamá. ” El puntal de la crisis fue la aprobación del contrato-ley 406 por el Gobierno y el hartazgo de la gente por acciones que van por encima del pueblo. Muchas personas aún están vigilantes hasta que se publique en la Gaceta (la anulación)”.

Recordó que el Ejecutivo y el Legislativo de Panamá aprobaron, en menos de una semana, e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara la operación de Minera Panamá, una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno de las entrañas del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre amenazada, pero que carece de protección legal.

El periodista dijo que la minera canadiense First Quantum iniciará un arbitraje internacional contra Panamá. ” La empresa actuará de manera legal y han manifestado esas intenciones al Gobierno. En cuanto a los empleos, los trabajadores han salido a manifestarse y pedir al Gobierno que se garantice su estabilidad tras la finalización de labores en la mina de cobre”

Quienes protestan denuncian el impacto ambiental de la actividad minera metálica, a la vez que señalaban que el contrato con la empresa era excesivamente ventajoso para ella, ya que le daba posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, la gestión directa de puertos y aeropuertos, y la posibilidad de operar con un control laxo de parte del Estado; por añadidura, el contrato tenía una duración de 20 años prorrogables a otros 20 más. 

Para buena parte de la ciudadanía, estas ventajas son la prolongación de una lógica neocolonial contra la cual emergieron las luchas del siglo pasado por la recuperación de la soberanía del Canal. Por otro lado, los que defendían el contrato argüían que este suponía una mejora económica respecto de su versión previa, ya que se pasó de una carga fiscal de entre 2% y 5% en función de la ganancia bruta por la explotación del cobre a una de entre 12% y 16% y, adicionalmente, la minera debía pagar el impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuestos de remesas e impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) por sus compras.

Con datos de RTP, Mongabay, EFE Y AFP

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