Morales ignora fallos del TCP, aprovecha lentitud de la justicia y provoca muertes y pérdidas millonarias con bloqueos evistas por tercera vez en 18 meses
En menos de un año y medio, desde enero de 2024 a la fecha, Evo Morales y sus seguidores protagonizaron tres bloqueos de carreteras dejando incomunicado a gran parte del país, sin que el sistema judicial logre hacer sentar en el banquillo de los acusados al líder cocalero como incitador. Un fallo del TCP estableció que en las interrupciones de las vías troncales del país se transgredió el derecho a la libertad de circulación de las personas. Actualmente hay algunos dirigentes evistas cautelados. Ni las dos acciones populares en su contra impidieron que el expresidente reactive los bloqueos de carreteras cuando él lo decide y afecta a la libre circulación de vehículos, de alimentos y provoca un daño a la economía del país con la intención de habilitarse como candidato a las Elecciones Generales de 2025, pese a que este pedido ya fue descartado con sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 2023, 2024 y 2025. BLOQUEOS POLÍTICOS El primer bloqueo evista de principios de 2024 duró 16 días. Morales utilizó al Pacto de Unidad afín a su persona para activar esta medida de presión en enero de 2024 colocando como petitorio el rechazo a la prórroga de magistrados del Órgano Judicial y del TCP y exigir a la Asamblea Legislativa la convocatoria a elecciones judiciales. En medio de estos pedidos, la estrategia principal era allanar el camino para su repostulación. El bloqueo de carreteras inició el 22 de enero de 2024 y fue levantado el 6 de febrero, después de que la Asamblea Legislativa aprobara la convocatoria a elecciones judiciales. La segunda vez que Evo ordenó bloquear carreteras del país fue en octubre de 2024, en esta ocasión fue más duro porque se extendió por 23 días y provocó el aislamiento de Cochabamba y la paralización de otras regiones de Bolivia. Las organizaciones sociales afines a Evo Morales salieron a respaldar a su líder político que desde entonces enfrenta acusaciones penales por trata y tráfico de personas y pretendían anular este proceso para viabilizar la habilitación de su candidato presidencial. La medida de presión inició el 14 de octubre con cuatro puntos de bloqueo y terminó el 6 de noviembre. En los momentos de mayor tensión, se registraron 23 piquetes simultáneos, la mayoría de ellos en Cochabamba, en la región cocalera del Chapare, que es el bastión político y sindical de Morales donde está atrincherado desde finales de septiembre, cuando se conoció que enfrenta una acusación penal por los delitos de trata de personas y estupro por los que está vigente una orden de aprehensión. Al no haber logrado su objetivo en los dos primeros bloqueos, Morales y sus seguidores hicieron uso de la medida de presión del bloqueo por tercera vez en menos de un año y medio. Ya llevan 14 días y con un saldo trágico de seis personas fallecidas, cuatro en la emboscada que sufrió un contingente policial cuando pretendía desbloquear la ruta en Llallagua (Potosí) y la de un bloqueador en Oruro y Cochabamba. DENUNCIADA Entre los denunciados también está la dirigente cocalera Suset Rodríguez, quien supuestamente habría dado instrucciones, por orden del exmandatario, para tomar los domicilios de autoridades y personas vinculadas a la administración del presidente Luis Arce. TCP: Evo violentó el derecho a la libre circulación El TCP estableció que con los bloqueos del evismo el pasado año se transgredió el derecho a la libertad de circulación de las personas, el traslado de productos, por lo que concedió tutela al accionante Amilcar Barral en contra de Evo Morales y dirigentes del partido político MAS-IPSP. No dio curso al pedido de ordenar el inicio de acciones penales y la aprehensión de Morales y sus seguidores si estos inician bloqueos de carreteras. Los tribunos entienden que esa demanda no puede ser atendida por la justicia constitucional, pero sí que el accionante u otros afectados pueden acudir a la vía ordinaria para el inicio de procesos penales. Rigen denuncias penales contra Morales por los bloqueos Con el argumento de la acción popular resuelta por el TCP, el ministro de Justicia, César Siles, presentó denuncia penal en contra de Evo Morales por los bloqueos de caminos que se registran en el país. Siles solicitó a la Fiscalía y a la Policía Boliviana acelerar el proceso investigativo en medio de una escalada de violencia en regiones como Llallagua, Oruro y Cochabamba, donde ya se registraron policías y civiles asesinados; además de varios heridos y denuncias de ataques con armamento de guerra por parte de grupos evistas movilizados. El ministro reiteró que la denuncia no solo alcanza al exmandatario, sino también a otras personas que resulten cómplices, encubridores o coautores de los hechos criminales. La Fiscalía inició investigación por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado, y obstrucción de procesos electorales. El exdiputado Amilcar Barral indicó que en base a esta sentencia de acción popular el ministro Siles activó una demanda penal por desobediencia a resoluciones constitucionales y hay evistas en la cárcel precisamente con este antecedente. “Con este fallo del TCP incluso ya se podría encarcelar a Evo Morales porque ya estaba advertido de que ya había transgredido el derecho a la libertad de circulación de las personas, el traslado de productos y otros derechos”, señaló Barral. Las parlamentarias opositoras Andrea Barrientos y Luciana Campero interpusieron denuncias contra Morales por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, daño económico y otros tipos penales por el bloqueo de caminos. El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que a denuncia del Ministerio de Justicia el 5 de junio se inició investigación contra Morales por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales, entre otros. La denuncia penal surgió luego de que un exdirigente cercano a Morales difundiera un audio en el que
