Seguridad

El Ministerio de Transparencia está llevando a cabo una investigación sobre 16 denuncias relacionadas con irregularidades en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran la venta sospechosa de un avión, vuelos vacíos que generaron un costo de 2.500 millones de bolivianos y una programación de vuelos engañosa que ha resultado en constantes retrasos. Intervención del Gobierno El Gobierno nacional ha decidido intervenir las oficinas centrales de BoA, ubicadas en Cochabamba, después de detectar una serie de irregularidades graves que fueron heredadas de la gestión anterior. Esta intervención busca abordar los problemas que han afectado a la aerolínea y a sus usuarios. El Viceministerio de Transparencia ha recibido 16 denuncias formales que apuntan a una administración deficiente. Esta situación ha perjudicado a miles de pasajeros y ha causado un daño económico significativo al Estado. Retrasos y cancelaciones Uno de los hallazgos más graves de la investigación explica la razón detrás de los numerosos retrasos y cancelaciones en los últimos meses. Según el viceministro Yamil García, la anterior gerencia planificó vuelos como si la empresa contara con 13 aviones operativos, cuando en realidad solo tenía 8. Esta discrepancia llevó a la venta de pasajes para aviones que no estaban disponibles, generando un “cuello de botella” que afectó a más de 4.500 pasajeros. Recuperación de aeronaves El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que ya se han recuperado algunas naves y actualmente cuentan con 12 aviones operativos. Esto ha reducido la cifra de pasajeros afectados a 1.500. La meta del Gobierno es llegar a “cero afectados” para el 5 de enero de 2026. Daño económico significativo La investigación ha revelado un presunto daño económico de 2.531 millones de bolivianos entre 2023 y 2025. Este daño se debe a que el anterior directorio autorizó rutas internacionales con una ocupación muy baja. Por ejemplo, en la ruta a La Habana (Cuba), aviones con capacidad para 168 pasajeros volaban con apenas 17 personas. Estos “vuelos fantasma” generaron gastos operativos que no se podían recuperar, afectando gravemente las finanzas de la aerolínea estatal. Venta sospechosa de un avión Transparencia también ha cuestionado la venta de una aeronave que se realizó en diciembre de 2024 por 7,4 millones de dólares. Este precio de venta está muy por debajo de los valores de referencia del mercado. El viceministro García ha señalado lo ilógico de esta decisión: “Uno vende algo cuando ya no es imprescindible”. Sin embargo, BoA vendió ese avión precisamente cuando necesitaba más naves para cumplir con sus horarios, lo que agravó la crisis de servicio. Posible sabotaje interno El Gobierno no descarta que las fallas en la programación de vuelos hayan sido un “sabotaje interno” con el objetivo de desprestigiar a la empresa. Por esta razón, se han anunciado denuncias penales contra los responsables, identificando a los implicados con “nombre y apellido”. Además, se llevarán a cabo auditorías especiales para revisar cada contrato y decisión administrativa. Los hallazgos de estas auditorías serán incorporados a la instancia correspondiente para asegurar que los exejecutivos rindan cuentas. Futuro de BoA A pesar de las denuncias, el ministro Zamora ha asegurado que no hay planes de privatizar BoA. El objetivo de la intervención es limpiar la administración, normalizar los horarios de vuelo y devolver a los ciudadanos una aerolínea confiable. (LA PATRIA)

El subteniente de la Policía, Joaquín Castellón, obtuvo su libertad tras una audiencia cautelar virtual de más de cuatro horas. El oficial era investigado por el presunto delito de homicidio, derivado del uso de su arma de reglamento durante los enfrentamientos registrados el pasado fin de semana en Cotapachi, Cochabamba, donde dos comunarios perdieron la vida en medio de un operativo de desbloqueo. Pese a la gravedad de la acusación, la autoridad jurisdiccional determinó que el uniformado podrá defenderse en libertad bajo el cumplimiento de varias medidas sustitutivas. Entre las restricciones impuestas figuran la prohibición de abandonar el país, el impedimento de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos y la obligación de presentarse ante el juzgado dos veces por semana para registrar su asistencia. Esta resolución judicial se produce en una jornada de alta tensión social marcada por las advertencias de los cooperativistas mineros de Potosí, quienes amenazan con movilizarse hacia la ciudad de La Paz si el Gobierno no atiende sus demandas sectoriales. Asimismo, el escenario político se ve sacudido por denuncias de corrupción contra exautoridades de comunicación y el distanciamiento público del vicepresidente Edmand Lara frente a la gestión del presidente Rodrigo Paz. (LA PRENSA)

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Personal imputó al expresidente Luis Arce por el delito de abandono de mujer embarazada y solicitó que se le imponga arraigo y una fianza de 25 mil bolivianos, dentro del proceso iniciado por la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Brenda Lafuente. La pena de cárcel que enfrenta va de tres meses a tres años. “Dadas las características de la iteración criminal, el Ministerio Público requiere: Prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de comunicarse con personas determinadas, fianza económica de Bs 25.000 y arraigo, prohibición de salir del país”, señala el apartado que detalla las medidas cautelares solicitadas. La orden judicial detalla que “existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado, Luis Alberto Arce Catacora, es con probabilidad autor del delito atribuido, dadas las circunstancias, los objetos y elementos de convicción reunidas y por la conducta asumida por el imputado antes, durante y después del hecho”. Además, señala un “riesgo evidente de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad”. Asimismo, se detalla: “Corresponde precisar que el delito inmerso en el Art. 250 del Código Penal, abandono de mujer embarazada, es claro al establecer que: ‘El que fuera del matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de sels (6) meses a tres (3) años’”. El caso En septiembre, Lafuente denunció al exmandatario, cuando todavía era presidente, por abandono de mujer embarazada y por pensiones familiares impagas. Señaló, además, que Arce se negaba a someterse a una prueba de ADN para determinar la paternidad de un menor que habría procreado con la denunciante. La mujer sostiene que la relación sentimental comenzó en 2023 y que, producto de esa relación, procreó un hijo. Denunció que “los dejaron en el total abandono durante todo el embarazo”. A fines de octubre, Lafuente se presentó en la Casa Grande del Pueblo y denunció que Arce se negaba a someterse a una prueba de ADN para verificar su paternidad, “señalando motivos de esterilidad”. El 4 de noviembre, Arce propuso pagar una pensión familiar de 2.635 bolivianos (el 10% de su salario como presidente) para la manutención del hijo de Lafuente. El exmandatario guarda detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro de La Paz, en el marco del caso de desfalco al Fondo Indígena, cuando era ministro de Economía. (VISIÓN 360)

La Fiscalía de Distrito de La Paz ordenó la aprehensión de un sargento y el arresto de otros cinco funcionarios policiales, incluidos altos mandos del penal de Chonchocoro, tras la huida de dos reclusos brasileños vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Entre los custodiados por el Ministerio Público se encuentran el director del recinto y el jefe de seguridad, quienes deben prestar declaraciones informativas para esclarecer su grado de responsabilidad en el evento. Las pericias iniciales en el lugar revelaron puertas forzadas y el hallazgo de un arma blanca, indicios que apuntan a una planificación previa del escape ocurrido la madrugada de este miércoles. El fiscal anticorrupción de El Alto, Rodrigo Condarco, confirmó que los internos utilizaron una escalera de madera para escalar el muro perimetral que separa el régimen cerrado del área externa. Ante esta situación, unidades de élite como la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desplegaron operativos de rastrillaje en las ciudades de Viacha, La Paz y El Alto. Las labores de vigilancia se intensificaron especialmente en las rutas que conectan con Desaguadero y otros puntos fronterizos con Perú, con el objetivo de evitar que los prófugos abandonen el territorio nacional. Esta crisis de seguridad penitenciaria coincide con el inicio del plazo oficial para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones subnacionales. Mientras las fuerzas del orden concentran sus esfuerzos en la captura de los extranjeros, la Cámara de Diputados intenta avanzar en la agenda legislativa tras reuniones entre jefes de bancada. La Policía Boliviana mantiene una alerta máxima en las zonas limítrofes, considerando los antecedentes de alta peligrosidad de ambos sujetos y sus posibles conexiones con redes criminales internacionales fuera de las fronteras bolivianas. (LA PRENSA)

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó hoy ante la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa para catalogar el bloqueo de carreteras y calles como un delito de carácter grave. La propuesta busca incrementar las penas privativas de libertad para los infractores y proporcionar un marco legal más sólido a las fuerzas de seguridad durante las operaciones de despeje de vías. El proyecto de ley establece que quienes participen en la interrupción del tráfico vehicular afrontarán condenas de tres a seis años de cárcel. Las sanciones se endurecen para los promotores, organizadores, instigadores o financistas de estas medidas de presión, quienes arriesgan penas de cinco a ocho años de prisión. Si los bloqueos desencadenan actos violentos contra la propiedad o las personas, la pena máxima podría incrementarse hasta 20 años, con posibilidad de acumularse a otros delitos hasta el límite constitucional de 30 años. Un elemento clave de la propuesta es la exención de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria y civil para policías y militares que intervengan de manera legal, necesaria y proporcional en las labores de desbloqueo. Además, el texto permite la actuación conjunta de las fuerzas del orden en áreas de alta conflictividad, garantiza el suministro de equipo adecuado y autoriza el uso de herramientas legítimas si existe peligro para la vida o integridad de los efectivos. La ley también impone la responsabilidad solidaria a los infractores para cubrir los daños y perjuicios ocasionados, y busca anular la Ley 1341 de 2020 sobre la regulación de estados de excepción. (LA PRENSA)

Después de la detención de Luis Arce, la Fiscalía continúa con las diligencias investigativas por el caso Fondo Indígena y tiene previsto convocar a declarar a la exministra Nemesia Achacollo.     “Se le va a citar (a Achacollo) en principio en calidad de testigo. Posterior a las investigaciones y a la documentación que está llegando al Ministerio Público, se va a determinar su situación jurídica”, dijo el fiscal Miguel Cardozo. Achacollo fue ministra de Desarrollo Rural cuando estalló el caso Fondioc, donde se describieron desembolsos a cuentas particulares de dirigente para obras que resultaron inexistentes o “fantasma”. Estuvo con detención preventiva, pero luego recibió el arresto domiciliario. (CORREO DEL SUR)

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, fue víctima de un asalto a mano armada mientras vacacionaba con su familia en Brasil. El hecho ocurrió en el hotel Canto do Atlântico, situado en la playa Enseada de Guarujá, en la costa del estado de São Paulo, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la denuncia, tres delincuentes llegaron al lugar a bordo de un vehículo, anunciaron el robo y actuaron con rapidez. Las imágenes muestran a uno de los asaltantes acercándose armado al ingreso del hotel y amenazando a las personas presentes. Uno de ellos, que vestía una camiseta azul, apuntó con un arma de fuego a un empleado del hotel, quien terminó entregándole su anillo de bodas. En la escena también se encontró una mujer con un niño en brazos, mientras otros testigos observaban el asalto en estado de shock. El atraco se desgasta poco más de un minuto. Según el informe policial, a Saucedo le robaron un reloj marca Bulova, valorado en unos 600 dólares, dos teléfonos celulares, una llave de automóvil, 500 dólares en efectivo y otras pertenencias, tanto suyas como de su familia y de otras personas que se encontraban en el lugar. Tras el incidente, el magistrado cuestionó la situación de seguridad en Brasil y el impacto del asalto en su familia. «Tengo mucho cariño por Brasil, pero el gobierno ha desatado la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. La criminalidad no tiene fronteras. Me tocó, frente a mis hijos, ser víctima y que tres niños tengan que soportar tener enfrente a un cobarde con un arma de fuego», manifestó. Saucedo también criticó la respuesta de las autoridades brasileñas y afirmó que, pese a la existencia de cámaras de seguridad, aún no se ha dado una respuesta concreta.  La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo (SSP-SP) informó que el caso es investigado como robo por la Comisaría de Guarujá, aunque hasta el momento no se logró identificar a los autores. En tanto, la Alcaldía de Guarujá indicó que no fue notificada oficialmente sobre la presencia del presidente del TSJ en la ciudad, confirmando que se trataba de un viaje de carácter privado y no de una visita oficial. Los jueces y funcionarios judiciales de Bolivia iniciaron el viernes su período de vacaciones de fin de año, que se extenderá hasta el 5 de enero de 2026. (CORREO DEL SUR)