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Seguridad

Huarachi se defenderá por denuncia y ofrece levantar secreto bancario

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció asumir defensa ante la denuncia en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y dijo estar dispuesto a levantar su secreto bancario. El proceso fue anunciado por el abogado Abel Loma, quien vinculó al exdirigente dentro en el caso denominado coimas millonarias en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde se encuentra investigado el exministro Juan Santos Cruz. “No tengo ningún problema en levantar mi secreto bancario y que investiguen a Huarachi, es trabajador del Estado de la Empresa Minera Huanuni, entonces, hay que investigarlo, no tenemos ningún problema”, aseguró. Como parte de una campaña de difamación por el trabajo que hizo al frente de la COB consideró Huarachi surge la denuncia en su contra. “Tal vez a muchos les molesta y les duele de que Juan Carlos Huarachi esté saliendo por la puerta después de un congreso, cumpliendo con su informe a nivel de lo que ha sido su trabajo en la Central Obrera Boliviana”, dijo.  Luego de terminar su gestión al frente de la COB, ahora busca reincorporarse a la empresa Huanuni donde antes de asumir la dirigencia desempeñaba funciones.  Mientras estaba al frente del ente matriz de los trabajadores, Recordó que el sueldo que percibía era de Bs 15.000 y que eso lo puede demostrar mediante las boletas de pago que recibía cada mes. ERBOL

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Dávila ofrecería datos sobre Evo para cambiar su caso en EE.UU

El abogado Lurwing Ledezma Fernández informó que el ex coronel de Policía, Maximiliano Dávila, puede cambiar su situación legal en Estados Unidos a cambio de información sobre el expresidente Evo Morales y sus ministros de Gobierno. Dávila habría cambiado de estrategia y aceptado los cargos de narcotráfico en Estados Unidos, luego del rechazo de los dos incidentes procesales que presentó su defensa sin éxito. “Va a tener que vender a todos sus socios y a todas las personas con las que ha traficado cocaína a EEUU, entre ellas las seis federaciones del trópico”, expresó Ledezma. “Ahora está en las tratativas de modificar su declaración inicial y, obviamente, declararse culpable, pero, esta declaración de culpabilidad no viene sola, es como un procedimiento abreviado, donde le van a beneficiar con una pena, a cambio de esto quiere pedir, primero, que pueda recibir la visita de su familia, y, segundo, al declararse culpable él va a tener que dar datos como lo hizo el Chapo Guzmán”, dijo el abogado en conferencia de prensa. El ex jefe antidrogas del Gobierno de Evo Morales fue acusado por narcotráfico y fue aprehendido en enero de 2022 y las autoridades lo tuvieron casi 3 años recluido en el penal de San Pedro sin poder iniciarle un juicio. En octubre de 2024 el gobierno de EEUU solicitó la extradición del ex jefe policial y en un trámite expedito, en diciembre de ese año fue llevado a EEUU donde permanece desde entonces. El abogado Ledezma señaló que Dávila tendrá que brindar información sobre “Evo Morales y los ministros de Gobierno de turno que han ayudado y coadyuvado al delito de tráfico de sustancias controladas, por las toneladas de cocaína que han salido de Bolivia rumbo a Estados Unidos”, dijo sin mostrar las pruebas. El abogado de Dávila en Bolivia, Manolo Rojas, no se pronunció sobre esta supuesta nueva estrategia del ex jefe policial. Hasta el momento solo Ledezma Fernández informó que el juicio debía iniciarse el martes 14 de octubre y fue postergado por la nueva versión sobre su declaración. EL DEBER

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Reaparece Dorgathen: pide declarar en Santa Cruz por motivos de salud

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reapareció públicamente mediante un memorial presentado ante el juez del caso “Botrading”, en el que solicita prestar su declaración en la ciudad de Santa Cruz, argumentando que es su lugar de residencia y que enfrenta problemas de salud que le impiden desplazarse. “Señor juez, a los fines de evitar situaciones de indefensión y de persecución indebida, solicito respetuosamente se ordene que mi declaración sea presentada en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde tengo mi domicilio real”, señala el documento firmado por Dorgathen. En su petición, el titular de la estatal petrolera pidió al juez considerar su estado de salud, señalando que su condición le impide viajar entre ciudades. “Además de lo expuesto, solicito considere que estoy con padecimiento de salud que impide trasladarme de una ciudad a otra. En razón de lo expuesto, solicito se autorice y se ordene mi declaración en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, añade el memorial. El ejecutivo de YPFB fundamentó su pedido en el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación. “La presente petición la realizo porque su autoridad es el contralor de las garantías constitucionales de quienes nos encontramos sujetos a una investigación”, expresó. Dorgathen es investigado dentro del caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en operaciones comerciales vinculadas a la estatal petrolera. Con esta solicitud, busca participar del proceso judicial sin trasladarse a otra jurisdicción, apelando a su derecho a la defensa y a la salud. Cabe recordar que sobre el presidente de YPFB pesa una orden de aprehensión emitida en el marco de esta investigación. (CORREO DEL SUR)

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Cinco días después de ser posesionado, el Director de la AJAM es imputado por uso indebido de influencias 

El pasado viernes el ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, posesionó a Eddy Álvaro Antezana García como nuevo director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Tras su posesión, el diputado Enrique Urquidi cuestionó esa designación, porque se produce pese a que Antezana enfrenta una imputación formal por presunto delito de uso indebido de influencias. Este miércoles el fiscal Omar Mejillones confirmó que el director de la AJAM, Eddy Álvaro Antezana García, fue formalmente imputado por el presunto delito de uso indebido de influencias y la Fiscalía solicitará medidas sustitutivas. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Solicitan investigar el caso de Samantha por infantic¡dio

En el caso de la niña Samantha, cuyo paradero se desconocía desde hace dos años, autoridades confirmaron su hallazgo sin vida en el municipio de Laja. Su progenitor, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro por Trata de Personas y Violencia Familiar, se refirió al deceso, y se solicitó modificar el tipo penal a infanticidio para esclarecer el hecho. Herlan Cabrera, secretario municipal de Desarrollo Humano Social Integral, informó que el caso se encuentra en reserva y que, de confirmarse el infanticidio, se investigará la posible participación de cómplices. Se espera el resultado del examen médico forense. Samantha, quien hoy tendría diez años, era buscada desde que su madre y cinco hermanos fueron rescatados de una vivienda en el Distrito 8, donde vivían en condiciones de vulnerabilidad, según Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto. YENNY TICONA-RTP

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Tres mujeres denuncian a un mismo hombre por violencia y extorsión

El testimonio de tres mujeres revela la extorsión, las amenazas y la manipulación que habrían sufrido a manos de un mismo hombre. Aseguran que fueron agredidas físicamente, chantajeadas y despojadas de sus bienes, mientras el presunto agresor continúa en libertad utilizando el nombre de policías, fiscales, jueces y autoridades del Gobierno para intimidarlas. Para las tres víctimas, Osmar C.P.B. representa el rostro de la impunidad. Pese a tener una sentencia condenatoria por el delito de corrupción de menores y procesos abiertos por violencia familiar, doméstica y extorsión, según el registro de denunciados del Ministerio Público, el hombre continúa libre. Esther, Janet e Inés rompieron el silencio y decidieron contar sus historias. “Ha sido un infierno vivir con él”, relata Esther, quien señaló que mantuvo una relación de nueve meses con Osmar, y que en ese tiempo no presentó la denuncia por temor a que les pase algo a sus hijos, ya que las amenazas eran en ese sentido. “Se puso tan violento que alcanzó el cuchillo y vino hacia mí con tanta fuerza… lo único que hice fue levantar la tabla de picar para cubrirme el abdomen. Ahí rebotó el cuchillo. Gracias a Dios estoy con vida. Esa fue la última vez que me agredió con cuchillo”, recuerda Esther. Las amenazas posteriores eran conocidas por la víctima: el uso del miedo y del nombre de autoridades para asegurar impunidad. “Me dijo: ‘Vas a aparecer muerta, colgada, no van a encontrar tu cuerpo. Voy a hacer desaparecer a tus hijos. No me tienes que denunciar, yo manejo a los coroneles, van a borrar toda evidencia. Manejo el poder político, sabes con quiénes me codeo’” Esther presentó fotografías, pericias y conversaciones como pruebas, pero el Ministerio Público solo consideró parte de ellas. Después de varios años, su caso se encuentra con acusación para ir a juicio únicamente por el delito de violencia psicológica. A pesar de contar con una sentencia condenatoria y medidas restrictivas, el agresor continúa libre. Esther denuncia que sigue siendo vigilada y hostigada. “Si me pasa algo, será responsabilidad de él.” “Ha intentado terminar con mi vida”, relata otra víctima, Janet, quien presentó la denuncia por violencia familiar el 6 de julio.” Se trata del mismo agresor que el de Esther. Según su testimonio, también le presumía tener contactos dentro de la Policía y vínculos con abogados y jueces, lo que habría provocado que su caso sea rechazado. El acusado habría evitado las notificaciones cambiando de domicilio en cuatro ocasiones, llegando incluso a registrar una dirección inexistente en Yapacaní, departamento de Santa Cruz. Esta situación derivó en el rechazo del proceso. Janet también denunció haber sido hostigada por su propio abogado, lo que la llevó a una conciliación forzada, actualmente impugnada porque, según asegura, busca justicia. “Yo estaba en la cama y me puse de costado y me puse a ver el TikTok. Él pensó que estaba hablando con alguien, me agarró del cuello, me ahorcó. Yo ya no podía respirar y me asusté. Creo que él se dio cuenta porque ya no podía… creo que me puse roja, no sé, y me suelta. Recién me tranquilizo, ya no me podía mover. Digo: si me muevo, este me va a hacer algo. Se levanta y viene hacia delante mío a decirme que yo no lo voy a ver la cara de cojudo, que si quiero hacer algo lo voy a engañar, que me iba a matar, que iba a aparecer en un terreno baldío, que nadie se iba a dar cuenta que él era”, recuerda. Aunque Janet presentó grabaciones, mensajes y valoraciones médicas, el proceso fue retardado y posteriormente rechazado. “Su abogado William estaba buscándolo a la jueza. No es raro que lo haya hecho rechazar. Tengo el audio donde su abogado dice que incluso el fiscal es culpa, pero que le iban a cobrar más caro y que era mejor que arregle conmigo.” El testimonio también apunta a posibles actos de corrupción judicial. “Me amenazaba diciendo que conocía a coroneles.” “Yo claro que me he arrepentido de conocer a esta persona”, dice Inés, otra víctima, que además denunció chantaje económico y extorsión del mismo sujeto. “Yo presenté una denuncia contra este señor Osmar P. por el delito de extorsión y estafa, pero solo lo han hecho valer por extorsión… Me empieza a amenazar de muerte a mí, a mi familia. Me manda mensajes y audios donde dice que voy a aparecer colgada en cualquier lugar, que nadie va a saber qué ha pasado conmigo.” Inés asegura haber sido víctima de una red de extorsión que operaba bajo la fachada de “ayuda legal”, exigiéndole dinero a cambio de supuestos favores judiciales. “Me pedía dinero, me hacía comprar whisky dizque para los doctores. Cuando yo no accedía, me empezaba a insultar con palabras vulgares.” Según su denuncia, el imputado utilizaba nombres de coroneles y funcionarios públicos para infundir miedo. “Hablaba del coronel Santos, del viceministro Aguilera, del Téllez. Decía que ellos estaban de su lado. Incluso me decía: ‘mira, estoy llamando, vas a cumplir o no vas a cumplir’. Para mí es un tronar de dedos que aparezcan muertos. Eso me decía.” Pese a la gravedad de las amenazas y los montos involucrados, el proceso también tuvo irregularidades. “Presenté la denuncia, pero el fiscal pidió ampliación del caso y ese mismo día, en la tarde, saca una resolución de rechazo. Le dije: ‘¿por qué, si usted pidió ampliación?’ Y me respondió: ‘no sé, usted sabrá qué hacer’.” Ese hecho ocurrió dentro del proceso por amenazas, aunque Inés continuó otro por extorsión, debido a los montos de dinero que —asegura— entregó bajo amenazas de muerte, incluso contra sus familiares. El caso cuenta con una imputación que se resolverá este martes en el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz. Las víctimas mencionan que Osmar utilizaba los nombres de un coronel Llusco, de otro policía de apellido Canazas, de los fiscales Colque y Chuyma, y de un juez de apellido Duglas, por

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Bolivia: 20.000 accidentes; el SOAT cubrió Bs 84 millones

A septiembre de este año, la cantidad de personas que sufrieron accidentes de tránsito se incrementó a 19.997. La empresa de seguros y reaseguros Univida erogó un total de Bs 84,61 millones por concepto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). “Se ha incrementado la cantidad de personas que han sido afectadas por un siniestro. Hemos pasado de 15.560 accidentados en 2023 a 19.997 hasta septiembre de 2025”, reveló el jueves el gerente general de Univida, Larry Fernández. El directivo explicó que, de los 19.997 accidentados, la distribución por tipo de vehículo es la siguiente: un 44,3% corresponde a motocicletas, un 16,5% a minibuses, y un 14,2% a vagonetas. Del mismo modo, los siniestros de tránsito vinculados al transporte público representan el 59,5%, mientras que los correspondientes al transporte privado alcanzan el 40,5%. El eje troncal del país, conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentra cerca del 80% del parque automotor nacional, es también el que registra aproximadamente el 90% de los accidentes de tránsito. Sin embargo, estos no se concentran en las capitales departamentales, sino en sus manchas metropolitanas, donde hay mayor circulación y densidad vehicular. Por tipo de vehículo, Santa Cruz y Cochabamba reportan un mayor número de accidentes en motocicletas, mientras que en La Paz predominan los accidentes que involucran minibuses. El accidente más trágico del año se registró el 1 de marzo, cuando una colisión entre las flotas Emanuel y Flecha Norte, en la ruta hacia Uyuni, Potosí, dejó un saldo de decenas de heridos y al menos 39 personas fallecidas. El gerente general de Univida, Larry Fernández, hizo un llamado a la reflexión a los conductores y destacó que el SOAT representa un compromiso con la seguridad vial y la protección de la vida de todos los bolivianos. “El SOAT tiene como principal función garantizar el derecho a la vida y la salud de las familias bolivianas. Contar con una cobertura vigente es una manera de brindar tranquilidad a nuestros seres queridos y de anticiparnos a cualquier eventualidad que pudiera surgir en las carreteras de nuestro país”, afirmó. Fernández informó que Univida ya puso a la venta el SOAT 2026 desde este jueves, a través de canales digitales. A partir del sábado 1 de noviembre, también estará disponible en los puntos de venta fijos. Se anunció además que los precios se mantienen por quinto año consecutivo. VISIÓN 360

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Una noche de terror en la cárcel femenina de Obrajes

El 6 de septiembre de 2025, el Centro de Orientación Femenina de Obrajes vivió una noche marcada por gritos, amenazas de muerte, disturbios, incendio e intento de suicidio, según reportes policiales. “Es un pedido de ayuda para las cosas que vivimos aquí”, dice una nota escrita que acompañó los documentos en que se basa esta información. De acuerdo con los reportes elaborados por las policías encargadas de la seguridad penitenciaria, el hecho ocurrió el sábado 6 de septiembre, aproximadamente a las 22:00 horas. Durante el llamado de lista, las uniformadas escucharon gritos provenientes del segundo piso de los dormitorios. Al dirigirse al lugar, encontraron a tres reclusas agrediendo a sus compañeras de celda: una estaba siendo asfixiada con una almohada, mientras que otras eran atacadas con vidrios rotos y armas punzocortantes. Las privadas de libertad identificadas como M.G., E.I. E. y M.H. eran las que mostraban una “actitud violenta y agresiva” con presuntos signos de “consumo de estupefacientes”. “Fuimos amenazadas ambas funcionarias por parte de la P.L. G., quien manifestó de manera textual que no nos tenía miedo, ni al traslado, indicando palabras muy amenazadoras hacia nosotras, haciendo conocer también que ella tenía la enfermedad de VIH SIDA y que no tenía importancia su vida”, señala el reporte de una de las uniformadas del penal. En medio de la tensión, se cortó la energía eléctrica debido a un incendio registrado en uno de los toldos, lo que provocó que el humo se expandiera hacia los dormitorios. El pánico se apoderó de las internas, que intentaron salir desesperadamente de sus celdas. “Debido al ingreso de humo a los dormitorios, empezaron a desesperarse y salir hacia la puerta de salida al patio de gobernación. Vimos jalar a varias privadas de libertad la reja que estaba asegurada con cadena y romper esta cadena. De manera inmediata, nosotras tuvimos que abandonar a las privadas de libertad mencionadas y salir al resguardo de la puerta principal de salida y torres, por donde posiblemente puedan fugar las privadas de libertad que salieron después de haber violentado la puerta, teniendo conocimiento que el personal masculino se encontraba sofocando el incendio”, complementa el informe. Radio Patrulla y Bomberos intervinieron para controlar la situación, junto con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur, quienes tomaron declaración a las privadas de libertad agredidas por sus tres compañeras. Los actuados concluyeron aproximadamente a las 02:50 de la madrugada, cuando los uniformados de la FELCC abandonaron el penal. Sin embargo, la noche no terminó ahí. Poco después, se escucharon gritos: una interna atentaba contra su vida. “Una vez que se tranquiliza la situación, nos dirigimos a la comandancia de guardia. Se llegan a escuchar gritos en el área de la cancha de futsal, donde se observa que la jefe de seguridad estaba tratando de tranquilizar a la privada de libertad Sra. L. R. C. B., quien se encontraba en posesión de armas punzocortantes (cuchillo y vidrios rotos) en sus manos, autolesionándose. Viendo y analizando la situación, se agarró una frazada y, aprovechando un descuido, se la tapó inmediatamente, siendo reducida en el lugar y salvaguardando su integridad física. Fue dejada a cargo de la jefe de seguridad, la enfermera del penal y la encargada de dormitorio, para su atención respectiva”, detalla el informe policial. Finalmente, las uniformadas expresaron una preocupación profunda por las condiciones en las que desempeñan su labor: “Como se puede evidenciar, existe mucha preocupación en cuanto a la cantidad de personal que se encuentra prestando servicio de seguridad interna, con cinco efectivos policiales femeninas, y externa, con dos policías varones, quienes debemos controlar a una población de 444 privadas de libertad. Por lo tanto, solicitamos mediante su autoridad que se analice y efectivice la dotación de personal de seguridad, de manera que no se corra riesgo sobre la integridad y la vida del personal”, concluye el informe. Este medio de comunicación solicitó información de autoridades del ramo, sin embargo, no habían respondido hasta la publicación de este reporte. ERBOL

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Policía detiene a agresor serial de mujeres en la zona Sur

Este viernes la Policía detuvo a un varón de 20 años que era conocido por agredir físicamente a las mujeres entre las calles 8 y 21 de Calacoto, en la zona Sur de La Paz: si las encontraba solas procedía a darles un puñete en el rostro hasta romperles el tabique. El comandante departamental de la Policía, Gunter Agudo, señaló que este ciudadano fue detenido gracias a denuncias de las mismas mujeres; solicitó que si fueron objeto de este agresor presenten la denuncia en la Dirección de la FELCC en la zona Sur. Tras su detención, se espera la realización de las medidas cautelares del agresor, quien no habría querido declarar y se acogió al silencio. Se cree que tendría afecciones mentales.

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Magistrado prorrogado: vamos a irnos cuando vengan nuestros sustitutos elegidos por sufragio

El decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada, afirmó que los magistrados prorrogados permanecerán en sus cargos hasta que asuman nuevas autoridades judiciales elegidas mediante sufragio, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado. “Nosotros vamos a irnos cuando vengan nuestros sustitutos elegidos por el procedimiento que dispone la Constitución Política del Estado, porque quien tiene que definir nuestra sustitución mediante el ejercicio del sufragio popular es el pueblo boliviano”, declaró Espada en La Mañana en Directo de ERBOL. Se pronunció después de que autoridades del Órgano Judicial pidieron la renuncia de los “autoprorrogados”, al considerar que usurpan funciones al extender su mandato más allá del plazo constitucional. Espada sostuvo que la decisión de prorrogar el mandato ante la falta de consenso en la Asamblea Legislativa para convocar a elecciones judiciales. “Definimos darle certidumbre democrática al país”, dijo. El magistrado señaló que, tras esa decisión, han sido objeto de denuncias, protestas y ataques institucionales. “A partir de ese momento hemos sido víctimas de diferentes denuncias, ataques, tomas pacíficas del Tribunal Constitucional, huelgas de hambre”, declaró. También se refirió a los intentos legislativos de cesarlos en sus funciones y dijo que “al parecer, todo esto encaja en una planificación política que quiere desconocer la democracia”. Espada enfatizó que la prórroga tiene carácter excepcional y que fue adoptada para evitar la paralización de la justicia. “Lo que hemos hecho es evitar un vacío legal porque se estaba dejando en orfandad a miles y miles de justiciables”, afirmó. Consultado sobre las denuncias en su contra, señaló que ya fueron tratadas por instancias legislativas. “Siete denuncias en 2023 se han tramitado en la Fiscalía y en tribunales departamentales. Estas autoridades se declararon incompetentes y las remitieron a la Asamblea Legislativa, donde fueron rechazadas”, explicó. Aseguró también que el tribunal no ha recibido presiones del actual gobierno. Finalmente, reiteró que solo dejarán sus funciones cuando se realicen las elecciones judiciales. “El mecanismo de sustitución nuestra es el mecanismo democrático del voto popular. Tenemos que cumplir lo establecido en la Constitución”, concluyó. ERBOL

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