Seguridad

La Aduana Nacional ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Tarija contra Armin Ludwig Dorgathen Tapia, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por el presunto delito de contrabando agravado en la exportación de combustible, que ascendería a un monto estimado de $us 14 millones. La denuncia, presentada el pasado 6 de octubre y promovida por el administrador de la Aduana Frontera en Yacuiba, Rodrigo Acuña, fue admitida por las autoridades judiciales. En consecuencia, la Fiscalía especializada en Yacuiba emitió una orden de aprehensión en contra de Dorgathen. El Fiscal de Materia III, Yeison Américo Plata Maldonado, confirmó la orden, la cual ya activó un operativo policial para ubicar y aprehender al ejecutivo de YPFB. La investigación señala que Dorgathen estaría presuntamente implicado en operaciones ilícitas que afectan gravemente los recursos estatales y la normativa aduanera. También se menciona la participación de Jesús Salvador Vargas Cruz, técnico en gestión aduanera y operativa. (LA PRENSA)

Al menos cinco delincuentes armados irrumpieron violentamente en una vivienda de El Alto, donde en el primer piso funciona una tienda de venta de carne de pollo, logrando llevarse un botín de $us 50.000, Bs 7.000 y joyas de oro. El atraco, ocurrido la noche del miércoles, dejó una pareja y su hija heridas, quienes fueron agredidas al intentar defenderse. Vecinos Presenciaron el Ataque y la Fuga con Disparos Una vecina relató a los medios que solo escuchó gritos de “Auxilio, ayuda”, y que al salir de su vivienda, vio a la familia herida. “La señora ha salido con su hija, todo sangrando”, comentó. El pánico se desató cuando otros vecinos intentaron intervenir, ya que los atracadores comenzaron a disparar al aire para cubrir su escape. “Disparando se han ido”, señaló la testigo, indicando que solo pudieron observar la huida de los antisociales. La vivienda asaltada y la tienda de venta de pollo sufrieron destrozos en puertas y muebles debido a la violencia del atraco. (LA PRENSA)

El municipio de Tipuani (La Paz) anunció este jueves que aprobará una nueva ley de emergencia ante las inundaciones recientes que sufre esa localidad, donde hay 420 familias damnificadas. Por otro lado, esa entidad señaló que no tiene la atribución para paralizar las operaciones mineras. “Debemos aclarar que nosotros estamos con una alerta, estamos con lo que es una ley de emergencias. Este efecto que nos pasó (inundaciones) ya tiene una ley de desastre natural que está vigente. Prácticamente, estamos sacando otra nueva ley de emergencia con este nuevo evento”, afirmó Ariel Patiño, director de Planificación de la alcaldía de Tipuani.  El miércoles, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, responsabilizó a la actividad minera ilegal por la inundación que sufrió ese municipio de Tipuani (La Paz) y alertó que esa región, y otras de la zona, “son una bomba de tiempo” por los continuos movimientos de tierra, los cuales –advirtió- pueden causar peores desastres. Al respecto, Patiño sostuvo que es muy fácil expresarse de esa forma, pero remarcó que otra cosa es vivir la realidad de ese municipio. “Con el respeto que se merece, es una cosa vivirlo aquí en territorio y todas las necesidades y lo que está sufriendo la población”, manifestó. Consultado sobre que se señala a las cooperativas mineras de agravar la situación en ese municipio con el movimiento de tierras, Patiño respondió lo siguiente: “¿Cuáles son las atribuciones del gobierno municipal? El paralizar, el obstaculizar lo que vienen a hacer los trabajos no está dentro de nuestras atribuciones”. El funcionario sostuvo que el tema de las inundaciones es un problema que les aqueja cada año y que las distintas entidades estatales tienen conocimiento de ello, pero lamentó que “no hay la coordinación y la solución inmediata”. Mencionó que el único ente gubernamental que apoyó al municipio es la Gobernación de La Paz, a través de la Unidad de Gestión de Riesgos. (VISIÓN 360)

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, afirmó este miércoles que “nadie puede negar” que la causa principal de la reciente inundación en Tipuani, que afectó a al menos 420 familias, es la actividad minera aurífera que se desarrolla en la zona.  “Nadie puede negar que la causa principal de este desastre es la actividad minera que se desarrolla en la zona. De manera que aquí los responsables tanto el Ministerio de Minería como la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberían intervenir de forma inmediata”, afirmó Calvimontes en conferencia de prensa.  Pidió al alcalde de Tipuani, Fernando Vera, emitir una declaratoria por lo sucedido y asumir plenamente sus funciones como autoridad edil.  “Yo finalizo haciéndole una convocatoria fraterna al alcalde, ¿va a actuar como alcalde municipal o va actuar como cooperativista minero? Él tiene que definirse, caso contrario su municipio tiende a desaparecer”, afirmó.  420 familias afectadas Tipuani se encuentra inundado tras una intensa lluvia y el desborde del río que atraviesa la localidad. El vocero de la Gobernación de La Paz, Jesús Chura, informó que existen 420 familias afectadas y 120 damnificadas.  “Nuestro gobernador, Santos Quispe, se ha reunido ayer con el alcalde de Tipuani, cooperativas mineras, Servicio Departamental de Caminos y lo que ha instruido es que entre maquinaria pesada al municipio. Van a entrar más o menos dos a tres maquinarias pesadas para poder realizar el trabajo de reconducción del río”, informó Chura en entrevista con Brújula Digital.  Advirtió, sin embargo, que lo que puede afectar al trabajo continuo de la maquinaria es la falta de diésel.  Advirtió, sin embargo, que la falta de diésel puede afectar la continuidad de los trabajos. Además, denunció la presencia de empresas mineras chinas, que —según dijo— no realizan tareas de prevención ambiental. Vecinos y autoridades locales han denunciado en varias oportunidades que las operaciones mineras han modificado el cauce de los ríos, provocando inundaciones recurrentes.  “Tipuani es una zona minera, pero debe haber una minería responsable. Dejando estos pozos así, a cielo abierto, lamentablemente ese sector estaba cerrado con arena, no estaba con piedra, y no hubo esa protección a la población”, denunció la concejala Angélica Alejandro.- Mineros deslindan responsabilidades El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, rechazó que las inundaciones en Tipuani se deban a la actividad minera y atribuyó el desastre a factores climáticos.  “Lamentablemente ante las inclemencias del tiempo, prácticamente el norte de La Paz, el sector de Mapiri y Tipuani no ha cesado la época de lluvias en todo este tiempo. (…) Lastimosamente la torrencial lluvia y también que día antes (…) ha habido un derrumbe de un cerro prácticamente y entonces cuando el agua lleva, entra el agua también rompe con todo, entonces tampoco se puede decir que eso llega abajo y puede ser también a consecuencia de eso”, informó el representante de Ferreco en conferencia de prensa. Indicó que se acordó con la Gobernación de La Paz enviar ayuda humanitaria a los damnificados. “Hemos decidido hacer la ayuda con víveres de acuerdo a la cantidad que sean, vamos a hacer en gran cantidad para todos los hermanos damnificados”, agregó. Sirpa anunció además que se convocará a una reunión de cooperativas para identificar a las que no cumplan el acuerdo de no trabajar al borde del río.  “Tenemos que hacer un análisis a ver qué cooperativas no han cumplido, ahora sí vamos a tomar cartas en el asunto porque se avecina de nosotros nuestra asamblea ordinaria en la cual vamos a hacer también drásticos nosotros con aquellas cooperativas que no estén cumpliendo con lo comprometido”, afirmó.  (BRÚJLA DIGITAL)

El pasado viernes, tras contactarse con la víctima por redes sociales, un efectivo policial recogió a una menor de 14 años a la salida de su colegio en el Prado paceño, la llevó en su vehículo y procedió a violarla. Anoticiados de este hecho, la madre y el padre de la menor procedieron el lunes pasado a contactarse con el uniformado, haciéndose pasar por la joven y citándolo en la calle Federico Suazo para detenerlo cuando el teniente viera a la menor al salir de su unidad educativa. Este hecho, según el director departamental de la Felcv, Rubén Caetano, fue corroborado por la Fiscalia con exámenes médico forenses, procediendo a imputar al individuo por violación y contacto contra niño, niña adolescente. El Tribunal Disciplinario de la Policía conformó una comisión de fiscales para que en 48 horas obtengan todas las pruebas en contra de este efectivo policial y de acuerdo a las sanciones internas se pueda dar con la baja definitiva. “Queremos tener todas las pruebas en su contra para que de esta manera podamos dictar una resolución”, destacó el coronel Oscar Gutiérrez, fiscal departamental de la Policía.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía contra los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato. La denuncia acusa a los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo de incurrir en los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y Usurpación de Funciones. Saucedo argumenta que las funciones de estos vocales concluyeron legalmente el 31 de diciembre de 2023. El documento presentado sostiene que, al haber emitido el Auto Constitucional 49/2023 y continuar en sus cargos de manera ilegítima, los magistrados dictaron disposiciones “arbitrarias” que vulneraron el orden constitucional y continúan ejerciendo un cargo para el cual ya no tienen mandato. Este acto, según la denuncia del titular del TSJ, constituye una clara usurpación de funciones. La acción legal se suma al ultimátum previo de Saucedo, quien les había exigido renunciar o ser “expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”. Finalmente, la denuncia incluye un pedido expreso a las autoridades para que se active una alerta migratoria contra los cinco magistrados, buscando evitar que abandonen el país mientras se desarrolla la investigación penal. Esta medida intensifica la crisis institucional en el Órgano Judicial y busca que el Ministerio Público investigue la emisión del Auto Constitucional 49/2023, que Saucedo responsabiliza de haber impedido el cambio de autoridades judiciales conforme a la Constitución. (LA PRENSA)

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriel Neme, anunció este martes que se ordenó la aprehensión de dos choferes que agredieron a un grupo de mujeres que pretendían inaugurar un servicio de transporte público en El Alto. “Se ha recibido una denuncia por delitos de discriminación, lesiones leves y graves que habrían sido cometidos por un grupo de personas de sexo masculino contra mujeres que pretendían inaugurar una línea de servicio de transporte público en El Alto. La Felcc ha identificado a dos autores, se los aprehende y se los pone en conocimiento de la autoridad del Ministerio Público”, declaró el jefe policial a los medios. Según explicó, ayer, lunes, se dispuso la libertad de estas dos personas; sin embargo, en las últimas horas, el propio Ministerio Público emitió los mandamientos de aprehensión al haber encontrado más elementos “que hacen prever que estas personas son los autores de esos delitos”. Las víctimas son más de cinco mujeres, aunque también existen daños materiales. Neme indicó que las investigaciones continuarán dentro de este caso. El pasado viernes, sindicatos del transporte del Distrito 1 rechazaron la presencia del grupo de mujeres, y durante la ceremonia llegaron choferes sindicalizados, destrozaron el palco principal entre gritos y empujones, obligando a suspender el acto. La “línea lila de transporte seguro” ya contaba con sus nuevas paradas en Santiago II, en el teleférico morado y en el teleférico amarillo. La iniciativa buscaba abrir un espacio laboral bajo el sello de emprendimiento femenino, pero el transporte tradicional argumenta que se vulneran sus rutas y fuentes de trabajo. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos Regional Provincias, Rosalía Churqui, exigió sanciones drásticas para el sindicato que agredió físicamente al grupo de mujeres que la línea lila que pretendía instalar su punto de parada en satélite.  (VISIÓN 360)

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lanzó un ultimátum a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiéndoles que renuncien de inmediato o se atengan a ser cesados de sus cargos. Saucedo acusó a estos magistrados de ser los que “más daño hicieron a Bolivia y a la democracia”. Dos caminos para el TCP El presidente del TSJ planteó claramente los dos escenarios a los magistrados prorrogados: “Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, escribió Saucedo en sus redes sociales. Saucedo reiteró que el TCP ha causado un daño significativo al país y a la democracia a través de la figura de la autoprórroga. Señaló que la Asamblea Legislativa ya dio un paso para resolver la crisis al aprobar en el Senado una ley para cesar su mandato, la cual está pendiente de consideración en la Cámara de Diputados. “No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”, concluyó el presidente del TSJ. (LA PRENSA)