Seguridad

El municipio de Porongo, ubicado a unos 18 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se declaró este domingo como zona de desastre, como consecuencia de los destrozos ocasionados por las lluvias y la crecida del río Piraí, que dejó al menos una persona fallecida y un desaparecido. La determinación fue anunciada por el alcalde, Neptaly Mendoza Durán, en una conferencia de prensa en la que informó sobre las graves perdidas que sufre este municipio y la necesidad que tiene de recibir el apoyo del gobierno departamental y del gobierno nacional para atender a los damnificados, lo que será posible con la declaratoria. “Ya hay pérdida de vidas humanas. Tenemos ya el fallecimiento de un compañero nuestro, de un comunario en la comunidad de Agua Dulce, y también tenemos un desaparecido en la comunidad de Nueva Pelestina. Es lo que nos ha permitido que, después de todo el análisis y habiendo conocido todos los problemas que hay en nuestra región, se ha decidido declarar zona de desastre al municipio de Porongo”, informó. Anunció, además, que ya se realizan los operativos para llevar ayuda a los habitantes de las zonas afectadas, algunas de las cuales quedaron sin los servicios de luz y de agua potable. En redes sociales, la cuenta denominada “Jovenes de Porongo”  informó que la matriz de agua potable fue afectada en unos 70 metros. “Un dato esencial, estuvimos coordinando con el Comité de agua de la Comunidad y aún falta cuantificar con precisión los metros exactos, pero hasta ahora, explorando los lugares donde el río destrozó la matriz de agua, hay un cálculo de 70 metro de matriz de agua por reparar”, se lee en un post publicado en este grupo. La crecida de aguas del río Piraí afectó otros municipios de Santa Cruz, como El Torno, que también se declaró como zona de desastre luego de reportar que habrían al menos cuatro muertos y unas 600 familias afectadas. (VISIÓN 360)

La Gobernación cruceña emitió alerta roja en el municipio de San Pedro y Santa Rosa debido a la crecida extraordinarias de ríos, la decisión fue tomada luego de reunirse con las autoridades de los tres niveles del Estado. Las autoridades piden evacuar los municipios antes de las 06:00 am del domingo 14 de diciembre.  – En San Pedro, las comunidades en alerta son: Sagrada Corazón, Cuatro Ojos, Murillo, Hardeman y Litoral.  – En Santa Rosa, la comunidad alertada es la comunidad Astillera.  Desde la Gobernación se advirtió que las crecidas podrían agravarse en las próximas horas, por lo que se exhortó a la población a priorizar su seguridad y cumplir con la evacuación preventiva. Searpi pidió tomar precauciones y evitar cualquier actividad cerca de los ríos. Ante cualquier emergencia brindó el número 800 143189 como contacto de referencia.  (EL DEBER)

El Concejo Municipal de El Torno, en Santa Cruz, aprobó una declaratoria de zona de desastre en el municipio, como respuesta a las intensas precipitaciones que provocaron el desborde del río Piraí. La medida busca viabilizar la asistencia urgente de los gobiernos departamental y nacional, dado que el saldo preliminar de la tragedia incluye cuatro personas fallecidas y alrededor de 30 individuos desaparecidos, con siete comunidades gravemente afectadas. La presidenta del Concejo Municipal, Plácida Escapa, explicó que la magnitud de los daños materiales y humanos motivó la sesión de emergencia, destacando que el desastre destruyó al menos dos puentes vehiculares. Intervino comunidades enteras con riadas de lodo y mazamorra, lo cual complica el acceso de rescatistas y la entrega de ayuda humanitaria a las familias aisladas, especialmente en los distritos 6 y 7. Las autoridades municipales solicitaron de manera prioritaria el refuerzo de las operaciones aéreas para evacuar a las personas atrapadas, trasladar heridos y suministrar insumos básicos como agua potable y alimentos. Aunque se realizaron rescates de niños y familias hacia albergues temporales, las comunidades afectadas enfrentan una escasez crítica de bienes esenciales y la interrupción de servicios básicos. (LA PRENSA)

A raíz de las fuertes precipitaciones que se han dado en las últimas horas, el río Piraí se ha desbordado en la comunidad de Espejos. La Gobernación ya envió un equipo de rescate. «Necesitamos ayuda a la brevedad posible, queremos helicópeteros», pide un habitante de El Torno, alertando que esta madrugada la quebrada rebalsó. Esto ocurrió a raíz de las fuertes precipitaciones que se han dado en las últimas horas y el río Piraí creció más de lo habitual. La afectada es la comunidad de Espejos. La Gobernación ha activado el COED para atender la emergencia según sus protocolos, desplazando rescatistas, ambulancias, personalmédico, vehículos y logística. Un comunicado oficial pide a la población que vive y transita por zonas aledañas al río Piraí, la máxima precaución. Según el reporte del habitante de la zona, Raúl Fernández, hay personas desaparecidas. Un video muestra a un anciano todo bañado de lodo y aún atontado por los últimos acontecimientos vividos. Los pobladores viven momentos de desesperación. El agua ingresó a numerosas viviendas y la gente se vio obligada, esta madrugada, a salir e incluso buscar auxilio subiéndose a los techos de las casas.  Ahora están esperando la acción de las autoridades para salvar personas y poder darles oportunidad de salir de lugar.  Hay pobladores que no han logrado sacar nada de sus pertenencias, el agua cubrió las habitaciones, sus camas y otros enseres. (EL DEBER)

La Procuraduría y el Viceministerio de Transparencia señalan que «aún está latente» el riesgo de fuga por parte del expresidente, por ello, solicitaron cambiar la imputación formal de la Fiscalía y que se lo debe enviar con seis meses de detención preventiva en otra cárcel que no sea Qalahuma. La audiencia que definirá el futuro del expresidente Luis Arce continúa desarrollándose de manera virtual y, en ella, la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia aseguran que todavía está latente el riesgo de fuga que podría darse por parte del exmandatario. Por ello, pidieron a la Fiscalía seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro. “No encontramos en el cuaderno de investigaciones documentación que respalde el domicilio. Por lo tanto, este riesgo procesal se mantiene latente en relación a su trabajo”, señaló la parte acusatoria de la Procuraduría. Asimismo, el procurador del Estado, Hugo César La Faye, indicó que, al no tenerse tales documentos que prueben un domicilio fijo del exmandatario, la institución pide que se revoque la petición inicial de la Fiscalía –que pidió tres meses de detención preventiva en el penal de Qalahuma– y que se aplique la detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro. “Pedimos que la misma sea por el plazo de seis meses (por) la complejidad del caso sometido a investigación, la pluralidad de víctimas, sindicados, testigos, peritos y al grave daño económico ocasionado al Estado”, señaló La Faye y recalcó “que se disponga la detención preventiva en otro centro penitenciario del Departamento de la Paz y sea por el lapso de seis meses, tiempo en el cual, obviamente, se concluirán las investigaciones”. En ese mismo tenor, el Viceministerio de Transparencia, se adhirió a la petición acusatoria que realizó la Procuraduría y añadió que el expresidente Arce puede influir en las investigaciones que se llevan adelante. “Se acredita de manera objetiva que el imputado puede influir, destruir, modificar o suprimir estos elementos de prueba que son necesarios para el esclarecimiento del hecho”, dice el personal del Viceministerio. Incluso, añadió, que Arce aún ostenta poder en aquellas personas que están ligadas al proceso investigativo sobre el desfalco al Fondo Indígena. La audiencia contra Arce comenzó cerca de las 12:20 de este viernes. La misma definirá el futuro legal del exmandatario que está acusado de haber autorizado el desembolso de dineros del Fondo Indígena a cuentas personales. Pesa sobre su persona los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. (EL DEBER)

Dentro de la imputación al expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena, el Ministerio Público dispone citar a declarar a las exministras de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno de Evo Morales, Nemesia Achacollo y Julia Ramos; a Felipa Huanca, exdirigente departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; y a Melva Hurtado, exdirigente de la CIDOB, entre otros testigos. Dentro de la investigación, la Fiscalía tomará declaración de los testigos Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural y Tierras; Diego Faldin; Sergio Hinojosa; Herminia Colque; Larisa Villca; Jorge Quispe; Eliseo Camiño; Epifanio Pacheco; Sandra Paredes; Ramiro Burgos; Víctor Quintanilla; Gloria Zamorano; Rodolfo Machaca; Hilarion Mamani; Ever Choquehuanca; Melva Hurtado; Julián Jala; Juanita Ancieta; Carlos Fuentes; y Sergio Hinojosa. La exministra Achacollo, cercana a Evo Morales, fue denunciada en su momento por el exdirector del Fondo, Marco Aramayo, por supuestamente autorizar el desembolso de 10 millones de dólares. En 2020, un juzgado anticorrupción de La Paz determinó otorgar libertad pura y simple a Felipa Huanca por el caso Fondo Indígena. En 2024, Huanca fue designada cónsul en Argentina. Fue denunciada en 2015 por irregularidades en la administración y ejecución del proyecto Ayni Productivo, financiado con recursos del Fondo Indígena. En el caso de Melva Hurtado, quien fue también presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en 2015 aparecía sindicada en seis proyectos por los que recibió, en diversas cuentas bancarias, más de 20 millones de bolivianos. El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, señaló que el Ministerio de Economía financió 3.500 proyectos, de los que «ni la mitad» han sido concluidos y se evidenció que hubo desembolsos sin fiscalización a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. El caso del Fondo Indígena regresó a la agenda pública tras la detención preventiva de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, la semana pasada, y la aprehensión este miércoles de Arce. La denuncia que presentó el abogado Eduardo León en el caso Fondo Indígena señala que más de 18 personas habrían recibido millonarias sumas de dinero público en cuentas particulares, las cuales serán convocadas a declarar y, en otros casos, serían aprehendidas, según dijo el fiscal Cardozo.

El excomandante de la Policía, general Augusto Russo, se presentó este miércoles ante el Ministerio Público para prestar declaración informativa en el proceso que investiga presuntos actos de discriminación en contra del coronel Pavel Vázquez Pastor. Russo negó rotundamente la acusación y, por el contrario, señaló que el propio oficial habría estado involucrado en cambios de destino “injustificados” durante 2021. El exjefe policial explicó que los movimientos de personal dentro la institución se aplican por criterios de “mejor servicio y por necesidades”, descartando que respondan a motivaciones personales. Consultado sobre una posible acción discriminatoria contra Vázquez, respondió: “desde ningún punto de vista”, y recordó que la discriminación se configura por sexo, raza, credo, religión, orientación sexual u otros factores similares. usso afirmó que, en su gestión, el coronel Vázquez fue nombrado subcomandante departamental a pedido propio, y que posteriormente habría solicitado retornar a La Paz debido a problemas familiares y de salud. “Acongojado por la situación familiar y por su situación de salud, él me solicita nuevamente volver a La Paz y después presenta una denuncia”, declaró. El abogado del excomandante, Frank Campero, informó que se entregó documentación de descargo ante la Fiscalía y que ahora se aguarda la continuidad de las investigaciones. (CORREO DEL SUR)