Seguridad

El miércoles, una lluvia intensa provocó que riachuelos y arroyos, que conectan al Río Tipuani, colapsaron y su crecida afectó a la comunidad la Rinconada dejando más de 70 familias damnificadas y más de 10 casas completamente destruidas, según indicó una dirigente del lugar, Claudia Pérez, quien además denunció que no hay presencia de Estado del nivel central ni departamental. “Estamos en medio de la tristeza, en medio de familias damnificadas, han perdido todo. Más de 70 familias, más de 10 casas han colapsado”, indicó Pérez en contacto con EL DEBER, a quien señaló también que la mayoría de las casas, que permanecen bajo el agua, están por colapsar, lo que el número de domicilios afectados podría aumentar en los siguientes días. Agregó que el miércoles, dos barrios de la comunidad La Rinconada, de Tipuani, quedaron afectados en su totalidad y que ahora, debido a la continuidad en las lluvias y la crecida de los ríos, el municipio también está en peligro de sufrir una inundación. “La población de Tipuani también está corriendo peligro por el tema del río y la lluvias, es que tres arroyos que crecen en la Rinconada, el Sunturo, el Río Seco y Naranjani que crecen porque ahora está lloviendo constantemente”, indicó. Contó que la noche del miércoles el lugar se quedó sin energía eléctrica, por lo que trabajaron durante toda la Noche Buena tratando de reconectar y darles energía a la población. “No hay tiendas, la gente necesita vituallas, colchones para poder dormir, están desprotegidos, además, lo han pedido todo”, declaró Pérez. Según la dirigente, no ha dejado de llover durante estos días y que, desde que la Rinconada sufrió el desastre, no habido presencia de autoridades ni del Gobierno central ni de la Gobernación. “No ha habido presencia de Estado, nada del Ministerio de Salud, de Defensa Civil, de Defensa, de nada. No ha habido nada. No tenemos ayuda del Estado hasta el momento. Esperamos que el presidente y las actuales autoridades vengan”, denunció Pérez. Sobre la Gobernación, Pérez señaló que solamente dejó “piedras fundamentales para obras” y que solamente hizo esas cosas, además de que no ha rehabilitado el puente Cangalli que sufrió daños durante las lluvias de 2024. “No hay, prácticamente se han olvidado de que existe Tipuani. Los únicos que tal vez están apoyando en este momento es el sector minero, pese que también es parte de este problema y es que deberíamos tratar todos de buscar soluciones entre todos. La Gobernación no ha hecho nada, solo ha dejado piedras fundamentales, nada más”, indicó. Además, consultada sobre la labor de la Alcaldía de esa región, Pérez señaló que esa instancia ejecutiva no tiene dinero para contratar maquinaria y tampoco para comprar combustible. “La Alcaldía está velando para que el agua no ingrese a sus oficinas, porque si sigue lloviendo, se va a entrar (el río), en eso están preocupados”, declaró. Incluso, mencionó que las más de 70 familias damnificadas fueron trasladadas a un espacio de la cooperativa minera Monte Carlo San Juanito, donde pasaron la Noche Buena. “Hay gobernación, no hay gobierno central. El municipal está tratando de instalar bombas para sacar el agua de su región”, recalcó. (EL DEBER)

Dos personas perdieron la vida tras un choque frontal registrado la tarde del miércoles 24 de diciembre en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, en el sector de Merkaymaya, municipio de Uncía, en el norte del departamento de Potosí. El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 e involucró a un camión y una vagoneta. De acuerdo con ese reporte, la fuerza del impacto dejó ambos vehículos unidos por sus estructuras, lo que provocó la muerte instantánea de al menos dos ocupantes. Imágenes difundidas en redes sociales muestran daños materiales de extrema gravedad en las carrocerías de los motorizados involucrados. Testigos y conductores que transitaban por la zona auxiliaron a las víctimas en los primeros minutos tras la colisión, mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia, según reportes. Posteriormente, personal de rescate trabajó en la liberación de los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos. Efectivos de la Policía Boliviana tomaron control del lugar para realizar los peritajes técnicos y recolectar evidencias. (BRÚJULA DIGITAL)

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta este miércoles tres puntos de bloqueo de rutas por protestas sociales contra la aplicación del ajuste en el precio de los carburantes en Santa Cruz, Oruro y Beni. Desde el bloqueo en San Julián, avisan que no retrocederán y que incluso pasarán la Nochebuena en las protestas. Los sitios que registran cortes son: San Julián (km 143), en Santa Cruz; el puente Florida de Riberalta, en Beni; y Machamarquita, sector Playa Verde, en Oruro. Ayer, martes, había seis bloqueos en Sucre, pero este miércoles está todo despejado, al igual que en Cochabamba, tradicional centro de movilizaciones, donde no se reportan protestas. Según la radio cocalera Kawsachun Coca, la Policía intervino esta madrugada un bloqueo en Tarabuco, en Sucre. “Ni un paso atrás” en San Julián Desde San Julián, el líder del comité de bloqueo, Pastor Vargas, advirtió que “no darán un paso atrás”. “Hemos formado un equipo técnico y los abogados están revisando el decreto supremo (5503), pero nosotros continuamos, no hay un levantamiento de nada. Vamos a esperar que los ministros nos llamen y nos expliquen”, declaró el dirigente a la red América. Vargas también descartó un cuarto intermedio en la medida: “No hay ningún cuarto intermedio; no por el feriado vamos a perjudicar a nuestros compañeros”. La promulgación del ajuste en el precio de los hidrocarburos ha desatado una ola de protestas en el país. Mientras el Gobierno ha logrado acuerdos con varios sectores, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene las medidas de presión. Una marcha convocada por ese ente ayer y compuesta principalmente por mineros generó enfrentamientos en La Paz, que terminaron con cuatro policías heridos y dos manifestantes detenidos. El presidente Rodrigo Paz expresó el martes que “un grupo de desaforados” intenta generar violencia, mientras continúa socializando la medida con todos los sectores. (VISIÓN 360)

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, afirmó el día martes que la ejecución de cualquier orden de aprehensión entre ellas la que se tiene en contra del expresidente Evo Morales por el delito de trata con agravante, es responsabilidad de la Policía Boliviana.  Al ser consultado sobre la orden de aprehensión contra Morales, el fiscal dijo: “Yo he manifestado siempre la predisposición de poder trabajar con relación a la ejecución de cualquier mandamiento de aprehensión. Nótese que es un trabajo de la Policía boliviana el ejecutar cualquier orden de aprehensión, sea laboral, sea por asistencia familiar, sea por una resolución emitida por una autoridad judicial o fiscal».  Sin embargo, indicó que en el caso de Morales, la Fiscalía está «con la predisposición de cualquier momento cuando se considere que el Ministerio Público tenga que realizar un allanamiento para ir y ejecutar dicha orden, ahí vamos a estar». La autoridad explicó que el Ministerio Público cumple el rol de coordinación y acompañamiento dentro del debido proceso y que cualquier actuación debe ser con respaldo legal y garantías constitucionales. “Tenemos que tener todas las garantías constitucionales y toda clase de actividad que realice el Ministerio Público tiene que estar respaldada en este caso por la Policía boliviana quienes son los directos mandados a ejecutar esta orden de aprehensión contra esta persona”, agregó Mariaca. Asimismo explicó que las ordenes de aprehensión son emitidas a los comandos departamentales de la Policía, a través de sus grupos especiales y de inteligencia, evalúan y proceden a su ejecución conforme a los protocolos establecidos. “Todas llegan a los comandos departamentales y son ellos que a través de sus grupos especiales de inteligencia primero consideran para luego dar cumplimiento a la misma. Nosotros vamos a continuar trabajando”. El Fiscal General recordó que Evo Morales ya se encuentra acusado por el Ministerio Público y que actualmente se aguarda que el tribunal de sentencia competente emita el auto de apertura de juicio, instancia en la que la Fiscalía sostendrá su acusación ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. (BRÚJULA DIGITAL)

Un hombre de la tercera edad perdió la vida dentro de un micro de transporte público tras un violento altercado con el conductor, originado por una discusión sobre el precio del pasaje, en un hecho que ha generado conmoción e indignación. El incidente ocurrió cuando el pasajero y su esposa, ambos adultos mayores, viajaban en la ruta Cotoca–Santa Cruz de la Sierra, a bordo de un micro intermunicipal que circula por la avenida Virgen de Cotoca. Al abordar el vehículo, la pareja entregó Bs 10 al chofer, lo que desató la molestia del conductor, quien exigió Bs 2 adicionales, argumentando que la tarifa era de Bs 6 por persona. Según el relato de testigos, el chofer reaccionó con gritos, arrojó el billete al suelo y les dijo que viajarían “gratis”. El micro avanzó algunos metros, pero minutos después el conductor se detuvo, se dirigió al asiento del adulto mayor y le exigió que se bajara del vehículo o que viajara de pie para ceder su asiento a otros pasajeros. El chofer alegaba que, al no haber pagado el pasaje completo, el hombre no tenía derecho a sentarse, mientras que el pasajero insistía en que el conductor le había devuelto el dinero. En medio de la discusión, el adulto mayor comenzó a convulsionar. Su esposa y otros pasajeros intentaron auxiliarlo de inmediato: le dieron agua, lo hicieron oler alcohol y rogaron al conductor que dejara de recoger pasajeros y se dirigiera con urgencia a un centro de salud cercano. Sin embargo, el chofer se negó inicialmente, de acuerdo con la denuncia realizada por el hijo de la víctima a un medio digital. Tras varios minutos y al notar que el hombre no reaccionaba, el conductor finalmente emprendió marcha hacia una clínica ubicada sobre la misma vía. No obstante, la ayuda llegó tarde: el adulto mayor ya había fallecido dentro del vehículo. Testigos relataron que algunos pasajeros advirtieron al chofer que la situación “le iba a salir más cara”, al cuestionar que por una discusión de Bs 2 no se haya brindado auxilio inmediato a una persona en evidente estado de emergencia. El hecho está siendo investigado por las autoridades para determinar responsabilidades. (EL DEBER)

La región del trópico de Cochabamba enfrenta una situación crítica este miércoles tras el desborde del río Magareño, fenómeno que sumergió gran parte de la localidad de Ivirgarzama. El ingreso del agua a las zonas urbanas y rurales dejó un saldo preliminar de dos mil familias damnificadas y cerca de 650 viviendas con daños estructurales. Imágenes captadas en el lugar muestran vehículos anegados y ciudadanos que realizan labores de rescate en medio de calles convertidas en caudales. El impacto económico es severo debido a la destrucción de aproximadamente 2.500 hectáreas de cultivos frutales, entre los que destacan plantaciones de banano, piña y cítricos. Aunque el nivel del líquido muestra un leve descenso en ciertos puntos, las zonas bajas permanecen cubiertas por el lodo, lo que complica el acceso de los equipos de auxilio. La Unidad de Gestión de Riesgos local mantiene el monitoreo constante ante la persistencia de las precipitaciones en la cuenca alta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología elevó la alerta a nivel rojo para los próximos días, ante la amenaza de desbordes adicionales en los ríos Ichilo y Chapare. La advertencia rige hasta el 26 de diciembre y señala un riesgo extremo para poblaciones como Chimoré, Puerto Villarroel y Villa Tunari. Las autoridades instan a la población a tomar prevenciones máximas, dado que se esperan fenómenos climatológicos de intensidad excepcional en toda la zona subtropical. (LA PRENSA)

El Ministerio de Defensa advirtió este martes que los bloqueos instalados en algunas localidades del departamento de Cochabamba impiden el ingreso de las Fuerzas Armadas para brindar atención a los sectores afectados por desastres naturales. En un comunicado, lamentó que las movilizaciones y bloqueos instalados en diferentes puntos impidan el ingreso de militares, las unidades de rescate y de los equipos de respuesta humanitaria, “limitando cualquier esfuerzo inmediato de socorro, evacuación o asistencia en caso de una emergencia mayor”. “Ante este escenario crítico, hacemos un llamado urgente a la conciencia, la responsabilidad y la solidaridad de los choferes, organizaciones y sectores que mantienen medidas de presión en estas rutas, para garantizar el libre tránsito humanitario”, señala el documento. Las movilizaciones de diferentes sectores demandan la abrogación del Decreto Supremo 5503, que establece, entre otros aspectos, nuevos precios de los combustibles. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró en las últimas horas Alerta Naranja en el departamento de Cochabamba, específicamente en la cuenca alta del río Mamoré, debido al incremento significativo del caudal, con alto riesgo de desbordes. Esta situación representa una “amenaza directa”, según el Ministerio de Defensa, para las poblaciones de Ivirgarzama, Chimoré, Puerto Villarroel y Villa Tunari, así como para comunidades cercanas, que podrían verse afectadas por inundaciones en las próximas horas o días.  “El Estado, a través de sus instituciones, mantiene la voluntad y disposición plena de actuar de manera inmediata para proteger a la población; sin embargo, sin accesos habilitados, toda acción de auxilio se ve severamente limitada, con el riesgo de lamentar desgracias evitables”, señala el documento.  (ERBOL)

Sectores campesinos del municipio de Mecapaca establecieron un bloqueo en la carretera troncal que conecta La Paz con Oruro, específicamente en el sector del cruce Layuri. La medida de protesta surge como respuesta directa al Decreto Supremo 5503, norma que determina la eliminación del subsidio estatal a la gasolina y al diésel. Los manifestantes exigen la abrogación inmediata de esta disposición legal y condicionan el cese de sus movilizaciones a una convocatoria oficial para entablar un diálogo directo con las autoridades gubernamentales. La interrupción del tráfico vehicular se extendió también hacia las rutas que conducen a Copacabana y Desaguadero, esta última de vital importancia por ser la conexión internacional con el Perú. En ambos puntos, los movilizados utilizaron piedras y diversos objetos contundentes para impedir el paso de los motorizados, particularmente a la altura de la Casa Amarilla en la vía hacia la frontera. Los dirigentes de las 20 provincias paceñas aseguran que la protesta refleja el malestar de las familias del área rural ante el incremento en los costos de los carburantes. Pese a la multiplicación de los puntos de conflicto, el Comando Nacional de la Policía emitió un reporte donde minimiza el impacto de las movilizaciones. Según el informe oficial, los bloqueos y marchas registrados en distintas regiones del territorio boliviano no representan un problema crítico ni logran paralizar de forma total la actividad en los departamentos afectados. Mientras tanto, las organizaciones sociales ratifican su permanencia en las carreteras hasta obtener una respuesta satisfactoria del Ejecutivo sobre el polémico decreto. (LA PRENSA)