Seguridad

Exson Zapata Segovia es acusado de muertes en hechos de sicariato y es conocido como el “rey de las fugas” por sus reiteradas evasiones de distintos recintos penitenciarios del país. Tras ser recapturado, realizó revelaciones sorprendentes ante un juez durante una audiencia cautelar previa a su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Según el acta de la audiencia a la que accedió EL DEBER, la cautelar para considerar su traslado a la cárcel de Chonchocoro se desarrolló ante la jueza Ximena Flores. Antes de dictar resolución, la autoridad judicial otorgó la palabra a Zapata Segovia para que ejerza su defensa material. El acusado afirmó que fue detenido por un contingente policial cuando circulaba en un vehículo por la zona del Cambódromo; posteriormente, dijo, fue trasladado a su departamento, ubicado en la misma zona, donde los efectivos habrían hallado 50.000 dólares de su propiedad, dinero que —según su versión— fue retirado del lugar. El 29 de enero de este año, la Policía se movilizó tras procesar información sobre una presunta transacción de armas de fuego. En ese contexto, al menos tres patrullas de agentes especiales se desplazaron hasta el octavo anillo del Cambódromo, donde identificaron un vehículo Toyota Sprinter con placa 2162-YPR, en el que viajaban cuatro personas: tres hombres y una mujer. Entre los ocupantes se identificó a Exson Zapata Segovia, quien supuestamente cumplía una condena de 30 años de prisión en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, por un caso de sicariato. Además, la Policía estableció que el sujeto había escapado anteriormente del penal de Cantumarca, en Potosí, y que posteriormente se trasladó a Brasil, donde fue recapturado, aunque volvió a fugar sin mayores dificultades. Los informes señalan que Zapata Segovia, de 39 años, debía estar cumpliendo una pena de 30 años de prisión en El Abra por matar a un hombre con un arma de fuego. También registra otro proceso por asesinato. En junio de 2024 fue ingresado a ese penal, del cual escapó. Durante la gestión 2025 fue recapturado y enviado a la cárcel de Cantumarca, de donde nuevamente huyó. Posteriormente fue recapturado en Brasil y devuelto al país. Tras su retorno, fue trasladado otra vez a El Abra, de donde escapó el pasado 5 de enero de este año. Su revelación ante la jueza Tras su última recaptura, Zapata Segovia fue puesto a disposición del fiscal Ismael Flores, quien el 31 de enero lo presentó ante la jueza Ximena Flores en una audiencia cautelar para definir su traslado al penal de Chonchocoro, considerando su alto grado de peligrosidad. Ante la solicitud del fiscal, la jueza valoró los fundamentos expuestos, pero antes de emitir su fallo concedió nuevamente la palabra al sentenciado para que ejerza su defensa. Zapata Segovia reiteró que el día de su detención en el Cambódromo fue trasladado por los policías hasta su departamento, ubicado a la altura del octavo anillo. “Entraron a mi departamento y se llevaron 50.000 dólares que yo tenía. Eran cinco fajos de 10.000, señora jueza”, afirmó. Sin embargo, el acusado no explicó el origen ni la procedencia del dinero. Tras escuchar su declaración, la jueza Ximena Flores ordenó su traslado y detención formal en el penal de Chonchocoro. Asimismo, dispuso que el fiscal Ismael Flores inicie una investigación para esclarecer las circunstancias de la aprehensión y verificar las denuncias realizadas durante la defensa material, en las que Zapata Segovia acusó a efectivos policiales de haberse apropiado del dinero que tenía en su domicilio. El recapturado también afirmó ante la jueza que era informante de la Policía, insinuando que esa condición le habría permitido evadirse de los recintos penitenciarios en reiteradas ocasiones. La acusación fue calificada por la Policía como una vil mentira y se le restó credibilidad al tratarse de un reo sentenciado con amplio prontuario delictivo, que —según los informes— recurre a artimañas para desacreditar a las autoridades y burlar la ley. En otros reportes, la Policía calificó a Zapata Segovia como un reo de alta peligrosidad y detalló los métodos que utilizó para fugar de las cárceles. En una de sus evasiones, debilitó un barrote de su celda durante varios días; luego utilizó sábanas para descender desde el segundo piso, colocó una colchoneta sobre los alambres de púas para evitar heridas, evadió el perímetro de seguridad del penal y saltó desde una torreta hacia la calle, donde fue recogido por cómplices a bordo de una motocicleta. Actualmente, Exson Zapata Segovia guarda detención en el penal de Chonchocoro, bajo un régimen especial de seguridad, debido a sus antecedentes por reiteradas evasiones. EL DEBER

El Ministerio Público y la Policía Boliviana rescataron ranas gigantes del lago Titicaca en la comunidad de Huatajata, del departamento de La Paz, tras detectar que restaurantes comercializaban ancas de rana para consumo. De los operativos, resultaron tres personas aprehendidas.  “En los tres allanamientos se han encontrado 27 espécimen de rana gigante, uno congelado justamente para su venta, otros en refrigeradores y dos en baldes de plástico. Uno muerto, 26 vivos”, informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez . La Fiscalía advirtió que estas ranas están catalogadas como anfibios en peligro crítico de extinción, de acuerdo con el Libro Rojo de los Animales Vertebrados de Bolivia.  Por este caso, se aprehendió a tres personas —dos mujeres y un hombre— que serán investigadas por el delito de tráfico ilegal de vida silvestre, previsto en el artículo 223 bis del Código Penal, con una pena de 3 a 8 años en casos agravados. Torrez informó que el Ministerio Público prevé presentar la imputación formal en las próximas horas y solicitar medidas cautelares, incluyendo detención preventiva para las dos mujeres aprehendidas. En el caso del hombre, al tratarse de un adulto mayor, se anticipó que se pedirá detención domiciliaria. El coronel Marcelo Azeñas, de Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), explicó que la investigación se activó tras identificar en redes sociales la oferta del plato gourmet “ancas de rana” y un “jugo afrodisiaco” que incluía como ingrediente principal a esta especie.  Agregó que, según información de inteligencia, el precio de comercialización oscilaba entre Bs 100 y Bs 150 por plato. El coordinador de la Fiscalía Especializada de Narcotráfico y Medio Ambiente, Henry Ayala, señaló que los ejemplares vivos rescatados serán trasladados a la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura IPD-PACU para su resguardo y evaluación, con apoyo del Instituto de Anfibios de Bolivia, que definirá si pueden retornar a su hábitat natural o permanecer bajo conservación.  Además, indicó que se evaluará si la investigación se amplía a personas que habrían promovido el consumo a través de redes sociales. ERBOL

“En una semana, esas maletas podían haber atravesado el mundo”, respondió el comandante de la Policía, general Mirko Sokol, para admitir lo complejo que resulta la investigación para esclarecer el destino y contenido de las más de 30 maletas introducidas a Bolivia por la exdiputada Laura Rojas, con el uso de pasaporte diplomático. “Entonces, en una semana esas maletas podían haber atravesado el mundo. La Policía Boliviana está realizando un trabajo prolijo, pese a las limitaciones, y que, al transcurrir un tiempo, ya se habían perdido muchos de los elementos que nos hubieran servido para una mejor investigación”, explicó sobre este sonado caso. Lee también: Caso Maletas: Fiscalía y la Fuerza Antidroga realizan ocho allanamientos simultáneos Iniciales investigaciones establecen que las maletas llegaron en un jet privado de Estados Unidos al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, el 29 de noviembre de 2025 y, un día después, el 30 de noviembre, fueron retiradas, en un hecho poco usual. Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por la red DTV muestran a Rojas y al juez Herbert Zeballos reunidos ese 30 de noviembre en la terminal aérea. En las imágenes se ve al juez Zeballos hablar con el exfuncionario de la Aduana Nacional Álvaro B., quien había declarado que no conocía de las maletas y que el momento que entraron estaba fuera de las instalaciones de la terminal aérea, según DTV. Hasta el momento no se conocía con certeza que ambos estuvieron el día en que recogieron las más de 30 maletas, que luego fueron llevadas a un galpón de una empresa de seguridad, donde el juez y otros implicados son socios. Si bien, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que conocía del hecho la primera semana de diciembre, la denuncia a la Fiscalía llegó el 19 de enero. Lee también: Gobierno guardó silencio sobre el caso Maletas más de 45 días, Fiscalía revela que recibió la denuncia el 19 de enero Ese día, 19 de enero, empezaron oficialmente las indagaciones, aunque antes, según Oviedo, “instruyó a los organismos dependientes de la Policía Boliviana, Inteligencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico empiecen a realizar las investigaciones correspondientes”. Sokol aseguró este miércoles que el caso es complejo, aunque destacó que hasta el momento hubo avances, como la aprehensión y remisión a la cárcel de cinco vinculados. “Se tienen resultados, se tiene gente aprehendida, se conoce en parte la verdad histórica de lo que ha ocurrido. Hay algunos elementos que todavía nos falta aclarar, que lo vamos a hacer seguramente en su momento”, aseguró en un balance de las pesquisas que hasta el momento no dieron con las maletas y su contenido. Lee también: La valija diplomática es inviolable, las maletas no: expertos afirman que la Aduana debió revisar el equipaje de la exdiputada Por el momento se tiene en la cárcel a la exdiputada Rojas, al juez Zeballos, a dos de sus socios, y al cuidador del galpón, donde, si bien no se encontraron las maletas, se incautó más de 70 kilos de marihuana. Una sexta aprehendida tiene detención domiciliaria. El ministro Oviedo no volvió a dar informes del avance de las pesquisas, pese a que fue el primer en conocerlo e instruir una investigación. Revelan video de charla entre juez y exfuncionario de la Aduana El exfuncionario de la Aduana Álvaro Barbery se reunió con el juez Hebert Zeballos en Viru Viru, el mismo día en que ingresaron 31 equipajes del caso maletas, según una publicación de DTV El medio revela imágenes de seguridad del 29 de noviembre de 2025 , donde muestran a ambos conversando en el aeropuerto cruceño. Barbery, ante la prensa, negó vínculos con las maletas y aseguró que sus funciones eran de control de divisas, aunque admitió estar de turno. Según DTV, la exdiputada de Creemos, Laura Rojas, también se reunió, el 29 de noviembre, con Zeballos en la terminal aérea. la Fiscalía investiga ese bullado caso. En recientes días, la Aduana desvinculó a cinco funcionarios y la justicia investiga a al menos 10 personas. VISIÓN 360.DTV Y RTP

En dos meses, desde que el nuevo comandante de la Policía Boliviana asumió la conducción de la institución, se identificaron a 151 efectivos policiales que cometieron hechos de corrupción en ejercicio de sus funciones. «Tenemos 79 casos en los cuales 151 servidores públicos policiales ya son investigados con denuncias formales en el ámbito disciplinario como penal, muchos de ellos ya están cumpliendo detenciones preventivas en centros penitenciarios del país», explicó el comandante general de la Policía, Mirko Sokol. El jefe policial explicó que la mayoría de estos casos son hechos de corrupción vinculados a cobros que van de 200, 500 y mil bolivianos, «son hechos que llaman a la reflexión», indicó Sokol, quien agregó que el proceso de depuración del talento humano «no claudicará» para beneficio de la institución. «En estos poco más de dos meses que estamos a cargo de la Policía Boliviana nos trazamos mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción, fue el primer elemento identificado que generaba problemas al interior de la Policía y que nos iba a dificultar el plan», sostuvo el comandante. En procura de devolver la institucionalidad a la Policía, el Comando General de la Policía Boliviana presentó la mañana de este miércoles el Plan de Modernización y Reinstitucionalización de la institución verde olivo. Cobro por ascensos Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informaron el 30 de enero que un sargento de la Policía fue aprehendido por presuntamente realizar cobros irregulares a otros efectivos que buscaban ascender dentro de la institución. El caso se encuentra en investigación para determinar responsabilidades y establecer posibles vínculos con otros implicados. El director de la Inspectoría del Comando Departamental de la Policía en La Paz, Günther Agudo, informó sobre este caso el pasado 30 de enero. El sargento primero habría pedido una suma de Bs 14.000 a dos uniformados que habrían reprobado el examen de ascenso. “Inspectoría del Comando Departamental de La Paz procedió al arresto de un sargento primero de la Policía, el cual trabajaba en una Estación Policial Integral (EPI). El mismo, el año pasado, en diciembre, bajo el argumento de favorecer a dos funcionarios policiales que habrían reprobado el examen de ascenso y estaban impedidos de ascender, habría prometido el ascenso. Es ahí que habría pedido Bs 14.000 a los funcionarios, cosa que no es dable en la institución policial”, indicó Agudo. La tarde de este martes, el efectivo fue escoltado de las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen hacia su detención preventiva, de acuerdo con un video difundido por la red Erbol. Coimas por QR Dos sargentos de la Policía Boliviana, un varón y una mujer, cayeron aprehendidos por la Fiscalía, tras haber sido denunciados de haber cobrado sobornos mediante plataformas digitales, a través de códigos QR. El hecho ocurrió el 31 de enero, cuando seis personas fueron arrestadas por beber en las calles de La Paz y fueron trasladadas a Conciliación Ciudadana. De acuerdo con el informe del fiscal Johan Muñoz, los policías habrían ofrecido liberar a los arrestados a cambio de que pagaran Bs 3.000, porque de lo contrario se quedarían detenidos durante ocho horas. Sin embargo, llegaron a un acuerdo de pagar Bs 1.500 a cambio de la liberación de los arrestados. EJUTV Y VISIÓN 360

El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) realizaron este lunes al menos ocho allanamientos simultáneos en el marco de las investigaciones del denominado caso “Maletas”. En dicha investigación se busca aclarar el paradero de 32 maletas que ingresaron el 27 de noviembre pasado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru y que, hasta la fecha, no han sido halladas. Los operativos se llevaron a cabo en departamentos ubicados en la zona norte de la ciudad y en el sector de Equipetrol, donde los agentes antidrogas recabaron documentación, registros y cámaras de vigilancia, considerados elementos clave para el avance del proceso investigativo. Lee también: Gobierno guardó silencio sobre el caso Maletas más de 45 días, Fiscalía revela que recibió la denuncia el 19 de enero El fiscal Julio César Porras informó que, hasta el momento, seis personas permanecen detenidas en el penal de Palmasola, investigadas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. “Esta investigación está comenzando. Son delitos que se están investigando de manera provisional, y existen distintos roles que, como comisión, ya estamos analizando”, señaló Porras. El representante del Ministerio Público explicó que, entre los investigados, figuran funcionarios y personas particulares, aunque evitó brindar mayores detalles para no afectar el curso de las diligencias. “No puedo adelantar más información porque no quiero entorpecer la investigación. Hemos establecido un cronograma y la próxima semana vamos a trabajar intensamente”, afirmó el fiscal. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió con las maletas desaparecidas y determinar las responsabilidades dentro de esta presunta red delictiva. VISIÓN 360 FOTO RED UNO

Mauricio Aramayo, exdirector del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) Tarija, se negó a incluir en esa institución a personas sugeridas por M.R. G. (alias el Tuerto), presunto responsable de encargar su asesinato a cambio de Bs 3 millones, según el fiscal departamental, José Ernesto Mogro. En conferencia de prensa, la autoridad hizo varias revelaciones sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Aramayo, ocurrido el pasado 8 de enero “Tenemos información de que se habría ofrecido 3 millones de Bs al señor Aramayo para aceptar la imposición de personal propuesto por el señor M.R., porque era quien manejaba una estructura dentro del Senasag”, afirmó. Explicó que la hipótesis que maneja hasta el momento el Ministerio Público, en base a la prueba documental secuestrada en los diferentes allanamientos, es que de manera objetiva M.R.G. (alias el Tuerto), quien vive en la ciudad de Yacuiba y se dedica al contrabando de trigo, maíz y otros granos hacia Bolivia, actividad que era facilitada por la obtención de guías de movimiento otorgadas por el Senasag. Esta actividad no era reciente; ya venía realizándola desde gestiones anteriores y, por ello, intentó continuar con el control del contrabando de estas mercancías. “A partir de ello procede a intentar sobornar al señor Mauricio, en los días que estuvo a cargo del Senasag Tarija, y ante la negativa del señor Mauricio, lamentablemente procede a contratar a estas personas y segarle la vida”, afirmó. Amenazas contra Mauricio Aramayo Mogro sostuvo que se cuenta con las pruebas testificales, tanto de amigos como también de personas que han trabajado y otras que continúan trabajando en el Senasag, quienes conocen este tipo de amenazas, también se tiene la declaración testifical de M. R G., quien se habría presentado en oficinas del Senasag Tarija, donde procedió a amenazar al ahora fallecido. Precisó que el Ministerio Público junto a la Policía Boliviana procedieron a realizar distintas acciones investigativas, que permitieron establecer que el asesinato de Aramayo no fue un hecho ocurrido al azar, por el contrario, “es un hecho planificado”. El Ministerio Público ha logrado colectar indicios que nos permiten asegurar que estas personas habían sido contratadas en Yacuiba, días antes de cometer el hecho, los autores materiales han sido plenamente identificados y se pudo establecer que se trasladaron días antes a la ciudad de Tarija, para realizar el seguimiento a la víctima, informó. Está comprobado que arribaron el 5 de enero del presente año y que hicieron un seguimiento por cuatro días a la víctima, para ellos utilizaron motocicletas y vehículos que han sido plenamente identificados, se tiene el lugar donde pernoctaron, que se encuentra fuera de la ciudad de Tarja, pero que ya ha sido identificado, sostuvo. El lugar donde se habrían reunido estas personas para planificar el hecho es una “gallera”, dijo, es un lugar donde se realizan peleas de gallos, en Yacuiba, además “se han secuestrado cámaras de seguridad porque queremos ver quiénes han sido las personas que han intervenido y por ello es que a la fecha se encuentran alrededor de 15 teléfonos celulares secuestrados, como también alrededor de 10 DVR que van a ser peritados”. Los cuatro aprehendidos El fiscal departamental dijo que estas personas han sido identificadas, es decir que los aprehendidos, entre ellos, el ciudadano de nacionalidad uruguaya M.A.C.E, C.A.R.P y J.A.G.R , quien ya fue identificado como la persona que conducía la motocicleta, al momento de quitarle la vida a Aramayo, además del presunto autor intelectual M.R.G. Por otro lado, informó que se realizaron 11 allanamientos: seis en la ciudad de Yacuiba y cinco en la capital de departamento. En Yacuiba se ha intervenido el domicilio de M.R.G., quien de acuerdo a todos los indicios que se tienen colectados como documentación, una caja fuerte hasta el momento, se trataría de la persona que hubiese contratado los servicios del sicario. En cuanto a la participación de J.G.R, quien vive en la ciudad de Tarija, se habría encargado de la logística en Tarija, “vale decir conseguir el inmueble donde iban a pernoctar estas personas, el arma de fuego y también la motocicleta, y fue también la persona encargada de hacer desaparecer estas evidencias”, según Mogro. Se ha procedido al allanamiento del domicilio de esta persona, donde se ha procedido a secuestrar vainas de arma de fuego, que están siendo debidamente peritadas también se ha procedido a colectar el celular que habría sido roto, al momento de abandonar su domicilio, informó. En el lugar, también se ha procedido a secuestrar sustancias contraladas, y se ha abierto un proceso en el marco de la Ley 1008 contra J.G.R y contra la dueña del inmueble, que es la madre, conforme lo establece el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, según Mogro. También se logró establecer que C. A. R. P., según el fiscal departamental, “es la persona que traslado al sicario nacionalidad uruguaya, desde Yacuiba a Tarija de y también que era el “encargado de devolverlo hasta la ciudad de Yacuiba, gracias a la Policía pudieron ser aprehendidos cuando se trasladaban a Yacuiba, exactamente en Entre Ríos”. Presunto asesino quiere proceso abreviado Por otro lado, el fiscal informó que el 20 de enero, se recibió del imputado M. A. C. E., un memorial presentado por su defensa en el que solicita acogerse a un procedimiento abreviado, “es decir que él ha reconocido su participación, pero el Ministerio Público en este momento se encuentra realizando la evaluación de su va a aceptar esta o no”, manifestó. Sostuvo que el compromiso del Fiscal General del Estado es dar no solamente con los autores materiales, sino también dar con los autores intelectuales de este hecho, a la fecha, ya se presentaron 20 personas a prestar su declaración y se espera que sean convocadas otras más. VISIÓN 360

La inspección técnica programada para el 9 de febrero en Chiquiacá y la audiencia pública del 13 de febrero en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos han sido postergadas tras la solicitud del Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, quien argumentó que los tiempos no fueron suficientes para que las entidades demandadas y Petrobras presentaran informes en la Acción Ambiental Precautoria que busca detener el proyecto Domo Oso X-3. El 29 de enero, el juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero amplió el plazo de 10 a 20 días hábiles para la presentación de informes y dejó sin efecto las fechas de audiencia. La resolución señala que la Procuraduría fue citada el 27 de enero, cuando el plazo original ya estaba vencido, y que las comunidades de Chiquiacá aún no han sido citadas como terceros interesados. León La Faye argumentó que la notificación llegó 11 días después del Auto Interlocutorio, que la sede de la Procuraduría está en El Alto y que el caso es “complejo, de relevancia e interés social”. Solicitó “tiempos razonables” invocando el “principio de igualdad procesal” y el derecho a la defensa. “Una estrategia dilatoria” El Comité de Defensa de Tariquía cuestiona la postergación. “Evidentemente este tipo de accionar genera mucha susceptibilidad en la población. La información en controversia tiene muchas observaciones de legalidad, transparencia y legitimidad”, señala un defensor. “Se diría que es una estrategia para permitir que Petrobras y YPFB Chaco avancen con las obras mientras extienden el proceso judicial”, afirma. “Los documentos que se les solicitaron los tienen a mano. No hay motivo para tardar tanto”. Juan Mendoza, del Comité de Defensa, denunció que, pese a la orden judicial de paralización, “trabajadores de Petrobras llegan en horas de la noche” a comunidades de Chiquiacá para reunirse con dirigentes pro-petroleros, profundizando la división interna. “De momento no están trabajando con maquinaria, pero sí operando con autoridades y dirigentes que apoyan el ingreso de las petroleras”. Medida cautelar cuestionada El Auto Interlocutorio del 16 de enero dispuso pausa de 30 días en el proyecto Domo Oso X-3, ampliada por 10 días más a solicitud del Procurador. Sin embargo, defensores denuncian que vehículos y personal siguen ingresando a la zona. Tras la medida cautelar, los comunarios levantaron el punto de vigilia en Quebrada Las Vacas, aunque permanecen en estado de alerta. Las nuevas fechas de audiencia “serán señaladas una vez las instituciones demandadas remitan sus informes o venza el plazo otorgado”. Contexto La Acción Ambiental Precautoria fue presentada por el Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro contra el Ministro de Hidrocarburos, el Ministro de Medio Ambiente, el Viceministro de Medio Ambiente y el presidente de YPFB. El 6 de enero, un convoy de 13 vehículos de Petrobras escoltado por 40 policías ingresó al pozo Domo Oso X-3 en Chiquiacá, sobrepasando el punto de vigilia comunario. Este hecho desencadenó movilizaciones y la acción judicial. La Fiscalía activó un segundo proceso penal contra 17 personas (16 comunarios y un concejal) por asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo, a denuncia del asesor de Petrobras y YPFB. El 26 de enero, el Ministerio Público emitió resolución de rechazo a favor de todos los procesados. Petrobras tiene cinco días para objetar; si no lo hace, el proceso quedará cerrado. Un primer proceso penal de 2024 está en etapa de juicio. La Reserva de Tariquía (246.870 hectáreas) alimenta con agua al valle central tarijeño. El pozo Domo Oso X-3 está a 1,5 km fuera de los límites formales, pero organizaciones ambientales advierten que impacta el ecosistema completo. Las 22 comunidades resisten desde 2018 y denuncian consulta fraudulenta. EL PAÍS DE TARIJA