La Policía en Tarija cuenta con cerca de 2.000 funcionarios para todo el departamento, en Cercado son aproximadamente 1.200, pero casi un centenar cumplen con tareas de custodio a personas con detención domiciliaria, en Bolivia son 2.234. Según la institución existe un exceso de esta medida por parte del Órgano Judicial porque merma sus recursos humanos y esperan la habilitación de las tobilleras electrónicas. El número de detenciones domiciliarias durante los dos últimos años fluctúa entre 30 a 40, la mitad de ellos con procesos por delitos graves, como violencia sexual contra menores de edad. Más de un comandante o director de unidades operativas cuestionó la situación, uno de los más vehementes fue el coronel Ivar Ortiz durante su gestión como subcomandante departamental. Ante la prensa, en los consejos de seguridad o en reuniones con dirigencia vecinas, condenó que haya sujetos de alta peligrosidad gozando de este beneficio. “En Cercado tenemos 70 a 80 efectivos policiales custodiando, dando seguridad privada, cuidando a un infractor de la ley en su casa. Hay algunos con dos policías por turno, entonces están más seguros que cualquier persona (…) En la mitad de esos casos abarcan delitos de violencia, violación a niño niña o adolescente, trata y tráfico”, dijo en una oportunidad. Para argumentar que existe un exceso en la aplicación de las detenciones domiciliarias, Ortiz señaló en reiteradas ocasiones que hay jueces que incumplen la norma que exige que el inmueble tenga ciertas condiciones de seguridad para evitar posibles fugas. Durante mayo en Tarija hubo dos sujetos que burlaron a sus custodios y se requirió un operativo para su recaptura. Entre casos más graves está el registrado la gestión anterior cuando un policía fue dopado por el hombre al que debía resguardar. TOBILLERAS A los cuestionamientos desde la Policía se suma el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que la semana pasada se pronunció criticando el desempeño de jueces y exigiendo que la Cámara de Senadores apruebe el proyecto de ley para el uso de las tobilleras electrónicas y así se libere, al menos a una parte, de los funcionarios que actualmente se ocupan de esa tarea. “¿La Policía Boliviana está para cuidar al pueblo en su conjunto o está para cuidar a los delincuentes al interior de sus casas? Lamentablemente algunos administradores de justicia han sobredimensionado el uso de escoltas”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales. También dio a conocer otros datos, por ejemplo, que hay 1522 personas con detención domiciliaria y su custodio ocupa a 2234 policías. Entre los procesos más relevantes apuntó que 135 casos implican a procesados por delitos de violencia, 159 por abuso sexual, 203 por violación, 54 por robo agravado, 16 por robo, 6 por feminicidio y 4 por tentativa de feminicidio. “La Policía Boliviana debería estar cumpliendo un rol más importante que evitar que estos delincuentes se fuguen de sus casas. Estos efectivos deberían estar afuera de las unidades educativas cuidando a las niñas y niños, custodiando nuestras fronteras y para que delincuentes no cometan crímenes o en caso de hacerlo los podamos atrapar en el menor tiempo posible”, agregó. El Ministerio de Gobierno presentó el proyecto de ley para el uso de tobilleras en 2023, pero aún no fue tratado en la Cámara de Senadores. Ya fueron compradas 500 tobilleras, pero la redacción incluye la posibilidad de que los procesados puedan comprar un dispositivo y que luego pasará como donación al Estado. EXIGEN MÁS EFECTIVOS POLICIALES PARA PATRULLAJES El Comando tarijeño cerró el 2023 con 1.834 efectivos, pero a inicios de este año se incorporó a más de 200 nuevos policías. La cantidad de uniformados que se asigna a detenciones domiciliarias también fue criticada por Régimen Penitenciario, el director de esta institución en Tarija, Brayan Achá, expresó que en Morros Blancos y los demás recintos del departamento se requiere de ese personal. La demanda se repite en las juntas vecinales que piden más policías para las EPIs. Por el hacinamiento en las cárceles de todo el país, para la Policía y algunas autoridades municipales y departamentales el uso de tobilleras podría ser útil por la reducción de gastos en prediarios. De aprobarse la ley, alcaldías y gobernaciones también podrían comprar más dispositivos. (El País – Tarija)
