Medio Ambiente

Por Jimena Mercado El procurador General del Estado, Hugo León, declaró la incompetencia de la Defensoría del Pueblo dentro de la acción ambiental precautoria de aplicación de medidas cautelares ambientales presentada en contra del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Petrobras y otros, con el propósito de suspender las actividades de exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía del departamento de Tarija. “La pretensión de la Defensoría del Pueblo de fiscalizar la consulta previa y la Licencia Ambiental constituye una revisión de legalidad de actos de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, previstas en la Ley 025 del Órgano Judicial y la Ley 1715 que establecen que la revisión de la legalidad de una Licencia Ambiental emitida por una Autoridad Nacional es competencia del Tribunal Agroambiental a través de un proceso contencioso administrativo, no de un Juez de Instrucción Agroambiental”, señala el recurso de reposición bajo alternativa de casación. La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha presentado una acción ambiental precautoria ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, para suspender las actividades de exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, específicamente el proyecto Domo Oso X3, con el propósito de proteger los derechos ambientales y el territorio.  El recurso judicial al que accedió ANA señala que el Juez se está extralimitando al pretender juzgar el fondo del proceso de consulta previa, tarea que corresponde a instancia superiores una vez agotada la vía administrativa. Al respecto el auto agroambiental plurinacional S1 No 05/2021 señala que: “La competencia de los jueces agroambientales de instancia en medidas precautorias es restringida a evitar el daño inminente; no pueden usurpar la competencia del Tribunal Agroambiental para juzgar la legalidad de actos administrativos nacionales, cuya vía exclusiva es el proceso contencioso administrativo”. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el 9 de enero ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, Tarija, una solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales, con el objetivo de suspender temporalmente los actos de ejecución material del proyecto Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte, en la provincia O’Connor del departamento de Tarija. Callisaya explicó entonces que, la acción defensorial responde a la preocupación por el posible incumplimiento de estándares internacionales, particularmente el derecho a la consulta pública, así como otros requisitos vinculados a la emisión de la licencia ambiental, lo que podría generar graves impactos ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Las y los defensores de Tariquía, reforzaron la acción legal de la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento de que las licencias ambientales de los pozos Domo Oso X1, X2 y X3 del Bloque San Telmo Norte se habrían obtenido bajo procesos de consulta viciados y de mala fe desde el Estado, basados en procedimientos irregulares y prebendales que derivaron incluso en la división de comunidades y la criminalización de mujeres y hombres que se resisten a la actividad petrolera. Recurso de reposición bajo alternativa de casación Los antecedentes del recurso de reposición bajo alternativa de casación ponen de manifiesto que el 3 de marzo de 2026 se notificó con el auto interlocutorio 027/2026 del 3 de marzo del presente año, se dispuso señalar la audiencia de inspección en el área de emplazamiento del proyecto para el lunes 16 de marzo de 2026 a las 9.00 a.m. También se fija audiencia pública para el martes 24 de marzo de 2026 a horas 9.00 de la mañana. “No hay lugar a la ampliación de 30 días adicionales de la medida cautelar”, cita el documento. Del mismo modo, el 4 de marzo se notifica con el proveído donde se establece: “En consideración a que la medida cautelar inicialmente ha caducado por el transcurso del tiempo, no existiendo efecto jurídico vigente que levantar, la Procuraduría General del Estado y los demás sujetos procesales deberán estar a lo dispuesto en el punto 3 del auto interlocutorio No 027/2026 cursante de fs. 5853 a 5856 de obrados”. Dicho recurso también señala que conforme establece la Ley 1333 de Medio Ambiente y su Reglamento al respecto de la Licencia Ambiental que obtuvo la empresa Petrobras, habría cumplido con todos los procedimientos legalmente establecidos para su obtención, siendo así que a la fecha no existe acto o proceso que la revoque o deje sin efecto. “La Licencia Ambiental es un acto administrativo que se efectivizó entre la empresa Petrobras y el Estado Boliviano a través de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, por consiguiente, en el ámbito normativo genera efectos jurídicos que tiene carácter obligatorio, exigible, ejecutable y se presume de legítimo conforme lo establece el artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo”, señala el sustento del documento. Sin embargo, desde las y los defensores de Tariquía, reforzando la argumentación de la Defensoría del Pueblo, la licencia ambiental se obtuvo bajo un proceso de consulta viciado y de mala fe desde el Estado, basado en procedimientos irregulares y prebendales que derivaron incluso en la división de comunidades y la criminalización de mujeres y hombres que se resisten a la actividad petrolera, y contra quienes el Estado a través de YPFB y Petrobras Bolivia se instauró procesos penales. En virtud del principio de no regresividad de los Derechos Humanos, ni aún el mecanismo de Consulta Pública, que se enmarca en la ley de medioambiente 1333, puede esquivar los estándares del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada que están contenidos en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de septiembre de 2007, instancias reconocidas y ratificadas por el Estado boliviano con leyes nacionales. Del mismo modo, las y los defensores de Tariquía han denunciado que las empresas petroleras y las autoridades bolivianas actúan de mala fe con las comunidades y la ciudadanía al aislar el tratamiento del pozo Domo Oso X3 (que se encuentra fuera de los límites de la Reserva Natural y sobre un predio privado) como si fuera una realidad aislada y solo necesitada

Organizaciones de la sociedad civil, en alianza con la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, organizaron un encuentro para diseñar proyectos de ley estratégicos enfocados en una agenda ambiental. El encuentro se realiza en un contexto marcado por una crisis climática que cada año afecta a una mayor cantidad de personas. En ese sentido se presentaron cinco proyectos de ley con el objetivo de consolidar una agenda estratégica conjunta. Los resultados de este encuentro fueron socializados a más de 30 asambleístas de diferentes frentes políticos, quienes se comprometieron a impulsar una agenda ambiental en la asamblea legislativa. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Un reportaje producido en colaboración con el Centro Pulitzer, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales, revela la difícil situación que atraviesa la comunidad indígena Esse Ejja de Eyiyoquibo, prácticamente confinada, sin territorio y al borde de la desaparición. Durante siglos, los Esse Ejja navegaron los ríos amazónicos sin conocer fronteras: el agua era su hogar y el bosque su sustento. Hoy, los que se encuentran en Eyiyoquibo viven en extrema vulnerabilidad, cada vez más lejos del río que les dio vida. Desde hace 25 años, esta comunidad lucha por un territorio que el Estado boliviano no ha logrado dotarles. Tras años de peregrinación, el 28 de marzo de 2025 el INRA autorizó el inicio del proceso de dotación para 67 familias, con el fin de asentarlas en 1.141 hectáreas del municipio de Rurrenabaque, en el departamento del Beni. Sin embargo, debido a los conflictos, los Esse Ejja decidieron no iniciar asentamientos en tierras que se encuentren en disputa con terceros. En un reportaje publicado en 2023, señala que, desde tiempos ancestrales, la vida de los esse ejja ha sido nómada, desplazándose en botes de madera construidos por sus propias manos río arriba y río abajo, haciendo de los recursos que ofrecen sus aguas, su medio de vida y su fuente de alimento. El artículo enfatiza que su vida fue así durante décadas, hasta que hace 27 años, en 1996, un misionero evangélico llegó a las riberas del río y les habló de una forma de vida diferente, en la tierra. En búsqueda de estabilidad, aquella fracción de los Esse Ejja terminó fundando una comunidad en Eyiyoquibo, en 10 hectáreas que fueron donadas por la Misión Nuevas Tribus, de la iglesia evangélica. Aquel asentamiento, aunque desde la tierra, continuó viviendo del río, como lo hicieron ancestralmente sus antepasados, pues el río es su fuente de alimento, su conexión con la naturaleza, pero también la causa de su intoxicación. “Tenemos dolor de estómago, mareos, diarrea y vómitos”, explica sentado en una banca de madera en medio de la cancha de fútbol en la que los niños juegan indiferentes al frío y a la enfermedad, Lucio Game Moreno, capitán grande de los Esse Ejja. Pero, ¿qué es lo que está causando éstos y otros males a esta comunidad indígena? Estudios señalan al mercurio como responsable. Río arriba se encuentran las localidades de Mapiri, Tipuani, Teoponte y Guanay, entre otras, donde se practica la minería aurífera que está contaminando aquel lecho, arrastrando el mercurio por los ríos que luego se unirán a las aguas del río Beni y dejando su huella en las comunidades que viven a lo largo de su lecho. Entre ellos, los esse ejja. Los habitantes de Eyiyoquibo presentan hasta 25 partes por millón, cuando el límite en el organismo humano es de una parte por millón. Tras estos hallazgos, el año 2021, el Cedib, junto a la Universidad de Cartagena de Indias, en Colombia, y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia – Contiocap, decidieron hacer una nueva investigación, pero esta vez sobre la presencia de mercurio en la población. Entre 2021 y 2022, los investigadores de la Universidad de Cartagena tomaron muestras de cabello de la parte media de la cuenca del río Beni y de toda la cuenca del Madre de Dios, incluyendo parte del río Mamoré, cubriendo parte importante de los principales ríos de Bolivia. “Hay contaminación por minería y muchas veces nos sentimos avasallados, porque vivimos  de la pesca. Vivimos como nos han enseñado nuestros padres, que nos han hecho criar de la pesca”, asegura el capitán grande, en un español perfecto, pero cuya entonación deja entrever su esse ejja materno. ÁNGEL LOZANO-RTP

Una reciente investigación advierte que la minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza estructural que compromete la economía, el ecosistema y la seguridad nacional. El estudio Presencia e incidencia de la minería ilegal en Bolivia, del investigador Alfredo Zaconeta, revela un complejo entramado de impunidad que abarca desde las cuencas del norte amazónico hasta los socavones del occidente andino. En la última década, los departamentos de La Paz, Beni y Pando se han consolidado como el epicentro de la minería aurífera ilegal. Bajo la fachada de cooperativas, cientos de dragas y balsas operan sin control ambiental en ríos críticos como el Madre de Dios y dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi. Daño al medioambiente El costo ambiental es devastador, ya que el uso indiscriminado de mercurio para la amalgamación del oro está contaminando irreversiblemente las fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades indígenas ribereñas con niveles de toxicidad que superan ampliamente los límites sanitarios. Según el documento, esta actividad es alimentada por capitales extranjeros —de origen chino, colombiano y peruano— que suministran tecnología y financiamiento, evadiendo sistemáticamente los marcos regulatorios. El “jukeo” y el drama social en el occidente Mientras el norte brilla por el oro, en los distritos mineros tradicionales de Oruro y Potosí la ilegalidad tiene el rostro del estaño y el zinc. El fenómeno del “jukeo” (robo sistemático de mineral) ha golpeado duramente a empresas estatales como Huanuni y Colquiri, generando pérdidas que solo en Huanuni se estiman en 20 millones de dólares anuales. El impacto más alarmante, sin embargo, es el humano. El informe documenta la persistencia del trabajo infantil y adolescente en las cooperativas mineras. Esta situación ya ha tenido repercusiones internacionales: en 2018, la gigante tecnológica Apple excluyó a la Metalúrgica Vinto de su lista de proveedores ante la sospecha de uso de mano de obra infantil en su cadena de suministro. A pesar de que el sector minero representó el 52,4 % del total de las exportaciones del país en 2024, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) ha caído del 7,6 % en 2009 al 5,1 % en 2023. Esta paradoja se explica, en parte, por la evasión masiva de regalías y tributos que fomenta el mercado ilegal. La investigación apunta a la debilidad institucional de entidades como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales como un factor clave. La falta de capacidad logística, la corrupción y el peso político de los sectores cooperativistas han frenado intentos legislativos para endurecer la lucha contra la minería ilegal. El desafío: más allá de lo punitivo La conclusión de Zaconeta es contundente: el combate a la ilegalidad requiere una voluntad política real que trascienda la represión. El informe sugiere que la minería ilegal es, en gran medida, un síntoma de la incapacidad del Estado para generar empleo digno en las zonas mineras, convirtiendo al “jukeo” en una estrategia de supervivencia ante la pobreza. Para frenar este modelo extractivo que “hipoteca el patrimonio natural y social”, se propone la implementación urgente de un sistema robusto de trazabilidad del mineral, la simplificación de la formalización para pequeños mineros y una reforma normativa profunda que devuelva el Estado de Derecho a los territorios afectados. BRÚJULA DIGITAL

Según los informes el ingreso ilegal de maquinaria para presunta minería ilegal se registró el sábado 17 de enero: la maquinaria pesada ingresó con destino al sector Virgen del Rosario, en las orillas del río Tuichi, con la excusa de realizar trabajos de mantenimiento de carreteras. Este hecho constituye el incumplimiento flagrante a dos resoluciones ambientales; la primera referida a la declaración como sujeto de derecho al río Tiuchi y la segunda, la sentencia de protección al jaguar y su hábitat. Para el investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, toda esta problemática esta incentivada por el precio del oro, que superó los 4600 dólares la onza troy en la primera quincena de enero. En ese sentido plantea la necesidad de crear una política pública del oro en Bolivia. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP