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Medio Ambiente

La Paz tiene un enorme potencial para la producción agroecológica; Alto Beni y Palos Blancos son el mejor ejemplo de desarrollo sostenible

No cabe duda que el departamento de La Paz tiene un gran potencial para la producción de alimentos, en ese sentido los municipios de Alto Beni y Palos Blancos se convirtieron en un ejemplo de como la agroecología puede representar una alternativa para el desarrollo sostenible. La cooperativa el CEIBO permitió generar un sistema de producción sostenible alimentos agroecológicos que beneficia a los pobladores y les permite preservar su medio ambiente, cuidar sus fuentes de agua y garantizar su soberanía alimentaria. Debido al éxito de este sistema de producción, el gobierno viene implementando una planta procesadora de harina de yuca y banano que servirá para diversificar la producción. El enorme potencial que tiene el departamento de La Paz debe ser tomado en cuenta por los candidatos a la presidencia y no solo se fijen en la agroindustria. Alto Beni y Palos Blancos son la prueba de que es posible plantear un desarrollo sostenible sin depredar nuestros recursos naturales. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Gobierno activa sistema nacional de monitoreo de focos de calor para prevenir y combatir incendios

Con el objetivo de prevenir la propagación de incendios forestales en el país, el Gobierno activó un sistema nacional de monitoreo de focos de calor, que permitirá identificar en tiempo real los puntos donde se registran quemas o incendios, y así coordinar una intervención oportuna. Lo informó el Ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz. Este nuevo sistema tecnológico facilitará el seguimiento continuo de zonas vulnerables, permitiendo a las autoridades actuar con rapidez en la detección y control de los focos de calor. El monitoreo incluirá zonas consideradas de alto riesgo, por su historial de incendios forestales o condiciones climáticas propensas a quemas no controladas. Además, se hará un seguimiento constante en regiones rurales, áreas protegidas y zonas agrícolas. El Gobierno remarcó que esta herramienta será clave para fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias ambientales y mitigar. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Registran el primer caso de sarampión en El Alto; paciente asistió a evento en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz confirmó hoy el primer caso de sarampión en El Alto. Se trata de un adolescente de 16 años que, previo al diagnóstico, participó en un evento masivo en Santa Cruz, departamento que ya suma al menos 20 casos confirmados de la enfermedad. Javier Mamani, jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Sedes, informó que el adolescente se encuentra estable y recibió atención médica oportuna. El paciente tenía la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, pero no la de refuerzo. Ante esta situación, el Sedes realiza una búsqueda activa de contactos y un barrido en 25 manzanas alrededor del domicilio para un “bloqueo vacunal”. Mamani recordó que la vacuna contra el sarampión está disponible de forma gratuita en todos los centros de salud. La primera dosis se administra a niños de 12 a 23 meses, protegiéndolos contra sarampión, rubeola y paperas. La segunda dosis, a partir de los 5 años, previene sarampión y paperas. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se manifiesta con erupciones en la piel, fiebre elevada, malestar general, conjuntivitis y tos persistente. (LA PRENSA)

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Senador advierte que en los últimos 5 años más de 30 millones de hectáreas se perdieron por los incendios forestales

Tras duras críticas, el ministro de medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, desmintió la existencia de un decreto que autoriza las quemas, pese a que un día antes anuncio que este sería emitido en los próximos días. Ante esa amenaza el senador Santiago Ticona advirtió que en los últimos 5 años se perdieron más de 30 millones de hectáreas de bosque debido a los incendios forestales y pidió al presidente de la ALP que ponga en agenda el tratamiento de las leyes ecocidas. En ese sentido la Fundación Tierra presentó un informe donde establece que del 100% de los incendios forestales 66% fueron realizadas de manera malintencionada. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Un proyecto de ley de Desarrollo Sustentable de la Amazonia lleva 14 años postergado a la espera de su aprobación en la ALP

Pasaron 14 años desde la presentación del proyecto de Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico de Bolivia “Bruno Racua” a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero hasta el momento continúa postergada. La reposición del proyecto de ley es una legítima demanda de las comunidades indígenas y campesinas que habitan esa región, que solo buscan un desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad de esas regiones. En los últimos días surgieron una serie de amenazas que ponen en riesgo el norte amazónico. La minería, la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación deben ser controladas y esta ley brinda el mecanismo para proteger la selva amazónica. No es casualidad que esta ley continúe a la espera de su aprobación y esto se debe a que los gobiernos de turno priorizaron las políticas de extracción de los recursos naturales, dejando de lado la protección del medio ambiente. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Tribunal Agroambiental ordena medidas urgentes para proteger al jaguar y a defensores ambientales en Bolivia

Dentro de la demanda ambiental por el tráfico ilegal y protección del jaguar y su hábitat, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental emitió este miércoles una resolución en la que dispone “medidas cautelares urgentes” para la elaboración de acciones conjuntas de los órganos del Estado para garantizar la protección oportuna de los jaguares en Bolivia.  Luego de una sesión de más de tres horas en las que intervinieron los demandantes, los niveles del Gobierno y defensores del medioambiente, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución firmada por cuatro de los cinco magistrados: El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Christian Mendez, señaló que en la resolución se hace conocer recomendaciones, exhortaciones y órdenes para que se cumplan en los diferentes niveles del Estado.  “Se recomienda, se exhorta y se ordena en algunos casos la realización de determinadas acciones, y el incumplimiento a una resolución judicial conlleva cierto tipo de sanciones, sin embargo, se les ha aclarado que una vez notificados con la resolución hasta el 30 de abril, las partes tienen la posibilidad de pedir la complementación, aclaración y la modificación que en derecho corresponda con la debida justificación y motivación”, manifestó Mendez. Señaló que entre las medidas cautelares están, que se ordena a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia y otras autoridades competentes, en un plazo de 10 días, disponer medidas de prevención contra ataques, amenazas o intimidaciones para los defensores ambientales, y la elaboración de planes de protección a la especie en peligro de extinción en el libro rojo de especies el peligro de extinción. También se dispuso la realización de acciones preventivas en cuanto a lugares donde se han identificado lugares de este tráfico como son los aeropuertos, las fronteras por parte de las instancias que correspondan. La autoridad indicó que la resolución de este tribunal también exhortó a la Asamblea Legislativa la elaboración de una norma que garantice un presupuesto adecuado para salvaguardar las áreas protegidas y el trabajo que realizan los guardaparques. La audiencia se cerró con la lectura de la resolución a las 15:00. (CORREO DEL SUR)

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Del Altiplano a la selva, la minería deja huellas en la sangre de indígenas

“Ya no hay vida, llevamos el veneno dentro”, sostiene Gabriela Flores, comunaria del Ayllu San Agustín de Puñaca, de Oruro. Hace más de un año que una serie de laboratorios en sangre detectaron arsénico en varios pobladores de su ayllu. Su denuncia no es aislada. “El veneno está en el aire, quema la garganta al respirar porque trae el polvo del dique de colas”, explica otra pobladora de Cantumarca, Potosí. Allí en 2023 se detectaron altos niveles de ese metal pesado en adultos mayores y niños. “Los indígenas del Norte de La Paz están intoxicados con mercurio, por los peces y el agua que la minería contamina. No hay una respuesta del Estado”, afirma el representante de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Lino Illimuri. Los casos no son recientes. Del Altiplano a la Amazonia, la minería -legal, ilegal, estatal o privada- va dejando una huella de contaminación y daño, no solo en la tierra, sino en el aire, el agua, los alimentos y los propios habitantes, que en diferentes puntos del país ya han dado positivo a la contaminación por diferentes metales pesados. Representantes de las comunidades y pueblos afectados por la contaminación llegaron el 21 de marzo a la sede de Gobierno para denunciar la situación en la que se encuentran. En conjunto, participaron en una Audiencia Pública de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no todos los legisladores llamados a actuar estuvieron presentes. AGUA QUE YA NO ES VIDA “Antes nuestro ayllu era lindo. Había pasto para los animales, harto pescado en el río y el lago. Sacábamos a la ciudad leche (…). Pero todo ha cambiado, la actividad minera ha dañado la tierra y el agua. Hay agua, pero ya no es buena, no sirve para tomar; es turbia, picante. Siembran peces, pero mueren. Ya no da vida”, afirma la comunaria Gabriela Flores. Dentro del Legislativo, junto con otras comunitarias, se turnan para hablar con los periodistas y mostrar a las cámaras una botella con agua algo amarillenta y sedimentos en el fondo. El aroma es ácido. “Si nuestros animales toman esta agua, se enferman, mueren”, dice la comunaria Gabriela Cruz, también habitante de San Agustín de Puñaca, a orillas del lago Poopó. Su compañera, Petronila, explica que la contaminación entra por varios lados y contamina el río, el lago y también las aguas subterráneas. Pero el principal problema, afirma, proviene de la mina Huanuni, que contamina el río Desaguadero. “Echan las aguas de la copajira al río, sin tratamiento alguno. Todo está contaminado a simple vista; no es necesario que vengan con equipos o microscopios”, sostiene. “Hace 50 años, el lago era limpio”, coincide Prudencial Poma,  exmallku. “Pero, la minería creció y empezaron a usar químicos fuertes que comenzaron a secar todo, contaminar la tierra y todo el agua, ya no tenemos agua potable. Por eso, hemos hecho una demanda de Acción Popular y hemos ganado. Las autoridades han llegado para analizar las aguas y el suelo, han tomado muestras y después nos han dicho: No hay nada, no hay contaminación. Prácticamente nos dijeron mentirosos”, añade. Ante la afrenta de las autoridades, el 7 de septiembre de 2023, en coordinación con el Centro de Salud Poopó, CENDA y el Laboratorio Cetox, de Perú, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 comunarios. El 100% de las muestras presentaron concentraciones de arsénico, que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro), valores muy superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. Asimismo, cuatro personas presentaron niveles detectables de plomo en sangre; con 7,20 µg/L, una de ellas supera los niveles referenciales de 5 µg/L. Dos personas presentaron niveles detectables de cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L. “Pese a ello, no nos creen. Los laboratorios no mienten”, dice Petronila. La contaminación avanza al igual que la precariedad del ayllu para acceder al agua potable. No pueden tomar el agua del río o los pozos porque los enferma. Para su alimentación viajan en motos y camiones hasta el pueblo de Poopó. En bidones cargan lo suficiente para subsistir. “Pero ahora, que no hay diésel ni gasolina, ni eso podemos hacer. No hay en qué ir a buscar agua. Ya no es vida”, reitera Flores. RESPIRAR VENENO “Cuando hace viento se siente clarito. Quema la garganta al respirar”, sostiene una de las habitantes de Cantumarca, en Potosí. Cantumarca es una comunidad ubicada a los pies del Cerro Rico. Algunos documentos dan fe de que los primeros habitantes trabajaban en la mina incluso antes de la llegada de los españoles. Hoy, en el territorio del poblado original habitan más de  cuatro mil personas y otras 11 mil en las urbanizaciones colindantes que emergieron del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de  Potosí. Su vida siempre estuvo ligada a la actividad minera, lo que hizo que con el tiempo acabe cercada por tres diques de colas, destinadas a recibir los desechos de la explotación del Cerro Rico: Lagunas Pampa I, Lagunas Pampa II y San Miguel, este último de la Comibol. “Soy Hans Castillo, vengo en representación de Cantumarca”, sostiene el líder juvenil voluntario de Pasocap (Caritas Potosí), en medio del Legislativo nacional. “Al lado de Cantumarca está el dique de colas de San Miguel que opera desde 1965. Más abajo están los otros dos diques. Cantumarca está en medio. Pero no somos solo nosotros, a menos de un kilómetro está el hospital de tercer nivel de la ciudad de Potosí”. Los diques fueron construidos hace años, para evitar que los desechos tóxicos lleguen a las aguas del Pilcomayo. Pero el tiempo ha pasado y han rebasado su capacidad. Desde estos puntos, ayudado por la sequedad del ambiente, alienta que el polvo se levante del suelo y se esparza por el aire con los  fuertes vientos. El polvillo no solo se queda en los techos, ropa y patio de los habitantes,

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Indígenas contaminados por minería exigen fondo compensatorio, atención médica y un alto a las concesiones mineras

Un fondo de compensación, atención médica y un alto a las concesiones mineras, son parte de las ocho demandas de tres comunidades y pueblos de Potosí, Oruro y La Paz, que se encuentran afectados por la minería. Este viernes denunciaron en una audiencia pública de la Asamblea Legislativa, que estudios en sangre y cabello muestran que están contaminados por plomo, arsénico y mercurio. Los afectados señalaron que en los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de las poblaciones y los territorios indígenas. Afirman que son testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista,  en muchos casos, ante una pasividad y silencios omisivos de los diferentes órganos del Estado. Ante la Comisión de Naciones  y Pueblos Indígena Originario Campesinos, de la Cámara de Diputados, relataron  como en el Ayllu San Agustín de Puñaca, la contaminación del agua y suelo con metales pesados ha sido confirmada por estudios científicos. Asimismo, presentaron el caso de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en el que el mercurio proveniente de la minería aurífera ilegal afecta al 75% de las personas evaluadas y en las que se encontró mercurio en proporciones alarmantes. Los comunarios de  Cantumarca, señalaron que el aire contaminado ha elevado los niveles de plomo en la sangre de niños y adultos mayores. Ante esta situación, en su pronunciamiento y petitorio, estas comunidades y pueblos exigen a las autoridades al menos ocho puntos para la atención de sus habitantes y sus territorios: a.         Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, Sentencia Constitucional N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, Sentencia Constitucional N° de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación b.         Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos. c.         Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales  y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas. d.         Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible) para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento. e.         Se garanticen la implementación de mecanismos preventivos y  medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción  o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación. f.         Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas. g.         Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes. h.         Que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas por exposición al metilmercurio, priorizando a las comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.

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Comunarios contaminados con arsénico, plomo y mercurio se harán oír en el Legislativo

Este viernes 21, tres pueblos indígenas afectados por la actividad minera en Bolivia, llegarán hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser recibidos en una audiencia pública. Denuncian la grave contaminación ambiental que sufren sus territorios y exigen el cumplimiento inmediato de los mandatos constitucionales que protegen sus derechos. “En los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de nuestras poblaciones y la integridad de nuestros territorios indígenas. Nosotros hemos sido testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista”, señalan las comunidades afectadas. En el país hay al menos tres casos que causan preocupación. Los afectados han decidido organizarse en un bloque para hacer escuchar sus demandas. En Oruro, en el Ayllu San Agustín de Puñaca, los suelos y aguas han sido contaminados por décadas debido a la minería, situación que obligó a los pobladores a interponer una Acción Popular. Como resultado, se emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1471/2022-S-3, la cual no ha sido cumplida por las entidades competentes del Estado. Estudios realizados en la sangre de los comunarios revelaron presencia de cadmio, plomo y arsénico en niveles alarmantes, superando ampliamente los estándares internacionales. Asimismo, al Norte de La Paz los pueblos indígenas que conforman la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), enfrentan la contaminación de los ríos y afluentes por la minería aurífera ilegal. El mercurio utilizado en estas actividades ha sido detectado en el cuerpo de la población, afectando al 75% de las personas evaluadas. En Potosí, en la Comunidad de Cantumarca, enfrentan un panorama similar.  La contaminación del aire debido a las proximidades de los diques de colas, ha provocado niveles preocupantes de plomo en la sangre, especialmente en niños y adultos mayores, extremo que ha sido denunciado incluso por la Defensoría del Pueblo. Las comunidades afectadas demandan la aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Señalan que estos instrumentos garantizan su derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier actividad extractiva en sus territorios. A pesar de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1471/2022-S-3 y otras resoluciones favorables a los derechos de estas comunidades, las autoridades competentes han fallado en su implementación, dejando a las poblaciones afectadas en una situación de vulnerabilidad extrema. Ante esta crisis, los pueblos indígenas exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias y resoluciones, la creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral financiado por las empresas responsables, y la conformación de una comisión mixta de seguimiento con la participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales. Las comunidades también alertan sobre la falta de fiscalización y voluntad política frente a estas vulneraciones, lo que pone en grave riesgo su salud y derechos colectivos. Advierten que la continuidad del modelo extractivista es insostenible y atenta contra los principios del Vivir Bien establecidos en la Constitución. Finalmente, las organizaciones llaman a la sociedad boliviana, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, a visibilizar esta problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado. La justicia ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas no se pueden seguir postergando.

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Desborde del río Beni deja a 38 comunidades de La Paz y Beni inundadas; Carmen del Emero y San Antonio de Tequeje quedaron incomunicadas

La Amazonia boliviana prácticamente está sumergida: por lo menos unas 38 comunidades indígenas sufren la furia del agua. Cultivos inundados, vías de acceso cortadas y limitación para navegar obligaron a la gente a abandonar sus hogares. Lamentablemente muchos no tienen los medios para suficientes, ni tampoco un lugar para ser refugiados. Las autoridades indígenas del Concejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) denunciaron que muchas familias están prácticamente abandonadas a su suerte y lamentaron la falta de reacción de los gobiernos municipales. Una de las comunidades más afectadas es Carmen del Emero, que hace varias semanas se encuentra incomunicada, las clases tuvieron que suspenderse y sus habitantes no tienen agua, alimentos y medicamentos. Sus representantes navegaron más de dos días para salir a pedir ayuda. Por lo menos 15 comunidades en el municipio de Ixiamas y San Buenaventura se encuentran bajo el agua y necesitan con urgencia ser evacuados y piden apoyo del gobierno. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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