Medio Ambiente

El guardaparque Marcos Uzquiano expresó su pesar por la forma en que se dio muerte a un jaguar en Guayaramerín y considera que hay suficientes indicios para procesar por biocidio a las personas identificadas en este caso. «En ningún momento se nota que haya estado en una posición agresiva. Está temeroso, nervioso, buscando esconderse. Le aplican los tres disparos y no conformes con haberle quitado la vida, proceden a cortarle la cabeza y se llevan el cuerpo como trofeo”, lamentó el experto en RTP Informa. Indicó que lo primero que debieron hacer las personas que encontraron al animal en su vivienda o patio era dar parte a las autoridades municipales o a los guardaparques, como ocurre habitualmente en la zona cuando aparecen caimanes, anacondas u otras especies. “No es que en ese momento tú agarras un arma y lo matas a balazos porque está en tu casa sin permiso. Hay parámetros de proporcionalidad, incluso en defensa propia”, reprochó El guardaparque subrayó que el jaguar es una especie protegida y vulnerable, y que su muerte con violencia y ensañamiento puede constituir delitos tipificados en la Ley 700. También cuestionó el porte de armas y el destino final de las partes del animal. Valoró la rápida actuación del Ministerio Público y de las autoridades competentes, Advirtió que muchos municipios, sobre todo los más alejados, no cuentan con personal, equipamiento, dardos tranquilizantes ni unidades de medio ambiente. Llamó a las autoridades a destinar recursos, capacitar y sensibilizar a la población. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el presunto responsable de la muerte y decapitación del jaguar en Guayaramerín. La orden fiscal se emitió contra Walter A. Se lo investiga formalmente por la presunta comisión de los delitos de biocidio y portación ilícita de armas de fuego. El fiscal de materia de Guayaramerín, Elmer Aguilar Gamarra, determinó que existen suficientes indicios de probabilidad de autoría por la ejecución del felino. MRCM-RTP

La Secretaría Departamental de Protección de Madre Tierra y Gestión Ambiental (SDPMTyGA) trasladó cuatro especies de aves a Selva María, en el norte paceño, luego de que fueran entregadas a la Gobernación tras ser rescatadas de la comercialización ilegal en la Feria 16 de Julio de El Alto, informó el secretario departamental Gabriel Pari. Las aves fueron derivadas a su hábitat natural para garantizar su recuperación y conservación. En el marco del mes de la Independencia de Bolivia, las autoridades recordaron que la patria también está representada por su fauna y flora, y expresaron su preocupación por la tala, quema de bosques y el tráfico de especies desde el oriente hacia el occidente del país con fines económicos. La veterinaria del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, Dina Zapana, explicó que un vecino alteño entregó voluntariamente las cuatro aves y pidió a la población no comprar especies como tucanes, parabachis, loros o pericos, debido a que ellos se encuentran en peligro de extinción. YENNY TICONA-RTP

El viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila, sostuvo que la mayoría de los incendios forestales registrados en el país habrían sido provocados y, en ciertos casos, responderían incluso a intereses de carácter geopolítico. En ese contexto, la autoridad planteó la necesidad de fortalecer las sanciones y acelerar los procesos judiciales contra los responsables. Ávila explicó que, si bien existen múltiples factores detrás de los incendios, una gran proporción tendría origen intencional. “La gran mayoría de ellos fueron provocados y con propósitos geopolíticos”, afirmó, aunque también reconoció que algunos casos están vinculados a la falta de conciencia y prácticas inadecuadas en actividades agrícolas y ganaderas. Como ejemplo, mencionó la situación en Guarayos, donde —según indicó— comunidades fueron afectadas por incendios en al menos dos ocasiones, presuntamente a causa de acciones negligentes. El viceministro detalló que la Autoridad de Bosques y Tierras es la entidad encargada de ejecutar operativos en territorio, atender denuncias y coordinar acciones con instancias de emergencia y la Policía. Asimismo, informó que actualmente existen dos personas procesadas en Tarija por incendios forestales, mientras que en Santa Cruz el fuego habría ingresado desde Brasil, lo que situaría el origen fuera del país. Ávila aseguró que el Gobierno instruyó a la ABT intensificar los esfuerzos para identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Buscan sanciones más severas La autoridad señaló que una de las principales limitaciones para sancionar estos delitos radica en el tipo de penas vigentes, que en algunos casos permiten a los investigados enfrentar procesos con sustitutivas, como la detención domiciliaria. Ante esta situación, informó que se trabaja junto a legisladores en una propuesta para endurecer las sanciones y dar mayor celeridad a los procesos judiciales. “Están tratando de aumentar un poquito la gravedad de las penas, convertir estos en delitos de mayor agilidad procesal para que podamos tener a los responsables donde deben estar, en la cárcel”, afirmó. Ávila subrayó que provocar incendios forestales constituye un delito grave que no solo afecta al patrimonio natural, sino también a la salud de la población, especialmente en comunidades expuestas al humo. Tecnología para rastrear el origen del fuego El viceministro también destacó el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la identificación de los focos de calor mediante monitoreo satelital. Explicó que estos sistemas permiten detectar con precisión posibles puntos de origen, aunque aclaró que no todos los focos de calor implican necesariamente incendios forestales. La información obtenida, agregada, resulta clave para orientar las investigaciones y establecer responsabilidades. Finalmente, Ávila reiteró que la instrucción del Gobierno es actuar de manera coordinada para procesar a todos los implicados. “Ver a un bosque quemarse y ver a su fauna incinerarse es definitivamente conmovedor”, expresó, al advertir además sobre los impactos en la salud, principalmente en niños y adultos mayores de las zonas afectadas. CORREO DEL SUR

La explotación minera de oro en Bolivia ha alcanzado un punto crítico que trasciende la histórica preocupación por la contaminación de los ríos. La quema indiscriminada de amalgamas para la separación del metal precioso está liberando vapores tóxicos a la atmósfera, provocando un fenómeno de contaminación aérea que afecta tanto a comunidades rurales adyacentes a las zonas de extracción como a importantes centros urbanos, entre ellos La Paz y El Alto. A pesar de los riesgos ecológicos y de salud pública, la práctica persiste ante la falta de regulaciones estrictas y la resistencia del sector minero. De acuerdo con la investigadora agrónoma, Carmen Capriles, el bajo punto de ebullición del mercurio facilita su evaporación inmediata al ser expuesto al fuego. La inhalación de estos vapores en espacios cerrados o en la vía pública provoca severos daños en los pulmones y los riñones. A diferencia del metilmercurio —la variante orgánica que se acumula en los peces y ataca el sistema nervioso central—, la exposición atmosférica genera un riesgo de toxicidad directa e inmediata. Además, el país enfrenta una importante brecha de respuesta al carecer de un sistema de monitoreo aéreo y de personal médico especializado para diagnosticar estas afectaciones. El alcance de este problema ha dejado de ser localizado para convertirse en un fenómeno sistémico a escala de cuenca, afectando ecosistemas clave como el del río Beni y sus afluentes. Investigaciones científicas recientes de organizaciones de conservación han detectado presencia de mercurio en especies de la fauna silvestre, tales como lagartos y jaguares, lo que evidencia una degradación ambiental generalizada. Pese a las continuas denuncias presentadas ante sucesivas administraciones estatales, la ausencia de una unidad especializada dentro del Ministerio de Salud ha dificultado la implementación de políticas de contención efectivas. En el ámbito económico, los debates del sector minero suelen dar prioridad a los incentivos financieros sobre los costos sociales y ecológicos. Bolivia percibe un porcentaje cercano al 3 % en concepto de regalías por la comercialización del oro, mientras el Estado mantiene subsidios a insumos operativos como el diésel. Este esquema deja como saldo áreas de alto impacto ambiental y problemas de salud crónicos para las poblaciones locales. Frente a este panorama, especialistas plantean la necesidad de incrementar las regalías para financiar la investigación científica, regular el uso de maquinaria pesada en los lechos fluviales y garantizar el derecho a la consulta previa en las comunidades. Frente a esta coyuntura, la mitigación del impacto del mercurio requiere un compromiso coordinado entre las autoridades gubernamentales y los actores del sector minero. El resguardo de la salud pública y la conservación de la biodiversidad exigen el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales, en particular el Convenio de Minamata. Solo a través de una fiscalización ambiental rigurosa, el fortalecimiento de los servicios de salud y una gestión sostenible de los recursos naturales será posible frenar el deterioro ambiental y proteger el bienestar de la población. RAMIRO CHARCAS-RTP