El jaguar (Panthera onca), el felino más grande de América, enfrenta realidades opuestas en Sudamérica. Mientras en Colombia, comunidades campesinas de los Llanos del Yarí lideran un exitoso programa de conservación que ha eliminado los conflictos con el ganado, en Bolivia se vive un alarmante resurgimiento de la caza y el tráfico de sus partes, impulsado por la demanda del mercado asiático y una laxa justicia. En la región de los Llanos del Yarí, Caquetá, el jaguar ha dejado de ser visto como una amenaza para ser reconocido como parte esencial del territorio. La transformación es visible en personas como Esteban Zamora, un antiguo cazador de jaguares que hoy es uno de los ganaderos que lo protege. “Uno siendo dueño de esta finca les va regando el cuento a los vecinos y amigos: ‘Miren que sí hay forma de convivir con el jaguar’. Las personas están cayendo en cuenta de que sí podemos conservar esto […] ha habido una disminución de la cacería”, afirma. Este cambio cultural ha sido liderado por las propias comunidades, que han asumido la responsabilidad de la coexistencia. Para Yudis Cerquera, promotora campesina, el reto ha sido explicarle a la gente que ellos fueron los que invadieron el territorio del felino: “Los que debemos organizar nuestros predios para cuidar al jaguar somos nosotros”. Según Mongabay, este esfuerzo comunitario ha llevado a la restauración de más de 60,000 hectáreas de bosque y la protección de un corredor biológico de 150,000 hectáreas. La clave del éxito ha sido la implementación de “medidas antidepredatorias” en las fincas ganaderas, como la división de potreros y el uso de cercas eléctricas. La eficacia es total, según Cerquera: “Hemos demostrado en un 100 % que las fincas que están implementando las herramientas no han recibido ningún ataque”. El compromiso se ha formalizado en el “Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar”, firmado en 2019. Mauricio Vargas Perdomo, exsecretario de la asociación Asecady, señala que con este acuerdo buscan educar a los niños y reconocer que “tenemos una deuda histórica con el territorio”. “Con este acuerdo confirmamos nuestro compromiso con la conservación del jaguar y de toda la naturaleza de la que este animal depende, como camino para cuidar nuestro territorio, a partir del diálogo intergeneracional entre los niños, niñas, jóvenes, adultos, docentes, la rectoría de la Institución Educativa Rural (IER) San José de Caquetania, otras instituciones educativas, líderes, lideresas de las organizaciones sociales”. La siembra y el aprovechamiento de frutos amazónicos como el asaí ha fortalecido la seguridad alimentaria de las familias y, al mismo tiempo, se perfila como una alternativa económica sostenible que contribuye a la sustitución de cultivos de uso ilícito que durante años han persistido en la zona. La restauración de los bosques con árboles de más de 100 especies nativas propagadas en viveros comunitarios ha sido otra de las estrategias para ayudar a las poblaciones de jaguar. “Con esta restauración lo que hacemos es sembrar especies 100 % nativas de nuestro territorio. Ahora estamos intentando restaurar cerca a las fuentes hídricas que es donde más deforestación tenemos y hacer túneles verdes para que los animales que están en los potreros encuentren mucho sombrío”, asegura Yudis Cerquera. Esta iniciativa, dice el reportaje de Mongabay, ha demostrado que la conservación es rentable, ya que los productores aumentaron sus ingresos en un 30 % entre 2019 y 2022. Bolivia: La Sombra del Tráfico y la Impunidad En contraste, Bolivia enfrenta un “rebrote de asesinatos de jaguares”. Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, expresa su alarma: “Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar […] Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”. Entre 2024 y septiembre de 2025, se han registrado al menos 12 casos que involucran el asesinato de un mínimo de 20 jaguares, según cifras no oficiales de activistas. La motivación principal es el tráfico hacia Asia, donde el jaguar es visto como un sustituto del tigre. Un solo colmillo puede costar 4,000 dólares en ese mercado. El problema se agrava por un sistema judicial que no impone sanciones. El coronel Carlos Chispas, director de la Policía Forestal (POFOMA), lamenta esta situación: “Lamentablemente, como en otros casos, la justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”. Chispas denuncia una falla estructural en el sistema: “Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”. Esta impunidad es palpable en las cifras: de 47 casos registrados desde 2014, solo cinco han terminado con una sentencia. Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz. Para Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, el jaguar ya no vive tranquilo porque las mafias internacionales “le han echado el ojo”. La solución, según él, es clara: “La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional […] y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”. Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Fallo inédito El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales. En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en