
Ante la expansión de la minería ilegal en la cuenca amazónica, las comunidades indígenas expresaron su preocupación frente a esta amenaza y presentaron un recurso de acción ambiental preventivo ante el Tribunal Agroambiental, que se ventila en Sucre y se encuentra a la espera de una respuesta favorable a su demanda.
Este recurso plantea entre sus principales demandas la suspensión de toda actividad minera y la cesación en la entrega de autorizaciones destinadas a operaciones mineras.
Finalmente denunciaron que pese a la escasez de diésel, la actividad de explotación de oro continúa en esas regiones; las cooperativas pagan hasta 30 bolivianos el litro de combustible para continuar la explotación aurífera.
ÁNGEL LOZANO
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP