Medio Ambiente

Analizan inspección a represa Tuni, verificarán si existe actividad minera

La Comuna alteña espera una respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para hacer una inspección en la represa de Tuni para descartar actividad minera, tal como denunció la UMSA. No descartan una inspección a la represa de Tuni que embalsa el agua de las cuencas Condoriri y Huayna Potosí, luego de que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) denunciará un «intento de realizar actividades mineras en las faldas del nevado Huayna Potosí», previa coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Para tener certidumbre de que las tres subcuencas que alimentan al embalse Tuni no se vean afectadas, que son el principal reservorio de agua potable para la ciudad de El Alto y parte de La Paz. El ingeniero Gabriel Pari, secretario municipal de Agua Saneamiento Gestión Ambiental y Riesgos (SMASGAR), puntualizó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no emitió ninguna autorización; la UMSA pidió acciones al Gobierno nacional y subnacional al conocer el intento de realizar actividades mineras en las faldas del nevado, donde se encuentra la Estación Científica Experimental Huayna Potosí de la casa de estudios superiores. Lo que provocaría perder la categoría de observatorio climático internacional ante Naciones Unidas. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Cientos de camiones se encuentran varados en la ruta La Paz-Beni por el bloqueo de interculturales en contra de la pausa ambiental y sanciones por chaqueos

Las Federaciones de Productores Agroecológicos de Yucumo (FEPAY) y de Campesinos de Rurrenabaque (FECAR) decidieron radicalizar sus medidas de presión y mantener el bloqueo en la ruta La Paz- Beni, exigiendo la presencia del Ministro de Medio Ambiente y Agua para iniciar el diálogo. Más de 300 camiones estarían varados en Yucumo debido al bloqueo, donde los productores interculturales exigen la abrogación de los decretos supremos 5225, que declara la pausa ambiental en Bolivia, y 5203, que sanciona con una multa de hasta 2459 Bs por hectárea incendiada, porque afectan de manera directa a los pequeños productores. La gente que se vio perjudicada: intentó despejar el camino y se produjeron enfrentamientos donde varias personas resultaron heridas. En el bloqueo se encuentran varios camiones con ayuda para los bomberos que combaten los incendios en esas regiones y que lamentablemente no pueden pasar para entregar lo recaudado. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Estados Unidos entrega $US 100.000 de ayuda humanitaria para enfrentar los incendios forestales en Bolivia

El Gobierno de Estados Unidos manifiesta su solidaridad mediante la entrega de $US 100,000 en ayuda humanitaria para personas afectadas por los incendios forestales. Es una respuesta a la declaración de emergencia nacional emitida por el Gobierno de Bolivia debido a los devastadores incendios forestales. Esta contribución busca proporcionar un apoyo vital a las familias del departamento del Beni y Santa Cruz, garantizando el suministro de agua, saneamiento e higiene, y ofreciendo un importante alivio en estos momentos de gran necesidad. Estados Unidos reafirma su compromiso de acompañar a Bolivia en esta difícil batalla, mitigando el sufrimiento y protegiendo a los sectores más vulnerables de la población. En los últimos dos meses, otorgó aportes de hasta $US 56,000 a las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, destinados a la provisión de equipos de protección personal, herramientas especializadas para los bomberos que enfrentan esta emergencia, equipos de comunicación, y combustible para maquinaria pesada, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante los incendios forestales. Desde el 2019, EEUU ha donado la suma de $US 1,153,500 para la prevención de incendios y alivio a afectados. Esto incluye equipos y artículos de primera necesidad para los hogares. Además, ha realizado varios talleres de capacitación con el Servicio Forestal de EEUU (USFS) para bomberos bolivianos.

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Conservación Internacional promueve la producción sostenible en comunidades indígenas

Las áreas protegidas o reservas naturales son fundamentales para conservar la biodiversidad y los ecosistemas. Además, representan el medio de vida para muchas comunidades indígenas, una de ellas es el Área Protegida Municipal Bajo Madidi, ubicada en el municipio de Ixiamas del departamento de La Paz. Hace 30 años Conservación Internacional Bolivia viene trabajando en nuestro país, ayudando a la preservación de su naturaleza promoviendo un desarrollo en armonía con el medio ambiente y el uso sostenible del bosque. 15 comunidades viven de la recolección de castaña en el Área Protegida de Bajo Madidi. Las comunidades indígenas decidieron, de manera voluntaria, preservar sus áreas protegidas mediante una Ley Municipal ante la amenaza de la minería y los avasallamientos. Conservación Internacional trabaja en Bolivia desde 1987 con el objetivo de apoyar y fortalecer a la sociedad y sus instituciones para el uso responsable y sostenible de la naturaleza y la biodiversidad. ÁNGEL LOZANO VARGAS PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Pausa ambiental no incluye desmonte en el Chaco ni a la industria del carbón, advierten ambientalistas

En respuesta a los devastadores incendios que afectan a diversas regiones del país, el Gobierno boliviano ha declarado una pausa ambiental indefinida, respaldada por el Decreto Supremo 5225. Sin embargo, la implementación de esta pausa ambiental ha desatado críticas desde la Plataforma Ambiental Villa Montes, que ha expresado su descontento, señalando que esta medida, aunque bien intencionada, no aborda los problemas específicos que enfrenta la región chaqueña, vinculados al desmonte y la industria del carbón. Cabe mencionar que la medida implementada desde el Gobierno busca detener las autorizaciones de quemas controladas y declarar “no disponibles” las tierras fiscales afectadas durante cinco años, con el fin de permitir su restauración. Además, se ha enviado al Legislativo un proyecto de ley que propone endurecer las penas de cárcel, hasta 12 años, para quienes inicien incendios en áreas protegidas, bosques y otras zonas vulnerables. LA DEFORESTACIÓN NO SE DETIENE Según la representante de la Plataforma, Ludmila Pizarro, el Decreto no incluye restricciones para el desmonte y el aprovechamiento forestal, dos actividades que están arrasando con los bosques de la región para la producción de carbón. Pizarro indica que el problema en el Chaco no son las quemas controladas, sino los desmontes masivos que se llevan a cabo para obtener leña destinada a la producción de carbón vegetal. Refirió que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en el Chaco no autoriza quemas controladas, solo desmontes y aprovechamiento forestal, por lo que advierte que la pausa ambiental, tal como está planteada, beneficiaría principalmente a las regiones del oriente boliviano, donde los incendios y las quemas controladas son una práctica común. Empresas En el Chaco se tienen actualmente 12 empresas habilitadas para operar con la industria del carbón La situación en el Chaco es diferente, ya que la actividad extractiva se ha centrado en la tala de árboles para la producción de carbón, un recurso energético demandado en el mercado nacional e internacional. Esta actividad no solo agrava el problema de la deforestación, sino que también contribuye al cambio climático y a la pérdida acelerada de fauna silvestre. La observación de Pizarro pasa por el hecho que el Decreto, en su forma actual, no tiene ningún impacto positivo en el Chaco, ya que seguirán los desmontes y el uso de la leña para producir carbón. Desde la Plataforma Ambiental Villa Montes sostienen que la deforestación en el Chaco está estrechamente vinculada a la falta de fiscalización efectiva de las actividades de desmonte y al uso indiscriminado de los recursos forestales. Apuntan que las leyes y decretos ambientales deben tener un enfoque más amplio que incluya todas las actividades que afectan a los ecosistemas, no solo las quemas. Cabe recordar que producto de los incendios registrados en departamentos como Beni, Pando, Santa Cruz y La Paz, una densa humareda cubrió el cielo en todo el territorio nacional, incluso afectando a países como Argentina y Brasil. ABT: LA PROHIBICIÓN ES SOLO EN QUEMAS El director departamental de la ABT, Emilio Tejerina, confirmó que la pausa ambiental establecida desde el Gobierno es solamente para el tema de las quemas controladas, más no para los desmontes. Tejerina indicó que la ABT aún tiene la facultad de autorizar desmontes. Sin embrago, no descartó que con la reglamentación del DS 5225 se emitan algunas directrices a detalle. “Ahorita están prohibidas las quemas, y si ven en algún lugar que están realizando algún tipo de quema, de seguro que es ilegal. Nosotros llamamos a la reflexión y pedimos a la población que adopte ese derecho de ejercer control social, podemos denunciar, será una denuncia anónima, de eso pierdan cuidado que vamos a reservar el nombre, así nosotros nos podamos apersonar a los diferentes lugares”, apuntó. El titular de la ABT mencionó que en el Chaco se tienen actualmente 12 empresas habilitadas para operar con la industria del carbón, de estas, seis están situadas en el municipio de Villa Montes y seis en Yacuiba. “Las empresas que están registradas para la elaboración del carbón, deben tener un plan de desmonte aprobado, no es que cualquiera puede venir y decir que quiere habilitarse. Hay una reglamentación, una normativa y una serie de requisitos que se debe cumplir”, expuso. (El País – Tarija)

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Más de 200 bomberos voluntarios brasileños y bolivianos apoyan las tareas de sofocación del fuego en cuatro comunidades del municipio de San Ignacio de Velasco

El fuego no da tregua a los equipos de bomberos desplegados en las zonas afectadas. El comando de incidencias, apostado en el municipio de San Ignacio de Velasco, instaló cuatro campamentos en las poblaciones de Vanguardia, Florida, Suponema y Vichita para combatir los incendios forestales que permaneces activos en esas regiones. Edwin Saucedo, cacique general de pueblo indígena Porvenir, informó que el fuego ya arrasó el área protegida de Bajo Paragua y las llamas comienzan a poner en riesgo varias comunidades en esta TCO. «La situación es complicada las comunidades indígenas, ya que vienen combatiendo el fuego desde hace más de 10 días, donde las llamas superan los 10 kilómetros de largo y la salud de las personas y animales comienza a deteriorarse», señaló el vicepresidente de la TCO Bajo Paragua, Comer Pereira. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Con explotación cuestionada en la Amazonía, La Paz recaudó Bs 1.391 millones por minería

Los asambleístas de la Bancada de Somos Pueblo Israel Alanoca y Fernando Condori denunciaron que el gobernador de La Paz Santos Quispe recaudó más de 1.391 millones de bolivianos por regalías mineras durante su gestión, y que fue de la Amazonía -región de elevada sensibilidad ambiental- que recibió más recursos, pero a la fecha se desconoce el destino del dinero recaudado.  De acuerdo al reporte que envió el gobernador Quispe, ante la Petición de Informe Escrito que solicitó el asambleísta Alanoca, en 2021 el departamento de La Paz recibió 432.058.381 bolivianos por regalías mineras; en 2022 fueron 422.769.918 bolivianos; en 2023 un total de 373.915.537 bolivianos y hasta junio de este año 162.815.400 bolivianos, lo que hace una suma de más de 1.391 millones en lo que va de la gestión de Santos Quispe. No obstante, los legisladores departamentales cuestionan la falta de transparencia en el destino de estos recursos, debido a que el gobernador Quispe y el Secretario Departamental de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos, Edson Paco Guerra, evitan responder detalladamente en qué invirtieron las recaudaciones por regalías mineras. “Hay algo que nos preocupa, hemos preguntado de qué manera son invertidas las regalías mineras en La Paz, porque del 100%, el 85% se va a la Gobernación y el 15% se va al municipio productor de minerales. Nos dicen que en el caso de regalías mineras ‘no existe una norma que señale en que deben ser utilizados los recursos’, por tanto deberá ser el ‘Ejecutivo departamental, la instancia que deberá responder esta interrogante’, y quién es el Ejecutivo departamental, los que me remiten la documentación. Santos Quispe no sabe en qué se invierten las regalías o si lo sabe no lo quiere decir”, señaló el asambleísta Alanoca. Asimismo, cuestionó que la región amazónica sea la principal aportante de regalías mineras, desde hace muchos años cuando la explotación minera en esta zona implica una afectación a la biodiversidad y sus delicados ecosistemas, poniendo en riesgo la conservación de hábitats y especies únicas, además de que contraviene a la Constitución Política del Estado que remarca su protección. “En cuestión de regiones la región que más aporta en el tema de regalías es la región Amazónica; sin embargo, la Constitución Política del Estado en el artículo 390 menciona que la cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, dada la elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones. La Constitución protege la Amazonía y por lo tanto no debería haber explotación minera ahí, es algo que también tiene que llamar la atención y preocuparnos”, enfatizó Alanoca. La creciente amenaza de la minería ilegal En tanto, el asambleísta Fernando Condori considera que la minería ilegal se intensifica y expande en el departamento paceño sin que se asuman medidas efectivas para frenarla. El legislador departamental presentó un video sobre una reciente inspección realizada en la población de Unduavi, donde se identificó daños al medioambiente por minería ilegal, además de avasallamiento a los terrenos de los floricultores. “En una inspección in situ se ha podido evidenciar deforestación total, tala de árboles, desvío del cauce natural del río, vimos la contaminación del río cuya agua no es turbia porque la tierra es oscura, sino porque está contaminada con diésel y aceite sucio, que está pegado a la tierra”, expresó Condori. Asimismo, el asambleísta cuestionó que estas operaciones irregulares tengan acceso a combustibles como el diésel que son transportados de manera irregular, según las denuncias, y  exhortó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que cumpla con las acciones necesarias para frenar la expansión de la minería ilegal. “El diésel no puede ser transportando por turriles y sabemos eso, pero están llegando ahí, son grandes maquinarias, la gente nos está denunciando que hasta están avasallando incluso sus tierras. En este sector es de Unduavi  hay un sector de flores, la gente vive de cultivar flores, pero indican que ya no hay flores porque la minería ilegal ya ha deforestado esos terrenos, hectáreas, y es preocupante lo que pasa, por eso exhortamos a la AJAM que cumpla su rol, lo que indica la ley y se constituyan al lugar, que vean la magnitud de daño que hacen, porque el futuro ya es incierto”, subrayó. Condori anunció también que en las siguientes semanas se realizará una inspección en inmediaciones de la represa Incachaca debido a denuncias de explotación de wólfram que estaría contaminando el agua que se distribuye a la población paceña. RTP

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Incendios afectan a 34 pueblos indígenas y aceleran su extinción

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) alertó que existen alrededor de 34 pueblos y 45 territorios indígenas afectados por los incendios. Entre tanto, advirtieron que lo más preocupante es que se está acelerando la extinción de esa población boliviana. “Efectivamente, existen alrededor de 34 pueblos indígenas y 45 territorios indígenas afectados. Como todos los años de manera recurrente Santa Cruz y Beni son los dos departamentos en los que se presentan mayor cantidad de fuego, hasta hace unos días -el jueves- el territorio de la Chiquitania, Monteverde era uno de los más afectados por el fuego, también el territorio Guarayo”, informó a la ANF el director del CEJIS, Miguel Vargas. El líder indígena Uchupiamona y representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Alex Vilca, consideró que esa situación derivará en la aceleración de la extinción de los pueblos indígenas, ya que se ven obligados a dejar sus territorios consumidos por el fuego. “Nosotros estamos muy preocupados por esta situación, porque de las 36 lenguas oficiales que reconoce la Constitución, 34 están en tierras bajas y de estas 34 lenguas sabemos que más de la mitad estamos en alto riesgo de exterminio físico y cultural. Esta aseveración, en su momento, lo hizo la Defensoría del Pueblo, recordemos que el número de habitantes de la población indígena que vive en tierras bajas es muy reducido y limitado, con todo lo que está pasando se estaría acelerando la desaparición física y cultural de los pueblos indígenas”, manifestó. Desde hace tres meses que se registraron en el país, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz, aunque en menor cantidad. El fuego consumió 3.8 millones de hectáreas de áreas boscosas y pastizales. A la vez, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Bolivia cuenta con 405 Tierras Comunidades de Origen (TCO) de las cuales 347 se encuentran en tierras altas y 58 en tierras bajas, las cuales fueron afectadas por las quemas descontroladas. TERRITORIOS AFECTADOS  Vargas indicó que el fuego también llegó al territorio indígena cercano al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, el Pantanal. En el caso de la Chiquitanía están los territorios de Monteverde, Ascensión de Guarayos. Lomerío que se encuentra en el norte de Santa Cruz y Bajo Paraguá. En el Beni se identificó afectaciones en el territorio indígena Itonama, Joaquiniano, Cayubaba, en la Amazonia norte se encuentra los territorios indígenas Tacana Caniveño, y Chacobo Pacahuara. “En el departamento del Beni los territorios que tienen mayor presencia de fuego en los últimos días son: el territorio Itonama, en el territorio Joaquiniano, en el territorio Cayubaba. Mientras que en la Amazonia norte se ha tenido afectación en el territorio Tacana Cavineño y Chacobo Pacahuara”, precisó. DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO Por otra parte, Vilca afirmó que una consecuencia a corto plazo es que los indígenas que perdieron sus casas y medios de vida se ven obligados a dejar sus territorios en busca de trabajo, de vivienda y la forma de mantener a sus familias. Dijo que llegan a las áreas urbanas donde, en muchos casos, se encuentran invisibilizados y vulneran sus derechos. “Una de las consecuencias bastante dolorosas es el despojo de sus dominios ancestrales, es decir, que al perderlo todo producto de los incendios forestales se ven forzados a salir, a migrar de ese espacio para precautelar la vida. En muchas ocasiones las familias que son evacuadas de sus territorios o comunidades por la pérdida de sus viviendas o sus sembradíos, es muy difícil que vuelvan a esa región porque reconstruir una vivienda o recuperar todo el daño que causa el fuego en las áreas de cultivo, no es sencilla”, puntualizó. PERDIERON SUS CULTIVOS La presidenta de la Organización de mujeres Indígenas Chiquitanas, Doris Chacón, indicó que existen 20 comunidades indígenas que fueron afectadas por los incendios. Mientras que las familias de las comunidades Palestina y Santa Mónica del municipio de Concepción, en Santa Cruz, fueron desalojadas debido a que perdieron sus viviendas y sus medios de vida. “En realidad, todas, las 59 comunidades indígenas, entre campesinas que son aparte, han sido afectadas, pero los incendios han llegado de manera alarmante a unas 20 comunidades. Tres comunidades donde ha llegado el fuego quemaron las viviendas de algunos comunarios, las casas eran precarias y han sido devoradas por el fuego y se han quedado sin nada”, relató. Además, algunas comunarias perdieron sus cultivos de cusi del cual extraían aceite y champú para comercializarlos en mercados locales, entre tanto, otras familias se quedaron sin cultivos de hortalizas y frutales. (Anf)

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Varias instituciones exigen incrementar en 10% el presupuesto para el medio ambiente y agua

Un grupo de diferentes instituciones del país demandaron al Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional el incremento del 0,7% al 10% en el presupuesto que se destina para el medio ambiente y agua. En una carta abierta, las más de 70 organizaciones emitieron un pronunciamiento sobre los incendios forestales que actualmente azotan al país y ocasionan, además de consecuencias en la calidad del aire, efectos negativos en los animales y su hábitat. Entre las iniciativas que propusieron que se deban identificar y establecer sanciones a los perpetradores de los incendios que hubiesen cometido delitos ambientales y funcionarios públicos que omitan el cumplimiento de deberes. “Exigir al gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa el incremento del presupuesto del sector de medio ambiente y agua del 0,7 en 2024 al 10% en 2025 del presupuesto del Estado bajo control social de la población”, indica otro de los puntos. En la carta se pide revertir superficies quemadas ilegalmente por las medianas propiedades y propiedades empresariales e incluso el tratamiento “urgente” de una ley que proteja bosques y fuentes de agua, así como la prevención de incendios. El suspender el tratamiento del proyecto de ley 157/2023-2024, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana y empresarial, es otro de los planteamientos. A ello se suma la anulación de los acuerdos que vienen sosteniendo entre la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)     y el Gobierno para la aprobación de eventos transgénicos. Las organizaciones demandaron incluso declarar una pausa ecológica de toda superficie quemada ilegalmente por al menos 10 años y que el Estado boliviano “garantice, fortalezca y promueva la vocación agroecológica, agroforestal y ecoturística de municipios y territorios indígenas que se declaran libres de minería, transgénicos, incendios, deforestación y contaminación del suelo y el agua”. Entre las instituciones que se sumaron a la carta pública y que se declararon en emergencia se encuentran: Fundación Alerta Verde, Asociación Agroecológica y Fe, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Fundación TIERRA, Fundación Jubileo, Fundación Solón, Red Pío XXII, Red Eclesial Panamazónica (Repam), Biólogos Activistas Cochabamba y Sociedad Potosina de Ecología.  (ERBOL)

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Para sofocar los incendios, bombardean nubes e instalan cajas guardián  

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que con la declaratoria de emergencia nacional se incrementaron las operaciones aéreas para sofocar los incendios forestales. En primera instancia se procedió al bombardeo de nubes logrando realizar varias incursiones logrando buenos resultados. Simultáneamente, se procedió a descargar desde el aire cajas guardián con capacidad de mil litros, cada uno, dispuestos en lugares específicos para suministrar agua a los equipos en tierra que combaten el fuego. Finalmente, luego de arduas gestiones se logró la contratación de un avión cisterna que llegara en los próximos días del Canadá. Esta aeronave tiene una capacidad de descarga de 11.300 litros de agua en cada incursión que realice. Su alquiler será por un lapso de 15 días y tendrá un costo de un millón 800 mil dólares. ÁNGEL LOZANO VARGAS PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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