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Medio Ambiente

Gobierno espera informe sobre contaminación de ríos en Viacha

El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, ha expresado su preocupación por la falta de acción de la alcaldía de Viacha en relación con la contaminación de varios ríos en la región. Hasta la fecha, dicha alcaldía no ha emitido el informe necesario que permita al Ministerio asumir acciones legales contra las presuntas fuentes de contaminación. Según información preliminar, se ha detectado un derrame de cianuro, un metal pesado conocido por su alto grado de toxicidad para el medio ambiente y la salud pública. Las investigaciones sugieren que este incidente podría estar vinculado a las operaciones de empresas mineras que, de manera extraoficial, se estarían llevando a cabo de forma irregular. Lisperguer ha señalado que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para evaluar y mitigar el impacto ambiental de esta contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente está en espera del informe oficial de la alcaldía de Viacha para poder avanzar con las medidas necesarias. Mientras tanto, se mantienen abiertos los canales de comunicación con las autoridades locales para garantizar una pronta resolución de la situación. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Sobreexplotación de agua pone en riesgo las reservas subterráneas del altiplano

La escasez de agua en la región del altiplano es una problemática que cada año empeora y uno de los factores que incide de manera negativa es la sobreexplotación del recurso hídrico. Un estudio realizado por el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA reveló que existen tres regiones en el altiplano que consumen más de 100 millones de metros cúbicos de agua cada año de fuentes subterráneas que no son repuestas. El altiplano en Bolivia es una de las regiones más vulnerables a las sequías y depende en su gran mayoría de las reservas de agua subterránea, que lamentablemente no son repuestas y corren el riesgo de agotarse. Si no se implementan políticas enfocadas a la recarga o reposición de estas reservas de agua subterráneas, estaremos condenando al altiplano a un proceso de desertificación que pondría en riesgo la vida en esa región. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Confirman el derrame de cianuro en una zona de Viacha en la que operan 23 empresas mineras

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) y la Alcaldía de Viacha confirmaron el derrame de cianuro, lo que afectó a uno de los acuíferos en ese municipio, en una zona en la que 23 empresas mineras operan en medio de irregularidades, la mayoría sin licencia ambiental ni funcionamiento, además de la acumulación de residuos tóxicos abandonados cerca de los reservorios de agua y sobre los caminos comunales. Los efectos de la contaminación ya fueron denunciados por los pobladores de nueve comunidades que habitan en las orillas del río Pallina, cuyas aguas turbias traen a Viacha los desechos industriales, hospitalarios y basura arrojada por los habitantes de la ciudad de El Alto. Al no poder consumir el agua de ese río, los campesinos viacheños se abastecen de pozos, de donde sacan agua también para su ganado y los cultivos que, se ha verificado, también estarían contaminados, pero por la minería ilegal. Por medio de la Resolución Nº 227 de la AAPS, el 9 de julio se dispuso el sellado del pozo de agua usado para la actividad de la Empresa Procesadora Jacha Kollo SRL, la cual opera en jurisdicción de la comunidad Seke Jahuira, en Viacha. Según un informe municipal, esta empresa incurrió en “delitos ambientales”, no solo por el derrame de cianuro (se desconoce la cantidad) que contaminó fuentes de agua subterránea, sino por las filtraciones de residuos tóxicos en las colas de mina que creó, que no cumplen con especificaciones técnicas. Asimismo, un estudio de laboratorio realizado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Empav), al que Visión 360 tuvo acceso, revela que el porcentaje de contaminación en el pozo de agua ubicado en la comunidad Seke Jahuira, generado por el derrame de cianuro en la empresa Jacha Kollo, es de 1.000% lo que provocaría la muerte de personas o animales en caso de su consumo. “Existe contaminación en los acuíferos, los pobladores presentaron la denuncia y luego de una inspección se verificó que en los predios de la empresa ocurrió un derrame de material con cianuro, lo que se ha filtrado hasta los bolsones de agua. Según los análisis, la contaminación sobrepasó los límites autorizados, hasta un 1.000%”, informó a Visión 360 una fuente oficial de la Alcaldía de Viacha, la que pidió reserva de su identidad. La misma fuente, con base en los documentos emitidos por la AAPS, hizo referencia a que el operativo en el que se selló el pozo de agua fue reportado por la Alcaldía de Viacha, y su clausura estuvo a cargo del gerente de la Empav, Eddy Gutiérrez, y el exdirector de Gestión Ambiental y Riesgos, Álvaro Manzaneda. Los datos de la AAPS señalan que la Empresa Jacha Kollo es una de las cuatro que tienen autorización de esa institución desde 2020, para la perforación de pozos de agua que usaban para su actividad. Dos de las entidades autorizadas están catalogadas en el rubro de “industrial” y dos, como “mineras”. Desde julio, por medio de visitas a sus oficinas, cartas, mensajes y llamadas telefónicas, Visión 360 buscó la contraparte del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, pero no hubo respuesta del edil. Sin embargo, este medio de comunicación accedió a un informe municipal sobre el empadronamiento de 23 recicladoras de mineral, las cuales están asentadas sobre 231 hectáreas de un área clasificada como “urbana”, en el municipio de Viacha. Varias de ellas están asentadas sobre los torrentes de agua subterránea y los residuos que generan están acumulados al aire libre, sobre caminos comunales y a pocos metros de los pozos de agua, de los cuales se abastecen los habitantes de las nueve comunidades de la cuenca del río Pallina. Las denuncias de los comunarios señalan que el material que estas empresas reciclan proviene de los residuos mineros generados por minas en los departamentos de Oruro y Potosí, los que son internados en volquetas. En ese sentido, el informe recomienda que “se deberá establecer organismos de control comunal”, con el fin de evitar que el desecho final continúe siendo acumulado en sectores no autorizados. No obstante, en la visita que Visión de 360 realizó en la zona, la autoridad originaria y presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca Pallina”, Juan Pablo Yujra, relató que, por ejemplo, en la comunidad Mamani existían amplios “bateones” o excavaciones de hasta seis metros de profundidad, de donde las empresas ladrilleras y las de cerámica extraían arcilla. “Son como las colas de minas, pero sin ningún tipo de control técnico; no tienen esas capas impermeables para encapsular la tierra llena de químicos”, dijo el dirigente de Viacha, Juan Pablo Yujra. Ahora, esas enormes fosas están desapareciendo, debido a que, paulatinamente, son rellenadas con los residuos tóxicos y colas de minas de las empresas explotadoras, “esas que funcionan de forma ilegal en Viacha. Estas son como las colas de minas, pero sin ningún tipo de control técnico; no tienen esas capas impermeables para encapsular toda esa tierra llena de químicos. Esto pasa ante la vista de los funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación y ni qué decir del Ministerio de Medio Ambiente. Venimos denunciando esta matanza de nuestra tierra desde hace 10 años, pero lo de la minería se ha agravado hace cuatro años”, relató Yujra. Entre los datos relevantes del informe ambiental de la Alcaldía se menciona que el derrame de cianuro en Seke Jahuira evidencia que el suelo de ese sector es “muy permeable”, lo que hace que las infiltraciones de tóxicos mineros lleguen con mayor facilidad a los bolsones subterráneos de los acuíferos. Por otra parte, se constató que dichas fuentes de agua están a una profundidad de hasta 35 metros y no a 60 metros como se pensaba. Esto, según el informe municipal, se considera como un segundo elemento que comprueba el riesgo para la salud de la población, que se genera al autorizar el funcionamiento de las recicladoras de mineral en Viacha, las que depositan sus desechos cerca de las reservas de agua subterráneas, sin ningún tipo

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Unas 40 mineras ilegales explotan oro en el Madidi; la AJAM debería enjuiciarlas y desalojarlas

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es el área protegida con mayor biodiversidad del planeta y debe ser un gran orgullo nacional. Sin embargo, en su interior trabajan al menos 40 operaciones mineras auríferas, todas ellas ilegales, que explotan oro primordialmente en la cabecera y curso del río Tuichi por lo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) enjuiciarlas por el daño al patrimonio natural del país y desalojarlas con ayuda de la fuerza pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), como autoridad competente en áreas protegidas bolivianas, les inició procesos administrativos a la mayoría de ellas, pero esto llega sólo a una infracción, y en el mejor de los casos al cobro de una multa, pero no permite paralizar la actividad ilícita en la región. Existe la documentación que evidencia las vulneraciones a las normas ambientales vigentes. “Además la AJAM no pudo demostrar que alguna de estas actividades mineras sea preconstituida, es decir que haya obtenido su derecho minero y ambiental antes de la creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que fue el 21 de septiembre de 1995 a través del Decreto Supremo 24123”, según el Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEABO). Las aproximadamente 40 operaciones mineras auríferas se encuentran en las cabeceras y curso del río Tuichi, un afluente del río Beni, con unos 260 kilómetros de extensión, se origina en la cima de la cordillera de Apolobamba y conecta los Andes con la Amazonía. Atraviesa por el corazón del Madidi, un área protegida con cerca de dos millones de hectáreas y considerada la más biodiversa del planeta. Según información proporcionada por guardaparques, que prefirieron no ser identificados, las operaciones mineras auríferas ilegales que tienen procesos administrativos establecidos por el Sernap, “se les anunció con la respectiva notificación de paralización de actividades como la apertura de caminos y minería mecanizada, pero ninguna cumplió, y es más, el número se ha ido incrementando cada vez, superando inclusive la cuarentena de operaciones identificadas, todas ilegales”. En otras operaciones mineras no se puede realizar la verificación en el lugar, porque tienen instaladas trancas y acuerdos con las comunidades locales para evitar el paso del personal de protección, además la “amenaza permanente de conflicto social y la intimidación inacabable a la integridad personal de los guardaparques”. En una entrevista anterior el dirigente de la Federación Regional de Cooperativistas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, afirmó que existe el compromiso con el presidente Luis Arce de “no realizar ninguna operación minera dentro de las áreas protegidas”. Pero es muy evidente que esto no se ha cumplido, en el caso del Madidi y otras áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata, Manuripi, hay más en otras regiones, que también están sufriendo el embate de la actividad minera ilegal en sus jurisdicciones. Por otra parte, el dirigente Raúl Silva de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), anunció públicamente la semana pasada que, su sector apoyará la candidatura del expresidente Evo Morales porque “extrañan el bajo precio del mercurio” y otros beneficios que existían en su gestión. PROCESOS ADMINISTRATIVOS El Sernap en aplicación del artículo 99 de la Ley del Medio Ambiente y en la sustanciación de los procedimientos de infracciones o contravenciones, tiene la potestad de dictar resoluciones administrativas fundamentadas en base a un informe técnico, imponiendo sanciones administrativas, cuando se demuestre la responsabilidad del infractor y dictaminar resoluciones disponiendo medidas precautorias para evitar perjuicios o mayores daños al área protegida y sus recursos naturales. Los procesos administrativos que siguió el Sernap a las operaciones mineras ilegales que explotan oro al interior del Madidi, no posibilitaron paralizar sus actividades ilegítimas, porque las sanciones administrativas implican sólo el cobro de una multa. “Se hace imprescindible que la AJAM con auxilio de la fuerza pública proceda al desalojo de toda operación minera por encontrarse en la ilegalidad y por tener acciones administrativas previas. También es primordial que se inicien los procesos penales en contra de los titulares de estas operaciones por el daño al patrimonio natural de los bolivianos”, sentenció COPDEAPBO. Al margen de ello, en la Resolución Judicial de la Acción Popular que favoreció a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque, determinó la paralización de todas las actividades mineras ilegales y de todas aquellas que no cuenten con licencias ambientales en el río Beni y sus afluentes, entre los que se encuentra el río Tuichi. ¿Y EL MINISTERIO? Algunos juristas ambientalistas recuerdan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene entre sus más de cuarenta funciones y atribuciones específicas, la de “formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico”. Asumen que es necesario que el MMAyA asuma la responsabilidad en los impactos negativos en contra del medio ambiente, la contaminación hídrica con mercurio y otros contaminantes, la deforestación, la remoción y vertido de ingentes cantidades de sedimentos y material (tierra, arena y rocas) que ocasionan impactos negativos y significativos en los cauces y cursos de los ríos de la Amazonía boliviana. (ANF)

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ABT inicia en Santa Cruz y Beni 48 procesos penales por incendios forestales

Los incendios, desmontes y quemas ilegales llevaron a los responsables de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) iniciar 48 procesos penales en el país, denuncias que se concentran en solo dos departamentos: Santa Cruz y Beni. Además de las acciones penales, suman a 227 comparendos o citaciones entregadas en todo el territorio boliviano, procesos registrados durante lo que va de este año. El director ejecutivo nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores Orellana, indicó que en la presente gestión se ha registrado el inicio de 48 procesos penales por el delito de incendio, de los cuales 42 corresponden al departamento de Santa Cruz y seis a Beni. Según el registro de los procesos iniciados en la ABT, de las 48 denuncias, 26 fueron en contra de personas plenamente identificadas, de ellas solo una fue enviada a prisión con detención preventiva; las otras 22 denuncias se sentaron en contra de presuntos autores. “No nos tiembla la mano para procesar a los autores y/o participes de los graves daños a nuestro medio ambiente, que de gran manera están afectando la salud de un pueblo, la naturaleza y la vida de los animalitos. Que la población sepa que los culpables serán sancionados ante la Justicia”, advirtió Flores. Detalló que en cuanto a los procesos administrativos sancionadores por quema ilegal, existen 227 citaciones de comparendo emitidas, de las cuales 135 se realizaron en el departamento de Santa Cruz, 36 en Beni, 16 en Cochabamba, 15 en Pando, nueve en Chuquisaca, siete en Tarija, tres en Potosí y dos en La Paz. Dos de los procesos cuentan con recursos de apelación a las medidas cautelares, además se identificó en 41 predios o comunidades incendios forestales, en dos de ellos se iniciaron las acciones penales por afectación a la reserva forestal y otros dos procesos penales por afectación a las áreas protegidas. Hasta la fecha se reportan 32 eventos activos, entre ellos 18 de magnitud, siendo la región chiquitana la más afectada; los incendios de mayor magnitud no se originaron dentro del territorio nacional sino del vecino país de Brasil. El Código de Procedimiento Penal establece entre dos a seis años de cárcel a quienes ocasionen y provoquen incendios forestales, con agravante en reservas forestales y áreas protegidas, de tres a ocho años. (EL DEBER)

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Estudio revela que en 12 años los desastres climáticos en Bolivia ocasionaron pérdidas valoradas en más de $us 2 mil millones

Un estudio realizado por la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (LATINDADD) revela que las pérdidas económicas por desastres naturales en cinco países de la región amazónica generaron pérdidas millonarias. En el caso de Bolivia los datos muestran que las pérdidas superan los 2 mil millones de dólares durante los últimos 22 años. La investigación “Amazonia boliviana. Entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo” establece que los desastres naturales que ocasionaron mayores pérdidas en Bolivia son los incendios forestales con el 31%, seguidos por las inundaciones con el 23% y las granizadas con el 15% de afectación. La Fundación JUBILEO y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático participaron también de esta investigación y lograron establecer una relación entre deuda, clima y extractivismo, que se ha convertido en un círculo vicioso. Para los investigadores se requerirá cada vez más dinero para recuperar las zonas afectadas, lo cual significa mayor endeudamiento y el incentivo a las actividades extractivas para pagar las deudas. El trabajo investigativo contempla algunas recomendaciones que deben ser analizadas por las autoridades. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Tarija: Contaminación minera afecta a unas 20 comunidades de la zona alta

El subgobernador de El Puente, Daniel Osorio, ha denunciado que más de 20 comunidades en los municipios de El Puente y Yunchará están siendo afectadas por la contaminación del río San Juan del Oro, que es atribuida a las actividades de empresas mineras. La denuncia ya fue presentada ante el Juez Agroambiental en el municipio de San Lorenzo. Osorio explicó que la denuncia fue admitida tras una inspección realizada el pasado viernes, en la que participaron el Defensor del Pueblo, el técnico de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Dirección de Gestión Ambiental. “El juez ambiental nos ha solicitado un plazo de una semana para obtener respuestas de las autoridades del departamento de Potosí”, informó el subgobernador, y añadió que después del plazo fueron informados que las empresas que operaban ilegalmente han suspendido sus actividades y actualmente están inactivas. El proceso está radicado en San Lorenzo, y tanto la Subgobernación de El Puente como la Gobernación del Departamento de Tarija están respaldando la demanda. “Se ha tomado todos los requisitos, todos los temas administrativos y legales para poner esa demanda en el departamento del Potosí y municipio de Tupiza”, afirmó Osorio. En total, se estima que unas 14 comunidades en el municipio de El Puente y entre 8 y 9 comunidades en Yunchará están siendo impactadas por la contaminación. Las autoridades locales están tomando medidas para abordar esta situación y proteger los recursos naturales de la región. “Nos perjudican, ya que a nosotros no nos llega regalías de ese departamento. A nosotros nos contaminan, nos perjudica al tema productivo”, dijo Osorio. (El País – Tarija)

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Alianza de la sociedad civil se pronuncia en defensa del medio ambiente: rechazan el uso de transgénicos en el país

Unas 50 organizaciones de la sociedad civil que conforman la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático expresaron, mediante un pronunciamiento, su rechazo a las pretensiones de introducir eventos transgénicos y la comercialización de los mercados de carbono. Para el activista ambiental Pablo Solón, los argumentos planteados por el TCP para emitir el fallo que autoriza la mercantilización de los bonos de carbono son totalmente nulos de pleno derecho. Respecto al pedido de los agropecuarios sobre el uso de eventos transgénicos para mejorar la producción de alimentos, el investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señalÓ que no serán la solución a la crisis económica porque no cuentan con un estudio adecuado para sustentar estas proyecciones. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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AJAM suspende trámites mineros en Palos Blancos y Alto Beni, considerándolos libres de cualquier actividad minera

Con la presencia de autoridades gubernamentales, municipales, organizaciones sociales y pobladores, este fin de semana se llevó a cabo una reunión donde el vicepresidente David Choquehuanca expreso su respaldo al proyecto de ley para declarar a Alto Beni y Palos Blancos como municipios libres de minería y pidió que esta normativa se adecúe a la CPE. El alcalde de Alto Beni, Beltrán Márquez Sandoval, reafirmó su compromiso con la preservación de los recursos naturales y la promoción de las prácticas sostenibles para consolidarse como municipios agroecológicos. Ejecutivos de las Federaciones Agroecológicas de Comunidades Originarias de Alto Beni y Palos Blancos reiteraron el compromiso de consolidar su vocación para producir alimentos naturales. Ante el firme propósito de los pobladores de ambos municipios, el director de la AJAM, Álvaro Antezana, informó que esta repartición determinó suspender los trámites para iniciar actividades mineras en esos municipios. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Gobierno apoya el rescate de la fauna afectada por incendios en Santa Cruz

Ante la creciente preocupación por los animales silvestres afectados por los incendios en el departamento de Santa Cruz, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para brindar asistencia y cuidados a la fauna dañada por el fuego. Este jueves, se dispuso la entrega de insumos vitales, como jaulas, kits de medicamentos y alimentos, destinados a los animales que han sido rescatados de las áreas afectadas. Además de los recursos materiales, el Gobierno ha desplegado un equipo especializado de veterinarios para atender a los animales que han sufrido las consecuencias de los incendios. Hasta la fecha, se han atendido más de diez animales silvestres, que han recibido tratamiento médico adecuado. Sin embargo, aún no se ha logrado cuantificar el número total de animales que han perdido la vida a causa del fuego. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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