En la ciudad de Sucre, la diputada nacional María René Álvarez ingresó una demanda de carácter preventivo y sancionatorio ante el Tribunal Agroambiental por el caso de biocidio de jaguares, cometido en el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías. La legisladora acudió al Tribunal Agroambiental para continuar la investigación contra el empresario argentino Jorge Nestor Noya y el súbdito español Luis Villalba Ruiz, ambos señalados por ser responsables de la matanza de cinco jaguares en 2023, cuando se realizó una incursión en el ANMI San Matías del departamento de Santa Cruz, bajo la fachada de turismo. “Este caso debe sentar precedente y jurisprudencia ambiental para la defensa de nuestros recursos naturales y especies protegidas, ante esta práctica de la caza ilegal en nuestro país”, expresó la legisladora. Álvarez considera que esta es una oportunidad para que los nuevos juristas posesionados en enero, con la presidencia del magistrado Richard Méndez, demuestren que van a ejercer sus cargos bajo los criterios de responsabilidad y compromiso con la defensa ambiental, sin sesgo ni injerencia política. Noya actualmente es procesado en Argentina y se encuentra en detención domiciliaria. En septiembre de 2023, el sujeto impulsó un tour desde su grupo Caza & Safari, en el que se ofertaba la caza de especies, desde aves hasta felinos que se encuentran como especies protegidas dentro del Estado boliviano. Por el carácter internacional del caso, el memorial cita normativa suscrita por Bolivia, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), la Convención de Bonn, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales y el Acuerdo de Escazú. En el petitorio, se solicita “adoptar medidas de prevención efectivas, orientadas a la protección de la vida silvestre, con especial atención a las especies en peligro de extinción, a fin de evitar la reincidencia de acciones que amenacen la biodiversidad y los ecosistemas”. También se pide la “prohibición inmediata y temporal de cualquier actividad relacionada con la caza, captura, transporte o comercialización del jaguar o sus derivados (dientes, piel, etc.)”, además del cierre o restricción de acceso en zonas críticas donde se haya detectado caza furtiva o comercialización de productos derivados”. En el ámbito preventivo, la legisladora apunta a fortalecer los sistemas de monitoreo en áreas protegidas, como parques nacionales y reservas ecológicas, con patrullajes constantes con apoyo de guardaparques, comunidades locales y fuerzas de seguridad, así como reforzar controles en puntos fronterizos y rutas comerciales claves, con el objetivo de frenar la exportación o tráfico de productos ilegales derivados del jaguar.
