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Internacional

Ucrania y Polonia firman acuerdo de entrenamiento para combatir amenaza de drones rusos

Ucrania y Polonia afianzan su relación tras el aumento de tensiones con Rusia. La decisión llega poco más de una semana después de que más de veinte drones rusos penetraran en el espacio aéreo polaco durante la noche del 9 al 10 de septiembre, obligando a la OTAN a desplegar aviones de combate para derribarlos. El incidente elevó la alarma en Varsovia y reavivó los temores de que el conflicto traspase las fronteras de Ucrania. “Firmaremos un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Defensa, pero también adquiriremos capacidades para operar drones”, afirmó el ministro de Defensa de Polonia, Kosiniak-Kamysz. Su homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, confirmó que soldados e ingenieros polacos recibirán entrenamiento conjunto en el campo militar de Lipa, en el sur de Polonia.  “El elemento central de este grupo de trabajo será un programa conjunto de instrucción”, explicó Shmigal en su cuenta de Telegram tras su reunión con su homólogo polaco en la capital ucraniana. El programa abarcará todo el “ecosistema” de defensa: detección, interferencia electrónica y neutralización de aeronaves no tripuladas mediante drones interceptores y armamento convencional. Ucrania sostiene que ha desarrollado un sistema de defensa en capas que combina guerra electrónica, ametralladoras pesadas y drones interceptores, un modelo que le ha permitido frenar con relativo bajo costo los ataques masivos de Moscú. Kiev también se comprometió a compartir parte de sus sistemas de rastreo de objetivos aéreos con Polonia, lo que reforzará la capacidad de anticipar posibles incursiones. La guerra con drones se ha convertido en un elemento transformador del conflicto iniciado por la invasión rusa en 2022. En la última ofensiva nocturna, la Fuerza Aérea ucraniana aseguró haber derribado o bloqueado 48 de los 75 drones lanzados contra su territorio. Moscú concentró sus ataques en infraestructura ferroviaria y energética, un patrón que, según el presidente Volodímir Zelenski, busca desestabilizar las líneas de suministro y generar tensión social. Al mismo tiempo, Ucrania ha intensificado el uso ofensivo de sus propios drones. Este jueves, dos aparatos atacaron la refinería Neftekhim Salavat, propiedad de Gazprom, en la república rusa de Baskortostán, a más de 1.000 kilómetros de la frontera, provocando un incendio sin víctimas. La instalación forma parte de una cadena de refinerías cada vez más golpeadas por ataques ucranianos, que afectan a la producción y distribución de combustible en Rusia. La OTAN, por su parte, anunció un refuerzo de su postura defensiva en el flanco oriental, fronterizo con Belarús, Rusia y Ucrania. Paralelamente, Moscú realizó maniobras conjuntas con Belarús que incluyeron exhibiciones de poderío convencional y nuclear, aumentando la inquietud en las capitales occidentales. Con esta cooperación bilateral, Varsovia y Kiev buscan no solo reforzar la defensa inmediata de su espacio aéreo, sino también adaptarse a un escenario bélico en el que los drones se han convertido en protagonistas centrales de la guerra moderna. (FRANCE 24)

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Human Rights Watch: “Ataques de EE. UU. en El Caribe son ejecuciones extrajudiciales ilegales”

Los ataques militares de Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente utilizadas por personas narcotraficantes, que según la administración Trump dejaron al menos 14 personas muertas, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques se producen en el marco de los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar sus atribuciones para atacar a los llamados “narcoterroristas”, lo que podría facilitar más violaciones de derechos humanos. “Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”, afirmó Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de Human Rights Watch. “El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”. El 2 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses habían atacado una lancha rápida procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a 11 personas que, según indicó, eran integrantes del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado venezolano designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la embarcación como operada por una “organización narcoterrorista” que transportaba drogas hacia Estados Unidos. Ese mismo día, Trump publicó en la red social Truth Social imágenes aéreas de la explosión de la lancha. A partir del video, aunque de baja resolución, Human Rights Watch pudo confirmar visualmente que había al menos seis personas a bordo en el momento del ataque. La ubicación exacta de la embarcación y la hora del ataque no han sido verificadas. Según The New York Times, un alto funcionario estadounidense señaló que el ataque fue perpetrado por una aeronave de operaciones especiales —ya sea un helicóptero de ataque o un dron MQ-9 Reaper—. El 15 de septiembre, Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses habían llevado a cabo un segundo ataque contra otra lancha procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a tres hombres. Las imágenes del ataque muestran la embarcación inmóvil con al menos dos personas a bordo antes de que fuera envuelta por una explosión. Human Rights Watch no pudo verificar dónde ni cuándo se produjo el ataque. En su publicación sobre este segundo ataque, Trump afirmó: “¡ESTÁS ADVERTIDO: SI ESTÁS TRANSPORTANDO DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, TE VAMOS A CAZAR!” El uso de fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en estos dos ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado, protege el derecho a la vida. Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, quienes participan en tareas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, deben actuar buscando siempre minimizar los daños y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. En ambos ataques, las autoridades estadounidenses no hicieron ningún esfuerzo por minimizar el daño ni han demostrado que las personas a bordo de las embarcaciones representaran un riesgo inminente para la vida. Tampoco se intentaron alternativas no letales, como la intercepción o el arresto. Por el contrario, los funcionarios del gobierno han descrito los ataques en términos que los vuelven ejecuciones selectivas ilegales. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con otras dos personas expertas en derechos humanos de la ONU, ha condenado en una declaración conjunta ambos ataques calificándolos de ejecuciones extrajudiciales. El derecho internacional humanitario, que regula la conducción de hostilidades en situaciones de conflicto armado, no se aplica en este contexto. Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con los grupos delictivos implicados. Los gobiernos de otros países deberían condenar estos ataques, tanto en público como en privado, señaló Human Rights Watch. Estos ataques se han producido en el contexto del desmantelamiento, por parte de la administración Trump, de los mecanismos internos de supervisión legal dentro del ejército estadounidense. Las principales garantías para asegurar el cumplimiento del derecho internacional han sido debilitadas, afirmó Human Rights Watch. En febrero, la administración removió de sus funciones a altos oficiales del cuerpo jurídico militar —los denominados judge advocates, encargados de revisar la legalidad de las operaciones—en la toma de decisiones clave. Ese mismo mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó una directiva que redujo considerablemente la supervisión de los ataques aéreos y las operaciones especiales, otorgando a los comandantes mayor margen para autorizar el uso de la fuerza letal sin la revisión legal de varios niveles que antes era requerida. Esta erosión de las garantías legales incrementa el riesgo de ataques ilegales y socava la capacidad del ejército de cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. “El ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, afirmó Yager. “El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando”. AGENCIAS

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Eurodiputados piden expulsar a Israel de Eurovisión por situación de Gaza

La controversia sobre la participación deIsraelen el Festival de Eurovisión ha escalado en el Parlamento Europeo, donde más de 50 eurodiputados han solicitado formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la exclusión del país del certamen. Los firmantes, entre los que figuran representantes de Sumar, Compromís, PNV, BNG, ERC, Podemos, Bildu, PSOE y otros partidos europeos, argumentan que permitir la presencia de Israel en la competición supone un “blanqueamiento” en medio de investigaciones internacionales por crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza. Esta petición, recogida por Europa Press, compara la situación actual con la expulsión de Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania y subraya la implicación de eurodiputados españoles en la iniciativa. La carta, impulsada por Jaume Asens y Estrella Galán (Sumar),Vicent Marzà(Compromís) y respaldada por otros 52 eurodiputados de una quincena de países, reúne principalmente a miembros de la Izquierda europea y de los Verdes, aunque también cuenta con apoyos de socialistas y liberales. Entre los firmantes españoles se encuentran Oihane Agirregoitia (PNV), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Irene Montero e Isa Serra (Podemos), Pernando Barrena (Bildu) y, por parte del PSOE, César Luena, Cristina Maestre, Laura Ballarín y Leire Pajín. En el escrito, los eurodiputados expresan su “profunda preocupación” por la posible participación de Israel en Eurovisión mientras el país enfrenta procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Los firmantes solicitan la suspensión de Israel en el festival “hasta que se garantice el pleno respeto” del Derecho humanitario internacional y de los Derechos Humanos por parte del Estado. Además, recuerdan el precedente de 2022, cuando Rusia fue expulsada tras la invasión de Ucrania, y reclaman la creación de criterios “claros y transparentes” basados en los Derechos Humanos para decidir la admisión o exclusión de países en futuras ediciones del certamen. En su argumentación, los eurodiputados advierten que mantener a Israel en la competición mientras prosigue la ofensiva en Gaza y existen investigaciones internacionales abiertas permitiría al país “usar” Eurovisión como “plataforma para el blanqueo y la normalización cultural” de la situación en la Franja. Según la carta, esta circunstancia “contradice el espíritu” del evento y podría tener un “impacto en la opinión pública internacional”. Los firmantes recuerdan que la suspensión de Rusia en 2022 se debió a que su participación habría “desacreditado la reputación” del festival, y sostienen que, si se aplicaran los mismos criterios en el contexto actual, Israel también debería ser apartado. El documento denuncia que Israel mantiene bombardeos indiscriminados sobre la población civil en Gaza y subraya que la aplicación de los criterios utilizados con Rusia en un contexto “análogo” justificaría la exclusión de Israel. Los eurodiputados insisten en que Eurovisión no debe servir para “normalizar” situaciones que vulneran los principios y valores de la Unión Europea. Presión sobre la UER La presión política ha tenido eco en las decisiones de varios países europeos. El Consejo de Administración de RTVE acordó el martes retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, previsto en Viena (Austria), si Israel participa en el certamen. Esta postura se suma a la adoptada por Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, que también han anunciado su intención de boicotear el evento en caso de que Israel no sea excluido. No obstante, la respuesta institucional europea no ha sido unánime. LaAlta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, se distanció de la iniciativa de boicot. En declaraciones recogidas por Europa Press, Kallas calificó de “error” que los Estados miembro opten por este tipo de medidas, argumentando que “castigan al pueblo israelí” y no resultan efectivas para aumentar la presión sobre el Gobierno responsable de la ofensiva en Gaza. En el trasfondo de este debate, los eurodiputados apelan a los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos, invocando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y diversas resoluciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa sobre la protección de civiles en conflictos armados. Para los firmantes, la organización de Eurovisión y sus valores deben reflejar estos compromisos, reafirmando el papel del certamen como evento cultural europeo con proyección global y responsabilidad ética. INFOBAE

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Venezuela anuncia ejercicios militares en el Caribe ante el despliegue militar de Estados Unidos

Caribe Soberano 200 es la estrategia que anunció el miércoles 17 de septiembre el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, como respuesta a los movimientos militares de Estados Unidos en le región. Unas 22 aeronaves y una treintena de embarcaciones, entre ellas 12 buques de la armada, se desplazarán por tres días hasta la isla de Orchila, a unos 100 kilómetros de las costas de Paraguaná. El titular de Defensa comunicó que las maniobras militares incluirán utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia. Además, participarán grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales. Padrino transmitió, durante una comparecencia con altos mandos militares retransmitida por la cadena de televisión estatal (VTV) su intención de “duplicar esfuerzos” tras reiterados movimientos de tropas en las últimas semanas. “Este ejercicio militar, liderado por nuestra Fuerza Armada Bolivariana, refuerza la unión entre el pueblo, las fuerzas armadas y el liderazgo político ante las amenazas externas”, afirmó Padrino antes de ordenar a sus tropas, radioteléfono en mano, “el despliegue y el desarrollo de todas las maniobras de campaña Caribe 200”. Más temprano, Caracas informó de una denuncia presentada  ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por lo que calificó como la “ilegal intercepción” de un barco pesquero de su país por parte de la Armada de Estados Unidos el 12 de septiembre. La versión del gobierno chavista apunta a que dieciocho militares estadounidenses del destructor USS Jason Dunham (DDG-109) abordaron un buque pesquero —autorizado para ejercer su actividad— y retuvieron a su tripulación durante ocho horas en Zona Exclusiva Económica de Venezuela. Las tensiones han ido a más tras el hundimiento de al menos tres lanchas en aguas del caribe por bombardeos norteamericanos. El primero ocurrió el 2 de septiembre y los otros dos el 16 de septiembre. Todos siguen el mismo patrón: operaciones reveladas por Trump a través de su red social, Truth, en la que asegura que las lanchas transportan “cocaína y fentanilo”. El republicano acompaña el anuncio con vídeos de medio minuto y varios clips que muestran las lanchas al momento de ser detonadas y, posteriormente, envueltas en llamas en altamar. Al menos 15 personas han muerto en estos ataques aéreos. Trump afirma que son “terroristas” que trafican con drogas, sin haber mostrado pruebas que lo certifiquen. Diosdado Cabello, titular de Interior del Gobierno de Maduro, anunció la incautación de 3.680 kilos de cocaína. Para Cabello se trata de “un falso positivo” sembrado por la DEA, es decir, una embarcación enviada por la institución  estadounidense a la región para “para acusar a Venezuela” como un país de tránsito de droga. El chavismo muestra músculo En el Palacio de Miraflores se han esforzado por proyectar la imagen de un ejército sólido y proactivo, como respuesta al envío de buques estadounidenses a aguas del mar Caribe, justificado por Trump dentro de la política de guerra contra las drogas. La Casa Blanca ha enviado 4.500 hombres, ocho buques y un submarino de ataque de propulsión nuclear a la región del Caribe. Además, ha movilizado tropas y 15 aviones de combate a la isla de Puerto Rico con el mismo objetivo. Trump señala a Maduro como el líder de un cartel de narcotráfico denominado por Washington El Cartel de Los Soles, del cual no existen pruebas de su existencia. Aun así, EE. UU. mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro. El mandatario venezolano culpa a Trump de enmascarar, tras la lucha contra las drogas, un plan para ejecutar “un cambio de régimen en Venezuela”. Ante esto, ha contestado moviendo a sus tropas a través de estrategias con nombres sugerentes y amplificando cada decisión militar a través de los medios de comunicación afines a él. Así, anunció inicialmente un fortalecimiento del plan nacional para la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Días más tarde, lanzó el Plan Independencia 200, para movilizar efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las milicias cha vistas a “284 frentes de batalla”. Ahora ha llegado el turno de Caribe Soberano 200. Maduro ha advertido que Venezuela está en una fase de “lucha no armada”, pero subraya que si “fuera agredida por el imperio estadounidense” pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada”. Los aliados de Venezuela  Este miércoles, Cuba ha intercedido por Venezuela ante la Asamblea general de la ONU, a través de su canciller, Bruno Rodríguez, quien instó al órgano a ejercer “sus prerrogativas bajo el mandato de la Carta para preservar la paz en la región”. El canciller definió como un “pretexto burdo y ridículo” el argumento de Trump sobre la lucha contra el narcotráfico para movilizar a su armada. Al mismo tiempo, en Caracas, el canciller venezolano, Yván Gil, recibía a su homólogo chino, Lan Hu. Durante la reunión, comento el titular de Exteriores sudamericano en Telegram, Pekín traslado  “un mensaje de apoyo y solidaridad […] especialmente en respuesta a las recientes acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos”. (FRANCE 24)

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La Reserva Federal de Estados Unidos acelera la bajada de tipos ante la debilidad de mercado laboral

En la reunión más políticamente cargada de la que hay memoria, la Reserva Federal cumplió el guion previsto y acordó este miércoles en Washington un recorte de 0,25 puntos, el primero desde diciembre y el primero también desde que está en la Casa Blanca Donald Trump, un presidente que ha roto las reglas del decoro con sus presiones a Jerome Powell. Estas han incluido insultos y amagos de despido; todo con el fin de lograr que se pliegue a sus deseos de bajar los tipos y, así, mitigar el golpe de su heterodoxa política comercial. Las tasas quedan tras la reunión de septiembre en la horquilla del 4%-4,25%. El banco central estadounidense también anunció que prevé, en línea con las previsiones de los mercados de futuros, otros dos recortes de 0,25 puntos hasta fin de año. Lo hace ante la debilidad del mercado laboral, al que, advirtió Powell, contribuye la caída de la inmigración provocada por las agresivas políticas de la Administración de Trump, y pese a la reciente subida de la inflación, que la Fed confía en que sea transitoria. Los focos de la noticia no estaban en la posibilidad o no del recorte, que se daba por descontado, sino en esas previsiones de lo que vendrá después y en las palabras de Powell en su comparecencia posterior ante la prensa. Especialmente, en lo que tuviera que decir sobre la independencia del organismo que dirige, una independencia con la que se mostró “fuertemente comprometido”. Por lo demás, no quiso entrar en el enfrentamiento político. También, en el comportamiento de cuatro de los siete gobernadores de la junta del banco central estadounidense: Stephen Miran, gurú económico de Trump nombrado en agosto por el presidente para presionar desde dentro en vista de que los empujones por fuera no le han dado los frutos deseados; Lisa Cook, en el punto de mira de la Casa Blanca, cuyo despido está parado en los tribunales; y otros dos nombramientos de Trump, Michelle Bowman y Chris Waller, que en la última reunión de la Fed disintieron de Powell −en un gesto sin precedentes desde hace tres décadas− y votaron por un recorte del 0,25, frente a la postura de “esperar y ver” del presidente del banco central en una votación que dejó el precio del dinero como estaba por quinta vez consecutiva. Pues bien: en su segundo día en la oficina, cuando el común de los trabajadores aún está haciéndose a la idea de dónde está la máquina de café, Miran, cuyo nombramiento fue aprobado in extremis por el Senado el lunes, empezó con fuerza y votó por un recorte de 50 puntos básicos, en la línea de los deseos de Trump, que ha llegado a decir que vería con buenos ojos una caída de 300 puntos. Powell tampoco quiso entrar a valorar ese nombramiento y el hecho de que Miran entre sin renunciar del todo a su puesto de asesor económico de la Casa Blanca, lo que pone, según sus críticos, en riesgo la independencia de la Fed. “Seguimos comprometidos con ella”, insistió Powell. En cuanto a Cook, cuya participación en la reunión quedó en manos de un tribunal de apelaciones que decidió a su favor un día antes, votó por un recorte del 25 puntos. Lo mismo hicieron Bowman y Waller. Este último ha sonado como candidato para reemplazar a Powell cuando expire su mandato. Signos de enfriamiento En el plano puramente económico, el anuncio de la Fed llega también en un momento extraordinariamente delicado. Con la inflación al alza (creció un 0,4% hasta el 2,9% en agosto) y el mercado de trabajo dando preocupantes signos de enfriamiento, Powell se encuentra en un difícil equilibrio. Para contener la inflación, conviene subir los tipos. Para mejorar el empleo, recortarlos. Así que la Fed, en un clima económico volátil, en el que aún no están del todo claros los efectos de los aranceles de Trump, y con algunos economistas alertando sobre el riesgo de que Estados Unidos entre en recesión, tiene que medir muy bien sus próximos pasos. En su comparecencia posterior ante la prensa, Powell afirmó: “La marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores es inusual. En este mercado laboral menos dinámico y algo más débil, los riesgos a la baja para el empleo parecen haber aumentado”. También recordó en varias ocasiones que considera que el paro sigue “relativamente bajo” y que “la economía [estadounidense] sigue fuerte”. “Lo que está pasando con el mercado de trabajo tiene más que ver con la [caída de la] inmigración que con los aranceles”, avisó. Esa caída se debe a las políticas agresivas de Trump en la frontera y a la persecución de irregulares en las ciudades estadounidenses. “Hay muy poco o ningún crecimiento en la oferta de trabajadores y, al mismo tiempo, la demanda de trabajadores ha disminuido drásticamente, hasta el punto de que observamos lo que he llamado un equilibrio curioso”, dijo Powell. “Normalmente, cuando decimos que hay equilibrio, suena bien. Pero en este caso, este se debe a que tanto la demanda como la oferta han disminuido drásticamente, y ahora la demanda se reduce aún más porque vemos un aumento en la tasa de desempleo”. Al presidente de la Fed, que también prometió no perder de vista el horizonte deseado de una inflación del 2%, le preguntaron por las decisiones de Trump, que fue el presidente que lo nombró para el cargo. E insistió en que “los cambios en las políticas gubernamentales siguen evolucionando y sus efectos en la economía continuan siendo inciertos”. “El aumento de aranceles ha impulsado el alza de precios en algunas categorías de bienes, pero su efecto general sobre la actividad económica y la inflación aún está por verse”, argumentó. También evitó el cuerpo a cuerpo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que pidió una revisión independiente del trabajo de la Fed. “Ciertamente, estamos abiertos a intentar mejorar siempre”, contestó Powell, pero no quiso “comentar” esa declaración “ni ninguna otra” de un político. Para añadir elementos a esa incertidumbre, hay más indicadores contradictorios: la confianza del

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos el domingo 14 de septiembre en el hospital DF Star de Brasilia. El centro sanitario informó que se detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”, por lo que Bolsonaro deberá someterse a seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad. El oncólogo Cláudio Birolini precisó en declaraciones difundidas por el hospital que esta forma de cáncer representa una condición intermedia, ubicándose entre las variantes menos y más agresivas del cáncer cutáneo. El diagnóstico se conoció después de que el exmandatario, de 70 años, fuera trasladado de urgencia el martes desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, tras una serie de episodios de vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia persistente. Luego de pasar la noche hospitalizado, el equipo médico reportó una “mejoría parcial” posterior a la hidratación y al inicio de tratamiento farmacológico, según recoge el boletín clínico divulgado este miércoles. (LOS TIEMPOS)

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Viuda de Navalni denuncia que fue envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Dos pruebas realizadas de forma independiente en laboratorios extranjeros habrían demostrado que el político y activista ruso Alexéi Navalni fue envenenado en prisión, según ha declarado este miércoles su viuda, Yulia Navalnaya. Navalni murió repentinamente en una cárcel rusa del Círculo Polar Ártico el 16 de febrero de 2024 a la edad de 47 años. Su viuda ha culpado en repetidas ocasiones al Estado ruso de organizar y ejecutar su asesinato, acusaciones que el Kremlin ha tachado de infundadas. En un vídeo publicado en la red social X, Navalnaya dijo que material biológico de su marido había sido enviado de contrabando a dos países no identificados en el extranjero en 2024, donde los laboratorios examinaron el material. “Estos laboratorios de dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. Más concretamente, fue envenenado”, afirmó y exigió a los laboratorios implicados que hicieran públicos los resultados de lo que calificó de “verdad incómoda”, pero sin especificar qué tipo de veneno habían detectado. “Estos resultados son de importancia pública y deben publicarse. Todos merecemos saber la verdad”, dijo Navalnaya. Preguntado por las afirmaciones del vídeo de Navalnaya, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que no sabía “nada de esas declaraciones”. “No puedo decir nada”. También leyó la última carta que había recibido de Navalni, en la que afirmaba que las autoridades carcelarias no le habían hecho caso cuando dijo por primera vez que se sentía mal. Navalnaya siempre ha insistido en que su marido, la figura más prominente de la oposición y defensor de la lucha contra la corrupción en Rusia, fue asesinado por el Estado, acusaciones que el Kremlin ha tachado repetidamente de absurdas. El presidente ruso, Vladímir Putin, había afirmado anteriormente que, antes de la muerte de Navalni, se habían puesto en marcha planes para canjearlo en un intercambio de prisioneros con Occidente. Vídeos contra la corrupción La visión de Navalni de una “hermosa Rusia del futuro”, en la que los dirigentes sean elegidos de forma libre y justa, se reprima la corrupción y funcionen las instituciones democráticas, le granjeó un amplio apoyo en todo el país. Atrajo a su lado a activistas jóvenes y llenos de energía, un equipo que parecía “una startup de lujo” más que una operación revolucionaria clandestina, según sus memorias póstumas, ‘Patriota’, publicadas ocho meses después de su muerte. El equipo producía documentales de investigación que denunciaban la corrupción de funcionarios del Gobierno. Pero como Navalni aspiraba a un cargo público, las autoridades respondieron presentando una serie de cargos penales contra él, sus aliados e incluso familiares. Encarcelado con regularidad, fue agredido físicamente por partidarios del Kremlin, uno de los cuales le arrojó un tinte verde a la cara que casi le costó la visión de un ojo. Quedó segundo en la carrera por la alcaldía de Moscú en 2013, en medio de acusaciones de amaño de votos. En 2017, anunció sus planes de presentarse a la presidencia y creó una extensa red de oficinas regionales por todo el país para reclutar activistas locales. Finalmente se le impidió presentarse. En 2020, Navalni fue envenenado con un agente nervioso del que culpó al Kremlin, que siempre negó su implicación. Su familia y sus aliados lucharon para que fuera trasladado a Alemania para recibir tratamiento y recuperarse. Cinco meses después, se ganó el aplauso mundial al regresar a Rusia, donde fue inmediatamente detenido y encarcelado durante los tres últimos años de su vida. Las autoridades achacaron la muerte de Navalni a causas naturales: un repentino aumento de la tensión arterial y enfermedades crónicas. Decenas de miles de personas asistieron a su funeral en Moscú el 1 de marzo de 2024, en una rara muestra de apoyo en el país, donde las autoridades han reprimido la disidencia pública, especialmente tras la invasión a gran escala de Rusia a principios de 2022. EURONEWS

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Brasil: Bolsonaro es multado con casi 189.000 dólares por declaraciones racistas durante su mandato

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado este martes por daños morales colectivos al pago de un millón de reales (aproximadamente 189.000 dólares) de multa por proferir declaraciones racistas durante su mandato. De acuerdo con el fallo unánime del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, Bolsonaro deberá además realizar una retractación pública «dirigida a la población negra» a través de medios de comunicación de alcance nacional y en sus redes sociales. El monto abonado por el expresidente va a destinarse a las arcas públicas, ya que el tribunal considera que el daño lo causó a la sociedad. Monto menor al pedido por la Fiscalía El pedido de la Fiscalía era de 5 millones de reales (cerca de 943.000 dólares). Sin embargo, el juez relator del caso se inclinó por un monto menor. Tanto el Ministerio Público como el expresidente Bolsonaro aún pueden apelar la sentencia. Los comentarios que derivaron en esta condena los hizo entre mayo y julio de 2021, frente a simpatizantes en la valla situada frente al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del jefe de Estado. El comentario de Bolsonaro catalogado como declaraciones racistas En uno de esos encuentros, Bolsonaro comparó el cabello de una persona negra con un «criadero de cucarachas». El líder de la ultraderecha enfrenta una condena a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista para intentar impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro se encuentra actualmente en prisión domiciliaria en el marco de otro proceso judicial, con uso de tobillera electrónica y la prohibición total de acceso a sus redes sociales o a efectuar cualquier tipo de declaración pública, incluso a través de terceros.

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Marco Rubio asegura que el Departamento de Estado de Estados Unidos le negó visas a personas que “celebraron” el asesinato de Kirk

El Departamento de Estado “sin duda ha estado negando visas” a personas que hayan “celebrado” el asesinato de Charlie Kirk, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. El principal diplomático estadounidense dijo que no sabía si ya se habían revocado algunas visas, pero señaló que esperaba que así fuera. “Tenemos que abordar el proceso en todos estos casos”, dijo Rubio a la prensa antes de salir de Israel temprano este martes, hora local. “Estoy seguro de que habrá algunas [visas] que serán revocadas. No faltan idiotas en el mundo que han decidido que es una gran idea asesinar a alguien”, indicó “Por cierto, es malo que tengamos personas que son ciudadanos estadounidenses que piensen de esa manera”, agregó. Rubio no proporcionó detalles más específicos sobre la cantidad de visas que se habían negado, cómo el Departamento de Estado determinó que estaban “celebrando” la muerte de Kirk, o la autoridad bajo la cual fueron negadas. Rubio afirmó que “no se trata solo de Charlie Kirk”. “Si eres un extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país”, dijo. “¿Por qué querríamos darle una visa a alguien que piensa que está bien que alguien haya sido asesinado en la plaza pública? Eso, para mí, es simplemente sentido común”, añadió. Charlie Kirk fue asesinado la semana pasada en un campus universitario de Utah, cuando pronunciaba un discurso ante una multitud. El activista conservador, de 31 años, era un defensor vocal del presidente Donald Trump. Su presunto atacante, Tyler Robinson, fue aprehendido por las autoridades y comparecerá ante la Justicia durante este martes. (CNN)

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Estado de excepción en Ecuador tras protestas por fin del subsidio al diésel

El presidente Daniel Noboa declaró este martes el estado de excepción en siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo) por “grave conmoción interna” tras las protestas generadas por la eliminación del subsidio al diésel. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes el estado de excepción en un total de siete provincias del país (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo) en un intento de frenar las protestas por el fin del subsidio al diésel. Según el Decreto Ejecutivo 134, los manifestantes “han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”. En un principio, el estado de excepción, que llega a pocos días de la marcha en Cuenca a favor del agua y en contra de la minería, tendrá una vigencia de 60 días “sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria”. Incluye la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, pero no contempla un toque de queda. No obstante, el decreto puntualiza que tales limitaciones no suprimen el derecho a la protesta, siempre que esta se lleve a cabo de manera pacífica y sin vulnerar las libertades ni garantías de los demás ciudadanos. “La decisión está tomada”, dice la portavoz de la presidencia El lunes, la portavoz de la presidencia, Carolina Jaramillo, aseguró que el Gobierno no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como había reclamado el sector del transporte. “Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno ‘tendría que terminar cediendo’”, dijo y añadió que “la decisión está tomada“. Con la eliminación del subsidio, el coste del diésel pasará de 1,80 a 2,80 dólares por galón (entre 1,52 y 2,36 euros), lo que supone un aumento de un dólar (0,84 euros) por cada 3,78 litros. La medida llega en medio de un clima de crecientes tensiones en el país y con nuevas movilizaciones en agenda que desafían la estabilidad del Gobierno. La semana pasada, cientos de manifestantes marcharon contra Noboa y sus reformas en las calles de Quito, reclamando a los tribunales que declaren inconstitucionales una serie de leyes promovidas por el presidente ante la posible vulneración de derechos fundamentales. EURONEWS

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