Economía

El Gobierno decidió ampliar por 18 meses los contratos administrativos mineros de la minería cooperativizada, como parte del Plan de Formalización Cooperativa Minera. La medida, anunciada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, apunta a fortalecer la seguridad jurídica y ordenar la actividad del sector, permitiendo la continuidad productiva mientras las cooperativas concluyen sus trámites conforme a la normativa vigente. El anuncio fue realizado por el ministro Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, junto a los viceministros Pánfilo Marca y Walter Luis Landívar Castedo, en un acto con participación de dirigentes nacionales y departamentales del cooperativismo minero. La autoridad señaló que la decisión responde a una acción responsable del Estado para brindar certidumbre y reglas claras al sector. Desde las cooperativas, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), Richard Caricari, destacó que la ampliación es resultado del trabajo coordinado entre el Estado y el sector, y ratificó el compromiso de las cooperativas con la formalización y el fortalecimiento institucional. Las organizaciones valoraron la medida como un avance concreto para la regularización y estabilidad de la minería cooperativizada, subrayando la importancia del diálogo permanente con el Gobierno. ERBOL

La Federación De Cooperativas Mineras Auríferas De Bolivia (Fecmabol) descartó sumarse a las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles, ratificó su respaldo al Gobierno y apostó por el diálogo técnico. Ante el rechazo de sectores sociales al Decreto Supremo 5503, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) descartó sumarse a las movilizaciones anunciadas por otros sectores en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles y ratificó su respaldo a la gestión del Gobierno, en un contexto marcado por tensiones sociales y protestas previstas para los próximos días. El presidente de Fecmabol, Norberto Sánchez, informó que la dirigencia minera sostuvo una reunión con el presidente del Estado para abordar temas específicos del sector aurífero, entre ellos el abastecimiento de diésel, el acceso a explosivos y las licencias ambientales.  Según explicó, el encuentro se desarrolló en un clima de apertura y diálogo, con énfasis en resolver asuntos internos que afectan directamente a la actividad productiva. Sánchez precisó que Fecmabol —que agrupa a cerca de 2.500 cooperativas auríferas y forma parte de la Plataforma de Acción Social (PAS), junto a la FECO, FecomanN y Fecomin— no participará de las protestas anunciadas contra la polémica norma. “Nosotros no estamos en movilizaciones. Hemos venido a tratar temas concretos de nuestro sector y vamos a respaldar la gestión del Gobierno en función al trabajo que se realice con los distintos sectores sociales”, afirmó. “No recibimos diésel subsidiado” En relación al diésel, el dirigente sostuvo que las cooperativas auríferas dejaron de recibir combustible subvencionado hace más de un año y medio, por lo que actualmente adquieren el producto a precios superiores al oficial. En ese sentido, señaló que el impacto de la eliminación del subsidio no afecta de manera directa a su sector, sino que golpea con mayor fuerza al mercado informal y al contrabando de combustibles, donde —según indicó— el diésel se comercializa a más de 20 bolivianos por litro en varias regiones del país. “Nosotros obviamente hace más de un año y medio que no recibimos el diésel subvencionado”, dijo el dirigente. Finalmente, Sánchez remarcó que Fecmabol prioriza el trabajo en mesas técnicas con el Ejecutivo para atender sus demandas, particularmente en materia de licencias ambientales, y reiteró que, si bien respeta las decisiones de otros sectores, su federación apuesta por el diálogo antes que por la presión en las calles.   EL DEBER

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aclara que el DS 5503 determina también la reducción de salarios de autoridades y funcionarios públicos. “He leído muchos comentarios en estos días que dicen: ‘Entonces bájense sus sueldos, que los funcionarios también se sacrifiquen, aquí nos fregamos todos’ Quiero decirles algo con total claridad y respeto. El Estado se aprieta el cinturón: Se va a emitir una nueva escala salarial para todas las instituciones del Estado, esto implica la reducción de salarios y cargos en las diferentes entidades públicas”, escribió Espinoza en sus redes sociales. La respuesta del ministro está basado el artículo 108 y 109 del nuevo DS, que señalan lo siguientes: Artículo 108:  a)    Se prohíbe nuevas contrataciones de personal, debiendo adecuarse las entidades públicas a las nuevas escalas salariales según los límites financieros que defina el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; b)    Las entidades y empresas públicas están obligadas a presentar un programa de racionalización de personal y la optimización de cargos, sin afectar los servicios esenciales;  c)    Reducción de gastos corrientes al mínimo necesario para la continuidad operativa. Artículo 109: a)    Se dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para la gestión 2026, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafón establecidos por ley y el crecimiento vegetativo correspondiente a los sectores de salud, educación, policía y defensa. Además de esto, explicó Espinoza, que el artículo 109 establece que “los funcionarios públicos también estamos haciendo el esfuerzo, que el ajuste empieza por el Estado y que no se están protegiendo privilegios, se está ordenando la casa”. Ante las críticas, el titular de Economía aseguró que el DS no castiga a la gente y que busca “salvar la economía, cuidar los recursos públicos y cumplir una promesa de gobierno: Un Estado responsable, austero y al servicio del país”. Agregó que criticar es válido, pero criticar sin leer no ayuda, por lo que pidió a la población a “informarse, a analizar el decreto completo y a debatir con la verdad en la mano”. “Bolivia se reconstruye con responsabilidad, no con rumores”, añadió. Tras la promulgación del DS 5503, surgieron reacciones debido a la suspensión de la subvención estatal al diésel y la gasolina, además del ajuste de precios de otros carburantes. EL DEBER

Tras las reacciones a las medidas económicas del Decreto 5503, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, señaló que se ha generado una situación de especulación, sin embargo, considera que durará unos días y se bajarán los precios. Doria Medina hizo ese comentario a propósito de una estabilización del precio del dólar, después de un incremento que se había registrado cuando se anunciaron las medidas. “Lo mismo pasará con todos los otros precios que ahora están subiendo más allá de lo razonable”, previó Doria Medina, mediante redes sociales. Explicó que la subida de precios actual se debe a la especulación y la gente “que quiere aprovechar que el río está revuelto”. “Pero esta situación no va a durar más que unos días”, afirmó el empresario y agregó que los precios bajarán “porque su alza exagerada no tiene sustento real”. Doria Medina expresó anteriormente su apoyo a las medidas económicas del Gobierno. ERBOL

El presidente Rodrigo Paz se ha reunido este jueves con inversionistas de Estados Unidos, quienes han expresado su “firme interés” de invertir en Bolivia, particularmente en la ciudad de El Alto. La información fue difundida por la Oficina del Presidente, la cual, mediante un comunicado, precisó que las inversiones serían en ámbitos de tecnología y desarrollo. Destacó que esta inversión se “traducirá en más empleo, mayores oportunidades y el ingreso de divisas al país”. Bolivia y Estados Unidos han estrechado relaciones, desde la asunción de Rodrigo Paz. En ese marco, esta semana, se registró la llegada a Bolivia de una misión de entidades gubernamentales estadounidenses dedicadas al financiamiento. El Gobierno de EE. UU. también ha anunciado si apoyo a la administración de Paz, tras el anuncio del decreto de ajuste económico. ERBOL

a asociación de surtidores nacional (Asosur) se declaró en emergencia, puesto que con los nuevos precios de los combustibles y las comisiones les es imposible operar, puesto que es inviable económicamente y corren el riesgo de quiebra. Mediante un comunicado, la Asosur señaló que, con el nuevo esquema, los márgenes y comisiones son insostenibles e irreales para la Gasolina Especial, el Diésel Oil y el Gas Natural Vehicular. Advirtió que es imposible seguir operando para las Estaciones de Servicio, porque por el incremento significativo del capital de operación y administración requerido para la adquisición de combustibles. Señaló que este escenario de “inviabilidad económica” conducirá al quiebre de las Estaciones de Servicio a nivel nacional. Asimismo, la Asosur advirtió que “las Estaciones de Servicio no se encuentran en condiciones de renovar sus licencias de operación”. Responsabilizó a las autoridades competentes por las consecuencias que esta situación pueda generar en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. ERBOL

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedetrans) de Santa Cruz, Ronald García, anunció un paro indefinido en protesta por el ajuste en el precio de los combustibles, medida que se acatará desde este jueves a mediodía. “En el tema urbano de pasajeros es complicado subir el pasaje y castigar al usuario, no nos van a pagar, ya tuvimos la experiencia cuando Fedetrans ordenó subir el pasaje y el alcalde dijo no. Tenemos esa experiencia, hoy se hace un voto resolutivo, que se anule el decreto y un paro indefinido de todo el transporte corporativizado”, expresó el dirigente del sector. La decisión de paralizar actividades se asume un día después de que el presidente Rodrigo Paz anunciara un decreto con más de 30 medidas económicas, entre ellas el ajuste de la subvención a los hidrocarburos. Tras la medida, este jueves se observó una menor cantidad de transporte público en las calles de Santa Cruz, mientras que los dirigentes de distintos grupos del sector se reunieron por separado. El transporte federado anunció un encuentro nacional para este lunes 22 de diciembre, con el objetivo de asumir medidas. No obstante, el dirigente departamental Bismark Daza señaló que propondrán acatar un paro indefinido hasta que se abrogue la norma. Beni El sector del transporte de Riberalta se declaró en estado de emergencia. La determinación fue asumida por dirigentes y choferes del transporte público y pesado, quienes calificaron la medida como un “balde de agua fría” en un contexto de crisis económica. Lee también: El “Decreto por la Patria” desata una ola de protestas y pone a prueba al gobierno de Paz Pereira El ejecutivo del transporte de Riberalta, Leonardo Navi, indicó que el sector se mantiene en contacto con autoridades nacionales, departamentales y con su ente matriz, pero advirtió que no descartan movilizaciones. “Estamos en estado de emergencia hasta que nos llegue la instructiva de la Confederación de Choferes de Bolivia y de la Federación Departamental del Beni. Si hay que hacer marcha, bloqueo o lo que sea, lo vamos a hacer”, afirmó Navi, y alertó que el incremento del combustible obligará a subir los pasajes interprovinciales y urbanos. VISIÓN 360

El líder de Unidad Nacional y aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, justificó el ajuste anunciado por Rodrigo Paz y la comparó con una “quimioterapia” para tratar a una economía con cáncer. “Seguramente nadie va a estar contento con estas medidas, pero no hay otro camino que pasar por esta quimioterapia para tener vida económica hacia adelante, para que vuelvan las inversiones el año 2026 y pueda haber empleo y pueda haber crecimiento”, manifestó mediante un video en redes sociales. Explicó que, así como se debe tratar al cáncer, “la solución tiene que ser también radical y equivalente a una quimioterapia”. “Después de un tiempo vuelva la vida normal Eso es lo que se ha hecho con estas medidas. No podía seguir la subvención del diésel, de la gasolina para que se lo lleven a los países vecinos”, comentó. En otro posteo, instó a que el Gobierno las medidas positivas del ajuste como la repatriación de fortunas y el tema impositivo. Sin embargo, señaló que “las medidas sociales de compensación son discutibles, subir los salarios no parece una medida bien focalizada en quienes han sido afectados por el alza de combustibles y puede tener consecuencias indeseadas”. Según Samuel, “sin las medidas nada tendríamos que esperar, solo más pobreza y desesperación”. “Sé que en este momento hay malestar y temor en algunos sectores, pero es un efecto inmediato que se irá modificando con el tiempo. Los bolivianos sabíamos que esto vendría. Se tenía que enfrentar la enfermedad, que es el primer paso de cualquier cura”, sostuvo. En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que las recientes medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno nacional son “difíciles pero necesarias” para enfrentar la crisis económica y reencaminar al país. En un post publicado en sus redes sociales, Camacho sostuvo que las decisiones adoptadas eran inevitables para que la economía boliviana comience a recuperarse, tras lo que calificó como un “camino desastroso” heredado de la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). “Son medidas difíciles, pero necesarias si queremos salvar a Bolivia del camino  desastroso que nos dejó el  MAS”, publicó el gobernador, cuya agrupación formó una alianza electoral con el partido de Rodrigo Paz para las elecciones subnacionales. Agregó que “hemos llegado al fin de las subvenciones de los combustibles, un mecanismo que lamentablemente empobreció al país y generó mucho contrabando y corrupción”. El gobernador remarcó que las medidas no se limitan únicamente al retiro de la subvención a los carburantes, sino que incluyen acciones de carácter social orientadas a mitigar su impacto en la población, como el incremento salarial y el aumento de la Renta Dignidad, destinada a proteger a los adultos mayores. Camacho indicó que, si bien las decisiones generan preocupación en la ciudadanía, son necesarias para frenar la crisis económica, poner fin a las filas en los surtidores de combustibles y reactivar la economía nacional. ERBOL

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se refirió a las reacciones positivas de la población tras el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de la subvención a los combustibles, el incremento del salario mínimo y el aumento de bonos sociales. “La gente estaba consciente de que el subsidio es una enfermedad y que era necesario solucionar de la forma más rápida y responsable posible”, indicó la autoridad. Medinaceli precisó que las nuevas medidas suponen el fin del contrabando de combustibles, en especial de diésel, que se importa en gran cantidad al país y que la única forma de combatir el contrabando en con medidas económicas. Explicó que se “quita la oportunidad de arbitraje” y “se le quita el negocio a esos malos bolivianos que sin piedad les quitaban el dinero a los contribuyentes para ganar”.  También hizo hincapié en la necesidad de “pasar” al sector privado la distribución de diésel y gasolina en 2026, sin que ello signifique retirar a YPFB de la ecuación en la colocación de combustibles dentro del país. En criterio del Ministro, las nuevas medidas aplicadas dan pie a la aplicación de reformas en el sector energético con nuevas leyes de hidrocarburos, electricidad, energías verdes y litio. “Estos pilares lo que intentan es introducir al sector privado nacional e internacional dentro de la cadena de valor de estos energéticos”, señaló. CORREO DEL SUR

El retiro de la subvención a los hidrocarburos y las medidas adicionales son decisiones tomadas y se mantendrán, por lo que no están condicionadas a la eventual presión social y responden a las necesidades de sincerar y reactivar la economía, sin tomar en cuenta costos políticos, aseguró el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ante amenazas de protestas sociales. “No. Estas son decisiones, como ha dicho el presidente, responsables, tomadas con mucho análisis y, por lo tanto, esto no tiene que ver con presión social”, respondió ante la posibilidad de analizar la reversión de las medidas contenidas en el decreto 5503 por las amenazas de choferes y de otros sectores sociales de paros y movilizaciones contra lo que consideraron un “gasolinazo”. Espinoza aseguró que el presidente Rodrigo Paz tomó la decisión de levantar la subvención sobre la base de un estudio y necesidad de sincerar la economía, por lo que en ningún momento está midiendo los eventuales costos políticos porque –dijo- “ha dicho que no busca la reelección”. Es más, Espinoza consideró que el decreto “marcará la línea rectora de la economía” por más de cuatro años, para ordenar la economía, los precios y el sistema productivo, es decir, aclaró, no solo tiene relación con los combustibles. Un día después de lanzadas las medidas económicas, el transporte libre y sindicalizado subió de forma unilateral el precio de los pasajes hasta un 200%, mientras la población se volcó a mercados para aprovisionarse de productos de primera necesidad. Para el Gobierno, los choferes no tienen motivo para subir los pasajes porque el alza de precios de los carburantes fue compensada con la baja de impuestos a la importación de repuestos, aceites y otros insumos que son parte de los costos de operación del transporte, además, se explicó, serán beneficios con la anulación de multas e intereses de impagos de impuestos de sus vehículos. “Subió el precio de combustibles, sí, pero le hemos bajado todos los demás precios de su hoja de costos. Si alguien quiere subir el precio del transporte público con gusto lo discutimos, pero tiene que probar cómo y por qué está subiendo”, desafió Espinoza. Espinoza también recomendó a la población comprar lo necesario para su alimentación, porque la sobredemanda está elevando los precios. Con el retiro de la subvención la gasolina especial subió a Bs 6,96 el litro, el diésel a Bs 9,80, la gasolina Premium a Bs 11, la gasolina de aviación a Bs 10,57, el kerosene a Bs 5,64, el jet fuel a Bs 10,74 y el GNV a Bs 2,73. Estos costos regirán por seis meses y luego fluctuará en más menos cinco. EJU TV