Diputados de distintas bancadas pidieron al Ministerio Público esclarecer las denuncias, establecer responsabilidades y evitar que las versiones de los involucrados queden sin verificación en el llamado caso maletas.
La exdiputada Laura Rojas señaló a Rómer Saucedo como propietario de las valijas que ingresaron al país sin control aduanero, mientras el exjuez Herbert Zeballos afirmó que contenían marihuana y que tenían protección del entonces fiscal general Roger Mariaca
La senadora Soledad Chapetón consideró que Rojas también debe asumir responsabilidad por el ingreso del equipaje y cuestionó que pretenda deslindarse de los hechos argumentando que desconocía su contenido y que pertenecía a otra persona. “Ella es copartícipe de cualquier cosa que haya traído”, sostuvo.
La legisladora señaló que la Fiscalía tiene el desafío de establecer las circunstancias en las que ingresaron las maletas y determinar quiénes participaron en las operaciones. También cuestionó que Rojas hubiera utilizado un documento diplomático cuando ya había cesado en sus funciones como diputada.
“Se está queriendo menospreciar la inteligencia de la población”, afirmó Chapetón, quien reconoció que la exlegisladora tiene derecho a presentar su versión y explicar por qué guardó silencio, pero remarcó que corresponde al Ministerio Público establecer las responsabilidades.
Por su parte, el diputado Manolo Rojas manifestó que esperará elementos de convicción antes de creer en las declaraciones de la exlegisladora. Aunque dijo que le dará el beneficio de la duda, cuestionó que Rojas recién haya decidido revelar el nombre del supuesto propietario de las maletas después de varios meses.
“Voy a esperar elementos de convicción para empezar a creer. Voy a darle el beneficio de la duda y, obviamente, lo que me llama poderosamente la atención es por qué no lo dijo antes”, señaló.
El legislador también expresó preocupación por las denuncias que involucran a autoridades judiciales en presuntos negocios ilícitos y consideró que estos hechos evidencian la necesidad de una transformación profunda de la administración de justicia.
“Cuando la justicia boliviana sea independiente de la política, ahí vamos a ver una verdadera transformación de justicia”, afirmó Rojas, quien sostuvo que la población es la principal perjudicada cuando jueces y otras autoridades presuntamente utilizan sus cargos para favorecer intereses particulares.
En esa línea, la diputada de Libre Glenda Aguilera anunció que su bancada exigirá que las investigaciones lleguen a todos los niveles en los que pudiera haberse extendido la corrupción y que ninguna persona involucrada quede al margen de la justicia.
“Nosotros como Libre somos una bancada que vamos a exigir que la investigación sea de manera exhaustiva y que tiene que llegarse a todos los estamentos a los cuales esta corrupción ha llegado”, manifestó.
Aguilera cuestionó la situación institucional del país y sostuvo que los hechos denunciados reflejan problemas que no se limitan a una sola entidad. Asimismo, aseguró que su bancada ejercerá una oposición firme para exigir el esclarecimiento de las acusaciones. “Es irrisorio que la máxima autoridad en justicia pida garantías constitucionales a un Estado que sigue corrompido”, expresó, en alusión a la situación generada por las denuncias que involucran a altas autoridades judiciales.
Entretanto, el diputado de Libre Santiago Ticona consideró que el caso representa una prueba para el Ministerio Público, que debe demostrar que actúa con objetividad e independencia.
El legislador manifestó su preocupación por la salida del país de Saucedo, quien anunció su autoexilio junto a su familia después de que se conociera que existía una orden de aprehensión en su contra. “Extrañamente la señora exdiputada guarda silencio y cuando el señor Saucedo sale del país, y a nosotros nos preocupa que esa salida genera susceptibilidad porque pareciera que le avisan que va a tener su orden de aprehensión y decide, digamos, días antes irse”, cuestionó.
Las versiones que reactivaron el caso
Las declaraciones de los legisladores se producen después de que Rojas ampliara su declaración informativa ante la Fiscalía Antidrogas de Santa Cruz, el jueves 5 de noviembre. La exdiputada afirmó que las maletas pertenecían a Saucedo, a quien identificó como “el Alemán”, y justificó su silencio durante 210 días por temor a represalias contra ella y su familia.
Horas después, el exjuez Herbert Zeballos también prestó declaraciones públicas y aseguró que las valijas contenían marihuana procedente de California, Estados Unidos. Además, sostuvo que el traslado del equipaje contaba con la supuesta protección de Mariaca, quien entonces ejercía como fiscal general del Estado.
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando Rojas llegó en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, con más de 30 maletas que no pasaron por los controles aduaneros correspondientes, debido a que presentó un pasaporte diplomático. Posteriormente, el equipaje fue trasladado a un galpón de propiedad de Zeballos, donde la Policía encontró sustancias controladas durante una intervención realizada en enero de este año, aunque las maletas no fueron halladas.
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